Boletín DDHH y Coyuntura 2007 │ PROVEA

Lunes 17 de diciembre 2007

Boletín electrónico Nº 193

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, tras la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.

Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.

Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
Informe Anual Octubre 2006 – Septiembre 2007, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
[email protected] o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.

NOTA DE PRENSA

El lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó los resultados de su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2006-2007”. Esta investigación independiente, realizada por un equipo multidisciplinario, recoge los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas que han incidido en 18 derechos humanos, entre los económicos, sociales y culturales (vivienda, salud, laborales, seguridad social, etc) y civiles y políticos (vida, seguridad ciudadana, libertad de expresión, etc).

En palabras de Lorenzo Labrique, coordinador del Area de Monitoreo, Investigación y Difusión en Derechos Humanos de Provea, el período abarcado por el informe “refleja una extrema complejidad, pues a la vez propicia y adversa la satisfacción de los derechos humanos de la población.. Aún cuando tras ocho años de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis integral indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes y en derechos específicos no se registran avances, mientras que en otros, la situación es de mayores violaciones”.

Entre los aspectos positivos reflejados en el Informe 2007 se encuentra, en primer lugar, los datos que reflejan una disminución porcentual de la pobreza y un aumento del consumo en los sectores de menores recursos, en especial, de los bienes de primera necesidad. Esto ocasionó una mayor ingesta calórica , incidiendo en los índices de nutrición. Por otra parte, continúo el proceso de distribución de tierras adelantado por ejecutivo nacional que ha democratizado el uso y goce de la misma. De esta manera, en los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación. El informe también resalta la mayor capacidad de diálogo entre el gobierno y los sectores productivos y en el campo de los derechos civiles destacar que, aún cuando se continuó con la práctica de tortura en el país, hubo una disminución de las cifras de tortura e igualmente de las desapariciónes forzosas.

La investigación del informe, en este período, se realizó en medio de la dificultad para acceder a las fuentes oficiales y los informes generados por los diferentes ministerios, lo que constituye una flagrante violación al derecho de acceso a la información sobre políticas públicas. En este sentido, diferentes iniciativas de la sociedad civil presionan para que la gestión gubernamental posea una mayor transparencia y sean respondidas debidamente las peticiones hechas por los ciudadanos y ciudadanas.

Por su parte Marino Alvarado Coodinador General de Provea destacó que entre los principales aspectos negativos señalados por la investigación se encuentra el deterioro y agotamiento de las diferentes misiones promovidas por el Ejecutivo Nacional, algunas las cuales han reducido su capacidad de operación. El gobierno continúa en deuda con la promesa de implementar y reglamentar el Sistema de Seguridad Social, mora acumulada durante 8 años. Se ha profundizado la criminalización y judicialización de las protestas populares, cuyos protagonistas son sometidos a un régimen de presentación periódica en tribunales. Asimismo, se registró un incremento de la violencia carcelaria, así como de los niveles de violencia que atentan contra el derecho a la integridad personal y la seguridad ciudadana. A pesar de que hubo una disminución del número de casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión, aumentó la intensidad de los riesgos al mismo. Declaraciones realizadas por el primer mandatario incrementaron las amenazas a la libertad sindical, elemento vinculado a la ausencia de contrataciones colectivas firmadas por el sector público. Los casos de violencia ligados a la obtención de puestos de trabajo, especialmente en el sector construcción, continuaron produciéndose en medio de la impunidad y de la ausencia de políticas claras que contrarresten dicho flagelo. En materia de vivienda el gobierno incumplió, de nuevo, sus propias metas generando por ello la movilización de comunidades organizadas y agravando los problemas en el sector. Continuaron acumulándose las denuncias sobre la discriminación política y las presiones sobre los empleados públicos para la asistencia obligatoria a actividades de tipo político. Se redujo a cero el diálogo entre las organizaciones de Derechos Humanos y las agencias del Estado, ocasionando el incumplimiento generalizado de las decisiones emanadas por el sistema interamericano, especialmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su Informe 2007, Provea destaca que, a pesar de que la inseguridad es uno de los problemas principales de los venezolanos y venezolanas, el Ejecutivo Nacional desestimó la ardua labor realizada por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) en la consulta y diseño de políticas para mejorar el trabajo realizado por los órganos policiales del país. En una insólita apreciación, la síntesis de la consulta a más de 70.000 actores diversos en todo el país, fue ridiculizada como “de derecha” por parte del Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, incluyendo una posible Ley de Policía Nacional dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la república.

Alvarado agregó que el análisis global del contexto económico, social y político de Venezuela señala que para el 2008 se generará un amplio debate sobre el futuro del país en cuanto a derechos humanos, democracia y contenido del denominado socialismo del siglo XXI. Habrá que constatar si el gobierno mediante la Ley habilitante profundiza su orientación regresiva en materia de derechos humanos civiles y políticos como lo intento hacer con la reforma de la Constitución y si garantiza un desarrollo legislativo apegado al mandato constitucional.. Todo apunta, además, que la economía seguirá creciendo y existan condiciones favorables para que continúen bajando los índices de pobreza.

Como en años anteriores, Provea espera contribuir con la difusión de esta investigación en la exigibilidad de sus derechos por parte de las comunidades organizadas. El informe puede adquirirse en la sede de la organización, pero también, su texto completo puede descargarse gratuitamente de su sitio web: www.derechos.org.ve

Durante la rueda de prensa realizada el 10.12.07, Día Internacional de los Derechos Humanos, Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, realizó un resumen de las principales tendencias registradas en el Informe Anual 2007 de los Derechos Humanos en Venezuela.

Si desea descargar el archivo Mp3 a su computador, visitar el siguiente enlace:

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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La situación en la que se desarrollaron los acontecimientos económicos, sociales y políticos en el país durante el periodo que abarca el presente Informe refleja una extrema complejidad, que es paradójica y contradictoriamente propicia y adversa a la vez para la satisfacción de los derechos humanos. Venezuela avanza hacia cambios estructurales bajo la conducción de una coalición de fuerzas políticas liderizadas por el presidente Chávez que se ha propuesto hacer una revolución por caminos no violentos e institucionales1. Pretende gobernar de manera diferente al pasado reciente, realizar cambios en la producción y distribución de la riqueza, promover una cultura política con fuerte carga ideológica nacionalista y de izquierda, administrar el Estado de acuerdo con principios, normas y formas distintos a los consolidados durante la última década y conducir la economía fortaleciendo la presencia del Estado en todos sus niveles2. Tales cambios han sido denominados por la élite política gobernante como “Socialismo del siglo XXI”. Tras ocho años de gobierno, el discurso anticapitalista del presidente Chávez y el desarrollo de algunas políticas inclusivas han logrado la adhesión de millones de hombres y mujeres, principalmente de los sectores más pobres de la población3. Ello le aseguró ser reelegido como presidente, por tercera vez consecutiva en 8 años, el pasado 06.12.06 por un período de seis años más4. Su triunfo garantiza la permanencia en funciones de gobierno de la coalición política que le acompaña en su empeño de construir en Venezuela una sociedad de carácter socialista5.

Indefinición del Socialismo del Siglo XXI

No hay duda que quienes detentan hoy el poder en Venezuela desean dar forma y vida al socialismo que pregonan. La gran interrogante de importantes sectores de la población es si ese socialismo será o no distinto a las experiencias del llamado “socialismo real”, altamente cuestionadas luego que el desmoronamiento del bloque socialista en la década de los 80 revelara las violaciones de derechos humanos y autoritarismo de los regímenes que se instauraron en los países que conformaban dicho bloque6.

Lo avanzado hasta la fecha con el propósito de construir el llamado socialismo del siglo XXI no ha significado por ahora una amplia satisfacción de los derechos humanos, ni logrado garantizar más y mejor democracia. Aún cuando tras ocho años de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis integral indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes y en derechos específicos no se registran avances, mientras que en otros la situación es de mayores violaciones. Si bien se promueve la participación y se reivindica en el discurso el protagonismo de los sectores históricamente excluidos, ello no se traduce todavía en expresiones de ejercicio democrático que facilite a la ciudadanía un protagonismo real en la toma de decisiones fundamentales, ni en la consolidación de mecanismos e instituciones que estimulen, canalicen, y garanticen una participación democrática en los diversos asuntos de la vida del país. Hay, por el contrario, indicios de que en el proceso de construcción de ese socialismo emergen y se consolidan rasgos autoritarios y prácticas regresivas en materia de derechos humanos, principalmente en el campo de los derechos civiles y políticos. La discriminación por razones políticas7, la intolerancia frente a las voces disidentes o críticas8, la criminalización de la protesta social9 aumentando la lista de procesados por motivaciones políticas10, la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y el debilitamiento de los contrapesos institucionales, así como la cada vez mayor militarización de la sociedad, son indicios negativos que se traducen en preocupaciones para el futuro inmediato del país. Ello, sin embargo, no necesariamente implica que desembocará en una dictadura como loplantean sectores radicales de la oposición. Esto dependerá de la capacidad de incidencia en el acontecer nacional que tengan las fuerzas que apuestan a una transformación que cristalice en un país donde impere la democracia, la equidad, la justicia y la no discriminación11. Venezuela vive un período de transición donde empiezan a dejarse atrás algunos de los símbolos e instituciones del pasado denominado “Cuarta República”12 aunque sobreviven muchas de las perversas prácticas de ese período13. Aparecen nuevos símbolos, prácticas estatales y políticas públicas que se orientan a producir cambios en lo económico, político y social con sello de carácter socialista14. Esa transición constituye una oportunidad histórica para aportar al logro de cambios significativos cuyo resultado sea un país más próspero, equitativo y democrático. El futuro inmediato depende de la confrontación que se produce entre las fuerzas con vocación democrática -que las hay en las filas de quienes gobiernan- y se identifican como revolucionarios y socialistas-, y entre quienes se oponen al gobierno y las fuerzas con vocación totalitaria que las hay también en las filas gubernamentales y en las de la oposición. Continuamos por lo tanto frente a una pugna de fuerzas sociales y políticas que se empeñan en lograr más o menos democracia, entre avanzar hacía un régimen autoritario o dictatorial o un régimen con virtudes democráticas, entre garantizar más o menos vigencia de los derechos humanos.

