Lunes 17 de diciembre 2007

Boletín electrónico Nº 193

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, tras la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico “Derechos Humanos y Coyuntura” con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.

Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.

Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2006_07/index.html, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
publicaciones@derechos.org.ve o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.

NOTA DE PRENSA

El lunes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó los resultados de su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2006-2007”. Esta investigación independiente, realizada por un equipo multidisciplinario, recoge los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas que han incidido en 18 derechos humanos, entre los económicos, sociales y culturales (vivienda, salud, laborales, seguridad social, etc) y civiles y políticos (vida, seguridad ciudadana, libertad de expresión, etc).

En palabras de Lorenzo Labrique, coordinador del Area de Monitoreo, Investigación y Difusión en Derechos Humanos de Provea, el período abarcado por el informe “refleja una extrema complejidad, pues a la vez propicia y adversa la satisfacción de los derechos humanos de la población.. Aún cuando tras ocho años de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis integral indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes y en derechos específicos no se registran avances, mientras que en otros, la situación es de mayores violaciones”.

Entre los aspectos positivos reflejados en el Informe 2007 se encuentra, en primer lugar, los datos que reflejan una disminución porcentual de la pobreza y un aumento del consumo en los sectores de menores recursos, en especial, de los bienes de primera necesidad. Esto ocasionó una mayor ingesta calórica , incidiendo en los índices de nutrición. Por otra parte, continúo el proceso de distribución de tierras adelantado por ejecutivo nacional que ha democratizado el uso y goce de la misma. De esta manera, en los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación. El informe también resalta la mayor capacidad de diálogo entre el gobierno y los sectores productivos y en el campo de los derechos civiles destacar que, aún cuando se continuó con la práctica de tortura en el país, hubo una disminución de las cifras de tortura e igualmente de las desapariciónes forzosas.

La investigación del informe, en este período, se realizó en medio de la dificultad para acceder a las fuentes oficiales y los informes generados por los diferentes ministerios, lo que constituye una flagrante violación al derecho de acceso a la información sobre políticas públicas. En este sentido, diferentes iniciativas de la sociedad civil presionan para que la gestión gubernamental posea una mayor transparencia y sean respondidas debidamente las peticiones hechas por los ciudadanos y ciudadanas.

Por su parte Marino Alvarado Coodinador General de Provea destacó que entre los principales aspectos negativos señalados por la investigación se encuentra el deterioro y agotamiento de las diferentes misiones promovidas por el Ejecutivo Nacional, algunas las cuales han reducido su capacidad de operación. El gobierno continúa en deuda con la promesa de implementar y reglamentar el Sistema de Seguridad Social, mora acumulada durante 8 años. Se ha profundizado la criminalización y judicialización de las protestas populares, cuyos protagonistas son sometidos a un régimen de presentación periódica en tribunales. Asimismo, se registró un incremento de la violencia carcelaria, así como de los niveles de violencia que atentan contra el derecho a la integridad personal y la seguridad ciudadana. A pesar de que hubo una disminución del número de casos de violaciones al derecho a la libertad de expresión, aumentó la intensidad de los riesgos al mismo. Declaraciones realizadas por el primer mandatario incrementaron las amenazas a la libertad sindical, elemento vinculado a la ausencia de contrataciones colectivas firmadas por el sector público. Los casos de violencia ligados a la obtención de puestos de trabajo, especialmente en el sector construcción, continuaron produciéndose en medio de la impunidad y de la ausencia de políticas claras que contrarresten dicho flagelo. En materia de vivienda el gobierno incumplió, de nuevo, sus propias metas generando por ello la movilización de comunidades organizadas y agravando los problemas en el sector. Continuaron acumulándose las denuncias sobre la discriminación política y las presiones sobre los empleados públicos para la asistencia obligatoria a actividades de tipo político. Se redujo a cero el diálogo entre las organizaciones de Derechos Humanos y las agencias del Estado, ocasionando el incumplimiento generalizado de las decisiones emanadas por el sistema interamericano, especialmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su Informe 2007, Provea destaca que, a pesar de que la inseguridad es uno de los problemas principales de los venezolanos y venezolanas, el Ejecutivo Nacional desestimó la ardua labor realizada por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) en la consulta y diseño de políticas para mejorar el trabajo realizado por los órganos policiales del país. En una insólita apreciación, la síntesis de la consulta a más de 70.000 actores diversos en todo el país, fue ridiculizada como “de derecha” por parte del Ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño, incluyendo una posible Ley de Policía Nacional dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la república.

Alvarado agregó que el análisis global del contexto económico, social y político de Venezuela señala que para el 2008 se generará un amplio debate sobre el futuro del país en cuanto a derechos humanos, democracia y contenido del denominado socialismo del siglo XXI. Habrá que constatar si el gobierno mediante la Ley habilitante profundiza su orientación regresiva en materia de derechos humanos civiles y políticos como lo intento hacer con la reforma de la Constitución y si garantiza un desarrollo legislativo apegado al mandato constitucional.. Todo apunta, además, que la economía seguirá creciendo y existan condiciones favorables para que continúen bajando los índices de pobreza.

Como en años anteriores, Provea espera contribuir con la difusión de esta investigación en la exigibilidad de sus derechos por parte de las comunidades organizadas. El informe puede adquirirse en la sede de la organización, pero también, su texto completo puede descargarse gratuitamente de su sitio web: www.derechos.org.ve

Durante la rueda de prensa realizada el 10.12.07, Día Internacional de los Derechos Humanos, Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, realizó un resumen de las principales tendencias registradas en el Informe Anual 2007 de los Derechos Humanos en Venezuela.

Si desea descargar el archivo Mp3 a su computador, visitar el siguiente enlace:

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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La situación en la que se desarrollaron los acontecimientos económicos, sociales y políticos en el país durante el periodo que abarca el presente Informe refleja una extrema complejidad, que es paradójica y contradictoriamente propicia y adversa a la vez para la satisfacción de los derechos humanos. Venezuela avanza hacia cambios estructurales bajo la conducción de una coalición de fuerzas políticas liderizadas por el presidente Chávez que se ha propuesto hacer una revolución por caminos no violentos e institucionales1. Pretende gobernar de manera diferente al pasado reciente, realizar cambios en la producción y distribución de la riqueza, promover una cultura política con fuerte carga ideológica nacionalista y de izquierda, administrar el Estado de acuerdo con principios, normas y formas distintos a los consolidados durante la última década y conducir la economía fortaleciendo la presencia del Estado en todos sus niveles2. Tales cambios han sido denominados por la élite política gobernante como “Socialismo del siglo XXI”. Tras ocho años de gobierno, el discurso anticapitalista del presidente Chávez y el desarrollo de algunas políticas inclusivas han logrado la adhesión de millones de hombres y mujeres, principalmente de los sectores más pobres de la población3. Ello le aseguró ser reelegido como presidente, por tercera vez consecutiva en 8 años, el pasado 06.12.06 por un período de seis años más4. Su triunfo garantiza la permanencia en funciones de gobierno de la coalición política que le acompaña en su empeño de construir en Venezuela una sociedad de carácter socialista5.

Indefinición del Socialismo del Siglo XXI

No hay duda que quienes detentan hoy el poder en Venezuela desean dar forma y vida al socialismo que pregonan. La gran interrogante de importantes sectores de la población es si ese socialismo será o no distinto a las experiencias del llamado “socialismo real”, altamente cuestionadas luego que el desmoronamiento del bloque socialista en la década de los 80 revelara las violaciones de derechos humanos y autoritarismo de los regímenes que se instauraron en los países que conformaban dicho bloque6.

Lo avanzado hasta la fecha con el propósito de construir el llamado socialismo del siglo XXI no ha significado por ahora una amplia satisfacción de los derechos humanos, ni logrado garantizar más y mejor democracia. Aún cuando tras ocho años de gobierno se constatan mejoras en la satisfacción de algunos derechos sociales, un análisis integral indica que las violaciones a los derechos humanos son constantes y en derechos específicos no se registran avances, mientras que en otros la situación es de mayores violaciones. Si bien se promueve la participación y se reivindica en el discurso el protagonismo de los sectores históricamente excluidos, ello no se traduce todavía en expresiones de ejercicio democrático que facilite a la ciudadanía un protagonismo real en la toma de decisiones fundamentales, ni en la consolidación de mecanismos e instituciones que estimulen, canalicen, y garanticen una participación democrática en los diversos asuntos de la vida del país. Hay, por el contrario, indicios de que en el proceso de construcción de ese socialismo emergen y se consolidan rasgos autoritarios y prácticas regresivas en materia de derechos humanos, principalmente en el campo de los derechos civiles y políticos. La discriminación por razones políticas7, la intolerancia frente a las voces disidentes o críticas8, la criminalización de la protesta social9 aumentando la lista de procesados por motivaciones políticas10, la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional y el debilitamiento de los contrapesos institucionales, así como la cada vez mayor militarización de la sociedad, son indicios negativos que se traducen en preocupaciones para el futuro inmediato del país. Ello, sin embargo, no necesariamente implica que desembocará en una dictadura como loplantean sectores radicales de la oposición. Esto dependerá de la capacidad de incidencia en el acontecer nacional que tengan las fuerzas que apuestan a una transformación que cristalice en un país donde impere la democracia, la equidad, la justicia y la no discriminación11. Venezuela vive un período de transición donde empiezan a dejarse atrás algunos de los símbolos e instituciones del pasado denominado “Cuarta República”12 aunque sobreviven muchas de las perversas prácticas de ese período13. Aparecen nuevos símbolos, prácticas estatales y políticas públicas que se orientan a producir cambios en lo económico, político y social con sello de carácter socialista14. Esa transición constituye una oportunidad histórica para aportar al logro de cambios significativos cuyo resultado sea un país más próspero, equitativo y democrático. El futuro inmediato depende de la confrontación que se produce entre las fuerzas con vocación democrática -que las hay en las filas de quienes gobiernan- y se identifican como revolucionarios y socialistas-, y entre quienes se oponen al gobierno y las fuerzas con vocación totalitaria que las hay también en las filas gubernamentales y en las de la oposición. Continuamos por lo tanto frente a una pugna de fuerzas sociales y políticas que se empeñan en lograr más o menos democracia, entre avanzar hacía un régimen autoritario o dictatorial o un régimen con virtudes democráticas, entre garantizar más o menos vigencia de los derechos humanos.

Reforma Constitucional Viola la Constitución del 1999

Desde que fue reelecto el 03.12.06 el presidente Hugo Chávez se propuso introducir cambios en el andamiaje jurídico del país “para adaptarlo a los nuevos tiempos”. Con ese fin le solicitó a la Asamblea Nacional (AN) que le otorgara la facultad de legislar a través del mecanismo de ley habilitante15. La AN con rapidez procesó la solicitud y le concedió la potestad de dictar decretos-ley por un lapso de 18 meses16. Días después, el presidente Chávez avanzó mucho más y propuso que debía reformarse la Constitución: “Vamos rumbo a una república socialista de Venezuela y para eso se requiere una profunda reforma de la Constitución17.” Asumió la iniciativa constitucional y mediante decreto creó un Consejo Presidencial para la elaboración de la propuesta de reforma18. A dicho Consejo se le otorgó el mandato de trabajar bajo estricta confidencialidad. El 15.08.07, el Consejo a través del Presidente presentó a la AN y a la población el proyecto de reforma. La propuesta contempló introducir cambios a 33 artículos de la Constitución, muchos de los cuales violentan princios fundamentales y la estructura del texto constitucional. El contenido de la propuesta implicaba un retroceso en materia de derechos humanos. Ese carácter regresivo se acentúo al agregar la AN 36 artículos a ser reformados19. El conjunto de la propuesta creó, además, un marco jurídico favorable a la violación de los derechos humanos. Al respecto, la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida expresó sus observaciones en los siguientes términos:

“El Foro advierte que los derechos humanos no pueden ser sometidos a procesos de referéndum, porque son cualidades inherentes a la dignidad de ser humano. Los derechos humanos son irrenunciables, intransferibles y no negociables. De modificarse el núcleo intangible de los derechos humanos se estaría violando el principio de progresividad que implica que los Estados deben aumentar paulatinamente el reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos. La progresividad en materia de derechos humanos (consagrada en el artículo 19 de la Constitución) es un límite material al poder constituyente, incluso al calificado como originario. Esta sería la misma razón, por la cual, ni siquiera por vía de la Asamblea Constituyente podría modificarse la preeminencia de los derechos humanos ni consagrar retrocesos en esta materia20.” Otros sectores, por razones distintas también rechazaron la propuesta: “El pluralismo político es uno de los valores fundamentales consagrados por la actual Constitución (Art. 2). La implantación de un Estado Socialista es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política y de conciencia de los ciudadanos. Es un hecho comprobado que dentro de un Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos socialistas. Abundan ejemplos en el mundo actual como Chile y Brasil. En cambio, en un ´Estado socialista´, tal como se propone en Venezuela, toda la actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una única opción, un pensamiento único21”. Desde las filas de la coalición gubernamental también se expresaron cuestionamientos al proyecto de reforma22. La propuesta, sin embargo, fue defendida por líderes sociales y políticos afectos al gobierno: “continuamos reafirmando el compromiso de militancia con el proyecto bolivariano que lideriza el Comandante Hugo Chávez Frías, porque nos hemos convencido de profundizar el proceso de reforma y de revolución que ha sido producto de la participación protagónica del pueblo venezolano”23.

De los 69 artículos a ser reformados algunos implican sin embargo un avance. En varios aspectos relacionados con derechos sociales se garantiza una mayor satisfacción de los derechos humanos. “El Foro valora como positivas las normas que reducen la jornada laboral a seis horas; el reconocimiento del derecho a la ciudad y del origen multiétnico de los venezolanos; y la regulación de la financiación estatal en las campañas electorales. Sin embargo, estos avances no pueden ser la justificación para aprobar normas que restringirían el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos”24.

No obstante, una valoración global e integral de la propuesta de reforma nos conduce a afirmar su carácter regresivo e implica un marco jurídico que favorece la violación de los derechos humanos.

A la fecha de cierre de este Informe , la AN entregaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) la propuesta de reforma, para que este procediera a convocar el referéndum el 02.12.07. Queda en manos de la población aceptar o impedir una reforma regresiva.

La ineficacia, la corrupción y el burocratismo como males del gobierno

En su discurso de saludo al pueblo de Venezuela, la noche del 03.12.06 cuando el CNE anunció que el presidente Chávez fue reelecto, éste admitió que su gobierno hasta ese momento era afectado por tres grandes males: la ineficiencia, la corrupción y la burocracia, los cuales prometió combatir. “Debemos redoblar los logros en la batalla contra la contrarrevolución burocrática y contra la corrupción, guerra a muerte contra la corrupción, una nueva moral bolivariana, una verdadera moral, cristiana, socialista. Se requiere con intensidad suprema una batalla por un nuevo Estado verdaderamente nuevo que sea capaz de derrotar la burocratización del sector publico”25. La ineficacia en la ejecución de las políticas, planes y proyectos, por parte de las instituciones estatales, la descoordina-ción de los distintos entes y órganos del Estado y la improvisación en la manera de asumir los asuntos de carácter público liderizado esto último por el propio presidente con su práctica de gobernar a través del “se me ocurrió” ha generado un importante descontento en sectores de la población26. Otro factor que contribuye a la ineficacia gubernamental es la permanente rotación de funcionarios con importantes cargos en la administración pública. Una vez más el Presidente realizó cambios en su gabinete ministerial. Cambió el Vicepresidente de la República y a siete de sus ministros. Como ya es costumbre, cada ministro al instalarse en el cargo, cambia su vez todo el tren ejecutivo.

Las “buenas políticas” dan “inadecuados resultados” por la ineficacia gubernamental27. La población siente que el tiempo pasa y no se resuelven asuntos fundamentales que afectan la cotidianidad de la gente: los servicios públicos, por ejemplo. Siente frustración frente a promesas incumplidas: la poca construcción de viviendas o la mala calidad de las que se adjudican.

En su memoria y Cuenta ante la plenaria de la AN el Contralor General de la República Clodosvaldo Russian afirmó: “Crónicas deficiencias en la planificación de las obras públicas, al punto que hemos estimado posibles daños por Bs 23 mil 826 millones derivados de insuficiencia en las especificaciones técnicas que en algunos casos han llevado al colapso de las obras”28.

La desesperanza se incrementa cuando relucen casos de corrupción. Cada vez aparecen más denuncias que involucran a funcionarios con alta responsabilidad en la estructura del Estado. Las denuncias en el proyecto Venezuela-Irán29, las denuncias contra la corrupción en PDVSA30, las innumerables denuncias de corrupción en el sector vivienda31 ejemplifican tal situación32. Tanto la AN como el Ejecutivo Nacional adelantan investigaciones. La Comisión Ministerial Anticorrupción analiza aproximadamente 370 denuncias vinculadas a corrupción y delitos conexos33. Frente a las mismas se observa poca firmeza en las altas esferas del gobierno para sancionar y desestimular tales hechos.

Al presentar su Memoria y Cuenta el Contralor expresaba cierta frustración por el comportamiento del Estado frente al mal de la corrupción: “No puede ser que ciudadanos sancionados e inhabilitados por la CGR sean incorporados a otros destinos en la administración gubernamental. Esta forma grosera y antiética de burlar la acción contralora debe ser erradicada de manera definitiva34”. Por otra parte el Fiscal General de la República Isaías Rodríguez afirmó: “…aquí hay un problema de ineficacia del Estado para combatir la corrupción …”35 Varias de estas denuncias implican la afectación de la satisfacción de derechos sociales en la población al desviarse para provecho personal recursos destinados a mejorar la economía o la situación social de la población36.

La corrupción se ve favorecida por los obstáculos para el ejercicio real de la contraloría social. A pesar del discurso gubernamental a favor de la participación ciudadana en el control de los recursos públicos, se adoptan medidas y prácticas que impiden o dificultan tal labor. Cada día es más difícil acceder a las fuentes oficiales. Ministerios y otras instituciones del Estado vienen reduciendo las posibilidades de que los hombres y mujeres del país puedan obtener respuestas oportunas y adecuadas a sus peticiones o de informarse acerca del gasto público. Las páginas Web de la mayoría de órganos y entes del Estado continúan dando información dispersa, fragmentada y no se informa sobre asuntos esenciales relacionados con el gasto público. Además, hay poca voluntad del Estado para capacitar a las personas para que ejerzan su labor de contraloría social37.

Baja la pobreza y los pobres aumentan su capacidad de consumo

Afirmamos al inicio del presente texto que la compleja situación del país generó simultáneamente situaciones adversas y favorables a la vigencia de los derechos humanos. Así como crecen los riesgos de una manera de gobernar autoritaria y se crean condiciones favorables para la violación de derechos humanos, principalmente civiles y políticos si se llegase a aprobar la propuesta de reforma constitucional, se producen hechos positivos en el campo de los derechos sociales. Las políticas y medidas del gobierno orientadas a favorecer sectores durante años excluidos y algunas políticas de impacto global en la población, han dado como resultado que durante el presente período haya continuado bajando la pobreza. Según cifras oficiales durante el año 2006 la pobreza bajó 1,9 puntos al pasar de 33,9% en el 2005 a 32% en el 2006. Y hasta el primer semestre de 2007 había bajado 4,3 puntos en comparación a 2006 para ubicarse en un 28,8%. La pobreza extrema también se redujo al pasar de 10,6% en el 2006 a 7,8% en el primer semestre de 200738. La valoración de este resultado es altamente positiva, si consideramos que la pobreza es la violación más constante y masiva de los derechos humanos en el país. Su reducción significa una situación de progresividad en el campo de los derechos sociales. Una causa y a su vez efecto de menores índices de pobreza es que nuevamente los sectores más pobres incrementan su capacidad de consumo. La distribución del ingreso nacional a través de múltiples programas pareciera ser la causa de dicho incremento. Al cierre de este Informe se tenía conocimiento de que el gobierno nacional a través del presupuesto ordinario y gasto extraordinario había destinado a los programas sociales llamados misiones y a los consejos comunales más de 20 billones de bolívares39. Ello significa un creciente flujo de dinero a las misiones. En 2005 destinó 6,9 billones de bolívares y en 2006 lo elevó en un 114% al ubicar el monto en 14,8 billones40.

Paradójicamente, hoy los más pobres tienen más capacidad de compra, pero a su vez menos posibilidad de adquirir productos. Una consecuencia del incremento de la capacidad de consumo de importantes sectores de la población, explica en parte la escasez de productos41. La producción nacional e incluso las importaciones no logran cubrir la demanda. La incapacidad para cubrir el ascenso del consumo, trajo como consecuencia un aumento de las importaciones. En 2006 las importaciones crecieron 36,01% importándose un total de 32,2 millardos de dólares42. El soporte fundamental para el logro de reducir la pobreza lo constituye el crecimiento sostenido de la economía venezolana en los últimos tres años. En 2006 la economía creció 10,3% y en el 2005 había crecido 9,3% y se espera en 2007 un crecimiento cercano a 7%.43. Este crecimiento se sustenta esencialmente de los ingresos petroleros y la recaudación por impuestos nacionales.

Los elevados ingresos le permitieron al gobierno a su vez re-estatizar algunas empresas básicas del Estado. A principios de 2007, al presentar el presidente Hugo Chávez las 10 líneas estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar (2007-2021) expresó -refiriéndose a la Ley Habilitante-: “Hay que redactar una ley madre de todas las leyes revolucionarias. Ya tenemos el documento preparado. Si en 2001 hicimos leyes que impactaron el esquema económico-social, las nuevas deben impactar con una potencia mayor la actual situación económica. Por ejemplo que se nacionalicen las telecomunicaciones y áreas estratégicas como el agua, la energía eléctrica. Todo aquello que fue privatizado nacionalizarse. Recuperemos la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción. Compañía anónima teléfonos de Venezuela, nacionalícese, señor vicepresidente44”.

Los cuantiosos ingresos obtenidos por la República han tenido otro destino no adecuado: la compra de armas. En el año 2006 el gobierno invirtió 1 billón 212 millardos de bolívares en gastos para equipar a la Fuerza Armada Nacional. 441,5 millones fueron destinados para el mantenimiento de los dos submarinos clase Sábalo de la Armada, 308,7 millones de bolívares para la adquisición de 10 helicópteros; 126,8 millones por 53.000 fusiles de asalto AK-10345. Según la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y defensa en los últimos 24 meses Venezuela ha invertido 3,7 millardos de dólares en la renovación de equipo militar46.

Creciente criminalización de la protesta

El ritmo creciente de la economía y la reducción de los niveles de pobreza pudiera crear la imagen de una población satisfecha. Sin embargo, la realidad es otra. La ineficiencia en la gestión gubernamental que hemos señalado y que afecta la vida cotidiana de las personas, sobretodo de las más pobres, alcanzó niveles preocupantes y estimuló el descontento social. El incremento de la inseguridad ciudadana, el incumplimiento de los planes de vivienda, la crisis hospitalaria, el mal funcionamiento de servicios públicos y el incumplimiento de las contrataciones colectivas constituyeron algunos de los motivos para protestar47.

A esa situación se le sumó la no renovación de la concesión para funcionar al canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). La percepción de que este cierre significaba una violación al derecho a la libertad de expresión produjo movilizaciones en todo el territorio nacional.

