Del 14 al 28 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 207

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

A todos los y las miembros de Consejos Comunales de Caracas

Reciba ante todo un cordial saludo a nombre del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en derechos económicos, sociales y culturales; organización que desde hace varios años apoya en diversos campos de acción a grupos de afectados y afectadas en la consecución de su derechos humanos.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de informarles sobre la realización de un proyecto en convenio PROVEA – UNICEF, en el cual se contempla, la ejecución de un encuentro regional (zona Caracas) dirigido a miembros de Consejos Comunales activos, que tiene como objetivo, Iniciar un proceso de acercamiento con los Consejos Comunales desde la perspectiva de los derechos humanos, considerando sus experiencias y requerimientos de formación para fortalecer la participación comunitaria

En Venezuela se han venido desarrollando históricamente procesos institucionales, organizativos y de base, que buscan fortalecer la posibilidad de que los sectores populares accedan a condiciones de vida digna, tanto desde sus fortalezas organizativas para gestionar sus propios recursos y potencialidades, como desde sus capacidades de incidencia protagónica en la formulación de políticas públicas. Entre sus expresiones más destacadas en la actualidad, encontramos a los consejos comunales, como figura organizativa, política y jurídica emergente.

Queremos entonces, realizar un espacio de reflexión desde una óptica y perspectiva de derechos humanos, sobre el camino recorrido por los consejos comunales, los obstáculos encontrados, las fortalezas y debilidades. Una reflexión que nos permita vislumbrar cuál es el estado actual de los consejos comunales, a partir del cuál identificar necesidades sentidas y posibilidades de un futuro trabajo formativo que apunte ha fortalecer este espacio de participación.

Cuando la participación se desarrolla con la suficiente información y formación, y cuando permite el ejercicio político y autónomo de la priorización y toma de decisiones, adquiere legitimidad. De esta forma la participación social se convierte en tejido social, se organiza y construye liderazgos mucho más cercanos, auténticos y democráticos que aquellos construidos en la democracia representativa.

Así pues, extendemos una invitación formal a miembros activos de consejos comunales, a participar del evento que hemos mencionado, que se efectuará el día 11 de Octubre de 2008, para así poder contar con su participación activa e intercambiar experiencias con otros consejos comunales de la región capital del país.

El Mismo será realizado en horario comprendido entre las 8:30 AM y 05:00 PM, en la sede de la Organización centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP), ubicada en la Avenida Orinoco, entre calles Baruta y Chacaito, Quinta El Papagayo, Bello Monte Norte (como punto de referencia, salir por la estación del metro de Chacaito, caminar hasta la esquina donde se encuentra ubicada la Librería del Sur y cruzar a la izquierda, bajar hasta el final de la calle – Calle Chacaito – y luego a la derecho, esta frente al estacionamiento del hotel Madrid)

Para facilitar la participación de dichos miembros, nuestra organización prevé de ciertos recursos que permitirán sufragar los gastos de alimentación durante la actividad. Es necesaria la confirmación de los y las participantes a la brevedad posible para hacer la reserva del cupo ya que son limitados.

Sin mas a que hacer referencia y esperando contar con su valiosa colaboración nos despedimos de usted.

Atentamente.

Francisco Martínez Montero
Abogado Programa de Exigibilidad en DESC
PROVEA

Para mayor información, puede llamar a los teléfonos:
Caracas: 0212-8606669 / 8621011 (Francisco Martínez y/o Juderkis Aguilar PROVEA)

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó su informe sobre el país bajo el título “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para los derechos humanos en Venezuela”. La defensa de la vigencia de los derechos humanos se ha convertido en uno de los puntos principales de la agenda sociopolítica internacional, lo cual han ratificado las naciones al suscribir diversos pactos y acuerdos sobre la materia de obligatorio cumplimiento. La honra de estos acuerdos, que buscan preservar y enaltecer la dignidad humana, es monitoreado por las organizaciones de derechos humanos, cuyo trabajo no gubernamental intenta testimoniar sus progresos y contracciones, así como elaborar una serie de recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en la elaboración de las políticas públicas.

HRW realizó el informe durante un período de dos años, información que fue complementada con las diferentes visitas realizadas al país desde el año 2002. La multiplicidad de fuentes de información testimonian el esfuerzo en realizar un documento lo más equilibrado posible. En este sentido, Provea avala los puntos sustantivos del mismo, coincidiendo muchas de las preocupaciones con las expresadas en el propio Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos realizados por nuestra organización. Asimismo, “Una década perdida” contiene una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar las situaciones álgidas reveladas en la investigación. Sin embargo, el esfuerzo de HRW no ofrece una perspectiva integral de la situación venezolana. Como ha señalado Provea con relación a otros informes similares, como el realizado por Amnistía Internacional, el énfasis se coloca sobre los Derechos Civiles y Políticos (DCP), omitiendo los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), tales como el derecho a la vivienda, la salud y la alimentación. De esta manera, Provea coincide con los cuestionamientos de algunos voceros del Ejecutivo Nacional cuando señalan que no se registran algunos avances en derechos sociales, a lo que, añadimos, tampoco sus propios retrocesos y estancamientos.

El informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para los derechos humanos en Venezuela” puede ser consultado en la siguiente dirección: http://hrw.org/spanish/docs/2008/09/18/venezu19841.htm.