Reforma Constitucional Viola la Constitución del 1999

Desde que fue reelecto el 03.12.06 el presidente Hugo Chávez se propuso introducir cambios en el andamiaje jurídico del país “para adaptarlo a los nuevos tiempos”. Con ese fin le solicitó a la Asamblea Nacional (AN) que le otorgara la facultad de legislar a través del mecanismo de ley habilitante15. La AN con rapidez procesó la solicitud y le concedió la potestad de dictar decretos-ley por un lapso de 18 meses16. Días después, el presidente Chávez avanzó mucho más y propuso que debía reformarse la Constitución: “Vamos rumbo a una república socialista de Venezuela y para eso se requiere una profunda reforma de la Constitución17.” Asumió la iniciativa constitucional y mediante decreto creó un Consejo Presidencial para la elaboración de la propuesta de reforma18. A dicho Consejo se le otorgó el mandato de trabajar bajo estricta confidencialidad. El 15.08.07, el Consejo a través del Presidente presentó a la AN y a la población el proyecto de reforma. La propuesta contempló introducir cambios a 33 artículos de la Constitución, muchos de los cuales violentan princios fundamentales y la estructura del texto constitucional. El contenido de la propuesta implicaba un retroceso en materia de derechos humanos. Ese carácter regresivo se acentúo al agregar la AN 36 artículos a ser reformados19. El conjunto de la propuesta creó, además, un marco jurídico favorable a la violación de los derechos humanos. Al respecto, la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida expresó sus observaciones en los siguientes términos:

“El Foro advierte que los derechos humanos no pueden ser sometidos a procesos de referéndum, porque son cualidades inherentes a la dignidad de ser humano. Los derechos humanos son irrenunciables, intransferibles y no negociables. De modificarse el núcleo intangible de los derechos humanos se estaría violando el principio de progresividad que implica que los Estados deben aumentar paulatinamente el reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos. La progresividad en materia de derechos humanos (consagrada en el artículo 19 de la Constitución) es un límite material al poder constituyente, incluso al calificado como originario. Esta sería la misma razón, por la cual, ni siquiera por vía de la Asamblea Constituyente podría modificarse la preeminencia de los derechos humanos ni consagrar retrocesos en esta materia20.” Otros sectores, por razones distintas también rechazaron la propuesta: “El pluralismo político es uno de los valores fundamentales consagrados por la actual Constitución (Art. 2). La implantación de un Estado Socialista es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos. Es un hecho comprobado que dentro de un Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos socialistas. Abundan ejemplos en el mundo actual como Chile y Brasil. En cambio, en un ´Estado socialista´, tal como se propone en Venezuela, toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción, un pensamiento único21”. Desde las filas de la coalición gubernamental también se expresaron cuestionamientos al proyecto de reforma22. La propuesta, sin embargo, fue defendida por líderes sociales y políticos afectos al gobierno: “continuamos reafirmando el compromiso de militancia con el proyecto bolivariano que lideriza el Comandante Hugo Chávez Frías, porque nos hemos convencido de profundizar el proceso de reforma y de revolución que ha sido producto de la participación protagónica del pueblo venezolano”23.

De los 69 artículos a ser reformados algunos implican sin embargo un avance. En varios aspectos relacionados con derechos sociales se garantiza una mayor satisfacción de los derechos humanos. “El Foro valora como positivas las normas que reducen la jornada laboral a seis horas; el reconocimiento del derecho a la ciudad y del origen multiétnico de los venezolanos; y la regulación de la financiación estatal en las campañas electorales. Sin embargo, estos avances no pueden ser la justificación para aprobar normas que restringirían el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos”24.

No obstante, una valoración global e integral de la propuesta de reforma nos conduce a afirmar su carácter regresivo e implica un marco jurídico que favorece la violación de los derechos humanos.

A la fecha de cierre de este Informe , la AN entregaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) la propuesta de reforma, para que este procediera a convocar el referéndum el 02.12.07. Queda en manos de la población aceptar o impedir una reforma regresiva.

La ineficacia, la corrupción y el burocratismo como males del gobierno

En su discurso de saludo al pueblo de Venezuela, la noche del 03.12.06 cuando el CNE anunció que el presidente Chávez fue reelecto, éste admitió que su gobierno hasta ese momento era afectado por tres grandes males: la ineficiencia, la corrupción y la burocracia, los cuales prometió combatir. “Debemos redoblar los logros en la batalla contra la contrarrevolución burocrática y contra la corrupción, guerra a muerte contra la corrupción, una nueva moral bolivariana, una verdadera moral, cristiana, socialista. Se requiere con intensidad suprema una batalla por un nuevo Estado verdaderamente nuevo que sea capaz de derrotar la burocratización del sector publico”25. La ineficacia en la ejecución de las políticas, planes y proyectos, por parte de las instituciones estatales, la descoordina-ción de los distintos entes y órganos del Estado y la improvisación en la manera de asumir los asuntos de carácter público liderizado esto último por el propio presidente con su práctica de gobernar a través del “se me ocurrió” ha generado un importante descontento en sectores de la población26. Otro factor que contribuye a la ineficacia gubernamental es la permanente rotación de funcionarios con importantes cargos en la administración pública. Una vez más el Presidente realizó cambios en su gabinete ministerial. Cambió el Vicepresidente de la República y a siete de sus ministros. Como ya es costumbre, cada ministro al instalarse en el cargo, cambia su vez todo el tren ejecutivo.

Las “buenas políticas” dan “inadecuados resultados” por la ineficacia gubernamental27. La población siente que el tiempo pasa y no se resuelven asuntos fundamentales que afectan la cotidianidad de la gente: los servicios públicos, por ejemplo. Siente frustración frente a promesas incumplidas: la poca construcción de viviendas o la mala calidad de las que se adjudican.

En su memoria y Cuenta ante la plenaria de la AN el Contralor General de la República Clodosvaldo Russian afirmó: “Crónicas deficiencias en la planificación de las obras públicas, al punto que hemos estimado posibles daños por Bs 23 mil 826 millones derivados de insuficiencia en las especificaciones técnicas que en algunos casos han llevado al colapso de las obras”28.

La desesperanza se incrementa cuando relucen casos de corrupción. Cada vez aparecen más denuncias que involucran a funcionarios con alta responsabilidad en la estructura del Estado. Las denuncias en el proyecto Venezuela-Irán29, las denuncias contra la corrupción en PDVSA30, las innumerables denuncias de corrupción en el sector vivienda31 ejemplifican tal situación32. Tanto la AN como el Ejecutivo Nacional adelantan investigaciones. La Comisión Ministerial Anticorrupción analiza aproximadamente 370 denuncias vinculadas a corrupción y delitos conexos33. Frente a las mismas se observa poca firmeza en las altas esferas del gobierno para sancionar y desestimular tales hechos.

Al presentar su Memoria y Cuenta el Contralor expresaba cierta frustración por el comportamiento del Estado frente al mal de la corrupción: “No puede ser que ciudadanos sancionados e inhabilitados por la CGR sean incorporados a otros destinos en la administración gubernamental. Esta forma grosera y antiética de burlar la acción contralora debe ser erradicada de manera definitiva34”. Por otra parte el Fiscal General de la República Isaías Rodríguez afirmó: “…aquí hay un problema de ineficacia del Estado para combatir la corrupción …”35 Varias de estas denuncias implican la afectación de la satisfacción de derechos sociales en la población al desviarse para provecho personal recursos destinados a mejorar la economía o la situación social de la población36.

La corrupción se ve favorecida por los obstáculos para el ejercicio real de la contraloría social. A pesar del discurso gubernamental a favor de la participación ciudadana en el control de los recursos públicos, se adoptan medidas y prácticas que impiden o dificultan tal labor. Cada día es más difícil acceder a las fuentes oficiales. Ministerios y otras instituciones del Estado vienen reduciendo las posibilidades de que los hombres y mujeres del país puedan obtener respuestas oportunas y adecuadas a sus peticiones o de informarse acerca del gasto público. Las páginas Web de la mayoría de órganos y entes del Estado continúan dando información dispersa, fragmentada y no se informa sobre asuntos esenciales relacionados con el gasto público. Además, hay poca voluntad del Estado para capacitar a las personas para que ejerzan su labor de contraloría social37.

Baja la pobreza y los pobres aumentan su capacidad de consumo

Afirmamos al inicio del presente texto que la compleja situación del país generó simultáneamente situaciones adversas y favorables a la vigencia de los derechos humanos. Así como crecen los riesgos de una manera de gobernar autoritaria y se crean condiciones favorables para la violación de derechos humanos, principalmente civiles y políticos si se llegase a aprobar la propuesta de reforma constitucional, se producen hechos positivos en el campo de los derechos sociales. Las políticas y medidas del gobierno orientadas a favorecer sectores durante años excluidos y algunas políticas de impacto global en la población, han dado como resultado que durante el presente período haya continuado bajando la pobreza. Según cifras oficiales durante el año 2006 la pobreza bajó 1,9 puntos al pasar de 33,9% en el 2005 a 32% en el 2006. Y hasta el primer semestre de 2007 había bajado 4,3 puntos en comparación a 2006 para ubicarse en un 28,8%. La pobreza extrema también se redujo al pasar de 10,6% en el 2006 a 7,8% en el primer semestre de 200738. La valoración de este resultado es altamente positiva, si consideramos que la pobreza es la violación más constante y masiva de los derechos humanos en el país. Su reducción significa una situación de progresividad en el campo de los derechos sociales. Una causa y a su vez efecto de menores índices de pobreza es que nuevamente los sectores más pobres incrementan su capacidad de consumo. La distribución del ingreso nacional a través de múltiples programas pareciera ser la causa de dicho incremento. Al cierre de este Informe se tenía conocimiento de que el gobierno nacional a través del presupuesto ordinario y gasto extraordinario había destinado a los programas sociales llamados misiones y a los consejos comunales más de 20 billones de bolívares39. Ello significa un creciente flujo de dinero a las misiones. En 2005 destinó 6,9 billones de bolívares y en 2006 lo elevó en un 114% al ubicar el monto en 14,8 billones40.

Paradójicamente, hoy los más pobres tienen más capacidad de compra, pero a su vez menos posibilidad de adquirir productos. Una consecuencia del incremento de la capacidad de consumo de importantes sectores de la población, explica en parte la escasez de productos41. La producción nacional e incluso las importaciones no logran cubrir la demanda. La incapacidad para cubrir el ascenso del consumo, trajo como consecuencia un aumento de las importaciones. En 2006 las importaciones crecieron 36,01% importándose un total de 32,2 millardos de dólares42. El soporte fundamental para el logro de reducir la pobreza lo constituye el crecimiento sostenido de la economía venezolana en los últimos tres años. En 2006 la economía creció 10,3% y en el 2005 había crecido 9,3% y se espera en 2007 un crecimiento cercano a 7%.43. Este crecimiento se sustenta esencialmente de los ingresos petroleros y la recaudación por impuestos nacionales.

Los elevados ingresos le permitieron al gobierno a su vez re-estatizar algunas empresas básicas del Estado. A principios de 2007, al presentar el presidente Hugo Chávez las 10 líneas estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar (2007-2021) expresó -refiriéndose a la Ley Habilitante-: “Hay que redactar una ley madre de todas las leyes revolucionarias. Ya tenemos el documento preparado. Si en 2001 hicimos leyes que impactaron el esquema económico-social, las nuevas deben impactar con una potencia mayor la actual situación económica. Por ejemplo que se nacionalicen las telecomunicaciones y áreas estratégicas como el agua, la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado nacionalizarse. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. Compañía anónima teléfonos de Venezuela, nacionalícese, señor vicepresidente44”.

Los cuantiosos ingresos obtenidos por la República han tenido otro destino no adecuado: la compra de armas. En el año 2006 el gobierno invirtió 1 billón 212 millardos de bolívares en gastos para equipar a la Fuerza Armada Nacional. 441,5 millones fueron destinados para el mantenimiento de los dos submarinos clase Sábalo de la Armada, 308,7 millones de bolívares para la adquisición de 10 helicópteros; 126,8 millones por 53.000 fusiles de asalto AK-10345. Según la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y defensa en los últimos 24 meses Venezuela ha invertido 3,7 millardos de dólares en la renovación de equipo militar46.

Creciente criminalización de la protesta

El ritmo creciente de la economía y la reducción de los niveles de pobreza pudiera crear la imagen de una población satisfecha. Sin embargo, la realidad es otra. La ineficiencia en la gestión gubernamental que hemos señalado y que afecta la vida cotidiana de las personas, sobretodo de las más pobres, alcanzó niveles preocupantes y estimuló el descontento social. El incremento de la inseguridad ciudadana, el incumplimiento de los planes de vivienda, la crisis hospitalaria, el mal funcionamiento de servicios públicos y el incumplimiento de las contrataciones colectivas constituyeron algunos de los motivos para protestar47.