Destaca la insurgencia en el escenario político y social del movimiento estudiantil de universidades públicas y privadas48. Demostrando una amplia capacidad de convocatoria y con acciones esencialmente pacíficas y variadas, guiados por el lema de defensa de la libertad de expresión crearon un ambiente que facilitó se reanimaran factores políticos y sociales adversarios del gobierno. Rápidamente la protesta fue calificada por voceros gubernamentales como subversiva49. Se la descalificó además como una protesta manipulada por partidos políticos de la oposición50. La no renovación de la licencia a RCTV también provocó una amplia movilización de sectores sociales y políticos pro gubernamentales quienes apoyaron que el gobierno sacara del aire la señal de la televisora. Tal situación revivió situaciones de tensión social experimentadas en el pasado reciente como derivación de la polarización política, la cual venía en descenso desde el referéndum del 2004.

Un efecto del discurso gubernamental de descalificar las movilizaciones estudiantiles fue una intensificación de la criminalización de la protesta. Más de 100 estudiantes fueron sometidos a juicios penales por participar en protestas51 y otros activistas sociales igualmente fueron imputados entre otras acusaciones por los delitos de obstrucción a la vía pública, instigación a delinquir y daño a la propiedad. Se confirmó nuestra advertencia lanzada en el segundo semestre de 2005 de que observábamos un paulatino incremento de la represión a la manifestación pacífica y un uso de los órganos de administración de justicia para llevar a tribunales penales a quienes protestan52.

En medio de este marco de violaciones a derechos civiles y políticos, el gobierno arreció la descalificación al sistema internacional de protección de los derechos humanos y particularmente contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mas allá del discurso, adoptó una política caracterizada por el incumplimiento de acuerdos amistosos, medidas cautelares y provisionales y decisiones de los órganos del Sistema Internacional de Protección53. Continuó descalificando a las organizaciones que acuden a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

El análisis global del contexto económico, social y político de Venezuela señala que en 2008 de manera muy probable se genere un amplio debate sobre el futuro del país en cuanto a derechos humanos, democracia y contenido del denominado socialismo del siglo XXI. Mediante la Ley habilitante se continuará dando desarrollo al marco constitucional y habrá que constatar si el gobierno profundiza su orientación regresiva en materia de derechos humanos de carácter civil y político. Todo apunta además a que la economía seguirá creciendo y existan condiciones favorables para que continúen bajando los índices de pobreza.

NOTAS

  1. En reiteradas oportunidades el Presidente ha afirmado que la revolución venezolana es pacífica, pero armada, refiriéndose a que cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional.
  2. En ocasión de su reelección el Presidente Chávez definió lo que serían las líneas básicas de acción del Estado para avanzar hacia el socialismo. Para tal fin usó figurativamente el término «cinco motores rumbo al socialismo». Esos cinco motores son: Ley Habilitante (vía directa al socialismo); Reforma Constitucional (Estado de derecho socialista); Moral y Luces (educación con valores socialistas); La Nueva Geometría del Poder (el reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación); Explosión del Poder Comunal (democracia protagónica, revolucionaria y socialista). http://www.minci.gob.ve/motores>. Consulta del 26.09.07.
  3. El discurso antineoliberal y contra el «capitalismo salvaje» ha sido una constante del Presidente Chávez. El discurso a favor del socialismo emergió a partir de su reafirmación en el poder en el referendo de 2004.
  4. El 06.12.98 ganó con el 56,20% de los votos; el 30.07.00 ganó con el 59% de los votos y el 03.12.06 con el 63% de los votos.
  5. La coalición de gobierno está conformada entre otros por el Movimiento V República (hoy disuelto en el Partido Unido Socialista), el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Patria para Todos, el Partido Podemos, Movimiento Tupamaro.
  6. En la coalición gubernamental existen opiniones muy variadas y en algunos casos confrontadas sobre el «socialismo real». Sin embargo, en términos generales todos coinciden en plantear que el sistema que se quiere instaurar tiene componentes nacionalistas y de elaboración propia, sin negar referentes de aquellas formas de socialismo. En su discurso con motivo de su reelección el 03.12.06 Chávez afirmó: «Que nadie le tenga miedo al socialismo, es fundamentalmente humano, amor, humanidad, solidaridad. El socialismo nuestro es originario, indígena, cristiano y bolivariano; ese es el socialismo, construyámoslo».
  7. Un ejemplo de la discriminación existente lo encontramos en la comunicación pública del ministro de Cultura Farruco Sesto a raíz de la presencia de una actriz en una manifestación estudiantil. «¿A partir de ahora tendremos que cuidarnos de la selección de los actores a fin de no brindarles gratuitamente espacios de comunicación a los pequeños soldados oposicionistas de la guerra mediática? Nos remitimos al pueblo. Puesto que es el pueblo el dueño de estos espacios y de estos recursos, es el pueblo, en su sabiduría, quien tiene la palabra». Otro ejemplo han sido las protestas efectuadas a raíz de la nacionalización de los taladros manejados por contratistas petroleras. Durante el proceso, los trabajadores denunciaron que 700 de ellos no habían sido reenganchados a sus puestos de trabajo porque habían firmado la solicitud de revocatorio contra el Presidente o porque no se habían inscrito como aspirantes al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
  8. Encabezados por el Presidente de la República voceros de la coalición gubernamental descalifican de manera inmediata a todo aquel que proviniendo de sus filas se atreva a criticar públicamente al jefe de Estado o cuestione conductas o prácticas equivocadas. El ejemplo más reciente lo encontramos en la descalificación a los diputados del partido Podemos que se atrevieron a criticar la propuesta de reforma que presentó el Ejecutivo Nacional, al señalarlos como traidores. Otros calificativos frecuentemente utilizados para desacreditar a la disidencia han sido las palabras ‘oligarca’, ‘fascista’, ‘golpista’, ‘imperialista’.
  9. Cada vez aumenta más el número de protestas reprimidas y el uso de los órganos de administración de justicia para someter a juicio penal a activistas sociales quienes en su mayoría son sometidos a régimen de presentación periódica en tribunales y excepcionalmente algunos son privados de libertad.
  10. Estas personas procesadas no lo están por haber cometido delitos comunes, la casi totalidad no son políticos sino activistas sociales, pero están procesados por haber participado en la exigibilidad de derechos u oponerse a través de manifestaciones a políticas del gobierno. Históricamente en Venezuela a estas personas se les denomina procesados o presos políticos si finalmente se les priva de la libertad.
  11. Desde el campo de los derechos humanos es posible aportar para que ese socialismo del siglo XXI sea realmente democrático, respete la pluralidad y garantice adecuados contrapesos institucionales.
  12. Es el término usado por la coalición gubernamental para referirse a todo lo acontecido antes de que el Presidente Chávez ganara sus primeras elecciones en 1998.
  13. Un caso emblemático lo constituyen los cuerpos policiales quienes después de ocho años de gobierno continúan impregnados de espíritu represivo y cometen innumerables violaciones a los derechos humanos, tal como se comportaban en la denominada «Cuarta República».
  14. En lo simbólico se realzan figuras como las de Ernesto «Che» Guevara, se reivindican procesos políticos como el cubano, se avanza hacia formas de propiedad privada colectiva y propiedad estatal. Además la mayoría de las fuerzas de la coalición gubernamental se fusionaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
  15. Mediante la Ley Habilitante el Presidente de la República puede dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley.
  16. El 08.01.07 el Presidente Chávez le solicitó a la Asamblea Nacional (AN) promulgara una Ley habilitante. El 01.02.07 la Ley fue publicada en la Gaceta oficial Nº 38.617.
  17. Hernán Lugo: Chávez pidió poderes especiales para nacionalizar CANTV y áreas estratégicas. El Nacional. 09.01.07, pág A-2.
  18. El Consejo fue presidido por el Presidente Chávez y estuvo integrado entre otros por: Isaías Rodríguez Fiscal General de la República; Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo; Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cilia Flores presidenta de la AN así como por cinco diputados más. El Consejo fue juramentado el 17.01.07.
  19. El 14.10.07 la Comisión Mixta de la AN designada para trabajar en la propuesta de reforma presentó el resultado de su trabajo.
  20. Las organizaciones del Foro por la vida cuestionaron entre otros asuntos la eliminación del debido proceso y del derecho a la libertad de información en los estados de excepción; la eliminación del control parlamentario y judicial del decreto que declara el estado de excepción y el carácter indefinido del mismo; la definición del Estado como socialista pues ello atenta contra la pluralidad política; la vulneración del derecho a elegir y ser elegido; la reelección presidencial por vulnerar el principio de alternabilidad. El Foro calificó la propuesta como regresiva e inconstitucional. < www.derechos.org.ve>.
  21. Pronunciamiento de la Conferencia de Arzobispos y Obispos de Venezuela http://www.eluniversal.com. Consulta del 19/10/2007.
  22. A la fecha de entrada a imprenta de este Informe, el partido Podemos que ha respaldado la reelección del Presidente Chávez el 03.12.06, llamó a la ciudadanía a votar por la opción del «No» en el referendo aprobatorio de la propuesta de reforma constitucional. Tal consigna fue también expresada por el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel.
  23. Afirmaciones del dirigente campesino y diputado a la AN Braulio Alvarez.
  24. Además, se declara inembargable la vivienda principal y se promueve la propiedad privada colectiva.
  25. http://www.vive.gob.ve. Consulta del 04.12.06.
  26. Es de conocimiento público como el Presidente Chávez en su programa dominical Aló Presidente improvisa medidas y políticas con una expresión muy corriente: « se me ocurrió» « se me ocurrió anoche» «se me acaba de ocurrir» «en el camino se me ocurrió» imponiendo un estilo de conducción del Estado contrario a toda idea de planificación y valoración de riesgos.
  27. El gobierno tiene definidas en muchos aspectos adecuadas políticas públicas que de implementarse significarían avances importantes en materia de derechos humanos, sin embargo, con frecuencia se quedan en el papel, no se ejecutan los presupuestos asignados y se coloca en la dirección de los órganos y entes a personas con limitada capacidad gerencial.
  28. Paula Ramones: El Estado pierde billete por obras inconclusas. Últimas Noticias. 01.08.07, pág.16.
  29. Ver en este Informe el Capítulo Derecho a la Tierra.
  30. El padre José de Jesús Palmar Morales, simpatizante del gobierno, entregó pruebas a la AN que darían cuenta de corrupción en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, con relación a la compra de taladros chinos, sobrefacturación de precios de combustible y designación «a dedo» de empresas contratistas de Pdvsa que involucrarían al ministro de Energía Rafael Ramírez.
  31. El Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Ramón Carrizalez en declaraciones a la prensa reconoció la existencia de una amplia corrupción en el sector vivienda, razón por la cual entre otras medidas ordenó que se cerrara el Programa 8 que se encargaba de adjudicar viviendas. http://www.guia.com.ve/noticias. Consulta del 14.06.07.
  32. La Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional para julio de 2007 estaba procesando más de 800 denuncias de corrupción http://www.aporrealos.org/contraloria. Consulta del 09.07.07.
  33. Entre los casos que estaría investigando la Comisión están: El caso Ciudad Lebrún que originó la destitución de Luis Velásquez Alvaray, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; el caso Cementos Andinos; las irregularidades en el otorgamiento de créditos en Fondafa.
  34. Paula Ramones: Estado pierde un billete por obras inconclusas. Últimas Noticias. 01.08.07, pág. 16.
  35. Johelis Campos: La impunidad es un problema de coordinación. Últimas Noticias, 20.08.07, pág. 18.
  36. La corrupción en el caso del sector vivienda afecta el derecho de muchas familias a obtener viviendas, no solo porque se adjudican por mecanismos irregulares a personas posiblemente con menos necesidades que las que originalmente deberían ser beneficiarias, sino que influye directamente en la mala calidad de las mismas, al usarse materiales de menor calidad y valuarlos como de buena calidad.
  37. Mariela Hoyer: Contralores sociales no están formados para evitar la corrupción. El Nacional, 06.05.07.
  38. Las cifras están basadas en una medición por ingreso familiar teniendo como indicador la capacidad económica de cada familia para adquirir la canasta alimentaria y la canasta básica.
  39. Mayela Armas: Más de 20 billones destinan a misiones y consejos comunales. El Universal. 13.09.07, pág. 1-17.
  40. Víctor Salmeron: Gobierno duplicó dinero para las misiones en 2006. El Universal, 15.02.07, pág. 1-14.
  41. Ver en este Informe el capítulo derecho a la alimentación.
  42. Blanca Vera: La economía creció 10.3% en 2006. El Nacional, 23.02.07, pág A-20.
  43. Panorama, 15.12.06, pág. 23.
  44. Hernán Lugo: Chávez pidió poderes especiales para nacionalizar CANTV y áreas petroleras. El Nacional. 09.01.07, pág. A-2.
  45. El Universal, 24.01.07, pág. 1-6.
  46. Celina Carquez: Cuestionan nuevas compras de armas. El Nacional, 13.07.07, pág. 6.
  47. Ver en este Informe los capítulos: Respuestas organizativas de la sociedad y Derecho a la manifestación pacífica.
  48. Por primera vez desde 1958 estudiantes de universidades públicas y privadas coordinan sus acciones con propósitos comunes y crean una estructura organizativa básica para unificar sus consignas y acciones.
  49. Al igual que en épocas de la denominada Cuarta República, los voceros gubernamentales argumentaron que la protesta formaba parte de un plan conspirativo y buscaron la manera de identificarla con quienes dieron el Golpe de Estado el 11.04.02.
  50. En el pasado las protestas estudiantiles eran calificadas como protestas promovidas por grupos insurgentes armados de carácter urbano que pretendían desestabilizar el orden democrático.
  51. Ver en este Informe capítulo Derecho a la manifestación pacífica.
  52. Ídem.
  53. Durante la gestión de la abogada María Auxiliadora Monagas se lograron importantes avances. Facilitó el diálogo entre la Comisión y el gobierno y entre este y las organizaciones de derechos humanos. El nuevo agente del Estado ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, abogado Germán Saltrón, dio al traste con tales avances. Cerró los canales de diálogo con las organizaciones de derechos humanos y paralizó todas las gestiones que se venían adelantado en los casos contenciosos existentes en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es el resumen del análisis sobre la situación de los derechos humanos que Provea presente en esta 19ª edición de su Informe anual.

Para esta evaluación, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos, no basta con describir las violaciones sufridas por personas o colectivos sociales, sino que es necesario también analizar a la luz de los mismos las políticas públicas implementadas por los órganos del Estado. La pretensión del presente Informe, una vez más, no se limita a una recopilación ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las violaciones que se han registrado. Sin embargo, a partir de ellas, podemos inferir el respeto (o no) de estos derechos por parte de las autoridades y analizar desde esta perspectiva las políticas públicas.

Parte de los elementos que permiten establecer las conclusiones de este análisis provienen de testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios. Sin embargo, los datos principales que ayudaron a elaborar este Informe provienen de fuentes hemerográficas así como de documentos, investigaciones académicas, estadísticas, páginas institucionales y otras producciones que tanto el propio Estado como entidades privadas elaboran y dan a conocer.

Al igual que en años anteriores, aspiramos que este Informe contribuya a alimentar el debate sobre sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Respecto al derecho a la alimentación, se observaron tanto avances como retrocesos. Durante el periodo fue imposible obtener del Instituto Nacional de Nutrición (INN) cifras oficiales sobre los índices de desnutrición de la población. Sin embargo, voceros del gobierno señalaron que estos índices habían bajado de 11 puntos porcentuales en 9 años. En contraste, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sigue ubicando a Venezuela con 17% de desnutrición general. Venezuela fue calificada por esa misma organización como lenta para cumplir los Objetivos del milenio de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el 2015. Por otro lado, un estudio del Banco Central de Venezuela revela que en Venezuela 98% de los hogares realizan 3 o más comidas diarias mientras que solo 0,1% realiza una sola comida. A pesar de ese crecimiento del 16% en el consumo de alimentos, los datos indican que la calidad de los mismos en los estratos más pobres sigue siendo baja. Este incremento del consumo explica en parte la situación irregular a lo largo del año del abastecimiento de alimentos, registrándose una escasez de varios productos de consumo diario. Otras variables que explicarían la escasez han sido los controles de precios que han desestimulado la inversión en varios sectores productivos, la interpretación discrecional de la nueva Ley contra el Acaparamiento y la Especulación así como las trabas burocráticas para realizar una importación rápida. Este desabastecimiento afectó más a los sectores más pobres del país ya que el desabastecimiento se sintió más en las bodegas e incluso en los programas oficiales como Mercal.

Esta escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se elevaron a 3.044 millones de dólares, representando un aumento de casi 25% respecto al lapso anterior.

En torno al derecho al ambiente sano se aprobó y promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (LOA) y la Ley de Aguas, lo que significa un avance en cuanto a marcos normativos de protección ambiental. Se continuó desarrollando la Misión Árbol, conformando para mayo de 2007 1.873 comités conservacionistas. Durante el período la Misión Energía se inició con el propósito de aprovechar racionalmente su uso en los próximos 5 años, logrando la colocación de 53 millones de bombillos ahorradores en más de 5 millones de viviendas.

Organizaciones ambientalistas destacaron la renovación de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Geografía y Cartografía; el mayor acceso al agua potable por parte de algunas comunidades y el fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua en diversas regiones del país. Otras de las políticas señaladas como positivas fueron el impulso a sistemas de transportes calificados como menos contaminantes: el tren de Charallave-Tuy así como los metros de Los Teques, Valencia y Maracaibo. Sin embargo, continúa la persistencia de la lenteja acuática (Lemna sp), en el Lago de Maracaibo (Edo. Zulia), así como la repetida aparición incontrolada de la Bora, o Lirio Blanco, en el embalse de La Mariposa (Edo. Miranda), cuya superficie cubierta por la planta había disminuido al final del período. Venezuela continuó emprendiendo acciones para cumplir los postulados del protocolo de Kyoto: presentó un plan nacional que contempla entre otras políticas, el cierre de la planta de clorofluorocarbonos (CFC) Productos Halogenados de Venezuela (Produven). En contraposición, se han adoptado medidas orientadas al aumento de la producción de carbón y ha aumentado el parque automotor.

Siguen siendo objeto de preocupación los anuncios de megaproyectos de desarrollo no sostenible en áreas de fragilidad ambiental que a su vez suelen ser territorios de pueblos originarios.

Respecto al derecho a la educación, tanto las políticas públicas como los resultados son positivos en cuanto a la continuación del mejoramiento de la disponibilidad y accesibilidad de este derecho, mientras que continúan los déficits estructurales en cuanto a la calidad de la educación y a la distribución equitativa de los logros educativos. Así, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementó en un 2,3% con respecto al lapso anterior, correspondiendo a 590 nuevos planteles. Sin embargo, los planteles en el área rural disminuyeron en un 1,7% y sigue registrándose falta de secciones. También hubo aumento de los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas aunque con un ritmo de crecimiento que ha disminuido respecto al lapso anterior.

En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, todos crecieron siendo el gasto público real en educación el que ha registrado el incremento más significativo con 41,1%. El gasto público en educación como porcentaje del PIB aumentó de un punto porcentual y el gasto público en educación como porcentaje volvió a subir para representar el 37,5%, respecto al 35,6% en 2005.

El nivel de educación básica creció en términos globales (0,6%), nuevamente a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (0,8%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II Etapa (1° a 6° grado) no logra nuevamente superar la cifra del período 2001-2002 en sentido contrario de la III etapa que registra su nivel más alto en la década. El nivel de educación media observa un incremento importante (8,3%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que 650.000 niños(as) en edades entre 3 y 5 años están fuera de la educación inicial y 200.000 jóvenes en edades entre 12 y 14 años fuera de la educación formal. Esta cantidad aumenta con la edad pues, 900.000 jóvenes en edades de entre 15 y 17 años no están escolarizados.

Los grupos económicos más vulnerables continúan siendo la población con menor acceso a la educación. De acuerdo con una investigación, mientras en 1998 los grupos correspondientes al 20% de la población con menos ingresos tenían un déficit de 3,7 en años de escolaridad, y los incluidos en el 20% con ingresos más elevados de 1,7, en 2004 esos déficits representan 3,8 y 1,8 respectivamente.
Por otra parte, se mantuvo la no discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,5 varones por cada 100 mujeres.

Los porcentajes de repitencia continúan su tendencia a la disminución. El global descendió de 7,6% a 6,8%. El del 1° grado pasó de 11,1% a 9,9% y el de 7° grado de 12,5% a 11,1%. Cabe señalar nuevamente que el global y el del 7° grado son los más bajos de la década. A pesar de estos significativos logros, varias investigaciones señalaron las dificultades que afronta Venezuela en relación con los logros del aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales, sin que se cuente con nuevas evalauciones oficiales que demuestren lo contrario.

En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró constantemente desde una prosecución de 44% para 1999 a una prosecución del 63% en el período 2004-2005, lo cual significa que actualmente se inscriben en 9º grado 63 alumnos de los que ingresaron a primero.

Finalmente debemos destacar que a pesar de algunos esfuerzos realizados por entidades públicas relacionadas con la educación para sistematizar daos, se han multiplicado las trabas para lograr obtener datos y documentos oficiales de carácter público. Asimismo, a la fecha de cierre de este Informe circuló una nueva propuesta curricular para la educación bolivariana cuyo análisis a profundidad no se pudo realizar para este período por razones de tiempo.

El cambio del modelo económico y político ha tenido incidencia en el disfrute de los derechos laborales. Siendo el Estado el principal empleador y el principal regulador del mercado de trabajo, la tasa de desempleo siguió disminuyendo al ubicarse en junio de 2007 en 8,3% cuando estaba ubicada en el mismo período de 2005 en 12,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 64,8% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.305.364 de personas, lo cual corresponde a una leve disminución del 0,2%.

La economía informal (44% en febrero de 2007 en contraposición con 46,5% en julio 2006) viene por cuarto año consecutivo cediendo terreno a la economía formal (56% en febrero 2007 y 53,5% en julio 2006). Nuevamente ese retroceso puede explicarse en parte por el cambio en la metodología de medición utilizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual ahora incluye a las empresas de menos de 5 trabajadores en el sector formal.

A pesar de estos avances para el segundo semestre de 2006, el 51,6% de las personas ocupadas no cubría con sus ingresos el precio de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) y el 9,5% no percibía ningún salario por lo que el desempleo abierto alcanza el 61% de la PEA. El 28% de los hogares percibían ingreso inferior al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 21% el valor de la CAN, pero de acuerdo a cálculos de fuentes privadas el valor del SM solo cubriría 67,4% de su valor.

Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 67% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres, 3 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres lo están 5.

En el periodo anterior se destacaba como positivo la implantación de la solvencia laboral, el cual es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos de los trabajadores, pero en este período fue imposible evaluar el impacto de la medida pues las cifras oficiales no estuvieron disponibles. También se extendió la inamovilidad laboral hasta el 31.12.07, medida que ofrece mayores garantías para el derecho al empleo, pero también la ausencia de datos impiden medir la eficacia de la medida.

