El 27 de junio de 2005, tres estudiantes de la Universidad Santa María fueron asesinados por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), cuando “fueron confundidos con presuntos delincuentes” en la urbanización Kennedy, al suroeste de Caracas.

A dos de los fallecidos se les asesinó en un callejón, luego de someterlos y golpearlos.

El hecho causó profunda consternación pública y motivó masivas protestas que fueron lideradas por estudiantes de varias casas de estudio del país.

Días después, el entonces Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, dijo que la Ley de Policía Nacional se hacía necesaria, debido a la constante actuación ilegal de las policías venezolanas.

Para ese momento, decenas de eventos luctuosos habían puesto a las policías del país en la lupa pública.

El 10 de abril de 2006, Hugo Chávez anunció oficialmente la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), que tendría como objetivo construir un nuevo modelo policial basado en los principios de “permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación”.

Todos los abusos policiales -según-, quedarían en el pasado después de la reforma policial. Venezuela contaría con una policía profesionalizada, civilista, y apegada a los estándares que regulan y limitan el uso de la fuerza.

Las deleznables prácticas de organismos policiales (como la Policía Metropolitana), serían erradicadas, y nunca más los cuerpos de seguridad atentarían contra el pueblo.

Entonces, la CONAREPOL avanzó. En un inédito proceso democrático, la consulta para la reforma policial convocó a activistas de derechos humanos, intelectuales y académicos, y sentó las bases para construir un marco normativo que adecuó la actuación policial a estándares constitucionales e internacionales de protección a los derechos humanos.

Pero velozmente, esos avances fueron revertidos.

La era del garrote vil

En 2008, Hugo Chávez dictó -en medio de poderes habilitantes-, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que marcó el nacimiento del nuevo “Modelo Policial” surgido de la CONAREPOL.

Ese mismo año, Provea registró un aumento de 146% en el número de personas asesinadas por policías y militares, respecto al año anterior. Esa tendencia al alza, se ha mantenido desde entonces, salvo en el año 2011 cuando los casos registrados por Provea cayeron un 27%.

Para 2008, en Venezuela acababa de culminar un largo ciclo de protestas protagonizadas por estudiantes de universidades públicas y privadas, contra el cierre del canal televisivo RCTV y la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez. También, el país se situaba como uno de los más violentos del mundo, con elevadas tasas de homicidios, robos y secuestros.

Como lo ha descrito Provea, las crisis cíclicas de conflictividad en Venezuela -en la era chavista-, han tenido como correlato el ascenso de la represión mediante el reforzamiento de los mecanismos de control, vigilancia y castigo.

Así que era hora de imponer el garrote, está vez, con mucha más fuerza que antes.

Pero, como el garrote dejó atrás a la CONAREPOL? Acá van tres ejemplos:

1.- DIBISE: la faraónica hegemonía territorial

En 2010, Hugo Chávez lanzó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), un mega operativo de seguridad que costó –en sus inicios-, unos 154,4 millones de bolívares, y que, con presencia en todo el territorio nacional, estaba al mando del “oficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de mayor graduación”.

El DIBISE fue el primer acercamiento –post CONAREPOL- a los operativos masivos de “profilaxia social” realizados en los 90´s. Por órdenes de Chávez, el DIBISE obvió las recomendaciones de la reforma policial que sugerían des-militarizar las actividades de seguridad ciudadana.

El DIBISE apostó por la hegemonía territorial. Había militares por todas partes. Ellos garantizarían la seguridad. Pero, el delito no se redujo, más bien aumentó la actuación ilegal de policías y militares. Un dato a tomar en cuenta es que 134.333 personas fueron detenidas arbitrariamente en el estado Anzoátegui –el 10,9% de la población de ese estado- en tiempos de Tarek William Saab, un penoso record aún vigente.

2.- Plan Patria Segura: la militarización total

Al anunciarse el “Plan Patria Segura”, en 2013, las organizaciones de derechos humanos, advirtieron que ese operativo violaba el artículo 332 de la Constitución Nacional, que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.

Además, dijeron que la decisión de militarizar la seguridad ciudadana era contraria a la filosofía de la Misión “A Toda Vida”, un plan que –en consonancia con las recomendaciones de la COAREPOL-, promovía un nuevo modelo policial cuyo eje era el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados civiles. Las ONG alertaron que las cifras de violaciones al derecho a la vida aumentarían dramáticamente tras el anuncio.

“Patria Segura” consistía en la instalación de puntos de control (alcabalas) en vías públicas urbanas y en puntos de acceso a comunidades populares. Miembros de la Fuerza Armada, acompañados por elementos policiales y de la Milicia Bolivariana, instalaron campamentos de guerra a lo largo del territorio nacional para brindar “protección” a la ciudadanía.

Pero ese esquema ya había demostrado ser un fracaso. Los chicos asesinados en Keneddy, eran prueba de ello.  

En menos de un mes de ejecución del “Plan Patria Segura”, seis personas fueron asesinadas por funcionarios de la Fuerza Armada. Una persona fue asesinada bajo torturas -obligada a ingerir combustible-, y otras cuatro –incluida la señora Luimener Pacheco y sus tres hijas- recibieron más de 50 balazos al huir de una alcabala de la Guardia Nacional.

3.-OLP y FAES: llegó el terror

Pero, un punto de inflexión y un retroceso definitivo ocurrió en 2015.

El vigésimo tercer plan de seguridad del chavismo se llamó “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP).

Fue una operación policial-militar que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.

Los OLP fueron un progromo. Desde su inicio se cometieron ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios; demoliciones de viviendas; desalojos forzosos; detenciones arbitrarias y deportaciones masivas de ciudadanos de origen colombiano.

Y, como siempre, la “mano dura” fracasó.

Pero ello no alentó al gobierno a rescatar las recomendaciones de la CONAREPOL, al contrario, lo hizo más primitivo, tanto, que creó a las FAES, quienes intentan contener -a fuerza de terror y abusos-, el descontento de los más pobres.

ACERCA DEL AUTOR:

Activista de Derechos Humanos