A esa situación se le sumó la no renovación de la concesión para funcionar al canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). La percepción de que este cierre significaba una violación al derecho a la libertad de expresión produjo movilizaciones en todo el territorio nacional.

Destaca la insurgencia en el escenario político y social del movimiento estudiantil de universidades públicas y privadas48. Demostrando una amplia capacidad de convocatoria y con acciones esencialmente pacíficas y variadas, guiados por el lema de defensa de la libertad de expresión crearon un ambiente que facilitó se reanimaran factores políticos y sociales adversarios del gobierno. Rápidamente la protesta fue calificada por voceros gubernamentales como subversiva49. Se la descalificó además como una protesta manipulada por partidos políticos de la oposición50. La no renovación de la licencia a RCTV también provocó una amplia movilización de sectores sociales y políticos pro gubernamentales quienes apoyaron que el gobierno sacara del aire la señal de la televisora. Tal situación revivió situaciones de tensión social experimentadas en el pasado reciente como derivación de la polarización política, la cual venía en descenso desde el referéndum del 2004.

Un efecto del discurso gubernamental de descalificar las movilizaciones estudiantiles fue una intensificación de la criminalización de la protesta. Más de 100 estudiantes fueron sometidos a juicios penales por participar en protestas51 y otros activistas sociales igualmente fueron imputados entre otras acusaciones por los delitos de obstrucción a la vía pública, instigación a delinquir y daño a la propiedad. Se confirmó nuestra advertencia lanzada en el segundo semestre de 2005 de que observábamos un paulatino incremento de la represión a la manifestación pacífica y un uso de los órganos de administración de justicia para llevar a tribunales penales a quienes protestan52.

En medio de este marco de violaciones a derechos civiles y políticos, el gobierno arreció la descalificación al sistema internacional de protección de los derechos humanos y particularmente contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mas allá del discurso, adoptó una política caracterizada por el incumplimiento de acuerdos amistosos, medidas cautelares y provisionales y decisiones de los órganos del Sistema Internacional de Protección53. Continuó descalificando a las organizaciones que acuden a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

El análisis global del contexto económico, social y político de Venezuela señala que en 2008 de manera muy probable se genere un amplio debate sobre el futuro del país en cuanto a derechos humanos, democracia y contenido del denominado socialismo del siglo XXI. Mediante la Ley habilitante se continuará dando desarrollo al marco constitucional y habrá que constatar si el gobierno profundiza su orientación regresiva en materia de derechos humanos de carácter civil y político. Todo apunta además a que la economía seguirá creciendo y existan condiciones favorables para que continúen bajando los índices de pobreza.

NOTAS

En reiteradas oportunidades el Presidente ha afirmado que la revolución venezolana es pacífica, pero armada, refiriéndose a que cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional.
En ocasión de su reelección el Presidente Chávez definió lo que serían las líneas básicas de acción del Estado para avanzar hacia el socialismo. Para tal fin usó figurativamente el término «cinco motores rumbo al socialismo». Esos cinco motores son: Ley Habilitante (vía directa al socialismo); Reforma Constitucional (Estado de derecho socialista); Moral y Luces (educación con valores socialistas); La Nueva Geometría del Poder (el reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación); Explosión del Poder Comunal (democracia protagónica, revolucionaria y socialista). http://www.minci.gob.ve/motores>. Consulta del 26.09.07.
El discurso antineoliberal y contra el «capitalismo salvaje» ha sido una constante del Presidente Chávez. El discurso a favor del socialismo emergió a partir de su reafirmación en el poder en el referendo de 2004.
El 06.12.98 ganó con el 56,20% de los votos; el 30.07.00 ganó con el 59% de los votos y el 03.12.06 con el 63% de los votos.
La coalición de gobierno está conformada entre otros por el Movimiento V República (hoy disuelto en el Partido Unido Socialista), el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, el Partido Podemos, Movimiento Tupamaro.
En la coalición gubernamental existen opiniones muy variadas y en algunos casos confrontadas sobre el «socialismo real». Sin embargo, en términos generales todos coinciden en plantear que el sistema que se quiere instaurar tiene componentes nacionalistas y de elaboración propia, sin negar referentes de aquellas formas de socialismo. En su discurso con motivo de su reelección el 03.12.06 Chávez afirmó: «Que nadie le tenga miedo al socialismo, es fundamentalmente humano, amor, humanidad, solidaridad. El socialismo nuestro es originario, indígena, cristiano y bolivariano; ese es el socialismo, construyámoslo».
Un ejemplo de la discriminación existente lo encontramos en la comunicación pública del ministro de Cultura Farruco Sesto a raíz de la presencia de una actriz en una manifestación estudiantil. «¿A partir de ahora tendremos que cuidarnos de la selección de los actores a fin de no brindarles gratuitamente espacios de comunicación a los pequeños soldados oposicionistas de la guerra mediática? Nos remitimos al pueblo. Puesto que es el pueblo el dueño de estos espacios y de estos recursos, es el pueblo, en su sabiduría, quien tiene la palabra». Otro ejemplo han sido las protestas efectuadas a raíz de la nacionalización de los taladros manejados por contratistas petroleras. Durante el proceso, los trabajadores denunciaron que 700 de ellos no habían sido reenganchados a sus puestos de trabajo porque habían firmado la solicitud de revocatorio contra el Presidente o porque no se habían inscrito como aspirantes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Encabezados por el Presidente de la República voceros de la coalición gubernamental descalifican de manera inmediata a todo aquel que proviniendo de sus filas se atreva a criticar públicamente al jefe de Estado o cuestione conductas o prácticas equivocadas. El ejemplo más reciente lo encontramos en la descalificación a los diputados del partido Podemos que se atrevieron a criticar la propuesta de reforma que presentó el Ejecutivo Nacional, al señalarlos como traidores. Otros calificativos frecuentemente utilizados para desacreditar a la disidencia han sido las palabras ‘oligarca’, ‘fascista’, ‘golpista’, ‘imperialista’.
Cada vez aumenta más el número de protestas reprimidas y el uso de los órganos de administración de justicia para someter a juicio penal a activistas sociales quienes en su mayoría son sometidos a régimen de presentación periódica en tribunales y excepcionalmente algunos son privados de libertad.
Estas personas procesadas no lo están por haber cometido delitos comunes, la casi totalidad no son políticos sino activistas sociales, pero están procesados por haber participado en la exigibilidad de derechos u oponerse a través de manifestaciones a políticas del gobierno. Históricamente en Venezuela a estas personas se les denomina procesados o presos políticos si finalmente se les priva de la libertad.
Desde el campo de los derechos humanos es posible aportar para que ese socialismo del siglo XXI sea realmente democrático, respete la pluralidad y garantice adecuados contrapesos institucionales.
Es el término usado por la coalición gubernamental para referirse a todo lo acontecido antes de que el Presidente Chávez ganara sus primeras elecciones en 1998.
Un caso emblemático lo constituyen los cuerpos policiales quienes después de ocho años de gobierno continúan impregnados de espíritu represivo y cometen innumerables violaciones a los derechos humanos, tal como se comportaban en la denominada «Cuarta República».
En lo simbólico se realzan figuras como las de Ernesto «Che» Guevara, se reivindican procesos políticos como el cubano, se avanza hacia formas de propiedad privada colectiva y propiedad estatal. Además la mayoría de las fuerzas de la coalición gubernamental se fusionaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Mediante la Ley Habilitante el Presidente de la República puede dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley.
El 08.01.07 el Presidente Chávez le solicitó a la Asamblea Nacional (AN) promulgara una Ley habilitante. El 01.02.07 la Ley fue publicada en la Gaceta oficial Nº 38.617.
Hernán Lugo: Chávez pidió poderes especiales para nacionalizar CANTV y áreas estratégicas. El Nacional. 09.01.07, pág A-2.
El Consejo fue presidido por el Presidente Chávez y estuvo integrado entre otros por: Isaías Rodríguez Fiscal General de la República; Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo; Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cilia Flores presidenta de la AN así como por cinco diputados más. El Consejo fue juramentado el 17.01.07.
El 14.10.07 la Comisión Mixta de la AN designada para trabajar en la propuesta de reforma presentó el resultado de su trabajo.
Las organizaciones del Foro por la vida cuestionaron entre otros asuntos la eliminación del debido proceso y del derecho a la libertad de información en los estados de excepción; la eliminación del control parlamentario y judicial del decreto que declara el estado de excepción y el carácter indefinido del mismo; la definición del Estado como socialista pues ello atenta contra la pluralidad política; la vulneración del derecho a elegir y ser elegido; la reelección presidencial por vulnerar el principio de alternabilidad. El Foro calificó la propuesta como regresiva e inconstitucional. < www.derechos.org.ve>.
Pronunciamiento de la Conferencia de Arzobispos y Obispos de Venezuela http://www.eluniversal.com. Consulta del 19/10/2007.
A la fecha de entrada a imprenta de este Informe, el partido Podemos que ha respaldado la reelección del Presidente Chávez el 03.12.06, llamó a la ciudadanía a votar por la opción del «No» en el referendo aprobatorio de la propuesta de reforma constitucional. Tal consigna fue también expresada por el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel.
Afirmaciones del dirigente campesino y diputado a la AN Braulio Alvarez.
Además, se declara inembargable la vivienda principal y se promueve la propiedad privada colectiva.
http://www.vive.gob.ve. Consulta del 04.12.06.
Es de conocimiento público como el Presidente Chávez en su programa dominical Aló Presidente improvisa medidas y políticas con una expresión muy corriente: « se me ocurrió» « se me ocurrió anoche» «se me acaba de ocurrir» «en el camino se me ocurrió» imponiendo un estilo de conducción del Estado contrario a toda idea de planificación y valoración de riesgos.
El gobierno tiene definidas en muchos aspectos adecuadas políticas públicas que de implementarse significarían avances importantes en materia de derechos humanos, sin embargo, con frecuencia se quedan en el papel, no se ejecutan los presupuestos asignados y se coloca en la dirección de los órganos y entes a personas con limitada capacidad gerencial.
Paula Ramones: El Estado pierde billete por obras inconclusas. Últimas Noticias. 01.08.07, pág.16.
Ver en este Informe el Capítulo Derecho a la Tierra.
El padre José de Jesús Palmar Morales, simpatizante del gobierno, entregó pruebas a la AN que darían cuenta de corrupción en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, con relación a la compra de taladros chinos, sobrefacturación de precios de combustible y designación «a dedo» de empresas contratistas de Pdvsa que involucrarían al ministro de Energía Rafael Ramírez.
El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Ramón Carrizalez en declaraciones a la prensa reconoció la existencia de una amplia corrupción en el sector vivienda, razón por la cual entre otras medidas ordenó que se cerrara el Programa 8 que se encargaba de adjudicar viviendas. http://www.guia.com.ve/noticias. Consulta del 14.06.07.
La Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional para julio de 2007 estaba procesando más de 800 denuncias de corrupción http://www.aporrealos.org/contraloria. Consulta del 09.07.07.
Entre los casos que estaría investigando la Comisión están: El caso Ciudad Lebrún que originó la destitución de Luis Velásquez Alvaray, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; el caso Cementos Andinos; las irregularidades en el otorgamiento de créditos en Fondafa.
Paula Ramones: Estado pierde un billete por obras inconclusas. Últimas Noticias. 01.08.07, pág. 16.
Johelis Campos: La impunidad es un problema de coordinación. Últimas Noticias, 20.08.07, pág. 18.
La corrupción en el caso del sector vivienda afecta el derecho de muchas familias a obtener viviendas, no solo porque se adjudican por mecanismos irregulares a personas posiblemente con menos necesidades que las que originalmente deberían ser beneficiarias, sino que influye directamente en la mala calidad de las mismas, al usarse materiales de menor calidad y valuarlos como de buena calidad.
Mariela Hoyer: Contralores sociales no están formados para evitar la corrupción. El Nacional, 06.05.07.
Las cifras están basadas en una medición por ingreso familiar teniendo como indicador la capacidad económica de cada familia para adquirir la canasta alimentaria y la canasta básica.
Mayela Armas: Más de 20 billones destinan a misiones y consejos comunales. El Universal. 13.09.07, pág. 1-17.
Víctor Salmeron: Gobierno duplicó dinero para las misiones en 2006. El Universal, 15.02.07, pág. 1-14.
Ver en este Informe el capítulo derecho a la alimentación.
Blanca Vera: La economía creció 10.3% en 2006. El Nacional, 23.02.07, pág A-20.
Panorama, 15.12.06, pág. 23.
Hernán Lugo: Chávez pidió poderes especiales para nacionalizar CANTV y áreas petroleras. El Nacional. 09.01.07, pág. A-2.
El Universal, 24.01.07, pág. 1-6.
Celina Carquez: Cuestionan nuevas compras de armas. El Nacional, 13.07.07, pág. 6.
Ver en este Informe los capítulos: Respuestas organizativas de la sociedad y Derecho a la manifestación pacífica.
Por primera vez desde 1958 estudiantes de universidades públicas y privadas coordinan sus acciones con propósitos comunes y crean una estructura organizativa básica para unificar sus consignas y acciones.
Al igual que en épocas de la denominada Cuarta República, los voceros gubernamentales argumentaron que la protesta formaba parte de un plan conspirativo y buscaron la manera de identificarla con quienes dieron el Golpe de Estado el 11.04.02.
En el pasado las protestas estudiantiles eran calificadas como protestas promovidas por grupos insurgentes armados de carácter urbano que pretendían desestabilizar el orden democrático.
Ver en este Informe capítulo Derecho a la manifestación pacífica.
Ídem.
Durante la gestión de la abogada María Auxiliadora Monagas se lograron importantes avances. Facilitó el diálogo entre la Comisión y el gobierno y entre este y las organizaciones de derechos humanos. El nuevo agente del Estado ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, abogado Germán Saltrón, dio al traste con tales avances. Cerró los canales de diálogo con las organizaciones de derechos humanos y paralizó todas las gestiones que se venían adelantado en los casos contenciosos existentes en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es el resumen del análisis sobre la situación de los derechos humanos que Provea presente en esta 19ª edición de su Informe anual.