Durante el período, los conflictos laborales asociados al derecho al empleo, principalmente en el sector de la construcción pero también en el sector petrolero cobraron la vida de 53 personas, de ellos 46 dirigentes sindicales, siendo el año 2007 el año más violento. Se establecieron mesas de trabajo con todos los sectores pero a pesar de esta iniciativa, no se lograron acuerdos para explorar soluciones que se apegaran a los derechos humanos. Esta violencia junto a otras violaciones convirtió Venezuela en el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas. A diferencia de años anteriores, los ataques gubernamentales contra las organizaciones sindicales no se dirigieron solamente hacia el sector sindical considerado como opositor sino también al sector apoyado por el gobierno. Declaraciones del Presidente mermaron la autonomía de los sindicatos, la cual también se vio afectada por el anuncio de la creación de Consejos Obreros que tendrían atribuciones similares a las organizaciones sindicales. Todo ello produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales que prácticamente no tuvieron incidencia en el diseño de las políticas públicas. Fuentes sindicales señalaron que 243 contratos colectivos se encontrarían sin firma en el sector público.

Nuevamente se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar las condiciones y medio ambiente de trabajo, especialmente en lo que se refiere a registro. Ello permitió reflejar que en el país se contabilizaron 34.202 accidentes laborales de los cuales 224 fueron mortales.

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, continúan adelantándose proyectos en tierras habitadas por indígenas que pondrían en riesgo los ecosistemas y la diversidad biológica y a los mismos pueblos indígenas y campesinos, originando protestas, entre otras por rechazo a los proyectos de explotación carbonífera en el Edo. Zulia. Asimismo, continúan los conflictos por tierras y aún no se han registrado avances significativos en la demarcación definitiva del hábitat de estos pueblos, con una demora de tres años respecto a lo establecido en la propia Constitución.

La Asamblea Nacional (AN) sancionó 4 leyes para los Pueblos y Comunidades Indígenas: la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), aprobada el 12.08.05; la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, publicada el 12.01.01; la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de fecha 17.10.2001 y la Ley aprobatoria del Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los Pueblos y comunidades Indígenas de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo incluyó en 40 instrumentos legales, normas específicas para los indígenas. Por otra parte, en el presente lapso se creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas por medio del cual los asuntos indígenas serán tratados al más alto nivel del Gobierno nacional, lo cual debería repercutir positivamente en la solución de muchos de sus problemas. Sin embargo, se continúa constatando familias indígenas en situación de calle, en pobreza crítica y con desnutrición avanzada, siendo los niños y niñas los más afectados, y problemas graves de salud con repunte de enfermedades como el paludismo. Los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud siguen sin tener indicadores de derechos humanos diferenciados por grupos poblacionales, lo cual permitiría desarrollar políticas públicas orientadas específicamente hacia los pueblos originarios. La situación de desnutrición y pobreza crítica en la cual permanecen estas comunidades incide en la violación de su derecho a la salud. Además, la falta de ambulatorios y médicos especialistas ocasiona que casos quirúrgicos, en el área de la pediatría por ejemplo, sean remitidos a Caracas al Hospital Clínico Universitario, a muchos kilómetros de distancia de sus hogares. Las enfermedades más recurrentes continúan siendo la neumonía, fiebre amarilla, paludismo, dengue. Ciudad Guayana, Barcelona, Puerto Ordaz son las ciudades con mayor índice de ocurrencia de esta situación. Al cierre de este Informe, no se encontraron indicios de que hayan comenzado a diseñarse y aplicarse políticas estructurales efectivas para modificar esta situación.

La situación del derecho a la salud continúa caracterizándose por la coexistencia de dos sistemas: el tradicional conformado entre otros por ambulatorios y hospitales y el de la Misión Barrio Adentro (BA). Un paralelismo que no solo es institucional sino también financiero en beneficio de BA. En consecuencia, el sistema de salud sigue fragmentado y desarticulado, con fallas estructurales que no han podido ser revertidas, afectándose las garantías de acceso universal y calidad de los servicios prestados por las redes tradicionales de asistencia a la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hasta julio de 2006 se construyeron 1.612 módulos de BA, quedando pendiente la construcción de 4.618. Lamentablemente ninguna de estas cifras revela el cumplimiento de la meta que se previó en el 2004: construir 8.573 módulos. Según la OPS, en BA laboran 27.090 profesionales de la salud cubanos y 1.139 venezolanos. Para el año 2007 el presupuesto adjudicado al Ministerio del Poder Popular para la Salud fue de 4,2 billones de bolívares, lo que revela un descenso con respecto al año anterior, cuando el presupuesto fue de 5,01 billones de bolívares. Otra Misión es la denominada “Milagro” que atiende a pacientes con problemas de salud oftamológica. 176.000 pacientes han sido intervenidos en Cuba entre julio de 2004 y marzo de 2006.

Continúo la mora de la AN con respecto a su obligación de promulgar la Ley de Salud. Tras 8 años no se cuenta con un marco normativo que regule el sistema de salud. Un aspecto positivo de la situación de salud es que se registra un mayor cumplimiento del mandato constitucional de garantizar la gratuidad de los servicios de salud en todos los entes públicos. Se constató un descenso en la tasa de mortalidad infantil, situación que se registra desde hace 3 años al igual que una baja leve en los casos de malaria y dengue. Por el contrario se registraron nuevamente brotes de sarampión y la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública nacional.

En cuanto a la organización ciudadana en torno a este derecho, hasta junio de 2006 las cifras oficiales dieron cuenta de la existencia de 8.951 Comités de Salud.

Este año se efectuó un estudio especial sobre el derecho a la seguridad social con el objeto de evaluar los cambios y resultados de la gestión pública en el transcurso de los 10 últimos años. Los dos primeros años coincidieron con el gobierno de Rafael Caldera en el marco del programa de gobierno llamado “Agenda Venezuela” cuya orientación apuntaba a la eliminación del régimen de seguridad social y a la creación de un fondo de capitalización individual administrado por el sector privado. En 1999, al debatirse y aprobarse un nuevo texto constitucional, se plasmó una visión garantista de los distintos componentes y sujetos del derecho a la seguridad social. Posteriormente, como primer cambio se concretó la aprobación de una primera ley orgánica coherente y cónsona con los postulados constitucionales. Se evolucionó positivamente de un sistema de seguridad social basado en la afiliación de la población asalariada perteneciente al sector formal de la economía a otro más de cobertura universal, que incluye a las personas sin capacidad contributiva y se abrió la posibilidad y la obligación del Estado de universalizar la cobertura de la seguridad social, para que ésta incorpore a los sectores de la población inmersos en la economía informal y a los más pobres excluidos del mercado laboral. Sin embargo, a la fecha continúa presente una grave y prolongada mora legislativa, ya que a 5 años de haberse aprobado la mencionada ley no se han aprobado todavía las leyes que deben regir los subsistemas de salud y de pensiones y otras asignaciones económicas. Esta situación afectó el ejercicio del derecho y debilita su exigibilidad por parte de la ciudadanía.

Se ha constatado una evolución positiva de los indicadores de cobertura del sistema de seguridad social a partir de 1999, como producto de la implementación de las políticas gubernamentales de fortalecer el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, todavía los niveles de inclusión de la población son bajos, ya que el porcentaje de la población asegurada con respecto a la población total del país representaba en el 2005 el 13,9% y el porcentaje de la población pensionada por vejez respecto de la población mayor de 60 años se ubicó en el 2004 en el 27,3%. La no aprobación de la Ley de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas mantuvo fuera de la cobertura de la seguridad social a importantes sectores sociales como las amas de casa, domésticas, trabajadores del sector informal de la economía, miembros de cooperativas. Algunas iniciativas gubernamentales destinadas a pensionar a personas afiliadas al IVSS que no han cumplido con las cotizaciones previstas en la Ley o que se encuentran en estado de necesidad, resultaron insuficientes ante los niveles de exclusión existentes.

A pesar de que el IVSS cuenta con la red de centros de salud de más alta tecnología en el sistema público de salud, en la actualidad apenas cubre al 34% de la población total. Durante los 10 años no se ha paralizado el deterioro de la calidad de los servicios y bajos niveles de rendimiento que presta el Fondo de Asistencia Médica (FAM). En contraste con lo anterior, se ha constatado la evolución positiva de los indicadores sobre la distribución de los fondos públicos destinados al funcionamiento y sostenimiento del sistema de seguridad social, los cuales presentan aumentos del orden del 100% entre 1997 y 2005: el gasto público en seguridad social como porcentaje del PIB pasó de representar el 1,5% al 3,0% en dicho período; el gasto público en seguridad social dentro del gasto social se elevó del 15,7% en 1997 al 26,05% en 2005. Si embargo, el gasto público real por habitante en materia de seguridad social medido en relación con el dólar estadounidense, disminuyó de 108,78 dólares en 1997 a 53,13 dólares en el 2005.

En síntesis, sigue siendo un desafío implementar un sistema de seguridad social de cobertura universal, participativo y con prestaciones de calidad en vista de que los avances normativos y el mayor gasto público en seguridad social no son suficientes, si no se complementan con una adecuada gestión y gerencia pública.

Si desea escuchar la intervención de Raul Cubas sobre el informe sobre 10 años de Seguridad Social en Venezuela, apretar el ícono de play y esperar a que cargue el archivo:

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Respecto al derecho a la tierra, continúo el proceso de distribución de tierras democratizando el uso y goce de la misma; sin embargo, se constataron indicios de un agotamiento de dicho proceso. En los últimos 5 años fueron otorgadas 74.342 cartas agrarias, 3.363 constancias de declaratorias de derechos de permanencia y 558 títulos de adjudicación; es decir, se han otorgado 78.463 unidades productivas en 3.499.790, 2342 has. La prioridad estatal pareciera orientarse a consolidar las unidades productivas de los beneficiarios para transformar tierras ociosas en productivas e incrementar la producción. El gobierno decidió avanzar hacia la construcción de una economía agraria y un marco social de carácter socialista. El Instituto Nacional de Tierra (Inti) continuó adelantando procesos de rescate de tierras. En consecuencia, durante el período 1.900.000 has. fueron rescatadas. Se constataron algunas denuncias sobre presuntos atropellos contra propietarios de grandes extensiones de tierra, sin embargo, en menor cuantía que en el periodo anterior.

A pesar del proceso de democratización del uso de la tierra; del combate a la permanencia de tierra ociosa y a la alta inversión pública y privada, los resultados no son satisfactorios. Por 4º año consecutivo el gobierno no logró cumplir la meta global de producción pautada, se mantienen altos niveles de importación y crece poco la superficie cosechada. La excepción fue el incremento de la producción en los siguientes rubros: arroz, maíz, ajo, cacao, papa.

Se elaboró el Plan Integral Nacional Agrícola 2007-2008 estableciendo metas de producción, superficie cosechada, financiamiento, sistema de riego y asuntos técnicos a garantizar para el cumplimiento de las mismas.

Persistieron los asesinatos de campesinos como parte del conflicto por la tierra. Sin embargo, se lograron avances importantes en la lucha contra la impunidad. Continúa un alto nivel de inseguridad ciudadana que afectó a campesinos y productores. Numerosos campesinos y campesinas fueron sometidos a procesos penales acusados de ocupar de manera ilegal tierras y acusaron a jueces de ser cómplices de terratenientes para criminalizar sus acciones de reclamo de este derecho.

En relación con el derecho a una vivienda adecuada, no se registraron avances significativos en su realización; por el contrario, los problemas existentes se han agravado. Si bien el Ejecutivo Nacional (EN) aumentó la cantidad de viviendas construidas y entregadas en el 2006, aún está lejos de cumplir tanto sus propias metas como el estimado de 200.000 viviendas anuales necesarias para paliar el déficit en un plazo de 10 años. La situación de vivienda fue cuestionada por el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín. Entre las principales denuncias recibidas por la Defensoría se encuentran irregularidades en el proceso de adjudicación de casas, ocupaciones informales, deficiencias en la calidad de las obras, carencias o precariedad de los servicios públicos y paralización e incumplimiento de las construcciones.

Algunas de las políticas adelantadas en materia de vivienda se han paralizado, como el proceso de adquisición o expropiación de edificaciones o terrenos para la utilidad pública o social, iniciada por la Alcaldía Mayor; así como también el llamado Programa 8, el cual adquiría casas en el mercado secundario para atender a familias en situación de riesgo. Sin embargo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, el gobierno ha reforzado las políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna. Entre los objetivos descritos se encuentran garantizar la tenencia de la tierra, promover el acceso a los servicios básicos y al crédito habitacional y fomentar la participación y el compromiso para la construcción de viviendas. También se firmaron convenios internacionales para la construcción de viviendas cuyos primeros resultados, a la fecha de cierre del presente Informe, son inciertos.

Durante el período el gobierno realizó acciones que afectaron la seguridad jurídica de la tenencia. Persiste la práctica de doble adjudicación en los urbanismos construidos por el sector público. Otro factor es el de las ocupaciones de inmuebles en construcción, protagonizado por personas sin vivienda, las cuales en su desesperación ingresan a construcciones ya adjudicadas a otras familias. Otro tipo de ocupaciones son las realizadas en terrenos baldíos, acción simbólica que intenta llamar la atención de las autoridades. Las familias ocupantes, ejerciendo estas acciones de exigibilidad de sus derechos, deben vivir en condiciones precarias, siendo la inseguridad personal el mayor problema a enfrentar. Por su parte, el Estado continúa enfrentando estas situaciones bajo un esquema criminalizador. Provea registró 19 desalojos realizados de manera violenta en ocupaciones, sin la presencia de funcionarios del Ministerio Público (MP) o de la Defensoría del Pueblo, ni el ofrecimiento de recursos jurídicos o la adopción de las medidas necesarias para los afectados que no disponían de recursos.

Sectores afectados por los desalojos irregulares se han venido organizando para enfrentar la situación, promoviendo en la ciudad de Caracas el lanzamiento de la “Campaña Cero Desalojos”.

El EN extendió por 6 meses más la congelación de los alquileres. Aunque esta decisión persigue que la carga del pago por concepto de vivienda resulte soportable para las personas en condición de arrendatarios, se señalaron algunos efectos contraproducentes. Otro avance en el derecho lo constituyó la implementación del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios de Vivienda (SEB). Mediante este mecanismo los indígenas, damnificados y habitantes de zonas de alto riesgo, ciudadanos mayores de 70 años, mujeres y hombres solos con cargas familiares, personas con discapacidad y aquellas con un ingreso promedio per cápita mensual menor a dos salarios mínimos, son denominados sujetos de protección especial y con prioridad para la obtención de beneficios.

Una de las revelaciones negativas del presente período han sido las reiteradas denuncias que señalan a las formas asociativas comunitarias como corresponsables en las irregularidades en la adjudicación y construcción de viviendas.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La situación del derecho al asilo y al refugio mantiene las principales tendencias observadas en informes anteriores. La situación de violencia en la frontera colombiana sigue siendo el factor generador de migraciones hacia Venezuela. De acuerdo a las estadísticas ofíciales, de 8.801 personas que solicitaron refugio, 8.694 provienen de la República de Colombia.

Sigue habiendo carencias por parte de las autoridades competentes en materia de asilo y refugio. La falta de recursos y largas esperas son las características principales. Solo el 6% obtienen respuestas. A este ritmo serían necesarios 15 años para decidir todas las solicitudes acumuladas. Aunado a ello no siempre se respeta el principio de Unidad Familiar y sólo el 30% posee identificación provisional. Durante el periodo, se constataron dificultades para estas personas al momento de buscar empleo y acceder a la seguridad social. Sin embargo, hay que reconocer como positiva la política oficial de inclusión en algunos planes sociales adelantados por el gobierno nacional como las misiones a quienes no portan cédula de identidad.

A estas situaciones se sumó la amenaza de algunas autoridades de suspender las garantías en las zonas fronterizas, lo que crearía mayor incertidumbre e inseguridad entre los aspirantes a la protección internacional.

En relación al derecho a la integridad personal, se registró un total de 163 denuncias de casos de violaciones a la integridad personal, con un saldo de 699 víctimas identificadas, lo que comparado con el período anterior en el que se registraron 201 casos con 1478 víctimas denota un descenso de 18,91%. 43 de los 126 cuerpos de seguridad reportan denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal lo que representa el 34,13%.

La Guardia Nacional (GN), la Policía Metropolitana de Caracas, la Policía de Anzoátegui y la de Aragua fueron los cuerpos armados más denunciados.

Sigue siendo prácticamente nula la ocurrencia de sentencias contra victimarios de violaciones contra el derecho a la integridad personal.

Durante el período se produjo el menor número de reportes sobre tortura desde 1999, con un total de 8 casos. En relación con el período anterior significó una disminución de 42,10%. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es la policía que aparece más involucrada en hechos de tortura.

El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presenta un importante descenso de 50,36% con respecto al período anterior pasando de 1.394 víctimas a 692; sin embargo, este número de víctimas sigue siendo superior a cualquiera de los registrados entre el 2000 y el 2005.

El número de personas heridas por armas de fuego denunciados en el período fue de 15 víctimas siendo el más bajo en los últimos 7 años. También se produjo una reducción de 48,15% en lo referente al patrón de amenazas y hostigamientos. Esa misma situación se produjo en el patrón de allanamientos sin orden judicial

Con respecto al derecho a la justicia, diversos hechos pusieron en evidencia riesgos a la independencia del Poder Judicial (PJ) ya que desde la AN y el EN se ejercieron presiones indebidas contra jueces y magistrados. Por otra parte, la actuación de algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comprometió su independencia. Aún cuando se redujo la provisionalidad de los jueces, se mantiene un porcentaje cercano al 10% según cifras oficiales, aunque otras fuentes indican que sería cercana al 45% y el proceso para dar titularidad continúa siendo contrario al mandato constitucional. En la actualidad, para obtener la titularidad un juez debe aprobar el Programa Especial de Capacitación para la Regularización de la Titularidad a jueces (PET), el cual tiene como propósito consolidar los conocimientos jurídicos del juez no titular. Esto irrespeta el artículo 255 de la Carta Magna según el cual el ingreso a la carrera se debe realizar mediante concurso público de oposición, pues el PET no constituye una convocatoria abierta destinada a medir las capacidades, probidad e idoneidad, de quienes llenen los requisitos y estén interesados en participar.

Persiste el retardo procesal como uno de los más graves problemas del PJ. Salvo la jurisdicción laboral, en todas las otras jurisdicciones se constata retardo.

La Defensa Pública sigue siendo una Institución que debe ser fortalecida pues el número de casos ingresados durante el 2006, en materia penal ordinaria, fue de 88.222, que debieron ser atendidos por 534 defensores, es decir 165 casos por defensor, lo que atenta contra la calidad de la defensa de quienes deben recurrir a esta Institución, por carecer de recursos para contratar una defensa privada. Permanece la provisionalidad del sistema disciplinario de los jueces con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (CFRSJ), sin que se haya aprobado aún el Código de Ética del Juez.

Se constata un proceso de militarización de la administración de justicia. Un general de brigada activo fue designado presidente de la CFRSJ y se produjeron designaciones de jueces militares activos en la jurisdicción penal ordinaria, hecho considerado como único en la historia judicial del país: el mayor de las Fuerzas Armadas de Cooperación, Francisco Soto, se incorporó a la sala Primera de la Corte de Apelaciones, el Teniente Coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, Rubén Gracilazo ingresó a la Sala Sexta. Ambos pasarán a formar parte de las Cortes de Apelaciones y decidirán ahora en materia penal ordinaria.

Un indicador positivo del período de análisis lo constituye el mantenimiento del presupuesto por encima del 2%, del ingreso ordinario del Estado. Debe destacarse además que ese 2% no sólo está destinado al PJ, sino que incluye al MP. En el año 2007 se ha elevado a un 3%.
No existe pronunciamiento por investigaciones abiertas por el manejo de presuntos hechos de corrupción en el PJ.

En cuanto al MP debe destacarse las declaraciones del Fiscal General de la República, quien dio cuenta de las limitaciones de la Institución, al señalar que nuestro sistema es el que posee “el índice más bajo de fiscales de América Latina, al contar con 2,11 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en El Salvador es de 9, en Colombia de 7 y en Chile de 4,3”.

En el derecho a la libertad personal se registraron 1.506 detenciones arbitrarias, lo que representa una disminución del 22% en relación al período anterior. Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 43,56% (656 casos), con una disminución del 135.5% respecto al lapso anterior. Las desapariciones forzosas también presentaron una disminución del 114% al pasar de 15 a 7 casos. En contraste con esta situación, las detenciones en manifestaciones registraron un incremento del 120% al pasar de 277 a 611, siendo ésta cifra la más alta observada en los últimos 7 años. Las víctimas de detenciones individuales también aumentaron: de 91 personas detenidas bajo ese patrón en el lapso anterior, pasaron a ser 232 durante este periodo, lo que representa un aumento del 154%.

En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos policiales destacaron las Fuerzas Armadas Nacionales con sus distintos componentes, al realizar el 32% de las detenciones arbitrarias con 484. Le siguieron las policías regionales con 345 (23%), las cuales fueron la más señaladas en cometer detenciones arbitrarias durante el control de manifestaciones pacíficas. En cuanto a los cuerpos municipales, se les señalaron como responsables de 263 detenciones arbitrarias (17,4%), seguido por el Cicpc con 165 (11%). Cabe destacar que la Fiscalía reconoció la detención y la apertura de un proceso judicial de 92 personas en el marco de las acciones llevadas adelante por opositores al gobierno nacional en rechazo a la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV).

En el período investigado, se observó nuevamente un deterioro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, se produjeron sustantivas reducciones en la cantidad de los casos, víctimas y violaciones. Hubo una disminución del 28,72% de las violaciones. Se conocieron 93 casos, 35,21% menos que en el período anterior (142). Se registró igualmente un importante descenso del número de víctimas: 78 víctimas en este periodo en relación con las 205 del período anterior para una disminución del 61,95%. Del total de casos en los que se atribuye responsabilidad directa al Estado, 15 (22,73%) son atribuidos al PJ, lo que supone una reducción en relación al período anterior cuando se reistraron 21 (18,92%). A pesar de estas reducciones ello no indica que efectivamente se hayan resuelto los elementos estructurales que favorecen la autocensura y la limitación ilegitima de la expresión.

El período se caracterizó por un importante debate público relacionado con la no renovación de la licencia del canal de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV). La suspensión de las transmisiones de RCTV fortaleció estos mecanismos de autolimitación que redujeron el vigor de los debates sobre asuntos públicos.

Aunque se mantuvieron espacios para que medios de comunicación, periodistas y personas puedan manifestar sus ideas., igualmente persistieron los riesgos al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información y se produjeron diversas violaciones, Se observa, además, el impacto de la progresiva aplicación de procesos judiciales contra periodistas, señalados en los lapsos anteriores.

En relación al derecho a manifestar, se confirmó la tendencia a la criminalización de la protesta observado en el lapso anterior. De 1.521 manifestaciones de carácter pacífico, 98 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado, lo que representa un promedio de 6,44% en comparación al 4,5% del año anterior. Esta cifra representa el mayor porcentaje registrado en los últimos 8 años. A pesar de este significante retroceso, califica positivo que no se haya registrado ninguna muerte tanto en el marco de manifestaciones pacíficas como de manifestaciones violentas.

Al menos 536 personas resultaron lesionadas, 11 por herida de balas y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta cifra es 374% superior a la del año pasado que fue de 113 personas. En el mismo sentido, el número de violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (611) se incrementó un 151,4%, lo que confirma la tendencia preocupante de la intolerancia frente al ejercicio del legítimo derecho a manifestar.

