El reciente anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre la eliminación de las alcabalas policiales / militares en zonas urbanas del país, parece ser la reedición de una vieja promesa.
Esta medida, que se presenta como un intento de transformar los puntos de control fijos en dispositivos móviles de patrullaje -bajo el argumento de reducir la discrecionalidad y el abuso de autoridad-, se produce en un escenario de elevados niveles de corrupción y abusos cotidianos cometidos por agentes de la fuerza pública venezolana.
Provea recuerda que tras la Masacre de Kennedy, ocurrida en 2005 en Caracas, y en la que tres estudiantes de la Universidad Santa María (USM) fueron asesinados por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), el entonces Ministerio de Interior y Justicia dictó, en 2006, una resolución que regulaba la instalación de las alcabalas policiales y militares en el país.
En ese marco, y en medio de la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) ese mismo año, las autoridades afirmaron que se avanzaría en la construcción de un nuevo modelo policial basado en los principios de “permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación”.
Pero lamentablemente el optimismo discursivo siempre ha chocado con la realidad y los reclamos históricos de las víctimas.
En 2013 los escasos avances del nuevo modelo policial fueron abolidos tras el lanzamiento del Plan Patria Segura, durante el primer año de gestión de Nicolás Maduro, que significó la militarización total de las labores de seguridad ciudadana y la instalación de miles de puntos de control (alcabalas) en todo el territorio nacional.
«Tiene que ser con consciencia, pasión, compromiso y amor«, dijo Nicolás Maduro al anunciar el plan que, en menos de un mes de ejecución, condujo al asesinato de seis personas por parte de funcionarios de la FANB, incluido el asesinato de un ciudadano bajo torturas –obligado a ingerir combustible-, y otras cuatro personas tiroteadas en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Fue en agosto de ese año que Delcy Rodríguez asumió el cargo de Ministra de Comunicación e Información.
Puntos de extorsión
Provea ha documentado sistemáticamente que las alcabalas, lejos de ser espacios de control vehicular y de prevención de la ocurrencia de delitos, se han convertido en puntos de extorsión y en espacios para la comisión de abusos.
Además de ser un obstáculo indebido para el derecho a la movilidad y el libre tránsito, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Nacional, las alcabalas policiales / militares se han convertido en un foco de vulneración de los derechos económicos y sociales de la población.
Campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos e indígenas, entre otros, son constantemente víctimas de extorsión, estigmatización y criminalización por parte de agentes de seguridad desplegados en cientos de alcabalas instaladas a lo largo del territorio nacional.
Por ejemplo, en Zulia, los habitantes de La Guajira deben atravesar al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa.
Funcionarios de la GNB, Ejército, PNB y CICPC, mantienen, desde hace años, mecanismos extorsivos que lesionan severamente los derechos a la alimentación, identidad cultural, libre tránsito, libertad e integridad personal de cientos de pobladores, mayoritariamente de los pueblos indígenas Wayúu y Añú.
Se necesita más que un anuncio
Aunque la eliminación de las alcabalas urbanas sea una medida positiva en el papel, el simple anuncio no desmantela el entramado de corrupción ni las prácticas arbitrarias.
Ello es particularmente crítico si no existe un control efectivo y una genuina rendición de cuentas.
Además, hay que preguntar que ocurrirá con las alcabalas instaladas en zonas rurales o alejadas de las grandes ciudades.
Insistimos en que sin una reforma estructural profunda, estos puntos de control podrían simplemente migrar a espacios más discretos, manteniendo la lógica extorsiva.
La efectividad de estas medidas depende de la capacitación de los funcionarios, la modernización de los sistemas de inteligencia y, fundamentalmente, del fin de la impunidad y, en esto, el Ministerio Público tiene un rol crucial.
La simple derogación de un formato no garantiza el fin del delito si los mecanismos de denuncia y sanción permanecen débiles.
Para que la eliminación de las alcabalas sea más que un titular, debe venir acompañada de políticas de depuración de los cuerpos policiales, mayor presupuesto para la inteligencia preventiva y, sobre todo, la garantía de que el Estado esté dispuesto a investigar y sancionar a los funcionarios que continúen cometiendo abusos.
Prensa Provea