Para esta evaluación, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos, no basta con describir las violaciones sufridas por personas o colectivos sociales, sino que es necesario también analizar a la luz de los mismos las políticas públicas implementadas por los órganos del Estado. La pretensión del presente Informe, una vez más, no se limita a una recopilación ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las violaciones que se han registrado. Sin embargo, a partir de ellas, podemos inferir el respeto (o no) de estos derechos por parte de las autoridades y analizar desde esta perspectiva las políticas públicas.

Parte de los elementos que permiten establecer las conclusiones de este análisis provienen de testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios. Sin embargo, los datos principales que ayudaron a elaborar este Informe provienen de fuentes hemerográficas así como de documentos, investigaciones académicas, estadísticas, páginas institucionales y otras producciones que tanto el propio Estado como entidades privadas elaboran y dan a conocer.

Al igual que en años anteriores, aspiramos que este Informe contribuya a alimentar el debate sobre sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Respecto al derecho a la alimentación, se observaron tanto avances como retrocesos. Durante el periodo fue imposible obtener del Instituto Nacional de Nutrición (INN) cifras oficiales sobre los índices de desnutrición de la población. Sin embargo, voceros del gobierno señalaron que estos índices habían bajado de 11 puntos porcentuales en 9 años. En contraste, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sigue ubicando a Venezuela con 17% de desnutrición general. Venezuela fue calificada por esa misma organización como lenta para cumplir los Objetivos del milenio de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el 2015. Por otro lado, un estudio del Banco Central de Venezuela revela que en Venezuela 98% de los hogares realizan 3 o más comidas diarias mientras que solo 0,1% realiza una sola comida. A pesar de ese crecimiento del 16% en el consumo de alimentos, los datos indican que la calidad de los mismos en los estratos más pobres sigue siendo baja. Este incremento del consumo explica en parte la situación irregular a lo largo del año del abastecimiento de alimentos, registrándose una escasez de varios productos de consumo diario. Otras variables que explicarían la escasez han sido los controles de precios que han desestimulado la inversión en varios sectores productivos, la interpretación discrecional de la nueva Ley contra el Acaparamiento y la Especulación así como las trabas burocráticas para realizar una importación rápida. Este desabastecimiento afectó más a los sectores más pobres del país ya que el desabastecimiento se sintió más en las bodegas e incluso en los programas oficiales como Mercal.

Esta escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se elevaron a 3.044 millones de dólares, representando un aumento de casi 25% respecto al lapso anterior.

En torno al derecho al ambiente sano se aprobó y promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) y la Ley de Aguas, lo que significa un avance en cuanto a marcos normativos de protección ambiental. Se continuó desarrollando la Misión Árbol, conformando para mayo de 2007 1.873 comités conservacionistas. Durante el período la Misión Energía se inició con el propósito de aprovechar racionalmente su uso en los próximos 5 años, logrando la colocación de 53 millones de bombillos ahorradores en más de 5 millones de viviendas.

Organizaciones ambientalistas destacaron la renovación de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Geografía y Cartografía; el mayor acceso al agua potable por parte de algunas comunidades y el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua en diversas regiones del país. Otras de las políticas señaladas como positivas fueron el impulso a sistemas de transportes calificados como menos contaminantes: el tren de Charallave-Tuy así como los metros de Los Teques, Valencia y Maracaibo. Sin embargo, continúa la persistencia de la lenteja acuática (Lemna sp), en el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), así como la repetida aparición incontrolada de la Bora, o Lirio Blanco, en el embalse de La Mariposa (Edo. Miranda), cuya superficie cubierta por la planta había disminuido al final del período. Venezuela continuó emprendiendo acciones para cumplir los postulados del protocolo de Kyoto: presentó un plan nacional que contempla entre otras políticas, el cierre de la planta de clorofluorocarbonos (CFC) Productos Halogenados de Venezuela (Produven). En contraposición, se han adoptado medidas orientadas al aumento de la producción de carbón y ha aumentado el parque automotor.

Siguen siendo objeto de preocupación los anuncios de megaproyectos de desarrollo no sostenible en áreas de fragilidad ambiental que a su vez suelen ser territorios de pueblos originarios.

Respecto al derecho a la educación, tanto las políticas públicas como los resultados son positivos en cuanto a la continuación del mejoramiento de la disponibilidad y accesibilidad de este derecho, mientras que continúan los déficits estructurales en cuanto a la calidad de la educación y a la distribución equitativa de los logros educativos. Así, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementó en un 2,3% con respecto al lapso anterior, correspondiendo a 590 nuevos planteles. Sin embargo, los planteles en el área rural disminuyeron en un 1,7% y sigue registrándose falta de secciones. También hubo aumento de los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas aunque con un ritmo de crecimiento que ha disminuido respecto al lapso anterior.

En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, todos crecieron siendo el gasto público real en educación el que ha registrado el incremento más significativo con 41,1%. El gasto público en educación como porcentaje del PIB aumentó de un punto porcentual y el gasto público en educación como porcentaje volvió a subir para representar el 37,5%, respecto al 35,6% en 2005.

El nivel de educación básica creció en términos globales (0,6%), nuevamente a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (0,8%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II Etapa (1° a 6° grado) no logra nuevamente superar la cifra del período 2001-2002 en sentido contrario de la III etapa que registra su nivel más alto en la década. El nivel de educación media observa un incremento importante (8,3%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que 650.000 niños(as) en edades entre 3 y 5 años están fuera de la educación inicial y 200.000 jóvenes en edades entre 12 y 14 años fuera de la educación formal. Esta cantidad aumenta con la edad pues, 900.000 jóvenes en edades de entre 15 y 17 años no están escolarizados.

Los grupos económicos más vulnerables continúan siendo la población con menor acceso a la educación. De acuerdo con una investigación, mientras en 1998 los grupos correspondientes al 20% de la población con menos ingresos tenían un déficit de 3,7 en años de escolaridad, y los incluidos en el 20% con ingresos más elevados de 1,7, en 2004 esos déficits representan 3,8 y 1,8 respectivamente.
Por otra parte, se mantuvo la no discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,5 varones por cada 100 mujeres.

Los porcentajes de repitencia continúan su tendencia a la disminución. El global descendió de 7,6% a 6,8%. El del 1° grado pasó de 11,1% a 9,9% y el de 7° grado de 12,5% a 11,1%. Cabe señalar nuevamente que el global y el del 7° grado son los más bajos de la década. A pesar de estos significativos logros, varias investigaciones señalaron las dificultades que afronta Venezuela en relación con los logros del aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales, sin que se cuente con nuevas evalauciones oficiales que demuestren lo contrario.

En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró constantemente desde una prosecución de 44% para 1999 a una prosecución del 63% en el período 2004-2005, lo cual significa que actualmente se inscriben en 9º grado 63 alumnos de los que ingresaron a primero.

Finalmente debemos destacar que a pesar de algunos esfuerzos realizados por entidades públicas relacionadas con la educación para sistematizar daos, se han multiplicado las trabas para lograr obtener datos y documentos oficiales de carácter público. Asimismo, a la fecha de cierre de este Informe circuló una nueva propuesta curricular para la educación bolivariana cuyo análisis a profundidad no se pudo realizar para este período por razones de tiempo.

El cambio del modelo económico y político ha tenido incidencia en el disfrute de los derechos laborales. Siendo el Estado el principal empleador y el principal regulador del mercado de trabajo, la tasa de desempleo siguió disminuyendo al ubicarse en junio de 2007 en 8,3% cuando estaba ubicada en el mismo período de 2005 en 12,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 64,8% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.305.364 de personas, lo cual corresponde a una leve disminución del 0,2%.

La economía informal (44% en febrero de 2007 en contraposición con 46,5% en julio 2006) viene por cuarto año consecutivo cediendo terreno a la economía formal (56% en febrero 2007 y 53,5% en julio 2006). Nuevamente ese retroceso puede explicarse en parte por el cambio en la metodología de medición utilizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual ahora incluye a las empresas de menos de 5 trabajadores en el sector formal.

A pesar de estos avances para el segundo semestre de 2006, el 51,6% de las personas ocupadas no cubría con sus ingresos el precio de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) y el 9,5% no percibía ningún salario por lo que el desempleo abierto alcanza el 61% de la PEA. El 28% de los hogares percibían ingreso inferior al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 21% el valor de la CAN, pero de acuerdo a cálculos de fuentes privadas el valor del SM solo cubriría 67,4% de su valor.

Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 67% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres, 3 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres lo están 5.

En el periodo anterior se destacaba como positivo la implantación de la solvencia laboral, el cual es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos de los trabajadores, pero en este período fue imposible evaluar el impacto de la medida pues las cifras oficiales no estuvieron disponibles. También se extendió la inamovilidad laboral hasta el 31.12.07, medida que ofrece mayores garantías para el derecho al empleo, pero también la ausencia de datos impiden medir la eficacia de la medida.