Durante el periodo, el sector más reprimido fue el de los estudiantes (32,65% del total), seguido de los vecinos (16,32%) y de los trabajadores. La entidad federal con más violaciones fue el Distrito Capital (16), seguido por Aragua (12).

Por 5º año consecutivo, la GN fue el organismo que presentó mayor número de violaciones (23 reprimidas y 5 impedidas). En 7 de esas 28 intervenciones, la GN actuó en conjunto con otro cuerpo de seguridad regional o local.

La modalidad de protesta más reprimida fue el cierre de calle, pues de 613 fueron reprimidos y 2 impedidos, lo que representa 1 de cada 13 cierres, un importante aumento en comparación con el período anterior cuando se reprimía 1 de cada 23 cierres de calle. Otra modalidad utilizada durante el período para cercenar el derecho a manifestar ha sido la exigencia discriminada de solicitudes o permisos previos para manifestar. Por otra parte, tal como se vino denunciando en el Informe anterior, se evidenció una fuerte tendencia del uso del MP para procesar judicialmente a quienes ejercieron su derecho a manifestar. Durante el periodo se aplicaron medidas judiciales a al menos 150 personas, reconociendo Provea que se trata de un subregistro.

En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, para octubre de 2006 existían 19.257 personas encarceladas lo que refleja una disminución de 3% con respecto al año anterior. De ellos, 93,5% son hombres y 6,5% mujeres. También predominan las personas del grupo etáreo de los 22 a 30 años.

Durante 2006 se produjeron 412 muertes violentas y 982 personas heridas en las distintas cárceles del país. Entre enero y julio 2007 se registraron 292 muertes violentas a un promedio mensual de 47,71 muertes y 634 heridos. El Centro Penitenciario de Uribana que fue considerado el más violento de 2006 es considerado aún en 2007 el centro de reclusión más peligroso.

No se registraron mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión. Persiste el hacinamiento, el cual es equivalente a un 14%. Ello ha contribuido a la degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios de agua, electricidad y alimentación entre otros, pudiendo incidir también de manera negativa en la convivencia interna.

A pesar de la existencia de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las personas privadas de libertad del Internado Judicial de la Pica; Centro Penitenciario de Uribana y Centro Penitenciario de la Región Capital Yare I y II, los hechos violentos no se reducen y las condiciones generales de reclusión no sufren mejoras sustanciales.
Destaca como positivo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal mediante la cual se elimina el artículo 493 que limitaba el otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las formas alternas de privación de libertad

Durante el primer trimestre de 2007 se registró un incremento de 8% de la población que se encuentra bajo alguna medida de pre libertad con respecto al período anterior, registrándose un total de 13.355 personas.

Durante el período se constataron reclamos por retardo procesal. En la actualidad, la población procesada representó el 55,3%, lo cual refleja una irregularidad ya que la población penada debería ser la mayor.

El derecho a la seguridad ciudadana continúa siendo una de las preocupaciones más importantes de la población. Ocho de cada diez habitantes opina que la seguridad personal es el problema más relevante de Venezuela. La mayoría de delitos que se cometen son contra la propiedad, sin embargo, los delitos contra las personas muy particularmente los homicidios tienen un comportamiento ascendente en los últimos años. Entre 2005 y 2006 se incrementó en 23%. En 2006 se registraron 12.257 homicidios. La variable de secuestros también mantiene una línea ascendente. En 2006 se registraron 232 casos, mientras en 2005 se contabilizaron 206.

La creada en 2006 Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), tras un arduo trabajo que implicó la consulta a muchos actores sociales incluyendo las víctimas, presentó una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de los cuerpos policiales para enfrentar el delito en el marco de la ley. Lamentablemente, el gobierno no mostró voluntad política para implementar tales recomendaciones. Por el contrario, continuó implementando medidas y políticas que durante años han demostrado ser poco eficaces. Los puntos de control y las alcabalas continúan prevaleciendo en el marco de los operativos, pese a que la Conarepol había advertido los peligros de esta modalidad que ha servido para un uso abusivo del poder.

En Venezuela existen 127 cuerpos de seguridad y 120.303 funcionarios que se traduce en una tasa nacional de 452,65 policías por cien mil habitantes, número que resulta suficiente de acuerdo a los estándares internacionales establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Ello indica que el incremento de los delitos no es consecuencia de de un déficit de funcionarios.

Durante el periodo analizado se registraron 165 denuncias de violación al derecho a la vida, lo que representa respecto al lapso anterior (170 personas) una baja del 2,94%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón “ejecución”, 58,79% del total de víctimas conocidas (97 personas). De éstos, prácticamente la mitad (49,7%) son jóvenes menores a los 24 años. Nuevamente, en la mayoría de estos se mantuvo la versión oficial de “enfrentamiento”, siendo éste un mecanismo frecuentemente utilizado para mantener impunes las muertes que son violaciones al derecho a la vida.

Los organismos estadales agruparon la mayor responsabilidad, con 96 víctimas (58,19%), teniendo la Policía Metropolitana (PM) la mayor cantidad de denuncias (22). Entre las entidades federales donde se observan mayores violaciones al derecho a la vida destacan: el Distrito Metropolitano con el 22,42% (37 víctimas), el Edo. Anzoátegui con el 20% (33 víctimas) y el Edo. Bolívar con el 9,7% (16 casos), sumando esos tres estados más de la mitad de los casos donde se registraron denuncias de violación del derecho a la vida.

Durante el período cabe resaltar que 8 violaciones al derecho a la vida ocurrieron en el marco de conflictos entre agentes de los cuerpos policiales del Estado, es decir de policías violando el derecho a la vida de sus colegas.

Viernes 30 de noviembre 2007

Boletín electrónico Nº 192

EDICIÓN ESPECIAL REFORMA CONSTITUCIONAL

En el recurso de nulidad introducido por el Foro por la Vida –coalición de organizaciones de Derechos Humanos del país- ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el pasado 15.11.07, se afirmaba que la pretendida “Reforma Constitucional” representaba una nueva Constitución. La misma conlleva una regresión en materia de derechos humanos, además de establecer un nuevo esquema de Estado, Democracia y sociedad. En tal virtud, esa normativa no puede ser el resultado del procedimiento para la aprobación de “reformas constitucionales” contemplado en los Artículos 342 al 346 de la Constitución, sino que debe ser el resultado de las deliberaciones de una Asamblea Nacional Constituyente. El análisis del Foro por la Vida iba más allá: las normas aprobadas, como las que configuran una disminución o regresión en materia de derechos humanos, ni siquiera podrían ser aprobadas en una Asamblea Nacional Constituyente.

Una “Reforma” de la Constitución es aplicable, solamente, si se pretende la sustitución de algunas normas pero siempre que con ello no se modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional. En efecto, la Constitución dispone al respecto: “Artículo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”.

En opinión de los activistas de derechos humanos, la aprobación de dicha propuesta producirá una afectación sustancial de varios derechos constitucionales y por tanto de varios derechos humanos. Por esta razón, la motivación de la introducción del recurso de nulidad ante el principal tribunal del país radicó en que sean respetados los derechos humanos como principios fundamentales de la Constitución y como límite no sólo a los órganos del Poder Público sino incluso al poder constituyente.

Si usted desea conocer el texto completo del recurso introducido ante el TSJ, visitar aquí

El artículo 342 establece los límites de una reforma de la Carta Magna: ésta no puede modificar la estructura ni los principios fundamentales del texto Constitucional.

La estructura de la Constitución está referida fundamentalmente al Preámbulo, la consagración de derechos y la regulación del poder; la organización del Estado en la Constitución: la forma de Estado (federal), el sistema político (república); la forma de gobierno (presidencialismo con controles parlamentarios y populares); la democracia y su ejercicio tanto a través del sufragio como directamente.

Los principios fundamentales del texto Constitucional son los valores, los fines y fundamentos consagrados en la Constitución. En el caso de la Constitución de 1999, esos principios están expresamente contenidos en el Título I: “Principios Fundamentales”. No obstante, estos pueden también ser identificados y desarrollados en otras normas de la propia Constitución.
Los “Principios Fundamentales” de la Constitución están establecidos en el Título I, de los artículos 1 al 9. Si bien estos guardan una estrecha conexión con otras normas constitucionales, podríamos resumirlos en los siguientes:

  1. Carácter irrevocablemente libre e independiente de la República Bolivariana de Venezuela es (art. 1).
  2. Los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador (art. 1).
  3. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional como los derechos irrenunciables de la Nación (art. 1).
  4. El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (art. 2).
  5. Los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado (art. 2): la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
  6. Los fines esenciales del Estado (art.3): La defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. La educación y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
  7. El Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución (se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad) (art.4).
  8. La soberanía popular: reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. En consecuencia, los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (art. 5).
  9. El gobierno democrático de la República y de las entidades políticas que la componen, es y será conforme a los siguientes principios (art. 6): democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
  10. La supremacía constitucional: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico; en consecuencia, todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución (art. 7).
  11. El idioma oficial (el castellano) y los idiomas de uso oficial (como los idiomas indígenas) (art. 9).
  12. Y por último, los símbolos patrios: la bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria.

La “Reforma Constitucional” sancionada por la Asamblea Nacional, aparte de no ser una “Reforma” en los términos de la propia Constitución, constituye una vía de hecho puesto que ni siquiera fue seguido el procedimiento necesario para Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo ap que se produjera.

En primer lugar, la “Reforma Constitucional” partió de una iniciativa del Presidente de la República que incluía 33 Artículos, la cual fue entregada a la Asamblea Nacional para su discusión, el día 15 de agosto de 2007. El primer período de sesiones de la AN, según el artículo 219, comienza el cinco de enero de cada año y dura hasta el 15 de agosto. Por otra parte, el artículo 343 establece que el proyecto de Reforma Constitucional tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondiente a su presentación. Si dicha propuesta fue presentado a la AN el 15.08.07, último día del primer período de sesiones ordinarias, era imposible que se cumpliera cabalmente la discusión inicial como esta estipulada en la propia Carta Magna.

Entre los días 12 y 15 de octubre, la AN decidió incorporar a esa iniciativa 24 artículos más, junto con once (11) Disposiciones Transitorias, tampoco incluidas en la iniciativa Presidencial. Esos Artículos ni siquiera fueron objeto de las tres (3) discusiones que exige el artículo 343 de la Constitución vigente. La Asamblea Nacional pretendió justificar esas inclusiones bajo el pretexto de que se trataba de sugerencias “del pueblo”, pero con ello violenta otra norma procedimental: Conforme al artículo 342 de la Constitución, si “el pueblo” desea plantear reformas a la Constitución, puede hacerlo directamente con al menos el 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (“REP”); o su los diputados de la Asamblea Nacional quieren realizar una iniciativa de Reforma Constitucional en nombre del pueblo, también pueden hacerlo mediante acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes.

La preeminencia de los derechos humanos como Principio Fundamental de la Constitución supone el principio de progresividad. La progresividad consiste en la irreversibilidad de los derechos que han sido ya reconocidos; es decir, que éstos una vez que han sido reconocidos como derechos inherentes a la persona humana, no pueden ser desconocidos ni disminuidos. Precisamente este principio en materia de derechos humanos ha sido incluso elevado en el derecho interno constitucional de venezolano al rango constitucional.

En primer lugar, en la regulación constitucional de los estados de excepción se reducen las cautelas y controles previstos en la Constitución de 1999 y se excluyen derechos no susceptibles de restricción en su artículo 337. Se pretende restaurar la figura de la suspensión de garantías, sin explicar adecuadamente el alcance de los estados de excepción. Adicionalmente, se plantea la supresión de los límites temporales establecidos en el artículo 338 de la Constitución, lo que nos coloca ante el riesgo de estados de excepción prolongados o incluso ilimitados, que hoy están sujetos a barreras temporales para evitar excesos. Especial gravedad reviste la propuesta de sustraer la libertad de información y elementos esenciales del derecho al debido proceso de la enunciación de las garantías no susceptibles de restricción o suspensión (artículo 337).

Al contrario, la propuesta de Reforma Constitucional desmejora, agrava y hace más difícil el ejercicio del derecho político de los ciudadanos y ciudadanas a través de mecanismos de democracia directa, como son las iniciativas y los referendos.

En el siguiente cuadro se evidencia con toda claridad esta desmejora:

DerechoAño 1999Año 2007
REFERENDOS CONSULTIVOS (ART. 71):
Iniciativa popular10%20%
REFERENDOS REVOCATORIOS (ART. 72):
Iniciativa Popular20%30%
Quorum25%40%
REFERENDOS APROBATORIOS DE TRATADOS (ART. 73):  
Iniciativa Popular15%30%
Quorum-%30%
REFERENDOS APROBATORIOS DE LEYES (ART. 73):
Quorum25%30%
REFERENDOS ABROBATORIOS DE LEYES (ART. 74):  
Iniciativa Popular10%30%
REFERENDOS ABROBATORIOS DE DECRETOS-LEYES (ART. 74):
Iniciativa Popular5%30%
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 341):  
Iniciativa Popular15%20%
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN (ART. 342):
Iniciativa Popular15%25%
CONVOCATORIA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ART. 348):  
Iniciativa Popular15%30%

Los y las activistas han denunciado la modalidad incorporada en la Reforma Constitucional, de un “Poder Popular” dentro de la distribución territorial del Poder Público del Estado, mediante el cual se propone que el pueblo ejerza la soberanía popular directamente, pero el cual “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de grupos humanos organizados como base de la población” (art. 136). La democracia participativa supone la integración de elementos de la democracia directa y la representativa, pero nunca puede implicar la renuncia a la segunda, es decir, al sufragio. El proyecto presentado establece sólo mecanismos asamblearios (incluso en la elección de los miembros al Consejo Comunal) limitando así el ejercicio democrático del poder. Por lo cual, estas normas sobre el Poder Popular contenidos en la Reforma Constitucional violan principios fundamentales de la Constitución.

El derecho a la “libertad” de trabajo existente en la Constitución de 1999 (artículo 87), sería modificado de aprobarse la propuesta. Mientras el enunciado actual establece un derecho amplio que puede ser regulado mediante ley, la propuesta considera al trabajo como un derecho que sólo puede ser ejercido dentro del marco de lo que el Estado le permite a la ley (artículo 87). Con ello, el trabajo dejaría de ser un “derecho” humano inherente que puede ser desarrollado por la ley, para ser una “potestad” de regulación del Estado fuera de la cual no habría derecho alguno. Igualmente observamos que la Reforma propuesta elimina el derecho de todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia con las limitaciones que establezcan las leyes, así como el deber del Estado de promover la iniciativa privada (art. 112).

La Reforma Constitucional modifica la consagración de la norma relativa al derecho de propiedad (art. 115), para reconocer y garantizar las diferentes “formas” de propiedad: pública: social indirecta y directa, colectiva, mixta y privada. En relación con la propiedad privada, la misma se reconoce únicamente sobre “bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos” (art. 115). El problema de Venezuela continúa siendo la pobreza y la desigual distribución de la riqueza pública y privada. El objetivo social y económico de las políticas públicas debe ser garantizar un mayor acceso a la propiedad, particularmente a la vivienda digna, a la tierra, a un salario justo y a medios de trabajo, a las personas más necesitadas. Si bien las organizaciones de derechos humanos, aglutinadas en el Foro por la Vida, valoran la incorporación de distintas formas de propiedad pública y social en la Constitución, la formulación propuesta sobre la propiedad deja de reconocer y garantizarla como un “derecho”, para simplemente hacerlo respecto a las “formas” de propiedad. La propiedad es un derecho humano de todas las personas, reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 21) sobre sus bienes, lo cual no obsta, para que en virtud de su función social la ley deba razonablemente subordinar su uso y goce al interés social. Por ello no creemos en la propiedad pública, ni en la social, ni en la cooperativa ni en la privada como derechos absolutos o ilimitados. La propiedad está al servicio de las personas y no al contrario. Reiteramos que el problema de la propiedad es cómo se democratiza y se hace accesible a la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, no de cómo se restringe su acceso y garantía.

La Constitución vigente (1999), establece que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia”, en el cual se propugnan como “valores superiores de su ordenamiento jurídico” y de “su actuación”, “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (…)”.

La Reforma Constitucional establece un nuevo modelo de “Estado Socialista” como núcleo básico e indivisible de la nueva estructura de la organización territorial nacional (art.16). Ello supone un tipo de Estado que modifica uno de los principios Fundamentales de la Constitución. Se trata de la adopción constitucional de un nuevo modelo de Estado que obedece a una concepción ideológica determinada, que en todo caso modifica el Principio Fundamental de la Constitución que define al Estado venezolano como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” (art. 2). Dicha propuesta afectaría además el “pluralismo político” como valor superior del Estado y de su ordenamiento jurídico (art. 2). En una democracia el Estado deben estar abiertos a todas las ideologías democráticas, sin ser exclusivo o excluyente.

Este modelo de “Estado Socialista” incorporado en la Reforma Constitucional va unido a la modificación del artículo 158 de la Constitución el Estado promoverá “la participación protagónica del pueblo”, “para la construcción de una Democracia Socialista”. La participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su soberanía es un derecho propio reconocido en la Constitución de 1999 y en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), que no está ni puede estar restringido o limitado a la “construcción del socialismo”. En todo caso, el socialismo democrático es sólo una opción o un modelo, pero en ningún caso puede ser la única para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Venezuela desde el punto de vista de la distribución territorial del poder público se define constitucionalmente como un Estado federal descentralizado (art. 4). Ello implica que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder de los Estados y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136).
Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.

Venezuela desde el punto de vista de la distribución territorial del poder público se define constitucionalmente como un Estado federal descentralizado (art. 4). Ello implica que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder de los Estados y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136).

Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena (art. 159). Los estados de Venezuela son los veintitrés cuyos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Constitución de 1999. El gobierno y la administración de cada estado corresponde a un Gobernador (art. 160); y el Poder Legislativo se ejerce por un Consejo Legislativo (art. 162). Además, cada estado tiene una Contraloría que goza de autonomía (art. 163). Los estados tienen atribuidas competencias concurrentes con el Poder Nacional y con el Poder Municipal; y competencias exclusivas propias.

Este esquema de reparto territorial del poder no es estático sino que debe propender a profundizar la descentralización, mediante la atribución a los estados o municipios, de determinadas materias de la competencia nacional (art. 157). A su vez, la ley debe crear mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos (art. 184).

La creación de una “nueva geometría del poder” (art. 16 de la propuesta de reforma), configura una modificación del principio fundamental del Estado Federal Descentralizado (art. 4), ya que cambia radicalmente la “estructura” del Estado y que como tal, no son objeto de una Reforma Constitucional. No es posible pretender tener un Estado con forma “Federal descentralizada”, con un modelo de Estado como el establecido en la Reforma Constitucional, donde por la decisión del Presidente de la República, con la autorización -en algunos casos- de la mayoría simple de la Asamblea Nacional, se pueden crear entidades y el mismo Presidente designe sus autoridades en los mismos espacios geográficos de los estados y municipios.

La Reforma Constitucional aumenta el período presidencial de seis (6) a siete (7) años y permite la reelección inmediata del Presidente sin límite alguno (propuesta en las modificaciones al artículo 230). Independientemente de la justificación política e histórica de la limitación del mandato de los Presidentes, particularmente en Latinoamérica, como una fórmula para limitar su poder temporalmente y evitar así el caudillismo y el personalismo político, la reelección ilimitada del Presidente de la República viola un Principio Fundamental de la Constitución como es el carácter alternativo del gobierno de la República (art. 6). El principio constitucional de la alternabilidad del Gobierno significa que un Presidente no puede perpetuarse en el poder, aun con el respaldo de la voluntad popular. En efecto, el Jefe de Gobierno (y de estado) de la República es el Presidente de la República (art. 226). El principio de alternabilidad significa que, por disposición de la Constitución y el poder constituyente, el mandato del Presidente debe tener un límite y en consecuencia su reelección no puede ser ilimitada. Esta ha sido por demás la regla no sólo del constitucionalismo venezolano (a excepción de las constituciones de la época de las dictaduras de Juan Vicente Gómez y la de Marcos Pérez Jiménez), sino que es actualmente la regla del constitucionalismo latinoamericano: la reelección inmediata limitada a un sólo período presidencial.

La Reforma Constitucional dispone, en primer lugar, sustituir la Fuerza Armada “Nacional” por una nueva conceptualización de Fuerza Armada “Bolivariana”, guiada por la “doctrina militar bolivariana” (art. 328). En este sentido, los componentes militares de la Fuerza Armada Bolivariana pasan a ser: el Ejército “Bolivariano”, la Armada “Bolivariana”, la Aviación “Bolivariana”, la Guardia Nacional “Bolivariana” y la “Milicia Popular Bolivariana” (art. 329). Se incorporan conceptos en su misión como “la guerra popular de resistencia” (art. 328).

La nueva norma, dispone la eliminación de los principios constitucionales de la Fuerza Armada como una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (art. 328, Const. 99). Además de ello, se aumentan las facultades del Presidente de la República como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada para ejercer la Suprema Autoridad Jerárquica “en todos sus Cuerpos, Componentes y Unidades” y “Promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes” (art. 236, numerales 6 y 7). Sobre el particular observamos la inconveniencia de eliminar de la regulación constitucional de la Fuerza Armada Nacional, su condición de una “institución esencialmente profesional, sin militancia política” que “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.

Ello configura un cuadro peligrosamente militarista y de utilización política de la Fuerza Armada Nacional configurado en la Reforma para no sólo defenderla de cualquier ataque externo sino también “interno” (art. 328). Ello habilita la introducción en Venezuela una doctrina similar a la “Seguridad Nacional” que imperó en los años setenta y ochenta en dictaduras militares de derecha en países del cono sur, donde los militantes de izquierda eran concebidos como enemigos internos y traidores integrantes de una conspiración marxista internacional para la destrucción del Estado y sus instituciones. Habría que preguntarse entonces cuáles son esos enemigos o ese ataque interno frente al cual la Fuerza Armada Bolivariana tendrá que actuar.

Raul Cubas es un veterano activista por los derechos humanos radicado en Venezuela. De origen Argentino, fue preso y torturado por la dictadura austral, tras lo cual se exilia en Venezuela. Miembro fundador de Provea, fue su coordinador general y ahora es parte de su Asamblea Ejecutiva. Su prestigio como defensor de los derechos humanos es tal que tras los sucesos de Abril del 2002, voceros gubernamentales lo propusieron para presidir una Comisión de la Verdad que investigara los hechos, órgano que nunca pudo iniciar sus actividades debido a la polarización política del momento. Durante el Foro “Reforma y Derechos Humanos”, realizado el pasado 20.11.07 en el Ateneo de Caracas, realizó una serie de cuestionamientos al proceso, del cual tenemos el MP3 para escuchar en línea, disponible en el siguiente enlace (hacer click en símbolo de play y esperar):

En virtud del alto grado de polarización política vivida por venezolanos y venezolanas, y ante la cita electoral pautada para el 2 de diciembre, en el que se aprobaría o rechazaría la propuesta de reforma constitucional presentada por el poder público nacional, Provea hace tres exigencias tanto a los funcionarios y funcionarias como a los diferentes actores políticos y sociales del país:

1) Invitamos a cada ciudadano y ciudadana a evaluar esta propuesta de reforma constitucional en cada una de sus partes, para decidir conscientemente y ejercer el derecho al sufragio como base de la soberanía popular. Provea llama a todos los sectores involucrados para alcanzar una jornada electoral en donde reine la paz, la convivencia ciudadana y el respeto a las diferencias.