Durante el período, los conflictos laborales asociados al derecho al empleo, principalmente en el sector de la construcción pero también en el sector petrolero cobraron la vida de 53 personas, de ellos 46 dirigentes sindicales, siendo el año 2007 el año más violento. Se establecieron mesas de trabajo con todos los sectores pero a pesar de esta iniciativa, no se lograron acuerdos para explorar soluciones que se apegaran a los derechos humanos. Esta violencia junto a otras violaciones convirtió Venezuela en el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas. A diferencia de años anteriores, los ataques gubernamentales contra las organizaciones sindicales no se dirigieron solamente hacia el sector sindical considerado como opositor sino también al sector apoyado por el gobierno. Declaraciones del Presidente mermaron la autonomía de los sindicatos, la cual también se vio afectada por el anuncio de la creación de Consejos Obreros que tendrían atribuciones similares a las organizaciones sindicales. Todo ello produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales que prácticamente no tuvieron incidencia en el diseño de las políticas públicas. Fuentes sindicales señalaron que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público.

Nuevamente se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar las condiciones y medio ambiente de trabajo, especialmente en lo que se refiere a registro. Ello permitió reflejar que en el país se contabilizaron 34.202 accidentes laborales de los cuales 224 fueron mortales.

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, continúan adelantándose proyectos en tierras habitadas por indígenas que pondrían en riesgo los ecosistemas y la diversidad biológica y a los mismos pueblos indígenas y campesinos, originando protestas, entre otras por rechazo a los proyectos de explotación carbonífera en el Edo. Zulia. Asimismo, continúan los conflictos por tierras y aún no se han registrado avances significativos en la demarcación definitiva del hábitat de estos pueblos, con una demora de tres años respecto a lo establecido en la propia Constitución.

La Asamblea Nacional (AN) sancionó 4 leyes para los Pueblos y Comunidades Indígenas: la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), aprobada el 12.08.05; la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, publicada el 12.01.01; la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 17.10.2001 y la Ley aprobatoria del Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los Pueblos y comunidades Indígenas de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo incluyó en 40 instrumentos legales, normas específicas para los indígenas. Por otra parte, en el presente lapso se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por medio del cual los asuntos indígenas serán tratados al más alto nivel del Gobierno nacional, lo cual debería repercutir positivamente en la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, se continúa constatando familias indígenas en situación de calle, en pobreza crítica y con desnutrición avanzada, siendo los niños y niñas los más afectados, y problemas graves de salud con repunte de enfermedades como el paludismo. Los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud siguen sin tener indicadores de derechos humanos diferenciados por grupos poblacionales, lo cual permitiría desarrollar políticas públicas orientadas específicamente hacia los pueblos originarios. La situación de desnutrición y pobreza crítica en la cual permanecen estas comunidades incide en la violación de su derecho a la salud. Además, la falta de ambulatorios y médicos especialistas ocasiona que casos quirúrgicos, en el área de la pediatría por ejemplo, sean remitidos a Caracas al Hospital Clínico Universitario, a muchos kilómetros de distancia de sus hogares. Las enfermedades más recurrentes continúan siendo la neumonía, fiebre amarilla, paludismo, dengue. Ciudad Guayana, Barcelona, Puerto Ordaz son las ciudades con mayor índice de ocurrencia de esta situación. Al cierre de este Informe, no se encontraron indicios de que hayan comenzado a diseñarse y aplicarse políticas estructurales efectivas para modificar esta situación.

La situación del derecho a la salud continúa caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas: el tradicional conformado entre otros por ambulatorios y hospitales y el de la Misión Barrio Adentro (BA). Un paralelismo que no solo es institucional sino también financiero en beneficio de BA. En consecuencia, el sistema de salud sigue fragmentado y desarticulado, con fallas estructurales que no han podido ser revertidas, afectándose las garantías de acceso universal y calidad de los servicios prestados por las redes tradicionales de asistencia a la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta julio de 2006 se construyeron 1.612 módulos de BA, quedando pendiente la construcción de 4.618. Lamentablemente ninguna de estas cifras revela el cumplimiento de la meta que se previó en el 2004: construir 8.573 módulos. Según la OPS, en BA laboran 27.090 profesionales de la salud cubanos y 1.139 venezolanos. Para el año 2007 el presupuesto adjudicado al Ministerio del Poder Popular para la Salud fue de 4,2 billones de bolívares, lo que revela un descenso con respecto al año anterior, cuando el presupuesto fue de 5,01 billones de bolívares. Otra Misión es la denominada “Milagro” que atiende a pacientes con problemas de salud oftamológica. 176.000 pacientes han sido intervenidos en Cuba entre julio de 2004 y marzo de 2006.

Continúo la mora de la AN con respecto a su obligación de promulgar la Ley de Salud. Tras 8 años no se cuenta con un marco normativo que regule el sistema de salud. Un aspecto positivo de la situación de salud es que se registra un mayor cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la gratuidad de los servicios de salud en todos los entes públicos. Se constató un descenso en la tasa de mortalidad infantil, situación que se registra desde hace 3 años al igual que una baja leve en los casos de malaria y dengue. Por el contrario se registraron nuevamente brotes de sarampión y la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública nacional.

En cuanto a la organización ciudadana en torno a este derecho, hasta junio de 2006 las cifras oficiales dieron cuenta de la existencia de 8.951 Comités de Salud.

Este año se efectuó un estudio especial sobre el derecho a la seguridad social con el objeto de evaluar los cambios y resultados de la gestión pública en el transcurso de los 10 últimos años. Los dos primeros años coincidieron con el gobierno de Rafael Caldera en el marco del programa de gobierno llamado “Agenda Venezuela” cuya orientación apuntaba a la eliminación del régimen de seguridad social y a la creación de un fondo de capitalización individual administrado por el sector privado. En 1999, al debatirse y aprobarse un nuevo texto constitucional, se plasmó una visión garantista de los distintos componentes y sujetos del derecho a la seguridad social. Posteriormente, como primer cambio se concretó la aprobación de una primera ley orgánica coherente y cónsona con los postulados constitucionales. Se evolucionó positivamente de un sistema de seguridad social basado en la afiliación de la población asalariada perteneciente al sector formal de la economía a otro más de cobertura universal, que incluye a las personas sin capacidad contributiva y se abrió la posibilidad y la obligación del Estado de universalizar la cobertura de la seguridad social, para que ésta incorpore a los sectores de la población inmersos en la economía informal y a los más pobres excluidos del mercado laboral. Sin embargo, a la fecha continúa presente una grave y prolongada mora legislativa, ya que a 5 años de haberse aprobado la mencionada ley no se han aprobado todavía las leyes que deben regir los subsistemas de salud y de pensiones y otras asignaciones económicas. Esta situación afectó el ejercicio del derecho y debilita su exigibilidad por parte de la ciudadanía.

Se ha constatado una evolución positiva de los indicadores de cobertura del sistema de seguridad social a partir de 1999, como producto de la implementación de las políticas gubernamentales de fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, todavía los niveles de inclusión de la población son bajos, ya que el porcentaje de la población asegurada con respecto a la población total del país representaba en el 2005 el 13,9% y el porcentaje de la población pensionada por vejez respecto de la población mayor de 60 años se ubicó en el 2004 en el 27,3%. La no aprobación de la Ley de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas mantuvo fuera de la cobertura de la seguridad social a importantes sectores sociales como las amas de casa, domésticas, trabajadores del sector informal de la economía, miembros de cooperativas. Algunas iniciativas gubernamentales destinadas a pensionar a personas afiliadas al IVSS que no han cumplido con las cotizaciones previstas en la Ley o que se encuentran en estado de necesidad, resultaron insuficientes ante los niveles de exclusión existentes.

A pesar de que el IVSS cuenta con la red de centros de salud de más alta tecnología en el sistema público de salud, en la actualidad apenas cubre al 34% de la población total. Durante los 10 años no se ha paralizado el deterioro de la calidad de los servicios y bajos niveles de rendimiento que presta el Fondo de Asistencia Médica (FAM). En contraste con lo anterior, se ha constatado la evolución positiva de los indicadores sobre la distribución de los fondos públicos destinados al funcionamiento y sostenimiento del sistema de seguridad social, los cuales presentan aumentos del orden del 100% entre 1997 y 2005: el gasto público en seguridad social como porcentaje del PIB pasó de representar el 1,5% al 3,0% en dicho período; el gasto público en seguridad social dentro del gasto social se elevó del 15,7% en 1997 al 26,05% en 2005. Si embargo, el gasto público real por habitante en materia de seguridad social medido en relación con el dólar estadounidense, disminuyó de 108,78 dólares en 1997 a 53,13 dólares en el 2005.

En síntesis, sigue siendo un desafío implementar un sistema de seguridad social de cobertura universal, participativo y con prestaciones de calidad en vista de que los avances normativos y el mayor gasto público en seguridad social no son suficientes, si no se complementan con una adecuada gestión y gerencia pública.

Si desea escuchar la intervención de Raul Cubas sobre el informe sobre 10 años de Seguridad Social en Venezuela, apretar el ícono de play y esperar a que cargue el archivo:

Si desea descargar el Mp3 a su computador, visitar

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Respecto al derecho a la tierra, continúo el proceso de distribución de tierras democratizando el uso y goce de la misma; sin embargo, se constataron indicios de un agotamiento de dicho proceso. En los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación; es decir, se han otorgado 78.463 unidades productivas en 3.499.790, 2342 has. La prioridad estatal pareciera orientarse a consolidar las unidades productivas de los beneficiarios para transformar tierras ociosas en productivas e incrementar la producción. El gobierno decidió avanzar hacia la construcción de una economía agraria y un marco social de carácter socialista. El Instituto Nacional de Tierra (Inti) continuó adelantando procesos de rescate de tierras. En consecuencia, durante el período 1.900.000 has. fueron rescatadas. Se constataron algunas denuncias sobre presuntos atropellos contra propietarios de grandes extensiones de tierra, sin embargo, en menor cuantía que en el periodo anterior.

A pesar del proceso de democratización del uso de la tierra; del combate a la permanencia de tierra ociosa y a la alta inversión pública y privada, los resultados no son satisfactorios. Por 4º año consecutivo el gobierno no logró cumplir la meta global de producción pautada, se mantienen altos niveles de importación y crece poco la superficie cosechada. La excepción fue el incremento de la producción en los siguientes rubros: arroz, maíz, ajo, cacao, papa.

Se elaboró el Plan Integral Nacional Agrícola 2007-2008 estableciendo metas de producción, superficie cosechada, financiamiento, sistema de riego y asuntos técnicos a garantizar para el cumplimiento de las mismas.

Persistieron los asesinatos de campesinos como parte del conflicto por la tierra. Sin embargo, se lograron avances importantes en la lucha contra la impunidad. Continúa un alto nivel de inseguridad ciudadana que afectó a campesinos y productores. Numerosos campesinos y campesinas fueron sometidos a procesos penales acusados de ocupar de manera ilegal tierras y acusaron a jueces de ser cómplices de terratenientes para criminalizar sus acciones de reclamo de este derecho.

En relación con el derecho a una vivienda adecuada, no se registraron avances significativos en su realización; por el contrario, los problemas existentes se han agravado. Si bien el Ejecutivo Nacional (EN) aumentó la cantidad de viviendas construidas y entregadas en el 2006, aún está lejos de cumplir tanto sus propias metas como el estimado de 200.000 viviendas anuales necesarias para paliar el déficit en un plazo de 10 años. La situación de vivienda fue cuestionada por el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín. Entre las principales denuncias recibidas por la Defensoría se encuentran irregularidades en el proceso de adjudicación de casas, ocupaciones informales, deficiencias en la calidad de las obras, carencias o precariedad de los servicios públicos y paralización e incumplimiento de las construcciones.

Algunas de las políticas adelantadas en materia de vivienda se han paralizado, como el proceso de adquisición o expropiación de edificaciones o terrenos para la utilidad pública o social, iniciada por la Alcaldía Mayor; así como también el llamado Programa 8, el cual adquiría casas en el mercado secundario para atender a familias en situación de riesgo. Sin embargo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el gobierno ha reforzado las políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Entre los objetivos descritos se encuentran garantizar la tenencia de la tierra, promover el acceso a los servicios básicos y al crédito habitacional y fomentar la participación y el compromiso para la construcción de viviendas. También se firmaron convenios internacionales para la construcción de viviendas cuyos primeros resultados, a la fecha de cierre del presente Informe, son inciertos.

Durante el período el gobierno realizó acciones que afectaron la seguridad jurídica de la tenencia. Persiste la práctica de doble adjudicación en los urbanismos construidos por el sector público. Otro factor es el de las ocupaciones de inmuebles en construcción, protagonizado por personas sin vivienda, las cuales en su desesperación ingresan a construcciones ya adjudicadas a otras familias. Otro tipo de ocupaciones son las realizadas en terrenos baldíos, acción simbólica que intenta llamar la atención de las autoridades. Las familias ocupantes, ejerciendo estas acciones de exigibilidad de sus derechos, deben vivir en condiciones precarias, siendo la inseguridad personal el mayor problema a enfrentar. Por su parte, el Estado continúa enfrentando estas situaciones bajo un esquema criminalizador. Provea registró 19 desalojos realizados de manera violenta en ocupaciones, sin la presencia de funcionarios del Ministerio Público (MP) o de la Defensoría del Pueblo, ni el ofrecimiento de recursos jurídicos o la adopción de las medidas necesarias para los afectados que no disponían de recursos.

Sectores afectados por los desalojos irregulares se han venido organizando para enfrentar la situación, promoviendo en la ciudad de Caracas el lanzamiento de la “Campaña Cero Desalojos”.

El EN extendió por 6 meses más la congelación de los alquileres. Aunque esta decisión persigue que la carga del pago por concepto de vivienda resulte soportable para las personas en condición de arrendatarios, se señalaron algunos efectos contraproducentes. Otro avance en el derecho lo constituyó la implementación del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios de Vivienda (SEB). Mediante este mecanismo los indígenas, damnificados y habitantes de zonas de alto riesgo, ciudadanos mayores de 70 años, mujeres y hombres solos con cargas familiares, personas con discapacidad y aquellas con un ingreso promedio per cápita mensual menor a dos salarios mínimos, son denominados sujetos de protección especial y con prioridad para la obtención de beneficios.

Una de las revelaciones negativas del presente período han sido las reiteradas denuncias que señalan a las formas asociativas comunitarias como corresponsables en las irregularidades en la adjudicación y construcción de viviendas.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La situación del derecho al asilo y al refugio mantiene las principales tendencias observadas en informes anteriores. La situación de violencia en la frontera colombiana sigue siendo el factor generador de migraciones hacia Venezuela. De acuerdo a las estadísticas ofíciales, de 8.801 personas que solicitaron refugio, 8.694 provienen de la República de Colombia.

Sigue habiendo carencias por parte de las autoridades competentes en materia de asilo y refugio. La falta de recursos y largas esperas son las características principales. Solo el 6% obtienen respuestas. A este ritmo serían necesarios 15 años para decidir todas las solicitudes acumuladas. Aunado a ello no siempre se respeta el principio de Unidad Familiar y sólo el 30% posee identificación provisional. Durante el periodo, se constataron dificultades para estas personas al momento de buscar empleo y acceder a la seguridad social. Sin embargo, hay que reconocer como positiva la política oficial de inclusión en algunos planes sociales adelantados por el gobierno nacional como las misiones a quienes no portan cédula de identidad.

A estas situaciones se sumó la amenaza de algunas autoridades de suspender las garantías en las zonas fronterizas, lo que crearía mayor incertidumbre e inseguridad entre los aspirantes a la protección internacional.

En relación al derecho a la integridad personal, se registró un total de 163 denuncias de casos de violaciones a la integridad personal, con un saldo de 699 víctimas identificadas, lo que comparado con el período anterior en el que se registraron 201 casos con 1478 víctimas denota un descenso de 18,91%. 43 de los 126 cuerpos de seguridad reportan denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal lo que representa el 34,13%.

La Guardia Nacional (GN), la Policía Metropolitana de Caracas, la Policía de Anzoátegui y la de Aragua fueron los cuerpos armados más denunciados.

Sigue siendo prácticamente nula la ocurrencia de sentencias contra victimarios de violaciones contra el derecho a la integridad personal.

Durante el período se produjo el menor número de reportes sobre tortura desde 1999, con un total de 8 casos. En relación con el período anterior significó una disminución de 42,10%. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es la policía que aparece más involucrada en hechos de tortura.

El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presenta un importante descenso de 50,36% con respecto al período anterior pasando de 1.394 víctimas a 692; sin embargo, este número de víctimas sigue siendo superior a cualquiera de los registrados entre el 2000 y el 2005.

El número de personas heridas por armas de fuego denunciados en el período fue de 15 víctimas siendo el más bajo en los últimos 7 años. También se produjo una reducción de 48,15% en lo referente al patrón de amenazas y hostigamientos. Esa misma situación se produjo en el patrón de allanamientos sin orden judicial

Con respecto al derecho a la justicia, diversos hechos pusieron en evidencia riesgos a la independencia del Poder Judicial (PJ) ya que desde la AN y el EN se ejercieron presiones indebidas contra jueces y magistrados. Por otra parte, la actuación de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comprometió su independencia. Aún cuando se redujo la provisionalidad de los jueces, se mantiene un porcentaje cercano al 10% según cifras oficiales, aunque otras fuentes indican que sería cercana al 45% y el proceso para dar titularidad continúa siendo contrario al mandato constitucional. En la actualidad, para obtener la titularidad un juez debe aprobar el Programa Especial de Capacitación para la Regularización de la Titularidad a jueces (PET), el cual tiene como propósito consolidar los conocimientos jurídicos del juez no titular. Esto irrespeta el artículo 255 de la Carta Magna según el cual el ingreso a la carrera se debe realizar mediante concurso público de oposición, pues el PET no constituye una convocatoria abierta destinada a medir las capacidades, probidad e idoneidad, de quienes llenen los requisitos y estén interesados en participar.

Persiste el retardo procesal como uno de los más graves problemas del PJ. Salvo la jurisdicción laboral, en todas las otras jurisdicciones se constata retardo.

La Defensa Pública sigue siendo una Institución que debe ser fortalecida pues el número de casos ingresados durante el 2006, en materia penal ordinaria, fue de 88.222, que debieron ser atendidos por 534 defensores, es decir 165 casos por defensor, lo que atenta contra la calidad de la defensa de quienes deben recurrir a esta Institución, por carecer de recursos para contratar una defensa privada. Permanece la provisionalidad del sistema disciplinario de los jueces con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ), sin que se haya aprobado aún el Código de Ética del Juez.

Se constata un proceso de militarización de la administración de justicia. Un general de brigada activo fue designado presidente de la CFRSJ y se produjeron designaciones de jueces militares activos en la jurisdicción penal ordinaria, hecho considerado como único en la historia judicial del país: el mayor de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Francisco Soto, se incorporó a la sala Primera de la Corte de Apelaciones, el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Rubén Gracilazo ingresó a la Sala Sexta. Ambos pasarán a formar parte de las Cortes de Apelaciones y decidirán ahora en materia penal ordinaria.

Un indicador positivo del período de análisis lo constituye el mantenimiento del presupuesto por encima del 2%, del ingreso ordinario del Estado. Debe destacarse además que ese 2% no sólo está destinado al PJ, sino que incluye al MP. En el año 2007 se ha elevado a un 3%.
No existe pronunciamiento por investigaciones abiertas por el manejo de presuntos hechos de corrupción en el PJ.

En cuanto al MP debe destacarse las declaraciones del Fiscal General de la República, quien dio cuenta de las limitaciones de la Institución, al señalar que nuestro sistema es el que posee “el índice más bajo de fiscales de América Latina, al contar con 2,11 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en El Salvador es de 9, en Colombia de 7 y en Chile de 4,3”.

En el derecho a la libertad personal se registraron 1.506 detenciones arbitrarias, lo que representa una disminución del 22% en relación al período anterior. Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 43,56% (656 casos), con una disminución del 135.5% respecto al lapso anterior. Las desapariciones forzosas también presentaron una disminución del 114% al pasar de 15 a 7 casos. En contraste con esta situación, las detenciones en manifestaciones registraron un incremento del 120% al pasar de 277 a 611, siendo ésta cifra la más alta observada en los últimos 7 años. Las víctimas de detenciones individuales también aumentaron: de 91 personas detenidas bajo ese patrón en el lapso anterior, pasaron a ser 232 durante este periodo, lo que representa un aumento del 154%.

En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos policiales destacaron las Fuerzas Armadas Nacionales con sus distintos componentes, al realizar el 32% de las detenciones arbitrarias con 484. Le siguieron las policías regionales con 345 (23%), las cuales fueron la más señaladas en cometer detenciones arbitrarias durante el control de manifestaciones pacíficas. En cuanto a los cuerpos municipales, se les señalaron como responsables de 263 detenciones arbitrarias (17,4%), seguido por el Cicpc con 165 (11%). Cabe destacar que la Fiscalía reconoció la detención y la apertura de un proceso judicial de 92 personas en el marco de las acciones llevadas adelante por opositores al gobierno nacional en rechazo a la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV).

En el período investigado, se observó nuevamente un deterioro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se produjeron sustantivas reducciones en la cantidad de los casos, víctimas y violaciones. Hubo una disminución del 28,72% de las violaciones. Se conocieron 93 casos, 35,21% menos que en el período anterior (142). Se registró igualmente un importante descenso del número de víctimas: 78 víctimas en este periodo en relación con las 205 del período anterior para una disminución del 61,95%. Del total de casos en los que se atribuye responsabilidad directa al Estado, 15 (22,73%) son atribuidos al PJ, lo que supone una reducción en relación al período anterior cuando se reistraron 21 (18,92%). A pesar de estas reducciones ello no indica que efectivamente se hayan resuelto los elementos estructurales que favorecen la autocensura y la limitación ilegitima de la expresión.

El período se caracterizó por un importante debate público relacionado con la no renovación de la licencia del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). La suspensión de las transmisiones de RCTV fortaleció estos mecanismos de autolimitación que redujeron el vigor de los debates sobre asuntos públicos.

Aunque se mantuvieron espacios para que medios de comunicación, periodistas y personas puedan manifestar sus ideas., igualmente persistieron los riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y se produjeron diversas violaciones, Se observa, además, el impacto de la progresiva aplicación de procesos judiciales contra periodistas, señalados en los lapsos anteriores.

En relación al derecho a manifestar, se confirmó la tendencia a la criminalización de la protesta observado en el lapso anterior. De 1.521 manifestaciones de carácter pacífico, 98 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado, lo que representa un promedio de 6,44% en comparación al 4,5% del año anterior. Esta cifra representa el mayor porcentaje registrado en los últimos 8 años. A pesar de este significante retroceso, califica positivo que no se haya registrado ninguna muerte tanto en el marco de manifestaciones pacíficas como de manifestaciones violentas.

Al menos 536 personas resultaron lesionadas, 11 por herida de balas y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta cifra es 374% superior a la del año pasado que fue de 113 personas. En el mismo sentido, el número de violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (611) se incrementó un 151,4%, lo que confirma la tendencia preocupante de la intolerancia frente al ejercicio del legítimo derecho a manifestar.