2) Todos los venezolanos y venezolanas estamos llamados a respetar los resultados de la voluntad popular, para lo cual el órgano electoral debe garantizar la mayor transparencia posible en el proceso

3) En caso de que algunos sectores de la sociedad decidan objetar los resultados alcanzados, esto debe realizarse de manera pacífica a través de los mecanismos legales y democráticos existentes. En este sentido Provea hace un llamado a las autoridades a respetar y garantizar el ejercicio al derecho a la manifestación pacífica garantizado en la Constitución, preservando en cualquier situación el respeto a los derechos humanos.

Del 26 de septiembre al 16 de octubre 2007

Boletín electrónico Nº 191

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

El Boletín electrónico “Derechos Humanos y Coyuntura” cuenta con una versión resumida para imprimir en formato pdf. La misma consta de 4 páginas tamaño carta pensada para los lectores que poseen poco acceso a internet, así como para ser difundida y distribuida en comunidades, centros de estudio y grupos organizados, por medio de impresiones o fotocopias. Si desea descargar la versión impresa de DDHH y Coyuntura 191 visite el siguiente enlace: acá

En una rueda de prensa realizada el 19.10.07, 15 organizaciones de derechos humanos aglutinadas en el Foro por la Vida, realizaron observaciones a la propuesta de reforma constitucional adelantada por el poder ejecutivo. Durante las intervenciones de los voceros, se valoraron como positivas las normas que reducen la jornada laboral a seis horas; el reconocimiento del derecho a la ciudad y del origen multiétnico de los venezolanos; y la regulación de la financiación estatal en las campañas electorales. Sin embargo, según los defensores y defensoras de DDHH, estos avances no pueden ser la justificación para aprobar normas que restringirían el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas.

En palabras de Marino Alvarado, coordinador general de Provea, a diferencia del proceso que redactó la Constitución de 1999 la actual reforma de la Carta Magna no se realiza de manera participativa y protagónica. Los canales ideados para la discusión han sido excluyentes, obviando las opiniones de una parte importante del país, por lo que representan mecanismos regresivos desde el punto de vista democrático. Por su parte Arturo Peraza, de Secorve, precisó que se violaba el principio fundamental de la no discriminación, pues los artículos propuestos restringuen la participación de personas de ideología diferente al socialismo. Cuestionando la cesión de labores permanentes de seguridad a la Fuerza Armada, Peraza inisistió que debieron tomarse en cuenta las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Liliana Ortega, directora de Cofavic, consideró que la propuesta que intenta eliminar el derecho al debido proceso durante estados de excepción vulnera diversos estandares internacionales en la materia, y se inmiscuye en esferas en las cuales los Estados no tienen potestad, abriendo resquicios para potenciales violaciones a los derechos humanos. Por último Carlos Correa, director de Espacio Público, consideró regresivo el hechod e eliminar la libertad de información en estados de excepción, pues la ciudadanía debe conocer diferentes aspectos de los hechos para tomar decisiones que pueden salvaguardar su integridad personal.

El Foro por la Vida ha redactado un extenso documento en dónde desarrollan sus diferentes observaciones al proyecto, algunos de sus artículos los cuales, a su juicio, ni siquiera pueden aprobarse mediante una asamblea constituyente. Para descargar este documento, visitar el siguiente enlace:

http://www.derechos.org.ve/foroporlavidareforma.doc

El 15 de octubre el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, celebró su decimonoveno aniversario de lucha por los derechos sociales y contra la impunidad. En 1988 Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron esta asociación civil, sin fines de lucro, con el objeto de ofrecer apoyo integral gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales fueron atropellados, brindándoles educación en el campo de los derechos humanos y promoviendo la documentación, investigación, monitoreo y divulgación de la situación de estos derechos en el país. Como lo refleja su consigna, “Todos los derechos para todos y todas”, Provea ha atendido a los afectados de violación de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, ya se por ideología política o clase social.

Provea ha asesorado a diversas comunidades y actores afectados por la vulneración de sus derechos humanos. Cuando el Estado ha agotado los mecanismos de diálogo y consenso, Provea ha iniciado acciones judiciales por la reivindicación de derechos y el resarcimiento de daños y perjuicios causados a los ciudadanos por las acciones u omisiones en la ejecución de políticas estatales. Algunos ejemplos han sido el caso elevado contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por no brindar atención adecuada de salud a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, Edo. Aragua; la defensa de los estudiantes de la Simón Bolívar a favor de la gratuidad de la enseñanza; de los/as niños/as cardiópatas del Hospital J.M. de los Ríos por atención oportuna y adecuada, y las recientes peticiones al Tribunal Supremo de Justicia a favor de los adjudicatarios de viviendas de las comunidades de Nueva Tacagua y Ciudad Miranda.

Cuando se han agotado las instancias internas, Provea ha acudido a organismos internacionales para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas. Se han elevado casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dos organismos creados por la Convención Interamericana en la materia, que han resultado con decisiones favorables para los demandantes. Los sucesos de El Amparo tuvieron el triste honor de ocasionar la primera condena de la Corte IDH contra el Estado venezolano, tras lo cual siguieron otras como la del caso de los pensionados y jubilados de VIASA y la adopción de medidas provisionales a favor de María del Rosario Guerrero Gallucci y Adolfo Segundo Martínez Barrios. Asimismo, se encuentra en trámite una petición a favor de los jubilados del Ministerio de Educación así como de la masacre de Haximú, efectuada contra indígenas Yanomamis.

Provea realiza un seguimiento de la situación de los derechos humanos. Es así que, desde hace 18 años, publica su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, producto de su investigación sobre 18 derechos humanos, los cuales realiza propuestas y exigencias a los poderes públicos. Esta tarea es complementada por el boletín electrónico Derechos Humanos y Coyuntura, que se difunde quincenalmente y cuenta con más de 6.000 destinatarios nacionales, internacionales, particulares e institucionales y un noticiero diario con noticias sobre casos de violación y acciones de exigibilidad, ambos disponibles a través de su página web http://www.derechos.org.ve

Provea también contribuye de modo activo en los espacios de articulación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, como el Foro por la Vida , la Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos y el Capítulo Venezuela de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).

Provea está en la búsqueda de un Secretario (a) – Recepcionista que realice trabajos de apoyo administrativo, responsabilidad y con sentido de confidencialidad; con iniciativa y criterio adecuado para tratar asuntos del día a día, así como asimilar nuevas asignaciones de trabajo.

Entre sus labores a desempeñar se encuentran:

  • Asistencia a uno o más miembros/as del Equipo Coordinador de Provea
  • Tomar y transcribir dictados de naturaleza variada.
  • Recibir, cotejar, clasificar, controlar y dar seguimiento a la correspondencia
  • Redactar por iniciativa propia o por instrucciones de los coordinadores correspondencia de rutina.
  • Mantener al día el calendario de citas del Coordinador General y lleva el control de los asuntos pendientes relacionados con las coordinaciones.
  • Recibir y tramitar cortésmente las llamadas telefónicas.
  • Preparar y solicitar las requisiciones de materiales de oficina y mantener un control de los mismos.
  • Controlar y manejar procesos básicos de contabilidad (caja Chica y caja de ingresos, venta de Publicaciones y materiales, etc.).
  • Apoyar la gestión administrativa del Equipo Coordinador (minutas, seguimiento de la planificación, convocatorias a reuniones, comunicaciones internas, trámites).

Requisitos
Grado de Bachiller capacitado/ a en los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas:

  • Transcribir dictados con rapidez y exactitud,
  • Dominio de programas de computadora de procesamiento de palabras, hojas de trabajo y otros
  • Conocimiento básico de las prácticas y técnicas modernas de oficina,
  • Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad,
  • Precisión y buena ortografía,
  • Manejo básico contable
  • Habilidad para desarrollar y mantenerse relaciones interpersonales efectivas en la oficina.

Se recibirán CV hasta el viernes 19 de octubre de 2007. Las entrevistas con las personas preseleccionadas se realizarán los días 22 y 23 de octubre de 2007.

Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: marino@derechos.org.ve; administracion@derechos.org.ve, o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia

En la investigación “Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007”, presentada recientemente por el programa de Desarrollo Urbano de las Naciones Unidas (UN-Hábitat), se abordan algunas de las amenazas más graves para la seguridad de la población urbana mundial de nuestros días. Según el informe, la violencia y la criminalidad urbanas están creciendo en todo el mundo, generando un temor generalizado. Muchas personas de las ciudades de todo el mundo, incluida la mayoría de los mil millones que viven actualmente en barrios en viviendas precarias, no tienen ninguna seguridad de tenencia, mientras que al menos dos millones son desalojados a la fuerza de sus propiedades cada año. Como se señala en el texto, hay una vinculación muy real entre acontecimientos naturales y seguridad humana. La vulnerabilidad de las ciudades está aumentando también debido al cambio climático, que ha acelerado los episodios climatológicos extremos y elevado el nivel del mar. Al mismo tiempo, los barrios urbanos están ocupando zonas expuestas a inundaciones, desprendimientos de tierras, contaminación industrial y otros peligros.

En los datos sobre la visión global del problema, basado en investigaciones de la ONU, los índices de delincuencia a nivel global y regional han crecido aceleradamente en el periodo 1980 – 2000, aumentando aproximadamente del 30 por ciento de 2.300 a más de 3.000 crímenes a cada 100.000 personas. Han aumentado particularmente los crímenes violentos. África, América Latina y el Caribe registran índices de dos dígitos para casos de homicidios, mientras que en el Sur de Asia, Europa, Mediterráneo Oriental y la Región del Pacífico Occidental se registran índices significantemente menores. Colombia, África del Sur, Jamaica, Guatemala y Venezuela tienen los índices más elevados de homicidios, mientras que Japón, Arabia Saudita, Qatar, España, Chipre y Noruega tienen los más bajos.

Si desea mayor información sobre esta investigación, consultar

http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=5255&catid=7&typeid=46&subMenuId=0

Con motivo del Día de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, se recordó que al contrario de lo que proyectaban los Objetivos del Milenio – que es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que sufre hambre -, el gráfico del hambre ha presentado una curva ascendente desde 2006. Actualmente, 854 millones de personas sufren hambre en todo el planeta.
Más de seis millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de hambre, o de causas relacionadas con el hambre. Miles de otros niños siguen viviendo sin alimentación suficiente todos los días, sin macro y micronutrientes, condenados a un desarrollo intelectual limitado y a un atraso del crecimiento físico.

El compromiso asumido por los gobiernos en 1996 en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación y en 2000 en la Cumbre del Milenio de hacer los esfuerzos para alcanzar progresos, prácticamente no tuvo resultados. Para el relator Jean Ziegler “Esto es inaceptable, pues los seres humanos tienen el derecho de vivir dignamente sin padecer hambre. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano”. Ziegler destacó dos temas que son emergentes: las posibles consecuencias negativas de los biocombustibles (o agrocombustibles) sobre el derecho a la alimentación y la necesidad de mejorar la protección de las personas que huyen del hambre, del hambre extrema y de la inanición en sus países de origen y tropiezan con innumerables violaciones de los derechos humanos si tratan de cruzar las fronteras para entrar en los países desarrollados.

Más información en http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?m=10&y=07&entry=entry071015-131402

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Rafael Oropeza, ministro de Alimentación, señaló que 70% de las compras de Mercal son importaciones efectuadas a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). Las compras internacionales son de rubros básicos como pollo, leche en polvo , azúcar, caraotas y aceite. Los datos aportados por Oropeza indican que las importaciones se incrementaron 24,4% respecto a 2006, cuando las compras internacionales de CASA ascendieron a 45,6% (Bs 1,03 billones) de los recursos gastados en adquirir alimentos. La memoria y cuenta de 2006 del Ministerio de Alimentación indica que el año pasado CASA destinó Bs 2,28 billones a las compras de alimentos: Bs 1,24 billones se emplearon en las compras nacionales, los restantes Bs 1,03 billones se fueron en importaciones. El ministro Oropeza explicó que se esperaban reducciones en el abastecimiento de la red porque las fallas presupuestarias se reflejan en limitaciones de recursos para importar oportunamente. Dijo que el presupuesto dado a Mercal es insuficiente, lo que obligó a descapitalizar temporalmente CASA por Bs 751 millardos. (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/eco_art_importaciones-suben_522717.shtml)

A 1.900 ascienden los casos acumulados de dengue en el Distrito Metropolitano, desde enero de este año hasta esta fecha, según las cifras que maneja la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor. Las parroquias que registran el mayor número de casos son: Sucre, Antímano, El Valle, Coche y Santa Rosalía, informó la titular de ese despacho, Luisana Melo.

La funcionaria dijo que aunque esa cifra es menor a la registrada el año pasado por esta misma fecha, se mantiene la alerta epidemiológica en toda el Area Metropolitana de Caracas y el abordaje del tema en las escuelas y comunidades, a fin de eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. (Ultimas Noticias, 15.10.07, Pág. 2).

Por su parte, en el estado Bolívar se informó que durante las 37 semanas epidemiológicas del 2007, las autoridades de salud de Bolívar contabilizan el acumulado de 21 mil 594 casos de dengue. Para la presidenta del Instituto de Salud Pública del Estado (ISP-Bolívar) y secretaria de salud de la zona, Ana Gineth Morales, las estadísticas ubican al estado Bolívar en situación de alerta, “se registran descensos en las cifras tanto de dengue como de malaria, pese a que continúa el alerta en todo el país en cuanto al dengue; que Bolívar esté en alerta significa que debemos estar atentos para no subir al nivel de epidemia”, explicó Morales. (El Universal, 10.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/10/pol_art_en-lo-que-va-de-ano_521062.shtml)

El diputado Rafael Ríos, integrante de la Subcomisión parlamentaria de Salud de la Asamblea Nacional, declaró a los medios de comunicación su desacuerdo por la ausencia de los boletines epidemiológicos en el sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Salud. “La salud pública debe iniciar con la instauración de un buen sistema de información veraz y oportuno que esté al alcance de todos los venezolanos para que puedan verificar lo que está ocurriendo y controlar el funcionamiento” afirmó el funcionario.

“Es inaceptable que no se publiquen todos los datos de salud. La mejor herramienta con la que puede contar un pueblo para poder ejercer eficazmente su rol protagónico en la sociedad y su deber de contraloría, es la información”. En ese sentido, Ríos señaló que “si se niega al pueblo o a los medios de comunicación el acceso a las cifras epidemiológicas se limita la participación y se obstaculiza el desarrollo de un poder popular verdaderamente capaz de ejercer la contraloría social”. (El Universal, 04.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/04/pol_art_es-inaceptable-que_507534.shtml)

Tras varias muestras de descontento por parte del gremio médico por sus condiciones laborales, el primer mandatario anunció un aumento salarial de 60% para los médicos al servicio del Estado. El incremento se hará efectivo a partir del 01.11.07 y se financiará, según el primer mandatario, con recursos adicionales petroleros. (El Universal, 09.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/09/pol_art_chavez-anuncia-aumen_520434.shtml).

Por su parte, la Federación Médica de Venezuela (FMV) consideró insuficiente el incremento salarial. Según sus afirmaciones, el salario de los médicos en Venezuela es el tercero más bajo en Suramérica. Sus voceros cuestionaron las diferencias salariales que existen entre los médicos que trabajan en el sistema formal de salud pública y quienes trabajan para la Misión Barrio Adentro y que tras el aumento devengarán 2,5 millones de bolívares, casi el doble de lo que recibirán en los hospitales públicos (Bs 1.375.000 mil). (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/pol_art_salario-de-medicos-e_522951.shtml)

Enmarcados en el nivel II de la Misión Barrio Adentro, el 30.09.07 fueron inaugurados siete Centros de Diagnóstico Integral (CDI), dos de ellos en Aragua, tres en el Distrito Capital, uno en Lara y uno en Miranda. De la misma forma se inauguraron seis Salas de Rehabilitación Integral (SRI), ubicadas dos en el Distrito Capital, dos en Miranda y dos en Portuguesa, así como dos Centros de Alta Tecnología (CAT), uno en la zona de Montalbán, Caracas, y otro en Puerto Ordaz, estado Bolívar. El Presidente Chávez destacó los avances al respecto, sin embargo exhortó a las distintas instancias de la administración local, regional y nacional a trabajar en el particular con mayor énfasis para poder alcanzar los objetivos de contar con 600 CDI, 600 SRI y 35 CAT a disposición de todos los venezolanos. (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, 30.09.07, http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/16029/inaugurados_siete_nuevos.html)

En Caracas, personal médico afirma que en el Hospital Vargas sólo funcionan de manera irregular 3 de los 13 quirófanos del centro asistencial. En la sala de terapia intensiva funcionan 4 de las 8 camas. Sólo se cuenta con un equipo de rayos X, y por falta de equipo no se realizan mamografías, exámenes de gastroenterología, arterografías y tomografías. Los proyectos de remodelación de los pabellones del hospital no se han materializado y el suministro de medicamentos e insumos no es regular, por lo que el personal médico se ve obligado a solicitarles a los familiares desde suturas hasta cuentagotas. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/ccs_art_en-el-vargas-la-agon_499387.shtml)

Para la directora de la Secretaría Regional de Salud en el Zulia, Janine Perozo, la situación de los 28 hospitales adscritos a la Gobernación del estado es buena; sin embargo, precisa que existe un déficit de personal médico cercano a 20%. (El Universal, 26.09.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/09/26/pol_art_centros-de-salud-del_495315.shtml). En el estado Monagas, se difundió la necesidad de construir un nuevo Hospital General, que desahogue al colapsado Hospital Manuel Núñez Tovar, único centro asistencial tipo IV que atiende las necesidades de sectores de Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Bolívar y Anzoátegui. (El Universal, 27.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/27/pol_art_colapsado-hospital-g_496668.shtml)

En el estado Carabobo el gremio médico, pacientes y sindicatos de trabajadores del sector salud han denunciado la precaria situación en la que se encuentra la red hospitalaria del estado, carencias de medicamentos, equipos y médicos, cuyo déficit fue estimado en 50% según información oficial de las autoridades de salud en la región. Ante estos señalamientos, el coronel Ricardo Hernández Lanz, presidente del Instituto para la Salud de Carabobo (Insalud), respondió que lo que existe es una “sensación de escasez”. La realidad es que actualmente se trabaja bajo un régimen de “economía de guerra” que significa una máxima administración de los recursos con los que se cuenta. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/pol_art_hospitales-trabajan_503139.shtml)

En San Cristóbal el doctor Jhon Mora, director del primer centro asistencial de la ciudad, el Hospital Universitario José María Vargas, informó que el déficit de médicos no llegaba al 10%. Esta cifra contrasta con la denuncia realizada por el doctor José Ramón Carrillo acerca de la renuncia del 30% de los 283 médicos del centro asistencial. Otro galeno, el doctor Àngel Joves, explicó que en el área de Cirugía sólo hay 10 de los 18 residentes y hacen falta 6 internos. (El Universal, 28.09.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/09/28/pol_art_deficit-de-medicos-a_499274.shtml)

En Barquisimeto, según cifras ofrecidas por el subdirector administrativo de la Dirección de Salud, doctor Marcos Saer, existe un déficit de 200 profesionales de la medicina. (El Universal, 29.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/29/pol_art_escaso-presupuesto-i_501051.shtml). En otra información, se estableció que ciento ochenta médicos de distintas especialidades y 549 enfermeras más requiere el Hospital Universitario de los Andes (HULA) de Mérida, según la directora del principal centro asistencial de salud en la entidad, Linda Mora. (El Universal, 30.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/30/pol_art_hospital-de-merida-p_501546.shtml)

Un centenar de afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Caracas (Ajuptel), y otras organizaciones gremiales de los jubilados de la Cantv, realizaron una tranca de calle en la Avenida Baralt, a la altura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en horas de la mañana del 09.10.07. El motivo de la acción era repudiar la instalación de las mesas de negociación a partir del 10.10.07, en el que exponían que verían vulnerados sus derechos laborales relacionados al pago de pasivos laborales adeudados desde hace más de 10 años.

Provea presenció la manifestación y consultó la opinión del abogado laborista y asesor jurídico de los jubilados y jubiladas Humberto Decarli, sobre el motivo de la manifestación: “La presidenta de la CANTV –declaró- se comprometió a pagar una parte de la deuda dictaminada por una experticia del Seniat, la cual está apelada, y después someterse a la decisión final de la Sala de Casacion Social del Tribunal Supremo, pero pidió la opinión de la Procuraduría General de la Republica y le sugirió hacer una transacción. Para ello recomendó solicitar al tribunal una mesa de negociación. Esta semana notificaron, mediante un cartel, que mañana constituirán la mesa de negociación, la cual es rechazada por los jubilados”

Si es una medida de conciliación, ¿Porqué los jubilados no están de acuerdo?

  • La asociación de jubilados no está de acuerdo porque considera que eso es una bofetada a sus derechos, pues los mismos van a ser reducidos con esas transacciones. Esas transacciones lo que persiguen es poner fin al juicio, mediante una disminución o un pago menor, y finiquitar los recursos de control de legalidad que hay acá en el TSJ.

Según palabras de Decarli, los anteriores dueños de la ahora estatizada compañía de telecomunicaciones dejaron 900 millardos para el pago de esos pasivos, y con la experticia del Seniat apenas se ejecutarían 300 millardos. Los jubilados y jubiladas, por su parte, anunciaron que al día siguiente volverían a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para protestar por la instalación de la mesa de negociación, pues a su juicio ellos no tienen nada que negociar, sino recibir el monto que se les adeuda por sus pasivos laborales.

Provea ha estado registrando la movilización de los jubilados. Noticias anteriores sobre este tema pueden verse en los siguientes enlaces:

http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?entry=entry070808-104316

http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?entry=entry070717-102104

El primer caso sucedió cuando el 22.09.07 fueron asesinados en el sector Aparay, de Valles del Tuy, Antonio José VILLANUEVA (25), quien se desempeñaba como sindicalista de la Unión Bolivariana de trabajadores (UBT) y deja huérfana a una menor de siete años. Dos sujetos lo interceptaron cuando salía de un local nocturno y sin mediar palabras, descargaron sus armas de fuego. Otra persona, identificada como Osmary José GARCIA (36) se encontraba en las afueras de su residencia cuando sujetos desconocidos le dispararon. La víctima era trabajador de la Era trabajador de la construcción y dirigente sindical de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT). (Ultimas Noticias, 24.09.07, Pág. 32).

El tercer caso lo constituyó un delegado del Sindicato de Trabajadores de la Industria y la Construcción (Sutic), fue asesinado en el sector El Cardón de Carapita delante de su esposa y la menor de sus cuatro hijos en la mañana del 10.10.07. La víctima fue identificada como Alberto Neptalí MUÑOZ (35). Sus allegados no descartan que el líder de otro sindicato haya contratado a los sicarios, puesto que había sido amenazado de muerte. (Ultimas Noticias, 11.10.07, Pág. 32).