Durante el periodo, el sector más reprimido fue el de los estudiantes (32,65% del total), seguido de los vecinos (16,32%) y de los trabajadores. La entidad federal con más violaciones fue el Distrito Capital (16), seguido por Aragua (12).

Por 5º año consecutivo, la GN fue el organismo que presentó mayor número de violaciones (23 reprimidas y 5 impedidas). En 7 de esas 28 intervenciones, la GN actuó en conjunto con otro cuerpo de seguridad regional o local.

La modalidad de protesta más reprimida fue el cierre de calle, pues de 613 fueron reprimidos y 2 impedidos, lo que representa 1 de cada 13 cierres, un importante aumento en comparación con el período anterior cuando se reprimía 1 de cada 23 cierres de calle. Otra modalidad utilizada durante el período para cercenar el derecho a manifestar ha sido la exigencia discriminada de solicitudes o permisos previos para manifestar. Por otra parte, tal como se vino denunciando en el Informe anterior, se evidenció una fuerte tendencia del uso del MP para procesar judicialmente a quienes ejercieron su derecho a manifestar. Durante el periodo se aplicaron medidas judiciales a al menos 150 personas, reconociendo Provea que se trata de un subregistro.

En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, para octubre de 2006 existían 19.257 personas encarceladas lo que refleja una disminución de 3% con respecto al año anterior. De ellos, 93,5% son hombres y 6,5% mujeres. También predominan las personas del grupo etáreo de los 22 a 30 años.

Durante 2006 se produjeron 412 muertes violentas y 982 personas heridas en las distintas cárceles del país. Entre enero y julio 2007 se registraron 292 muertes violentas a un promedio mensual de 47,71 muertes y 634 heridos. El Centro Penitenciario de Uribana que fue considerado el más violento de 2006 es considerado aún en 2007 el centro de reclusión más peligroso.

No se registraron mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión. Persiste el hacinamiento, el cual es equivalente a un 14%. Ello ha contribuido a la degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios de agua, electricidad y alimentación entre otros, pudiendo incidir también de manera negativa en la convivencia interna.

A pesar de la existencia de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las personas privadas de libertad del Internado Judicial de la Pica; Centro Penitenciario de Uribana y Centro Penitenciario de la Región Capital Yare I y II, los hechos violentos no se reducen y las condiciones generales de reclusión no sufren mejoras sustanciales.
Destaca como positivo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal mediante la cual se elimina el artículo 493 que limitaba el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las formas alternas de privación de libertad

Durante el primer trimestre de 2007 se registró un incremento de 8% de la población que se encuentra bajo alguna medida de pre libertad con respecto al período anterior, registrándose un total de 13.355 personas.

Durante el período se constataron reclamos por retardo procesal. En la actualidad, la población procesada representó el 55,3%, lo cual refleja una irregularidad ya que la población penada debería ser la mayor.

El derecho a la seguridad ciudadana continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la población. Ocho de cada diez habitantes opina que la seguridad personal es el problema más relevante de Venezuela. La mayoría de delitos que se cometen son contra la propiedad, sin embargo, los delitos contra las personas muy particularmente los homicidios tienen un comportamiento ascendente en los últimos años. Entre 2005 y 2006 se incrementó en 23%. En 2006 se registraron 12.257 homicidios. La variable de secuestros también mantiene una línea ascendente. En 2006 se registraron 232 casos, mientras en 2005 se contabilizaron 206.

La creada en 2006 Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), tras un arduo trabajo que implicó la consulta a muchos actores sociales incluyendo las víctimas, presentó una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de los cuerpos policiales para enfrentar el delito en el marco de la ley. Lamentablemente, el gobierno no mostró voluntad política para implementar tales recomendaciones. Por el contrario, continuó implementando medidas y políticas que durante años han demostrado ser poco eficaces. Los puntos de control y las alcabalas continúan prevaleciendo en el marco de los operativos, pese a que la Conarepol había advertido los peligros de esta modalidad que ha servido para un uso abusivo del poder.

En Venezuela existen 127 cuerpos de seguridad y 120.303 funcionarios que se traduce en una tasa nacional de 452,65 policías por cien mil habitantes, número que resulta suficiente de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Ello indica que el incremento de los delitos no es consecuencia de de un déficit de funcionarios.

Durante el periodo analizado se registraron 165 denuncias de violación al derecho a la vida, lo que representa respecto al lapso anterior (170 personas) una baja del 2,94%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón “ejecución”, 58,79% del total de víctimas conocidas (97 personas). De éstos, prácticamente la mitad (49,7%) son jóvenes menores a los 24 años. Nuevamente, en la mayoría de estos se mantuvo la versión oficial de “enfrentamiento”, siendo éste un mecanismo frecuentemente utilizado para mantener impunes las muertes que son violaciones al derecho a la vida.

Los organismos estadales agruparon la mayor responsabilidad, con 96 víctimas (58,19%), teniendo la Policía Metropolitana (PM) la mayor cantidad de denuncias (22). Entre las entidades federales donde se observan mayores violaciones al derecho a la vida destacan: el Distrito Metropolitano con el 22,42% (37 víctimas), el Edo. Anzoátegui con el 20% (33 víctimas) y el Edo. Bolívar con el 9,7% (16 casos), sumando esos tres estados más de la mitad de los casos donde se registraron denuncias de violación del derecho a la vida.

Durante el período cabe resaltar que 8 violaciones al derecho a la vida ocurrieron en el marco de conflictos entre agentes de los cuerpos policiales del Estado, es decir de policías violando el derecho a la vida de sus colegas.

Viernes 30 de noviembre 2007

Boletín electrónico Nº 192

EDICIÓN ESPECIAL REFORMA CONSTITUCIONAL

En el recurso de nulidad introducido por el Foro por la Vida –coalición de organizaciones de Derechos Humanos del país- ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 15.11.07, se afirmaba que la pretendida “Reforma Constitucional” representaba una nueva Constitución. La misma conlleva una regresión en materia de derechos humanos, además de establecer un nuevo esquema de Estado, Democracia y sociedad. En tal virtud, esa normativa no puede ser el resultado del procedimiento para la aprobación de “reformas constitucionales” contemplado en los Artículos 342 al 346 de la Constitución, sino que debe ser el resultado de las deliberaciones de una Asamblea Nacional Constituyente. El análisis del Foro por la Vida iba más allá: las normas aprobadas, como las que configuran una disminución o regresión en materia de derechos humanos, ni siquiera podrían ser aprobadas en una Asamblea Nacional Constituyente.

Una “Reforma” de la Constitución es aplicable, solamente, si se pretende la sustitución de algunas normas pero siempre que con ello no se modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional. En efecto, la Constitución dispone al respecto: “Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”.

En opinión de los activistas de derechos humanos, la aprobación de dicha propuesta producirá una afectación sustancial de varios derechos constitucionales y por tanto de varios derechos humanos. Por esta razón, la motivación de la introducción del recurso de nulidad ante el principal tribunal del país radicó en que sean respetados los derechos humanos como principios fundamentales de la Constitución y como límite no sólo a los órganos del Poder Público sino incluso al poder constituyente.

Si usted desea conocer el texto completo del recurso introducido ante el TSJ, visitar aquí

El artículo 342 establece los límites de una reforma de la Carta Magna: ésta no puede modificar la estructura ni los principios fundamentales del texto Constitucional.

La estructura de la Constitución está referida fundamentalmente al Preámbulo, la consagración de derechos y la regulación del poder; la organización del Estado en la Constitución: la forma de Estado (federal), el sistema político (república); la forma de gobierno (presidencialismo con controles parlamentarios y populares); la democracia y su ejercicio tanto a través del sufragio como directamente.

Los principios fundamentales del texto Constitucional son los valores, los fines y fundamentos consagrados en la Constitución. En el caso de la Constitución de 1999, esos principios están expresamente contenidos en el Título I: “Principios Fundamentales”. No obstante, estos pueden también ser identificados y desarrollados en otras normas de la propia Constitución.
Los “Principios Fundamentales” de la Constitución están establecidos en el Título I, de los artículos 1 al 9. Si bien estos guardan una estrecha conexión con otras normas constitucionales, podríamos resumirlos en los siguientes:

Carácter irrevocablemente libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela es (art. 1).
Los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador (art. 1).
La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional como los derechos irrenunciables de la Nación (art. 1).
El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (art. 2).
Los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (art. 2): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Los fines esenciales del Estado (art.3): La defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. La educación y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
El Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución (se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad) (art.4).
La soberanía popular: reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. En consecuencia, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art. 5).
El gobierno democrático de la República y de las entidades políticas que la componen, es y será conforme a los siguientes principios (art. 6): democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
La supremacía constitucional: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico; en consecuencia, todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución (art. 7).
El idioma oficial (el castellano) y los idiomas de uso oficial (como los idiomas indígenas) (art. 9).
Y por último, los símbolos patrios: la bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.

La “Reforma Constitucional” sancionada por la Asamblea Nacional, aparte de no ser una “Reforma” en los términos de la propia Constitución, constituye una vía de hecho puesto que ni siquiera fue seguido el procedimiento necesario para Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo ap que se produjera.

En primer lugar, la “Reforma Constitucional” partió de una iniciativa del Presidente de la República que incluía 33 Artículos, la cual fue entregada a la Asamblea Nacional para su discusión, el día 15 de agosto de 2007. El primer período de sesiones de la AN, según el artículo 219, comienza el cinco de enero de cada año y dura hasta el 15 de agosto. Por otra parte, el artículo 343 establece que el proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondiente a su presentación. Si dicha propuesta fue presentado a la AN el 15.08.07, último día del primer período de sesiones ordinarias, era imposible que se cumpliera cabalmente la discusión inicial como esta estipulada en la propia Carta Magna.

Entre los días 12 y 15 de octubre, la AN decidió incorporar a esa iniciativa 24 artículos más, junto con once (11) Disposiciones Transitorias, tampoco incluidas en la iniciativa Presidencial. Esos Artículos ni siquiera fueron objeto de las tres (3) discusiones que exige el artículo 343 de la Constitución vigente. La Asamblea Nacional pretendió justificar esas inclusiones bajo el pretexto de que se trataba de sugerencias “del pueblo”, pero con ello violenta otra norma procedimental: Conforme al artículo 342 de la Constitución, si “el pueblo” desea plantear reformas a la Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes.

La preeminencia de los derechos humanos como Principio Fundamental de la Constitución supone el principio de progresividad. La progresividad consiste en la irreversibilidad de los derechos que han sido ya reconocidos; es decir, que éstos una vez que han sido reconocidos como derechos inherentes a la persona humana, no pueden ser desconocidos ni disminuidos. Precisamente este principio en materia de derechos humanos ha sido incluso elevado en el derecho interno constitucional de venezolano al rango constitucional.

En primer lugar, en la regulación constitucional de los estados de excepción se reducen las cautelas y controles previstos en la Constitución de 1999 y se excluyen derechos no susceptibles de restricción en su artículo 337. Se pretende restaurar la figura de la suspensión de garantías, sin explicar adecuadamente el alcance de los estados de excepción. Adicionalmente, se plantea la supresión de los límites temporales establecidos en el artículo 338 de la Constitución, lo que nos coloca ante el riesgo de estados de excepción prolongados o incluso ilimitados, que hoy están sujetos a barreras temporales para evitar excesos. Especial gravedad reviste la propuesta de sustraer la libertad de información y elementos esenciales del derecho al debido proceso de la enunciación de las garantías no susceptibles de restricción o suspensión (artículo 337).

Al contrario, la propuesta de Reforma Constitucional desmejora, agrava y hace más difícil el ejercicio del derecho político de los ciudadanos y ciudadanas a través de mecanismos de democracia directa, como son las iniciativas y los referendos.

En el siguiente cuadro se evidencia con toda claridad esta desmejora:

Derecho	Año 1999	Año 2007
REFERENDOS CONSULTIVOS (ART. 71):
Iniciativa popular	10%	20%
REFERENDOS REVOCATORIOS (ART. 72):
Iniciativa Popular	20%	30%
Quorum	25%	40%
REFERENDOS APROBATORIOS DE TRATADOS (ART. 73):
Iniciativa Popular	15%	30%
Quorum	-%	30%
REFERENDOS APROBATORIOS DE LEYES (ART. 73):
Quorum	25%	30%
REFERENDOS ABROBATORIOS DE LEYES (ART. 74):
Iniciativa Popular	10%	30%
REFERENDOS ABROBATORIOS DE DECRETOS-LEYES (ART. 74):
Iniciativa Popular	5%	30%
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 341):
Iniciativa Popular	15%	20%
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 342):
Iniciativa Popular	15%	25%
CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ART. 348):
Iniciativa Popular	15%	30%

Los y las activistas han denunciado la modalidad incorporada en la Reforma Constitucional, de un “Poder Popular” dentro de la distribución territorial del Poder Público del Estado, mediante el cual se propone que el pueblo ejerza la soberanía popular directamente, pero el cual “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de grupos humanos organizados como base de la población” (art. 136). La democracia participativa supone la integración de elementos de la democracia directa y la representativa, pero nunca puede implicar la renuncia a la segunda, es decir, al sufragio. El proyecto presentado establece sólo mecanismos asamblearios (incluso en la elección de los miembros al Consejo Comunal) limitando así el ejercicio democrático del poder. Por lo cual, estas normas sobre el Poder Popular contenidos en la Reforma Constitucional violan principios fundamentales de la Constitución.

El derecho a la “libertad” de trabajo existente en la Constitución de 1999 (artículo 87), sería modificado de aprobarse la propuesta. Mientras el enunciado actual establece un derecho amplio que puede ser regulado mediante ley, la propuesta considera al trabajo como un derecho que sólo puede ser ejercido dentro del marco de lo que el Estado le permite a la ley (artículo 87). Con ello, el trabajo dejaría de ser un “derecho” humano inherente que puede ser desarrollado por la ley, para ser una “potestad” de regulación del Estado fuera de la cual no habría derecho alguno. Igualmente observamos que la Reforma propuesta elimina el derecho de todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia con las limitaciones que establezcan las leyes, así como el deber del Estado de promover la iniciativa privada (art. 112).

La Reforma Constitucional modifica la consagración de la norma relativa al derecho de propiedad (art. 115), para reconocer y garantizar las diferentes “formas” de propiedad: pública: social indirecta y directa, colectiva, mixta y privada. En relación con la propiedad privada, la misma se reconoce únicamente sobre “bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos” (art. 115). El problema de Venezuela continúa siendo la pobreza y la desigual distribución de la riqueza pública y privada. El objetivo social y económico de las políticas públicas debe ser garantizar un mayor acceso a la propiedad, particularmente a la vivienda digna, a la tierra, a un salario justo y a medios de trabajo, a las personas más necesitadas. Si bien las organizaciones de derechos humanos, aglutinadas en el Foro por la Vida, valoran la incorporación de distintas formas de propiedad pública y social en la Constitución, la formulación propuesta sobre la propiedad deja de reconocer y garantizarla como un “derecho”, para simplemente hacerlo respecto a las “formas” de propiedad. La propiedad es un derecho humano de todas las personas, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 21) sobre sus bienes, lo cual no obsta, para que en virtud de su función social la ley deba razonablemente subordinar su uso y goce al interés social. Por ello no creemos en la propiedad pública, ni en la social, ni en la cooperativa ni en la privada como derechos absolutos o ilimitados. La propiedad está al servicio de las personas y no al contrario. Reiteramos que el problema de la propiedad es cómo se democratiza y se hace accesible a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, no de cómo se restringe su acceso y garantía.

La Constitución vigente (1999), establece que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, en el cual se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico” y de “su actuación”, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (…)”.

La Reforma Constitucional establece un nuevo modelo de “Estado Socialista” como núcleo básico e indivisible de la nueva estructura de la organización territorial nacional (art.16). Ello supone un tipo de Estado que modifica uno de los principios Fundamentales de la Constitución. Se trata de la adopción constitucional de un nuevo modelo de Estado que obedece a una concepción ideológica determinada, que en todo caso modifica el Principio Fundamental de la Constitución que define al Estado venezolano como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (art. 2). Dicha propuesta afectaría además el “pluralismo político” como valor superior del Estado y de su ordenamiento jurídico (art. 2). En una democracia el Estado deben estar abiertos a todas las ideologías democráticas, sin ser exclusivo o excluyente.

Este modelo de “Estado Socialista” incorporado en la Reforma Constitucional va unido a la modificación del artículo 158 de la Constitución el Estado promoverá “la participación protagónica del pueblo”, “para la construcción de una Democracia Socialista”. La participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su soberanía es un derecho propio reconocido en la Constitución de 1999 y en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), que no está ni puede estar restringido o limitado a la “construcción del socialismo”. En todo caso, el socialismo democrático es sólo una opción o un modelo, pero en ningún caso puede ser la única para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Venezuela desde el punto de vista de la distribución territorial del poder público se define constitucionalmente como un Estado federal descentralizado (art. 4). Ello implica que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder de los Estados y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136).
Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.

Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.

Este esquema de reparto territorial del poder no es estático sino que debe propender a profundizar la descentralización, mediante la atribución a los estados o municipios, de determinadas materias de la competencia nacional (art. 157). A su vez, la ley debe crear mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos (art. 184).

La creación de una “nueva geometría del poder” (art. 16 de la propuesta de reforma), configura una modificación del principio fundamental del Estado Federal Descentralizado (art. 4), ya que cambia radicalmente la “estructura” del Estado y que como tal, no son objeto de una Reforma Constitucional. No es posible pretender tener un Estado con forma “Federal descentralizada”, con un modelo de Estado como el establecido en la Reforma Constitucional, donde por la decisión del Presidente de la República, con la autorización -en algunos casos- de la mayoría simple de la Asamblea Nacional, se pueden crear entidades y el mismo Presidente designe sus autoridades en los mismos espacios geográficos de los estados y municipios.

La Reforma Constitucional aumenta el período presidencial de seis (6) a siete (7) años y permite la reelección inmediata del Presidente sin límite alguno (propuesta en las modificaciones al artículo 230). Independientemente de la justificación política e histórica de la limitación del mandato de los Presidentes, particularmente en Latinoamérica, como una fórmula para limitar su poder temporalmente y evitar así el caudillismo y el personalismo político, la reelección ilimitada del Presidente de la República viola un Principio Fundamental de la Constitución como es el carácter alternativo del gobierno de la República (art. 6). El principio constitucional de la alternabilidad del Gobierno significa que un Presidente no puede perpetuarse en el poder, aun con el respaldo de la voluntad popular. En efecto, el Jefe de Gobierno (y de estado) de la República es el Presidente de la República (art. 226). El principio de alternabilidad significa que, por disposición de la Constitución y el poder constituyente, el mandato del Presidente debe tener un límite y en consecuencia su reelección no puede ser ilimitada. Esta ha sido por demás la regla no sólo del constitucionalismo venezolano (a excepción de las constituciones de la época de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez), sino que es actualmente la regla del constitucionalismo latinoamericano: la reelección inmediata limitada a un sólo período presidencial.

La Reforma Constitucional dispone, en primer lugar, sustituir la Fuerza Armada “Nacional” por una nueva conceptualización de Fuerza Armada “Bolivariana”, guiada por la “doctrina militar bolivariana” (art. 328). En este sentido, los componentes militares de la Fuerza Armada Bolivariana pasan a ser: el Ejército “Bolivariano”, la Armada “Bolivariana”, la Aviación “Bolivariana”, la Guardia Nacional “Bolivariana” y la “Milicia Popular Bolivariana” (art. 329). Se incorporan conceptos en su misión como “la guerra popular de resistencia” (art. 328).

La nueva norma, dispone la eliminación de los principios constitucionales de la Fuerza Armada como una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328, Const. 99). Además de ello, se aumentan las facultades del Presidente de la República como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada para ejercer la Suprema Autoridad Jerárquica “en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades” y “Promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes” (art. 236, numerales 6 y 7). Sobre el particular observamos la inconveniencia de eliminar de la regulación constitucional de la Fuerza Armada Nacional, su condición de una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Ello configura un cuadro peligrosamente militarista y de utilización política de la Fuerza Armada Nacional configurado en la Reforma para no sólo defenderla de cualquier ataque externo sino también “interno” (art. 328). Ello habilita la introducción en Venezuela una doctrina similar a la “Seguridad Nacional” que imperó en los años setenta y ochenta en dictaduras militares de derecha en países del cono sur, donde los militantes de izquierda eran concebidos como enemigos internos y traidores integrantes de una conspiración marxista internacional para la destrucción del Estado y sus instituciones. Habría que preguntarse entonces cuáles son esos enemigos o ese ataque interno frente al cual la Fuerza Armada Bolivariana tendrá que actuar.

Raul Cubas es un veterano activista por los derechos humanos radicado en Venezuela. De origen Argentino, fue preso y torturado por la dictadura austral, tras lo cual se exilia en Venezuela. Miembro fundador de Provea, fue su coordinador general y ahora es parte de su Asamblea Ejecutiva. Su prestigio como defensor de los derechos humanos es tal que tras los sucesos de Abril del 2002, voceros gubernamentales lo propusieron para presidir una Comisión de la Verdad que investigara los hechos, órgano que nunca pudo iniciar sus actividades debido a la polarización política del momento. Durante el Foro «Reforma y Derechos Humanos», realizado el pasado 20.11.07 en el Ateneo de Caracas, realizó una serie de cuestionamientos al proceso, del cual tenemos el MP3 para escuchar en línea, disponible en el siguiente enlace (hacer click en símbolo de play y esperar):

En virtud del alto grado de polarización política vivida por venezolanos y venezolanas, y ante la cita electoral pautada para el 2 de diciembre, en el que se aprobaría o rechazaría la propuesta de reforma constitucional presentada por el poder público nacional, Provea hace tres exigencias tanto a los funcionarios y funcionarias como a los diferentes actores políticos y sociales del país:

1) Invitamos a cada ciudadano y ciudadana a evaluar esta propuesta de reforma constitucional en cada una de sus partes, para decidir conscientemente y ejercer el derecho al sufragio como base de la soberanía popular. Provea llama a todos los sectores involucrados para alcanzar una jornada electoral en donde reine la paz, la convivencia ciudadana y el respeto a las diferencias.

2) Todos los venezolanos y venezolanas estamos llamados a respetar los resultados de la voluntad popular, para lo cual el órgano electoral debe garantizar la mayor transparencia posible en el proceso

3) En caso de que algunos sectores de la sociedad decidan objetar los resultados alcanzados, esto debe realizarse de manera pacífica a través de los mecanismos legales y democráticos existentes. En este sentido Provea hace un llamado a las autoridades a respetar y garantizar el ejercicio al derecho a la manifestación pacífica garantizado en la Constitución, preservando en cualquier situación el respeto a los derechos humanos.

Programa Venezolanode Educación Acción enDerechos Humanos

Boletín DDHH y Coyuntura 2007