Según las proyecciones realizadas por Provea este año se superará la cifra de víctimas del año 2006, cuando 21 dirigentes sindicales murieron por violencia relacionada a la obtención de empleo en el sector construcción.

Pdvsa y los trabajadores petroleros acordaron el aumento del salario en el sector en 13.000 bolívares diarios, discriminados en 12.000 bolívares a la firma del contrato y 1.000 bolívares al siguiente año, según comunicaron los miembros de la comisión negociadora del contrato colectivo 2007-2009. “Luego de 24 horas de discusión se logró la firma y esta negociación llega a término, ahora el trabajador petrolero se ubica en 44.000 bolívares diarios aproximadamente, así como la ayuda de ciudad que pasa de 120.000 bolívares mensuales a 150.000, también de connotación salarial”, señaló el dirigente sindical Eudis Girot, según destacó un comunicado de prensa.

Por su parte, Argenis Olivares destacó que la cláusula 12 de la comida por extensión de la jornada pasó de 4.000 a 7.000 bolívares, “la tarjeta electrónica de alimentación pasó de 750.000 bolívares a 950.000 bolívares y la misma quedará indexada al índice inflacionario del BCV, es decir cuando suba la inflación subirá el costo de la tarjeta”, dijo Olivares. (El Universal, 01.10.07, http://www.eluniversal.com/2007/10/01/eco_art_petroleros-y-pdvsa-f_503158.shtml)

El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, informó que desde el 1 de enero de 2007 hasta el 09 de octubre se contabilizan 38 personas fallecidas y 28.475 familias afectadas por el impacto de las lluvias en toda la geografía nacional.

En el mismo período las autoridades encargadas reportaron a 136 mil 606 personas afectadas por los aguaceros, 3 mil 108 resultaron damnificadas, 22 fueron lesionados, 28 mil 50 viviendas familiares perjudicadas y 627 viviendas destruidas en su totalidad.

Ante esta situación, el funcionario señaló que el Gobierno Central y las diversas gobernaciones han tomado acciones enérgicas para reducir el impacto de las lluvias en la población venezolana. (El Universal, 09.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/09/pol_art_lluvias-dejan-38-fal_519249.shtml)

Al cierre del mes de agosto, la tasa de desempleo en Venezuela se ubicó en 8,6%, es decir, un millón 69.216 desocupados, lo que significó una baja igual a 1,9 puntos porcentuales en comparación con el 10,5% (1 millón 288.627 personas) registrado en agosto de 2006, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). De modo que entre agosto de 2006 y agosto pasado, 219.411 personas se ubicaron en puestos de trabajo.

En la reducción de la población desempleada influyó de modo notable el ingreso a puestos de trabajo de 139.518 mujeres que se hallaban desocupadas, frente a un ingreso de 79.893 hombres que no tenían trabajo.

Por otro lado, en la economía formal trabaja el 55,9% (6 millones 334.824 personas) de la población ocupada. En consecuencia, los trabajadores en la economía formal han aumentado en 270.972 personas, principalmente mujeres (182.419 personas). (Ultimas Noticias, 22.09.07, Pág. 22).

Según los indicadores monitoreados por el Banco Central de Venezuela (BCV) la tasa de inflación aumentó un poco para el mes de septiembre, ubicándose en 1,3%. Esta cifra es ligeramente mayor a la registrada en el mes de agosto (1,1%), pero menor al 1,9% registrado en septiembre de 2006. El servicio de educación fue el que registró el alza de precios más elevada en septiembre. Su Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 4,2%. Dentro de ese grupo, el IPC de la educación superior fue 8%, el de la educación preescolar y básica 3,5% y 2,4% la educación secundaria, por aumento en las matrículas de inscripción y las mensualidades. Los precios en restaurantes y hoteles también aumentaron significativamente. Su IPC subió de 1,3% en agosto a 3,4%. (Ultimas Noticias, 02.10.07, Pág. 19).

Por otra parte, el costo de la canasta alimentaria de los trabajadores para el mes de septiembre fue de 969.475 bolívares, lo que representa un alza de 3,9% con respecto a agosto, según los datos del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda). Nueve de los once rubros que componen la canasta registraron aumentos. Las alzas más significativas se notaron en el grupo de granos (10,9%), leche, queso y huevos (8%), grasas y aceites (7,6%) y carne (5,7%). También subieron los precios de las frutas, azúcar, bebidas, tubérculos y pescados. En lo que va de año el costo de la cesta de alimentos ha aumentado 19,5%. El Cenda señala que con el actual salario mínimo (614.790 bolívares) sólo es posible comprar 63,4% de la canasta alimentaria. (El Universal, 02.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/02/eco_art_cesta-alimentaria-cu_504826.shtml).

Según cifras recopiladas por la encuestadora Datos, entre enero y mayo de este año el consumo de alimentos registró un aumento de 30%, y en la desagregación de ese consumo destaca que en lácteos el repunte fue de 22% y en productos básicos estuvo en 16%. La mayor liquidez ha permitido que el poder adquisitivo se recupere, especialmente en los grupos con menores ingresos.

En el estrato E, que agrupa a 58% de la población, el ingreso se ha recuperado en términos reales, y ya acumula más de 900.000 bolívares. En los estratos D y E, que tienen a 23 y 15% de la población, el ingreso ha subido, pero no en los mismos niveles. De acuerdo con la información de la firma, los ingresos en el grupo D están por encima de 1,2 millones de bolívares y en el E, 2,2 millones de bolívares. (El Universal, 04.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/04/ccs_art_consumo-de-alimentos_507550.shtml)

• La Asamblea Nacional debe promulgar una reforma a la LOT que cumpla con la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución Nacional en lo que concierne a la retroactividad de las prestaciones sociales

• Tomar medidas que faciliten el acceso al primer empleo a la población joven, así como la integración a la fuerza de trabajo de personas con discapacidad.

• Desarrollar políticas públicas eficaces que propicien condiciones favorables a la promoción del empleo digno, y la reducción de la pobreza.

• Profundizar los mecanismos de supervisión a cooperativas, a fin de impedir que se utilicen como forma de flexibilización de las relaciones laborales.

• Profundizar las medidas estatales para fomentar el empleo decente, que beneficie a hombres y mujeres por igual.

• Investigar y sancionar los hechos de violencia de los que han sido víctima sindicalistas y desempleados en el marco de las adjudicaciones de empleo en las empresas y obras públicas.

• Garantizar la realización de consultas tripartitas para el incremento anual de los salarios, y en general, para la toma de decisiones que inciden en la vida de los trabajadores.

• Tomar las medidas necesarias para garantizar una actividad más eficiente de las Inspectorías del Trabajo en el control de cumplimiento de la medida de inamovilidad laboral, las prácticas de flexibilización para evadir obligaciones con los trabajadores y el pago de remuneraciones inferiores al salario mínimo.

• Adecuar la normativa laboral para ubicar la edad mínima para el trabajo en 16 años, de acuerdo con la recomendación N° 146 de la OIT. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Amnistía Internacional inició durante este mes de octubre la campaña “No dispares”, la cual busca contribuir a la reducción de las muertes y lesiones por el uso irresponsable de las armas de fuego y evidenciar el interés social en el problema de la violencia. Informaciones manejadas por esta organización revelan que en Venezuela la mayoría de las muertes violentas ocurren en jóvenes entre 12 y 24 años. “Contrario a lo que se informa, el 70% de estos casos no ocurre por enfrentamientos sino por situaciones de conflictividad. La tendencia es que cada vez baje más el rango de edad en la tenencia de armas, es decir, se han presentado casos de niños de 8 y 10 años portando armas. Cuando bajen más estos niveles no tendremos esperanza y seremos un país en conflicto”. Así lo informó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela. (Ultimas Noticias, 06.10.07, Pág. 32).

El director general de la Disip, Henry Rangel Silva, informó que hasta mediados del mes de septiembre contabilizaban 222 secuestros realizados en el país durante el 2007. De la cifra aseguró que sólo permanecen en cautiverio 44 víctimas. De estos 222 crímenes 114 plagios se han realizado a ganaderos y productores agropecuarios, informó el funcionario.

El director de la Disip indicó que en la mayoría de casos actúa el hampa común, “que se ha organizado medianamente” para crear redes criminales e incluso revender los plagiados a grupos delictivos estructurados. Señaló que el secuestro “ya no es como hace 10 años, se ha copiado de formas colombianas, ya participan no sólo ciudadanos extranjeros”. Sobre los sectores más afectados, además de los ganaderos, indicó que los industriales y comerciantes son muy susceptibles a ser víctimas del secuestro y, sobre todo, la extorsión. (El Universal, 27.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/27/pol_art_mij-reporta-114-gana_496663.shtml)

“En función de lograr una nueva policía, el MIJ le presentó a la coordinación del gabinete de Ley Habilitante el proyecto de Ley de Policía Nacional y junto con esto avanzamos en la implementación de planes operativos de seguridad ciudadana”, señaló en una rueda de prensa en Miraflores el ministro Pedro Carreño. (Ultimas Noticias, 09.10.07, Pág. 32). El funcionario ha adelantado algunas de las consideraciones presentadas en su proyecto. Adelantó que todos los policías del país, independientemente del cuerpo al cual estén adscritos, deberán formarse o nivelarse en la Universidad Nacional Experimental de las Ciencias de la Seguridad, cuya fecha de creación no precisó. Aseguró que, si bien se mantendrán las policías regionales y municipales, dicho instrumento legal establecerá las “competencias administrativas de cada cuerpo de seguridad” y centralizará ciertas funciones en la Policía Nacional. (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/pol_art_la-policia-nacional_522500.shtml)

El proyecto presentado por el Ministro obvió la amplia consulta popular realizada por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), los cuales realizaron 70.000 entrevistas para proponer un cambio en el modelo de seguridad ciudadana.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el ataque perpetrado contra las instalaciones del diario Panorama e instó a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia. El pasado 17 de septiembre, un grupo de personas no identificadas atacó con piedras, botellas y otros objetos contundentes la sede del diario zuliano y causó destrozos en sus accesos principales. Asimismo, la agresión afectó el normal desarrollo de las actividades y, según denunció el periódico, durante media hora los periodistas y otros empleados se vieron impedidos de desempeñar sus labores.

“Solicitamos a las autoridades correspondientes que indaguen hasta dar con los responsables de la agresión y resguarden la seguridad de los trabajadores y de la empresa periodística”, expresó Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del diario guatemalteco Prensa Libre. Marroquín rechazó “la violencia y que se tomen represalias contra un medio de comunicación a causa de la información que publica”.

El diario atribuye la agresión a informaciones publicadas en ese medio sobre la muerte el pasado 8 de agosto de Claudio Macías, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, asesinato en el que se implicó a José Sánchez “Mazuco”, jefe de Seguridad de la Gobernación de Zulia. . (El Universal, 28.09.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/09/28/pol_art_sip-repudia-agresion_500076.shtml)

Autoridades policiales, encabezadas por el ministro de Interior, Pedro Carreño, anunciaron la apertura de una averiguación penal contra Globovisión, por difundir un video en el cual se observan imágenes de jóvenes que arrebatan objetos a conductores en cola en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Hornos de Cal en Caracas. El director de la policía científica, comisario Marcos Chávez, afirmó “Nos llama poderosamente la atención que la persona que realiza las filmaciones lo hace de manera profesional y mantiene una secuencia de las actuaciones de los autores del hecho (…) Vamos a analizar los videos en forma muy profunda para lo que hemos solicitado a Conatel y a Globovisión ese material”. El ministro, por su parte, afirmó que se trata de un supuesto plan para generar “incertidumbre y nerviosismo”. (El Universal, 09.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/09/pol_art_a-tribunal-canal-de_519201.shtml). Se informó que el canal de televisión entregó una copia del video en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc (El Universal, 10.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/10/pol_art_globovision-consigno_521045.shtml)

Por su parte el Ministerio Público informó que no está investigando a Globovisión por difundir el video, sino que está indagando si los presuntos delincuentes son niños y/o adolescentes, para así garantizarles el tratamiento especial que la legislación venezolana prevé para ellos. (El Universal, 11.10.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/10/11/pol_art_fiscalia-no-investig_522498.shtml).

Tras sugerir días atrás que el video exhibido era un montaje, el ministro de Interior y Justicia informó que existía un detenido por robo identificado por el audiovisual: “El detenido es una de las personas que está en el video, estamos trabajando muy rápido en función de atrapar el resto de los involucrados. La resolución de la cámara es tan buena que nos permitió identificar con claridad a todos los que estaban en el video”. (Últimas Noticias, 11.10.07, Pág. 39)

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control de Lara privó de libertad a 5 funcionarios de la policía del estado Lara, quienes fueron aprehendidos luego de presuntamente haber solicitado dinero a una persona.

El fiscal 22 de Lara, William Guerrero, imputó a los distinguidos William Serrano y Freddy Arenas, los cabos II Carlos Torres y José Medina y al agente Wilfredo Cobis, por concusión y ocultamiento agravado de drogas. Asimismo, fueron imputados por aprovechamiento de cosas provenientes del delito, ocultamiento de arma de fuego, agavillamiento y privación ilegítima de libertad. Los imputados permanecerán recluidos en la sede de la Comandancia de la Policía Regional, hasta la realización del acto conclusivo. (Ultimas Noticias, 06.10.07, Pág. 26)

El director nacional de Custodia y Rehabilitación del Recluso, Fabricio Pérez, inauguró el Proyecto Piloto de Humanización Penitenciaria, acto que se realizó en la llamada Mínima de la Cárcel de Tocuyito. Según Pérez, el nuevo modelo se basa en la adecuación de la infraestructura; el componente tecnológico; los protocolos de clasificación y tratamiento de los reclusos; un nuevo modelo organizacional y el sistema de gestión en sí mismo.

“En Tocuyito se pondrán a prueba todos los elementos que se quieren implantar en la gestión carcelaria en todo el país a partir de este momento (…) se dispondrá de una plataforma tecnológica que permitirá monitorear todas las actividades de la gestión penitenciaria. Aseguró que este equipo se instalará en los 30 penales del país antes de finales de año. (Ultimas Noticias, 10.10.07, Pág. 38)

Por otra parte, por iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia y con el apoyo del Ministerio Público, un total de 30 jueces itinerantes iniciarán, a partir del mes de octubre, un operativo especial en las cárceles de Puente Ayala y La Planta, ubicadas en Anzoátegui y Caracas, respectivamente.

El TSJ se ha impuesto como una de sus principales metas disminuir los problemas carcelarios derivados de los retardos procesales. En tal sentido, 20 jueces especializados en Derecho Penal trabajarán en forma conjunta con la Fiscalía y la Defensoría Pública para agilizar los casos pendientes por decidir en la cárcel de Puente Ayala, toda vez que la mayoría de los internos aún están procesados. A otros 10 jueces itinerantes corresponderá trabajar en el retén de La Planta, y se estima que en tres meses pongan al día los casos pendientes. (Ultimas Noticias, 24.09.07, Pág. 34).

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana que incluyan los consensos que se acuerden en el proceso de reforma policial adelantado actualmente.

• Garantizar que los cuerpos de seguridad responsables de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, con una adecuada formación que parta y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades focalizados en la población especialmente vulnerable a la violencia letal. En este sentido, el análisis de la dimensión objetiva de la seguridad ciudadana da cuenta de una debilidad en las intervenciones sobre los delitos contra las personas, especialmente los homicidios y las lesiones personales, los cuales se insta a considerar de manera privilegiada en las intervenciones estatales.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Propiciar la aplicación de encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana. (Provea, 22.07.07, http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/2018/01/exigencias.pdf)

REFORMA CONSTITUCIONAL

La organización de Derechos Humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz emitió un comunicado con una serie de consideraciones sobre la propuesta de reforma constitucional. Entre otras sugerencias, proponen eliminar el párrafo del artículo 328 que dice “la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana y conservación del orden interno”. Eliminar toda participación militar en funciones policiales (salvo lo que ya está en el Código Orgánico Procesal Penal, como órganos auxiliares).

Asimismo, la Red de Apoyo considera conveniente agregar, a la propuesta presidencial, los principios que deben caracterizar a todas las administraciones públicas tal como lo señala el texto actual. Podría añadirse un párrafo que diga “todas las administraciones públicas así como todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y en su labor se fundamentan en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.”

Si desea leer el documento completo, visitar:

http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?m=10&y=07&entry=entry071011-144108

La Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para la Reforma Constitucional incorporó 25 artículos a la propuesta presentada por el Presidente de la República, por lo que la Reforma Constitucional a ser votada en el mes de diciembre podría tener 58 artículos modificados.

Entre los artículos más debatidos de esta incorporación se encuentran los artículos 337, 338 y 339 sobre el estado de excepción, debido a que los derechos al debido proceso y a la información podrán ser restringidos por el Estado cuando éste decrete una situación de excepción.

De acuerdo a las nuevas modificaciones, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya no tendrá la atribución de decidir si existen o no méritos para el enjuiciamiento de oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional

El Legislativo incluyó en la propuesta de cambios el artículo 279. En lo siguiente, la AN se arroga la designación de las autoridades del Poder Ciudadano, hasta ahora responsabilidad del mismo Consejo Moral Republicano, integrado por el Fiscal, el Defensor y el Contralor. El mecanismo para el nombramiento será similar al utilizado para designar al Consejo Nacional Electoral, y pasará por la designación de un Comité de Postulaciones, con el Parlamento al frente.

En el artículo 293, nuevo también, se eliminó el numeral 6 que le otorgaba al Consejo Nacional Electoral la función de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos, así como de otras organizaciones de la sociedad. Ahora se limitará a asesorar.

Siguieron los señalamientos en torno a la iniciativa privada y extranjera. El quinto de los artículos sobrevenidos en la Comisión fue el 299. Se eliminó el acompañamiento de la iniciativa privada para promover el desarrollo de la economía nacional. Con la nueva redacción, será obligación exclusiva del Estado.

Del artículo 301, ausente en la propuesta presidencial, se suprimió el último párrafo que relata: la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional. La nueva redacción se reduce a lo siguiente: el Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas.

No se podrá otorgar a personas, empresas organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales.

Otro de los artículos añadidos por la Comisión Mixta fue el 303 en el que “por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional”, el Estado conserva la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, “incluyendo”, y no exceptuando como decía en el texto del 99, las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Pdvsa.

La Comisión Mixta cambió también los artículos 341 y 342, relacionados con los medios para reformar el texto constitucional. En el caso de las enmiendas, se elevó a 20% las firmas requeridas para activar el proceso por iniciativa popular. Lo mismo se hizo para poder solicitar una reforma. (Ultimas Noticias, 13.10.07, Pág. 13)

José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), alertó que la posibilidad de derogar derecho al debido proceso y a la libertad de información viola acuerdos internacionales suscritos por el país. La organización advirtió que, de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional, varios de estos derechos son considerados tan fundamentales que un país no puede sustraerse a sus obligaciones de respetarlos en toda circunstancia— incluso durante un estado de excepción. Así lo han establecido tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“La historia reciente de América Latina demuestra que precisamente durante los estados de emergencia, se hace necesario garantizar una sólida protección jurídica para prevenir abusos,” dijo Vivanco. “De no existir dichas garantías, lo que históricamente ha prevalecido es el ejercicio brutal del poder.”

Más información sobre esta declaración de Human Rights Watch en http://hrw.org/spanish/docs/2007/10/16/venezu17106.htm

ARTÍCULOS

La propuesta de reforma constitucional, promovida por el presidente de la República, supone un peligroso giro estructural de la Fuerza Armada Nacional (FAN), creando un escenario favorable a violaciones a los derechos humanos. Este cambio, sugerido en los artículos 328 y 329, impone al cuerpo castrense la participación permanente en tareas de seguridad ciudadana y conservación del orden interno. Los dos articulados supondrían asumir funciones que, hasta hoy, son desarrolladas por las policías, y de las cuales los componentes de la FAN participaban sólo de manera extraordinaria.

Cualquier política enfocada en el tema de la seguridad, problema de primer orden para el común de ciudadanos y ciudadanas, debería tomar en cuenta el diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta iniciativa realizó una de las consultas más serias y amplias de tiempos recientes, 70.000 encuestas a diversos actores, para conocer la situación de los organismos policiales y proponer una modificación en su funcionamiento. En las conclusiones de la Conarepol, ridiculizadas por el Ministro Pedro Carreño, se establecía como una de las prioridades la desmilitarización del mundo policial, estableciendo una nítida distinción entre funciones civiles y militares. En dirección contraria, en cambio, se orienta la propuesta de reforma. Las nuevas tareas de la FAN, soslayando la opinión del país, ilustran lo que el Ejecutivo Nacional entiende por democracia participativa y protagónica. En segundo término, paradójicamente, concretaría los viejos anhelos del cuestionado “Imperio”: convertir a los ejércitos en guardianes del orden interno de sus países.

Los sectores populares utilizan las movilizaciones y las trancas de calle como principales instrumentos en la exigibilidad de sus derechos. La reforma, por tanto, cerraría el círculo de la criminalización de la protesta, dibujado en los últimos años. Provea ha venido alertando sobre los signos al respecto. A finales de mayo, el Ministro de Interior y Justicia elevó a la categoría de actos violentos el cierre de vías y la quema de cauchos. Por otra parte, los detenidos en manifestaciones son pasados directamente a tribunales, donde se les impone un régimen de presentación, y en algunos casos, la firma de documentos para renunciar a ejercer su derecho a la protesta. En tercer lugar, monitoreamos la progresiva delegación de funciones policiales a las comunidades bajo la figura de “inteligencia social”. En última instancia, de la tendencia, se encuentra la disuasión permanente de acciones por salud, vivienda, trabajo, y otros derechos, realizada por funcionarios preparados para la confrontación y aplicación de los principios de defensa militar. El artículo 328, reformado, constitucionaliza a los ciudadanos como enemigos de guerra.

Si cualquier proyección al respecto se descalifica por su carácter especulativo, podríamos revisar casos de nuestra historia reciente, en los que la FAN “garantizó” el orden. Los desaparecidos del Caracazo pueden recordárnoslo con su silencio. (02.10.07, rafael@derechos.org.ve)

Del 20 de agosto al 20 de septiembre 2007

Boletín electrónico Nº 190

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

El Boletín electrónico “Derechos Humanos y Coyuntura” cuenta con una versión resumida para imprimir en formato pdf. La misma consta de 4 páginas tamaño carta pensada para los lectores que poseen poco acceso a internet, así como para ser difundida y distribuida en comunidades, centros de estudio y grupos organizados, por medio de impresiones o fotocopias. Si desea descargar la versión impresa de DDHH y Coyuntura 190 visite el siguiente enlace: acá

PROVEA es una organización no gubernamental especializada en la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que tiene como fin la plena realización de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, en el marco de una sociedad democrática y participativa. Toda acción que lleve a cabo PROVEA, apunta en última instancia a beneficiar a las víctimas o potenciales víctimas a las que el Estado no les garantiza o les viola sus derechos humanos, propiciando su protagonismo y la concientización de sus derechos.

Actualmente, PROVEA desde una perspectiva integral y multidisciplinaria realiza labores de:

  • Documentación, investigación y difusión de la situación de derechos humanos en Venezuela.
  • Promoción y educación en derechos humanos.
  • Apoyo, asesoría y asistencia a grupos sociales en la defensa jurídica y extra-jurídica de sus derechos, ante instancias nacionales e internacionales.
  • Promoción de políticas públicas y legislación favorable a los derechos humanos.

Con el fin de fortalecer y consolidar su trabajo, PROVEA se encuentra en la búsqueda de un/a Coordinador/a General quien, una vez contratado trabajará en la sede ubicada en Caracas, Venezuela.

En nuestra página web: http://www.derechos.org.ve puede encontrar más información sobre PROVEA, sus programas y actividades.

A. Descripción general del trabajo

Este es un cargo ejecutivo con significativas responsabilidades para PROVEA. El Coordinador/a General trabajará estrechamente con la Junta Directiva (Comisión Permanente) para implementar las políticas y programas de PROVEA, aprobadas por la Asamblea General, que se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico 2007-2013.
Es un cargo tiempo completo de dedicación exclusiva, por un período de tres años, renovables previa evaluación por otro período similar.
Ya que PROVEA funciona a base a la construcción de consensos y de la participación democrática, el/la Coordinador/a General trabajará en forma colegiada, alcanzando liderando un equipo de coordinadores y un equipo de trabajo rentado y de voluntarios.

B. Responsabilidades

1.- Programáticas 

  • Pensar estratégicamente sobre el trabajo de PROVEA e identificar asuntos que merecen atención.
  • Supervisión general del Plan Estratégico 2007-2013 de PROVEA.
  • Sugerir, diseñar e implementar iniciativas de programa (en forma colegiada).
  • Representación de PROVEA en eventos públicos y con contactos con organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, e instancias oficiales, dentro y fuera de Venezuela.
  • Ayudar en mantener contacto con ONGs de derechos humanos y organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales.

2.- Programáticas 

  • Facilitar la gestión del Equipo Coordinador.
  • Mantener el contacto con todos los miembros de la organización y asegurar la implementación de las políticas establecidas.
  • Monitorear asuntos de personal, programa y presupuesto, y atender en forma consultiva, cualquier situación que lo amerite.
  • Mantener al día la correspondencia institucional.
  • Contratar los servicios de personal permanente o temporal de la institución.
  • Acordar la celebración de convenios de cooperación e intercambio con organismos similares.
  • En colaboración con la Administración, gestionar la presentación de proyectos y la búsqueda de su respectivo financiamiento.

C. Calificaciones

  • Compromiso con la visión y misión de PROVEA en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos.
  • Habilidad para trabajar eficazmente con una Junta Directiva (Comisión Permanente), con un equipo asalariado, y con voluntarios en el marco de una organización donde las decisiones se toman por consenso.
  • Tener alta motivación al logro y disposición a trabajar bajo condiciones de presión.
  • Experimentado en el análisis político y conocedor de la historia, la política, y la cultura venezolana.
  • Capaz de representar a PROVEA, su visión y su misión ante instancias oficiales, los medios de comunicación, las organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales, etc.
  • Habilidad para trabajar eficazmente y con sensibilidad en distintos ámbitos de relación tanto a nivel nacional como internacional.
  • Tener capacidad y experiencia previa como Coordinador/a o Director/a Ejecutivo/a de una organización de derechos humanos, social o de organismos públicos (Fiscalía, Defensoría, Administración de Justicia, Ministerios del área social), o al menos como Responsable de programas o proyectos implementados por alguno de ellos. (Indispensable)
  • Comprobada experiencia en derechos humanos.
  • Vocación pedagógica, por cuanto deberá contribuir a la formación de sus compañeros de equipo y liderar equipos multidisciplinarios.
  • Tener experiencia y/o entrenamiento en el tratamiento y resolución de conflictos.
  • Habilidad para manejar un presupuesto y prácticas de contabilidad simples.
  • Muy buena redacción y ortografía.
  • Manejo básico del inglés, al menos escrito.
  • Estar dispuesto y en condiciones de viajar nacional e internacionalmente.

D. Proceso para presentar la solicitud
Para ser considerada la solicitud debe incluir:

  • Una carta explicando su motivación, experiencia y calificaciones (máximo dos cuartillas a doble espacio).
  • Un Currículum Vitae.
  • Tres referencias (incluyendo una de un/a empleador/a o supervisor/a; una de un/a colega de trabajo y una de un/a colega de otra ONG, grupos de iglesias u organización social vinculada su experiencia anterior) que puedan evaluar sus habilidades personales.
  • Envíe de uno a tres ejemplares de trabajos escritos, preferiblemente informes/investigaciones/artículos escritos en su trabajo profesional.
  • Disponibilidad de comenzar a trabajar inmediatamente. Fecha de incorporación: 1° de noviembre de 2007.

Por favor llevar su solicitud personalmente a la oficina sede de Provea, antes del 17 de septiembre de 2007. Atención Comisión de Selección-Coordinación General. El sueldo base mensual es de 1.930.874,00 Bs. más beneficios de la L.O.T.

Dirección: Boulevard Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edif.. Centro Plaza Las Mercedes, P.B. Local N° 6 . TE: 0212-862-1011 y 862-5333.

La persona debe tener formación en la disciplina del Derecho y graduada en una universidad nacional. Como mínimo con dos (02) años de experiencia en litigio, preferiblemente en derecho constitucional, administrativo y/o laboral.
Es igualmente deseable que posea habilidades pedagógicas teórico-prácticas en el área de los derechos humanos, pues el desempeño del cargo implica promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Debe contar con una excelente redacción y habilidades de oratoria para desempeñarse hábilmente en juicios orales, foros, talleres y otras actividades pedagógicas.

Igualmente, se requieren capacidades en la planificación, monitoreo y evaluación de actividades a su cargo. Debe tratarse de una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas y, en particular, que privilegie la perspectiva de defensa y promoción de los sectores sociales más discriminados y excluidos.

Debe poseer habilidades para la investigación, redacción de documentos, formulación de análisis jurídico y político, con perspectiva de derechos humanos; elaboración de propuestas de políticas públicas con perspectiva de derecho; para asumir vocería pública y representación institucional, con públicos diversos (instituciones públicas, organizaciones sociales de diverso tipo o medios de comunicación). Con capacidades para trabajar en situaciones de presión, en equipos de trabajo y en horario no convencional. Debe residir en el área metropolitana de Caracas y estar dispuestos(as) a viajar dentro y fuera del país, cuando los requerimientos del cargo así lo exijan.

Indispensable que la persona postulante cuente con conocimientos de los programas Microsoft Office Word, Excel y Power Point.

Las condiciones laborales son las siguientes:
Salario: Bs. 1.375.000
(no incluye las deducciones establecidas por ley: SSO, LPH y Paro Forzoso) + Cesta Tickets + otras bonificaciones de acuerdo al reglamento interno de la organización.

Los y las interesados(as) en el cargo deben enviar su Currículo-Vitae con carta anexa que indique las motivaciones por las cuales desea trabajar en una organización como Provea, hasta el lunes 1 de octubre de 2007. Las entrevistas con los preseleccionados(as) se desarrollarán desde el jueves 4 de octubre. La/os seleccionada/os en la entrevista deberán realizar una prueba que medirá redacción, capacidad de análisis jurídico y resolución de problemas jurídicos. Los candidatos seleccionados se incorporarán a trabajar el 15 de octubre.

Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: defensaprovea@derechos.org.ve; marino@derechos.org.ve o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevar Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.

Desde hace 18 años, Provea realiza un monitoreo de la situación de los Derechos Humanos en el país, el cual plasma en un informe que presenta a finales de año, en formato libro. Esta publicación es consultada por funcionarios públicos de alto nivel, organizaciones sociales, académicos e investigadores, comunicadores sociales y público en general. Para este año, deseamos abrir un concurso para seleccionar a la persona que diseñará la portada.

La ilustración debe reflejar alguno de los tres ejes resaltados por el informe de este año:
1) Socialismo del Siglo XXI y Derechos Humanos
2) Reforma Constitucional
3) Inestabilidad jurídica y de las instituciones

La técnica de diseño es libre, pudiendo utilizar fotografías digitales completas y/o en collages e ilustraciones. Las medidas de la portada son 22,1 cm de alto por 15 cm de ancho. La composición debe respetar la tipografía tradicional utilizada en el informe: “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2006 / septiembre 2007” en la parte superior y “Provea, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos” en la esquina inferior izquierda. La portada será impresa a full color. Para darse una idea de esta composición y del diseño de las últimas 4 portadas del informe, visitar http://derechos.org.ve/concursoportada.htm .

El proyecto seleccionado, el cual debe entregarse en una resolución de 300 dpi, recibirá una remuneración de 900.000 Bs, además de los créditos en la publicación y (05) copias del libro impreso. La propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a ser de Provea.

Los bocetos pueden enviarse vía digital en baja resolución a la siguiente dirección: lorenzo@derechos.org.ve , con copia a marino@derechos.org.ve , hasta el día lunes 01 de octubre de 2007. El envío de bocetos no tiene limitación, y cada persona puede enviar los bocetos que desee. Se seleccionarán los dos mejores bocetos, y sus autores serán contactados para una entrevista, a realizarse los días 4 y 5 de octubre.

En la mañana del 20.09.07 fue presentado, en las instalaciones de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, su Informe 1997-2007 sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. El mismo fue realizado por un equipo interdisciplinario de investigadores, entre los que se encontraban Raul Cubas y Lorenzo Labrique de Provea.

La investigación estableció que durante los últimos 4 años ha existido un aumento en la cantidad de ataques a defensores de derechos humanos. Entre los años 1997 y 2003 se registraron 30 casos, incrementándose la cifra desde el año siguiente. En total, durante los últimos 10 años se registraron 71 casos de ataques u obstáculos que originaron 101 violaciones a los derechos de estas personas u organizaciones. De este total, el 26,73% corresponde a amenazas, siendo el ataque más frecuente. Luego se encuentran las campañas de desprestigio con el 18,81% de los casos; las agresiones con 14,85%; los actos de seguimiento y vigilancia con el 8,91%, y las ejecuciones extrajudiciales con el 5,94%.

El resto se refiere a la iniciación de acciones judiciales; a violaciones al domicilio u oficina del activista; y a detenciones arbitrarias, con el 4,95%, cada una. Los tipos de ataques menos recurrentes son la aplicación de controles financieros y administrativos arbitrarios contra las ONG, con el 3,96% de los casos; los atentados mortales fallidos; y las restricciones a la información pública en poder del Estado, con el 2,97% en cada uno de ellos.

Por primera vez en la historia democrática de Venezuela, en este período se registran asesinatos y ejecuciones de defensores y defensoras de derechos humanos, los cuales suman 72, desagregados en 6 defensores de derechos humanos pertenecientes a ONG o a comités de familiares de víctimas de violaciones al derecho a la vida; 52 defensores de derechos laborales y 14 defensores del derecho a la tierra. En el primer caso, en cinco de las muertes se presume la participación de funcionarios del Estado; en el caso de defensores de derechos laborales y del derecho a la tierra, se presume la participación de funcionarios del Estado en dos muertes, una en cada categoría de defensor. En síntesis, la responsabilidad del Estado se presume en la muerte de 7 defensores de derechos humanos en general. En el resto de los defensores asesinados (65) se presume la participación de agentes no estatales, bajo la modalidad de “sicariato” o “muerte por encargo”.

Según las conclusiones del informe, el Estado venezolano ha incumplido sus obligaciones respecto de facilitar los medios necesarios para que los defensores y defensoras de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad.

Si desea descargar el texto completo del informe, lo puede hacer de la siguiente dirección:

http://www.derechos.org.ve/informedefensores.pdf

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizó un llamado a los Estados miembros para que aprobaran leyes de acceso a la información, que garanticen a los ciudadanos el control social sobre las gestiones gubernamentales.

Tras la presentación de un texto redactado por el relator especial para la Libertad de Expresión, el venezolano Bernardo Álvarez, quien presentó el Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información, se determinó cómo se comportan los gobiernos de todo el mundo en ese sentido.

A pesar de que países como Trinidad y Tobago, México, Panamá, Perú, Jamaica, Ecuador, República Dominicana y Honduras poseen leyes al respecto, aún Venezuela está en mora con los ciudadanos que, a pesar de la Constitución, no poseen una herramienta legislativa que obligue al Estado a entregar datos oficiales cuando se soliciten. El relator expresó en su informe que “los Estados miembros deben demostrar mayor voluntad política para empeñarse en la enmienda de su legislación, así como en la asignación de recursos para su implementación”. Álvarez informó que durante este año 2007 harán otros estudios vinculados al tema para precisar las prácticas de los Estados, fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción entre países. (El Nacional, 25.08.07, N/6)

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La viceministra de Programas y Proyectos Educativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Iris Sánchez, informó el 03.09.07 que las clases se iniciarían oficialmente el 17.09.07 en todo el país. Agregó que la propuesta del cambio de huso horario del país, que implica añadirle media hora a la hora actual, aún no ha sido aprobada, por lo que ese día los estudiantes deberán acudir a sus planteles como de costumbre.

La funcionaria estimó en cinco millones el número de alumnos que iniciarán el nuevo año escolar contando únicamente los que van a escuelas nacionales. Agregó que hubo un aumento de 30% de la matrícula y que debido a ello ha habido mayor necesidad de cupos, sobretodo en los primeros grados, por lo que para solventar ese problema se están construyendo nuevas escuelas a nivel nacional. “El 16 de este mes inauguramos 22 nuevos planteles y, aparte, cada estado y alcaldía está haciendo sus propias construcciones”. (Ultimas Noticias, 04.09.07, Pág. 4)

Gustavo Borrego, coordinador de enlace comunitario del Centro Simón Bolívar, afirmó que más de mil 500 personas habían sido atendidas en la primera jornada de atención de la Misión Milagro con unidades móviles, realizada en Parque Central, Caracas.

Asimismo, señaló que esa primera jornada tiene como objetivo fundamental la captación de pacientes con los problemas visuales cataratas o pterigium que ameriten intervención quirúrgica, los cuales son remitidos a la red de hospitales de la misión donde se les ofrece atención médica especializada para procesar su operación.

Explicó que a quienes se les diagnostican otras patologías, como miopía y astigmatismos, se les suministran los lentes correspondientes de forma gratuita. (Agencia Bolivariana de Noticias, 28.08.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=101587&lee=Array[0])

El presidente Chávez anunció la construcción de 15 nuevos hospitales generales, los cuales estarán especializados en un área. Dijo que uno de los centros será construido en la urbanización Montalbán, al lado del Cardiológico Infantil, y será destinado a atender pacientes adultos con cardiopatías. Según informó, también se crearán el Centro Nacional del Cáncer, en Guarenas (Miranda), uno de Gastroenterología en El Vigía (Mérida), un Urológico en Valle de la Pascua (Guárico); uno Toxicológico en Barinas y un Materno-Infantil en San Fernando (Apure). Las declaraciones del primer mandatario se realizaron en el acto de inauguración de la Residencia Hospitalaria de Cardiología Infantil Latinoamericana. (El Universal, 21.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/21/pol_art_chavez-cerrara-clini_416426.shtml).

El viceministro del Trabajo, Rafael Chacón, explicó que la inclusión de los consejos obreros como órgano del Poder popular, en el marco de las modificaciones a la Constitución Nacional propuestas por el presidente Hugo Chávez, no significará menos atribuciones a los sindicatos.
En un comunicado de prensa el funcionario resaltó que el papel de esas instancias será la participación en la planificación, evaluación y control de la gestión de las empresas de producción social. “Hay gente que ha tergiversado esta propuesta. Los sindicatos continuarán administrando las convenciones colectivas y defendiendo los derechos de los trabajadores”, enfatizó Chacón.

Por ello, el viceministro del Trabajo hizo un llamado a los trabajadores para que se involucren en el debate sobre la reforma a la Carta Magna, al resaltar que la misma no solo afecta a la masa laboral por la reducción de la jornada a 36 horas semanales, sino que también contribuirá a otorgar más poder a los trabajadores. (El Universal, 03.09.07, http://www.eluniversal.com/2007/09/03/eco_art_consejos-obreros-y-s_450769.shtml). La figura de los consejos obreros aparece en la propuesta de reforma constitucional en el artículo 70 como uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo, los cuales serían regulados por una próxima ley establecería las condiciones para el efectivo funcionamientos de los mismos.

En una resolución publicada en Gaceta Oficial No. 38.750 del 20.08.07 se indicó que las soluciones habitacionales que se ejecuten con los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio y demás mecanismos que administre el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat deberán cumplir determinadas características.

El Ministerio de la Vivienda contempla dos modalidades de casas. La primera es una solución habitacional de 62 metros cuadrados que deberá tener tres habitaciones y la segunda es una unidad de 50 metros cuadrados con dos habitacionales. Las viviendas pequeñas estarán dirigidas a las familias nuevas o los adultos mayores. El núcleo familiar será de máximo tres personas siempre y cuando no tengan vivienda.

El despacho contempla que en las construcciones se tienen que establecer áreas para la ampliación de las unidades. En ese sentido, se destaca que en el caso de los desarrollos horizontales (casas) se tiene que tomar la previsión de un área adicional de 75 metros cuadrados. La disposición apunta que las viviendas tienen que cumplir con otros requerimientos como la aplicación de sistemas constructivos que permitan el uso de insumos y componentes producidos en las zonas en las cuales se efectuarán las unidades y la optimización en el diseño de las instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros aspectos arquitectónicos. (El Universal, 22.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/22/eco_art_ejecutivo-fija-condi_417991.shtml)

Durante el día 30.08.07 Provea recibió una llamada telefónica, de una habitante de Ojo de Agua, denunciando la realización de desalojos de manera irregular en el sector. Dos miembros del programa de Exigibilidad en Desc de Provea se movilizaron al sitio para corroborar la denuncia. Según las declaraciones de habitantes del sector, en horas de la mañana se presentaron un grupo de funcionarios policiales, funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat, seis agentes de la Guardia Nacional y dos maquinarias. El grupo tenía por objetivo desalojar dos viviendas, tras lo cual procedieron a tumbarlas. Según los testimonios, en una de las viviendas habitaban ocho personas, las cuales fueron trasladadas al urbanismo “Vista Hermosa”, ubicado en los Valles del Tuy.

Los vecinos de Ojo de Agua denunciaron que les habían prometido ser reubicados en otros sitios, ante su negativa de trasladarse a los Valles del Tuy, por lo que habían firmado una planilla en una reunión realizada el 27.08.07. Pero que a las personas que estaban desalojando las estaban trasladando precisamente a Vista Hermosa. Los habitantes rechazan esta alternativa debido a que las viviendas, las cuales denominan “las casitas” presentan defectos de construcción y solo poseen dos habitaciones, insuficientes para familias numerosas.

Los habitantes de Ojo de Agua manifestaron su deseo de ser reubicados en una vivienda digna y cuyo hábitat ofreciera fuentes de empleo y educación para los niños.

Los indígenas, damnificados y habitantes de zonas de alto riesgo; los ciudadanos mayores de 70 años; las mujeres y hombres solos que tengan cargas familiares; las personas con discapacidad y las personas que cumplan con los requisitos de ley y que tengan un ingreso promedio per cápita mensual menor a dos salarios mínimos, son denominados sujetos de protección especial dentro del Sistema de Elegibilidad de Beneficiarios de Vivienda, SEB. Este mecanismo se estipuló el 27.09.07 en la Gaceta Oficial 356.426, del pasado lunes, tiene por finalidad definir los criterios de prioridad de la asistencia habitacional, la selección de los beneficiarios de la misma, así como para el otorgamiento del subsidio directo habitacional.

Una vez establecida la prioridad de atención, el postulante será incluido en el grupo que corresponda y al programa que mejor se le adecue. Para ello, igualmente, se crea el Registro Único de Postulantes, Comunidades Postulantes y Beneficiarios que se implantará en cada municipio del país. Los interesados deberán estar registrados en el Sistema de Seguridad Social, ser venezolano (en caso de ser extranjero deberá haber obtenido la nacionalidad), ser mayor de edad y deben haber presentado constancia de ahorro obligatorio o voluntario de vivienda. (Ultimas Noticias, 29.08.07, Pág. 4)

El pasado 09.09.07, una comisión de Provea se dirigió al urbanismo Vista Hermosa, ubicado en Nueva Cua, estado Miranda, para corroborar las denuncias realizadas por algunos habitantes del urbanismo. Como se recordará, Vista Hermosa es el complejo habitacional al que han sido reubicados parte de las personas que se encontraban en situación de riesgo en Ojo de Agua, ubicado en la carretera vieja a La Guaira, y cuyo desalojo fue ordenado por el presidente Hugo Chávez.

Como le expresaron los habitantes, un gran número de las familias reubicadas no poseen ningún tipo de documentación que certifique la tenencia jurídica de la propiedad. Acerca de la disponibilidad de servicios, facilidades e infraestructura del hábitat, Provea revisó algunos de sus componentes, inherentes del derecho a una vivienda digna.

La población del sector se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a emergencias de salud, debido a que dentro del urbanismo no cuentan con servicios médicos y el más cercano (ambulatorio) se encuentra en la población de Nueva Cúa, a 15 minutos de trayecto. En caso de emergencias de mayor gravedad deben recurrir a la Población de Cúa, ubicada a treinta minutos aproximadamente.

La zona no cuenta con módulos policiales u otros organismos de seguridad del Estado; en múltiples ocasiones han señalado que han sido victimas de delincuentes de las zonas aledañas. Dicha situación se agrava por los horarios de salida de las personas a sus zonas de trabajo (Caracas) que deben ser realizadas en horas de la madrugada.

Las viviendas son adecuadas para núcleos familiares pequeños (3 ó 4 personas), sin embargo en la mayoría de las viviendas el número de personas que la habitan son mayores, generando hacinamiento e incomodidades. Las viviendas solo cuentan con un baño; no poseen instalaciones para el aseo de enseres dentro de la cocina y por tanto deben hacerlo en las “bateas” ubicadas en la zona exterior de la vivienda, la cual presenta fallas en cuanto al desagüe, compartido con el lavamanos, originando saturación de las tuberías y generando botes y desprendimiento de las mismas.

Dentro el urbanismo se encuentran varios expendios de comidas y alimentos no perecederos, pero a pequeña escala y para hacer compras en gran cantidad deben hacerlo directamente en la población de Cúa. Por otra parte el servicio de agua potable es eficiente y adecuado. El servicio de energía también es adecuado; sin embargo se observan fallas en las conexiones (improvisadas) que van desde los postes hacia las viviendas. El servicio de aseo urbano realiza el servicio una vez por semana.

Uno de los principales problemas expresados por la comunidad es el acceso, ya que no poseen transporte público y el propio de la zona solo llega hasta la entrada del urbanismo, limitando las posibilidades de las personas de acceder a otros servicios, empleos (las personas que laboran en Caracas tienen que destinar un tiempo aproximado de dos horas para llegar a sus empleos), recreación, salud, entre otros. Es positivo que en la población se encuentran dos instituciones educativas, a diez y 15 minutos respectivamente, pero no se ha podido comprobar las capacidades de las mismas de acuerdo a la nueva población. Sobre la habitabilidad de las viviendas, Provea recibió varias quejas sobre los materiales de construcción, las cuales son procesadas por profesionales de la construcción para obtener una opinión calificada.

El pasado 26.08.07 se constituyó el primer Sindicato de Conserjes en Venezuela con un total de 1.265 trabajadores inscritos. La junta directiva espera que se sumen cerca de 28 mil conserjes que se congregaban bajo la Asociación Civil Conserjes de Venezuela, la cual se encargaba de representar al gremio ante las autoridades gubernamentales.

Marisabel Fajardo, presidenta del sindicato, indicó que la constitución de la nueva organización se debió a que las autoridades gubernamentales no los tomaban en cuenta, por ello sus asesores legales les aconsejaron organizarse como un sindicato. Entre las problemáticas que sufren los trabajadores de este sector y que esperan solucionar, se encuentra la obtención de tickets alimentarios y contar con un día libre entre semana para realizar sus diligencias legales, sin tener que pedir permiso; obtener seguro HCM; que se cumpla el horario de ocho horas establecida en la Lopcymat, debido a que la mayoría de los contratos de los conserjes se rigen por el artículo 285 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde se estipula que “el conserje deberá tener un reposo mínimo de nueve horas consecutivas a partir de las 10 de la noche”. (El Universal. 28.08.07, http://www.eluniversal.com/2007/08/28/ccs_art_conserjes-crean-sind_437644.shtml)

Representantes de diversas organizaciones sindicales del sector de la construcción se reunieron el 24.08.07 con el ministro de interior y justicia, Pedro Carreño, y Ramón José Rivero, titular de la cartera del Trabajo, para buscar mecanismos que disminuyan la violencia contra miembros de sindicatos, contratistas y trabajadores de la construcción.

Jesús Navarro, representante de Fetraconstrucción, organismo afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, informó que en lo que va del año 2007 han muerto cien sindicalistas en actos violentos. Mientras que, las cifras aportadas por Carreño indican que en los últimos 3 años han muerto 37 sindicalistas en todo el país.

Stambul Rojas, presidente encargado de la Cámara Venezolana de la Construcción, considera que los homicidios, secuestros y lesiones sufridas por trabajadores de la construcción deben ser considerados un problema de orden público, y todos los organismos de seguridad deben intervenir para controlar la situación.

Rojas opina que la mayoría de los hechos violentos se presentan entre la clase obrera, por la búsqueda de puestos de trabajo. (Ultimas Noticias, 25.08.07, Pág. 32)

Luis Rodríguez se presentó en las oficinas de Provea, el pasado 17.08.07, para exigir justicia por la muerte de su hermano, Daniel Rodríguez, asesinado por sicarios relacionados a la violencia desatada en Bolívar por la obtención de puestos de trabajo. Luis tuvo que salir de la ciudad, debido a las amenazas contra su integridad física.

“Primera vez en mi vida que iba a trabajar en la construcción. Empecé a trabajar el 21 de mayo, en uno de los 28 edificios que construyen de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Puerto Ordaz”. Rodríguez afirmó que hasta ese momento su hermano no pertenecía a ningún sindicato, y era el delegado elegido por la comunidad para representar el porcentaje de trabajadores de la misma a ser incorporados en la obra. Del primer grupo de 25 obreros, los Rodríguez eran parte de los 6 no sindicalizados provenientes de las comunidades aledañas. Cuando Luis inicia sus labores, conoce que el salario de sus compañeros era cancelado con descuentos irregulares. Por ello Daniel convoca a una reunión entre las partes. “A los quince días de comenzar, mi hermano hace una reunión dentro de la obra, llamando a la CVG y a los dueños de la constructora. Mi hermano preguntó “¿Qué pasa aquí que están pagando fallo?, a uno le falta 80 a otro 50…”. La gente de la CVG le dice “tranquilo que eso se va a resolver, eso fue un fallo en el presupuesto para la construcción de estos edificios y eso se va a corregir”. Al siguiente día, Daniel recibe una llamada anónima desde un teléfono desconocido. “El día viernes lo llaman por teléfono y le dicen “Si sigues parando la obra te vamos a borrar”. Cuando el llega a la obra, caminando por la trocha, como a las 7 y 30 de la mañana, me lo comenta. Yo le dije “Hermanito, vámonos de aquí porque en estas obras matan a mucha gente”. El me dijo “Yo no me voy, porque si lo hago quedare feo con la comunidad”. Entonces le respondí, “hermano, si usted no se va yo tampoco me voy”. El me dio la mano y me dijo “cuento con su apoyo”. El 06.06.07, cinco personas no identificadas interceptan a Daniel y lo asesinan rumbo a la construcción. “Ese miércoles en la mañana llego a la obra en un camión que nos hacia el transporte. Cuando llegamos a la entrada del portón veo a una gente que viene corriendo y dicen “mataron a Daniel Rodríguez”. Salí corriendo del camión y cuando llegue al sitio donde lo emboscaron había 10 o 12 cartuchos, corrió 100 ó 150 metros con cuatro tiros en cada pierna”, declaró.

Tras el asesinato se sospecha de un miembro de Sinatracom, Richard Machado -alias “el policía”- de la autoría del crimen. “Richard el policía y mi hermano ya habían tenido pique, porque Richard quería sacar a la comunidad de allí. La prensa recogió que el era uno de los sospechosos de la muerte de mi hermano. El luego desmintió estas acusaciones. Yo seguí trabajando en la obra por respeto a mi hermano, y cuando me preguntaban yo les decía que había sido un sicariato, que no podía acusar a nadie, ni a Sinatracom ni a Sutrabolivar ni a la UBT”. Días después es asesinado Richard Machado y en el diario regional publican que lo habían matado por venganza, por lo que Rodríguez sale de la ciudad para proteger su integridad. Días después recibió una llamada que le informa que lo estaban buscando a él y a otro hermano.

Al realizar las gestiones con las autoridades competentes, el Fiscal primero del Ministerio Público le concede una custodia con la Guardia Nacional, pero a los días se retira del caso. Por ahora un fiscal nacional realiza las investigaciones, mientras Luis Rodríguez teme por su integridad y espera justicia por el crimen de su hermano, quien deja 4 niños huérfanos. Según las estadísticas, recopiladas por Provea, 46 personas han perdido la vida en Bolívar producto de la violencia sindical desde el 2004 hasta el 31 de mayo 2005. Por otra parte, 53% de las cifras nacionales de violencia sindical provienen del estado Bolívar.

En la propuesta de reforma constitucional presentada por el Presidente de la República, en su artículo 90, se estipula una reducción de la jornada laboral diurna de seis horas diarias y 36 semanales, y la nocturna de seis horas diarias y 34 semanales.

Al respecto, el ministro del Trabajo y Seguridad Social, José Ramón Rivero, afirmó que la reducción de la jornada laboral podrá aplicarse mediante acuerdos mutuos entre los empleadores y trabajadores, aplicando esquemas flexibles, como trabajar 8 horas de lunes a jueves y 4 horas los viernes; siempre y cuando no se excedan las 36 horas semanales. (Ultimas Noticias, 23.08.07, Pág. 26). El primer mandatario agregó que con la medida se reduciría un 5% la tasa laboral, estimación que fue refutada por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Consecomercio, Aurelio Concheso: “La reducción de la jornada afectará más a las pequeñas empresas del sector industrial. Los costos aumentarán y muchas de ellas podrían desaparecer o tendrán que integrarse a la informalidad”, dijo. Fuentes del sector de la construcción señalaron a un medio de comunicación que “la jornada laboral está regulada y establecida claramente en la Ley del Trabajo; sin embargo, en las grandes obras, los sindicatos exigen que se trabaje hasta 10 horas diarias, pues eso genera horas extras cuyo pago es más alto que el de la jornada regular. Por ejemplo, la hora extra diurna cuesta 75% más que la normal, y la extra nocturna 210% adicional”. Contratar mayor cantidad de personal genera gastos extra sean cuales sean las circunstancias. No sólo en lo relacionado con los sueldos y salarios, sino en materia de prestaciones y otros compromisos contractuales. (El Nacional, 28.08.07, E/8).

Alejandro Uzcategui, presidente de Empresarios por Venezuela (Empreven), apuntó que enviarían a la Asamblea Nacional sus observaciones sobre el proyecto, solicitando que las empresas que tienen diez o menos empleados sean exceptuadas de la implementación del nuevo horario laboral. (Ultimas Noticias, 29.08.07). El empresario afirmó que con la reducción horaria aumentaría la productividad y la eficacia en el desempeño de las empresas (ABN, 28.08.07, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=101613&lee=Array[0]).

Por otra parte, un informe realizado por ODH Grupo Consultor, llamado Análisis Venezuela, calcula en un 25% el incremento de la hora trabajada, lo que traería un impacto directo sobre los costos de producción y precios de bienes y servicios. (El Universal, 29.08.07, http://noticias.eluniversal.com/2007/08/29/eco_art_reduccion-de-jornada_440058.shtml). Esta estimación fue matizada por el ministro Rivero, quien cotizó que el impacto en turnos rotativos y producción continua podrán elevarse en 25%, con la creación de un cuarto turno de trabajo, precisando que el incremento real estaría entre 4% y 5%, adicional a 20% de costo laboral que ya asumen esas empresas. El titular del Trabajo reiteró que la disminución de las horas de trabajo no implicará en ningún caso la desmejora de sueldos ni prestaciones. (Ultimas Noticias, 05.09.07, Pág. 21).

Representantes de Fedecámaras expresaron sus cuestionamientos a la propuesta. Para Néstor Borjas, presidente del gremio en Zulia, aplicar horarios escalonados no es conveniente para el actual nivel de productividad del país. “No están dadas las condiciones para aplicar esta diferenciación. Desde el Zulia exhortamos más bien al jefe del Estado para que apruebe desde ya vía decreto, la reducción de la jornada a seis horas”. Por su parte, su presidente en Carabobo, Tulio Hidalgo, dice que hablar de turnos escalonados es muy prematuro: “Esto crea más angustia entre los trabajadores; hay que esperar a que se aprueba primero la reforma”. (Ultimas Noticias, 11.09.07, Pág. 24).

Lusbi Portillo es docente de La Universidad del Zulia, egresado de la Escuela de Filosofía, con maestría en antropología. Desde hace unos años es coordinador de la ONG “Sociedad Homo et Natura” y miembro de la Federación Ecologista del Zulia. Portillo posee desde siempre un afecto especial por la Sierra de Perijá, desarrollando una relación estrecha con las comunidades indígenas Wayuu, Bari y Yukpa de la zona. Por esta razón, cuando se anunció la activación de los planes de expansión de la explotación carbonífera en la zona, así como la construcción de diversas infraestructuras, no dudó en integrarse al amplio frente de resistencia en la región.

¿En qué momento se encuentra el movimiento de resistencia a la explotación del carbón en el Zulia?

  • Hemos tenido varios años de movilización. Comenzamos trabajando con los Bari, los Yukpa y desde hace 4 años con los Wayuu. Después de la marcha que hicimos el 31 de marzo del 2005 a Miraflores, estuvimos en el VI Foro Social Mundial cuando hicimos conocer al mundo que hay una gran amenaza a los territorios indígenas, de la biodiversidad, de los ríos y de la sierra del Perijá como tal. Todo el pie de monte de la sierra está entregado a una corporación del estado llamando Corpozulia, así como también directamente en concesiones a trasnacionales mineras. Esos planes van en función de elevar la explotación de carbón de 8 a 36 y 40 millones de toneladas. Eso significa reducir más aun los espacios tradicionales Wayuu, Bari y Yukpa, 12 rios grandes de la cuenca del lago de Maracaibo y los bosques que quedan al occidente del país. Eso seria un gran etnocidio y ecocidio en la región. Hicimos contactos a nivel internacional y comenzaron a llegar cartas a Miraflores, al Ministerio del Ambiente, las embajadas, en muchos países fueron grupos a las embajadas. Eso ocasionó que el presidente Chávez se pronunciara en contra del carbón. Lo ha hecho 6 veces, la ultima vez fue el último domingo de agosto, cuando dijo “bueno ese carbón produce recalentamiento de la tierra, yo di orden de que eso no se puede abrir”. Desde ese momento Corpozulia y los mineros pasaron a la clandestinidad, trabajando en las haciendas y en aquellas comunidades indígenas a donde les permiten entrar explorando, abriendo grandes zanjas en la tierra, recolectando, buscando muestras en forma clandestina. Ellos tienen el apoyo de la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional y decidieron a cuenta propia, como lo difundió la Agencia Bolivariana de Noticias, que la Comisión iba a apoyar las acciones mineras de Corpozulia. Luego, el Vicepresidente de Minas del Ministerio de Industrias Básicas y Mineria también se pronunció a favor, anunciando que estaban esperando los permisos para abrir las minas de los irlandeses y las de una empresa norteamericana. Corpozulia estaría trabajando, desde el punto de vista político, para cercar el pronunciamiento presidencial, aislarlo del contexto político.

Haz denunciado en varias oportunidades que en las comunidades se está comprando el apoyo a los proyectos mineros. ¿De qué forma?

  • Corpozulia está trabajando muy fuerte en las comunidades, regalando bolsas de comida, matando 4 o 5 vacas e invitando al pueblo a comer, dando cervezas y ofreciendo peluquería. Todo muy propio de la cuarta republica, pues mucha gente que está en el gobierno son de Acción Democrática y COPEI –partidos políticos del anterior status-, trabajando con Corpozulia y Pdvsa, en todos los ministerios y misiones. Todas las misiones en la región están bajo la tutela de Corpozulia. Por otra parte Corpozulia inmoviliza al Ministerio de Participación a la hora de conformar los consejos comunales. Por ejemplo, casi todos los consejos que se han nombrado en Mara, donde se van a hacer las nuevas minas, vías ferroviarias y puertos, son proclives a los proyectos mineros. En contraposición hay 7 consejos comunales que no son mineros y ha costado mucho. Corpozulia, dependiente del ejecutivo nacional, tiene mucho poder en la región. Han afirmado que van a aportar este año 50 billones de bs a los consejos comunales. Todo eso mantiene vivo la esperanza de que en cualquier momento el presidente haga un pronunciamiento a favor de la minería. Hay toda una componenda para ir trabajando soterradamente. En Corpozulia se agruparon todas las trasnacionales para ser representadas políticamente a través de su presidente, el general Martinez Mendoza. El tiene muchas raíces con todo el aparato militar que está en el gobierno.

Si bien el presidente Chávez ha anunciado que no se explotará el carbón en la zona, por otra parte anuncia proyectos de construcción de infraestructura minera en la zona.

  • Ya tienen aprobado por el presidente todo lo que es infraestructura. La construcción de las vías ferroviarias esta muy avanzado, así como la construcción del puerto gabarrero en el sur del lago, llamado ahora Puerto Catatumbo. El mismo Puerto América, que ahora le han cambiado el nombre a uno más bolivariano: Puerto Bolívar. Todo eso ya esta dado y lo que falta es el carbón, la materia que van a exportar a través de las vías ferroviarias, que son varias. El carbón viajaría a través de la sierra del perijá buscando el golfo de Venezuela a través de Puerto América y de canales de navegación del Lago de Maracaibo. Toda esa superestructura tiene un problema: sobre el carbón están las comunidades que no permiten abrir esas minas. Ellos tienen, entonces, que aislarlas y dividirlas. Por ejemplo si necesitan diez trabajadores para explorar ellos contratan 30. Capturan a los muchachos jóvenes de las comunidades para trabajar en la exploración y les pagan sin hacer nada. Esto molesta al resto y empiezan las divisiones: “tu quieres vender las tierras de tu familia”. Están trabajando a dos niveles, uno a nivel interno de las comunidades, con 9 indígenas que son sus promotores trabajando en conseguir adeptos a los planes mineros, y también están trabajando en función de lo macro y lo político en Caracas, en los ministerios, en la Asamblea Nacional. Chávez no deroga las concesiones de carbón como se le ha solicitado, sino que en actos públicos hace referencia a su explotación y dice “detengan eso”, pero no hay un papel, un decreto o un documento jurídico en donde le diga a las trasnacionales “ustedes van pa´ fuera”. No lo ha hecho. Tampoco le quita a Corpozulia las concesiones. Eso es una moneda de dos caras, por una parte justificar, quedar bien ante el país y el mundo y decir “ese carbón no va”. Por otra parte, Corpozulia, que es un miembro del Estado, comienza a hacer todo un trabajo sucio, satanizando a los dirigentes indígenas.

Te han acusado en diferentes ocasiones de ser un agente de la CIA. ¿Qué otras estrategias utilizan para criminalizar el movimiento indígena y ambientalista que rechaza los planes mineros en el Perijá?

  • Diciendo que son grupos minoritarios, grupos rebeldes, que no representan a nadie. Que no están bajo la tutela de Nohelí Pocaterra –diputada indígena-, Arcadio Montiel –diputado indígena-, el Consejo Nacional Indígena de Venezuela (CONIVE) y todos esos grupos que se parecen más a un partido político que otra cosa. El presidente del CONAVI, Rubén Palmar, es gerente de Corpozulia y Arcadio Montiel es directivo de Carbozulia.

Recientemente una delegación indígena Wayuu asistió al II Encuentro Zapatista con los pueblos del mundo en México y entregaron una carta al Subcomandante Marcos. Homoetnatura era uno de los signatarios de la misiva.

  • En la carta a Marcos se dice que el gobierno venezolano no le ha entregado las tierras a los indígenas que ellos autodemarcaron, como dice la ley. En el caso Barí se demarcaron las tierras, pero las mismas que AD y COPEI ya habia entregado, minúsculos espacios. Las tierras originarios de los Barí y de los Yukpa, los dos únicos grupos vivos que han quedado en el Zulia además de los Wayuu y los Japreria, sus tierras hoy están llenas de alambres de púas y potreros. Hay comunidades que viven en 6 y 4 hectáreas, y ya no pueden crecer más. Esto ocasiona que comience el éxodo hacia Machiques y los barrios pobres, a pedir a Maracaibo y a Caracas a mendigar. Todas sus tierras son hoy de ganaderos. ¿Qué van a solicitar entonces? Tierras que son potreros y haciendas. Entonces les dicen que no, que el gobierno no va a comprar haciendas porque no le va a comprar todo el país a los indios. Hasta Luis Britto García sacó un artículo en la revista “A Plena Voz” en donde justifica que no se puede entregar tierra y hábitat a los indígenas porque eso significaría desmembrar el país. Es la misma tesis de Visconti, Angela Zago, Olavarria, Alan Brewer Carias y Otaiza, quienes discutieron los artículos indígenas en la Constituyente del 99. En el caso de los Barí fue imposible que la comisión del Ministerio del Ambiente midiera los espacios que ellos autodemarcaron. A los Yukpa tampoco les entregaron la tierra que solicitan. En otros países como Colombia y Panamá se le ha entregado tierra saneada a los indígenas. ¿Qué es tierra saneada?. Tierras libres de minas y ganaderos. Aquí no se va a entregar eso, se va a entregar tierras en donde los indígenas tienen que convivir con los mineros, las trasnacionales y los ganaderos. Se le dio toda una vuelta. No hacia falta ni una nueva constitución ni una nueva ley de tierras para hacer lo que están haciendo.

Representantes del Bloque Indígena Oriente y Sur del país denunciaron el 03.09.07 que “sin consulta previa a todos los pueblos indígenas” la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, remitió ante la Comisión de la Ley Habilitante de AN una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).

“En dicha propuesta la ministra cambia arbitrariamente el término tierra y hábitat por territorios comunales, siendo el primero parte fundamental de nuestras cultural y además terminología que fue aprobada en su momento por la asamblea constituyente como el más adecuado para definir nuestro espacio de desarrollo”, afirma José Luis González, ex constituyente y miembro de la Federación de los Pueblos Indígenas del estado Bolívar. Asegura que esto “representa una clara violación de los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución, debido a que con dicha actuación se desconoce lo expresado en el artículo 119: “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica (…)”.

Por tal motivo, “rechazan de forma categórica la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, presentada ante la Ley Habilitante, por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”, expresa la resolución firmada por 150 indígenas reunidos en Asamblea General Extraordinaria de los Pueblos de Oriente y Sur del país, los días 1 y 2 de septiembre del año en curso. Los pueblos y comunidades indígenas que estuvieron representados en la asamblea fueron: Pemón, Kariña, Arawako, Akawayo, Cumanagoto, Warao, Piaroa, Jivi, Baré, Piapoco, Yekuana, Baniva, Kurripaco, Yeral y Warequena; de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), Federación de Indígenas del estado Bolívar (FIEB), Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani), Unión de Comunidades Indígenas Warao (UCIW), Organización de Pueblos Indígenas de Anzoátegui (OPIA) y Conive Sucre. (Correo del Orinoco, 04.19.07, http://www.correodelcaroni.com/content/view/77083/149)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de agosto de 2007 una variación de 1,1%, mayor a la observada en el mes anterior (0,5%) y menor a la de agosto del año pasado (2,2%). Con este resultado, la variación acumulada del IPC al cierre del octavo mes del año se ubicó en 9,4%, inferior al 10,4% reportado en igual período de 2006. Es de hacer notar que la variación acumulada hasta el presente mes es la menor de los últimos cuatro años. El crecimiento del IPC durante el periodo reseñado fue impulsado por el alza de los precios de los rubros no controlados, al pasar de 0,4% a 1,8%, atenuado ligeramente por la desaceleración registrada en los rubros controlados (de 0,6% a 0,2%). (BCV, 01.09.07, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=5943&Operacion=2&Sec=False).

En el informe del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) se indica que en 8 meses el costo de la canasta básica para una familia de 5 personas se incrementó 9,3%, al pasar de 1.914.265 bolívares en diciembre de 2006, a 2.092.833 bolívares en agosto. En un año, el costo de esta cesta de productos y servicios se encareció en 303.065 bolívares (16,9%), por encima de la inflación anualizada, que se ubicó el mes pasado en 15,9%, según el Banco Central de Venezuela.

En el texto se señala que una familia que depende escasamente del ingreso de 2 salarios mínimos (1.229.580 bolívares), sólo puede adquirir 58,7% del total de la canasta básica de bienes. Para garantizar la adquisición de todos los productos y el pago los servicios requieren un ingreso adicional de 863.253 bolívares.

En el reporte del Cenda se sostiene que algunos productos como leche en polvo, aceite, azúcar, las caraotas continúan escaseando y en los establecimientos donde se consiguen se venden en cantidades limitadas por persona. En ocho meses, el valor de la canasta alimentaria se incrementó 15%, con lo cual los consumidores pagan 121.809 bolívares más que en diciembre de 2006 por los alimentos que consumen. La variación en un año es de 28,7%, lo que representa en términos reales 208.414 bolívares adicionales en comparación con el costo de esta cesta de productos en agosto de 2006.

El reporte del Cenda refiere que el costo promedio de los alquileres de una vivienda (2 habitaciones y un baño) en la Gran Caracas se ubica en 458.000 bolívares mensuales. “Observamos que las familias que demandan viviendas en alquiler se encuentran en una situación muy difícil porque no hay oferta de inmuebles para alquiler, la gran mayoría de los inmuebles que se ofertan es para la venta”, apunta. En el caso del gasto en educación, en comparación con el año pasado se registran incrementos importantes en los precios de los cuadernos empastados, los cuales subieron 19%, y en los textos escolares, que se incrementaron en 20%. (El Nacional. 05.09.07, M/5).