Las observaciones del informe , realizadas por el gobierno venezolano, pueden leerse en http://www.vtv.gob.ve/descargar.php?file=_promociones/laverdadsocavada.pdf

Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos rechaza contundentemente la intolerancia, atropello y expulsión de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director y subdirector ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch, ocurrida la noche del día 18 de septiembre de 2008. Este hecho ocurrió luego de la presentación del Informe “Una década de Chávez, intolerancia política y oportunidades pérdidas para el progreso del los Derechos Humanos en Venezuela”.

La defensa y promoción de derechos humanos en Venezuela resulta gravemente afectada por este hecho lamentable que desconoce las obligaciones internacionales del Estado venezolano en la materia. El deber del Estado era atender al contenido y recomendaciones del informe y promover un diálogo respetuoso con el conjunto de la sociedad venezolana.

La soberanía nacional tiene como límite el alcance y contenido del derecho internacional de los derechos humanos. Constituyen una obligación para toda persona velar y promover su alcance y contenido sin distinción de frontera alguna, de acuerdo a lo establecido en los pactos, convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y tratados de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Rechazamos la criminalización y descalificación del Movimiento de derechos humanos; quienes desde hace mas de 20 años de manera continuada, independiente realizan un seguimiento de las violaciones de derechos humanos, promocionan su vigencia, acompañan a las víctimas sin discriminación alguna, realizan propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento de una política pública que resguarde la democracia, la institucionalidad y la justicia.

Manifestamos nuestra solidaridad con la organización Human Rights Watch, y sus integrantes. Este hecho inédito en la historia venezolana constituye un precedente negativo que ratifica la preocupante situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ratificamos nuestra disposición al dialogo con el conjunto de los poderes públicos en la búsqueda de consensos para el diseño y ejecución de iniciativas que conduzcan a una mejora sustancial de la situación y que la orienten a la plena realización de los derechos humanos para todas las personas. Por ello exhortamos a trabajar por un plan nacional de derechos humanos que surja de un amplio debate democrático y participativo del conjunto de la sociedad y sus instituciones.

El Foro por la Vida lo integran las siguientes organizaciones:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI),
Caritas de Venezuela, Caritas Los Teques,
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello,
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE),
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC),
Espacio Público, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui,
Observatorio Venezolano de Prisiones,
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
y Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber “violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país”. La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería “a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

Organizaciones
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
Centro de Asesoría Laboral – Perú
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica -Venezuela
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – México
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) – Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización regional
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Colombia
Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) – Perú
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) – Venezuela
Conectas Direitos Humanos -Brasil
Corporación Humanas – Chile
Espacio Público – Venezuela
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – organización regional
Global Rights Partners for Justice – organización internacional
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. – México
Human Rights First – organización internacional
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) – El Salvador
Karlos Castilla – México
Oficina Jurídica Para la Mujer – Bolivia
Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
Vicaria de Derechos Humanos de Caracas – Venezuela
Observatorio Venezolano de Prisiones

Washington, D.C., 22 de septiembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la expulsión de Venezuela de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, Director Ejecutivo y Subdirector de la división para las Américas de Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos. La expulsión fue ordenada por el Gobierno venezolano en la noche del jueves 18 de septiembre de 2008, horas después de que esta organización presentara un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Este acto afecta el derecho a la libertad de expresión de los representantes de dicha organización y configura una muestra de intolerancia ante expresiones críticas que son esenciales para la democracia.

Tanto la organización de derechos humanos Human Rights Watch, como sus directivos para las Américas, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, cuentan con una reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos y han desempeñado un importante rol en la promoción y protección de estos derechos en la región.

La Comisión Interamericana en su Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas reconoció el papel fundamental que estas personas desempeñan en la sociedad para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho. Asimismo, señaló que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes éstos trabajan. Es por ello que la CIDH hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar la labor de defensa de las y los defensores de derechos humanos y su libertad de expresión.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz deplora expulsión de integrantes de Human Rigth Watch y exige respeto a la legalidad y al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela desde el año 1985, desea hacer pública su posición en torno a la reciente expulsión del país de dos representantes de la organización no gubernamental Human Rigth Watch.

En tal sentido consideramos la expulsión de estos ciudadanos como una arbitrariedad y un acto reñido con el marco legal vigente en Venezuela. La Ley de Migración y Extranjería, aprobada en el año 2004, en sus artículos 39 al 44 es clara en cuanto a las causales de expulsión y a los procedimientos a seguir en tales casos, así como los derechos que asisten a las personas que se ven afectadas por la decisión de expulsión. Dichos procedimientos y derechos han sido grotescamente vulnerados en este caso con la expulsión forzada de los señores Vivanco y Wilkinson, dejando en entredicho la declamada vocación pluralista y la capacidad de tolerancia democrática del actual gobierno frente a quienes realizan algún tipo de análisis crítico o denuncias sobre su gestión en materia de derechos humanos.

La decisión irreflexiva de expulsión de estos ciudadanos atenta contra la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1998), sienta un grave precedente de persecución a las expresiones de disidencia o crítica en el campo de los derechos humanos, desconoce el carácter universal y trascendente a las fronteras nacionales que tienen los derechos humanos y genera para el propio gobierno un efecto negativo, ya que fortalece a nivel internacional la visión de que el actual gobierno no es respetuoso de los mismos.

Exhortamos al Ejecutivo Nacional a analizar y asumir responsablemente las consecuencias de este tipo de decisiones y a respetar el ordenamiento jurídico, garantizando efectivamente los derechos humanos de las personas que expresan democráticamente sus disidencias con el gobierno y, en el caso de quienes sufren una expulsión del territorio nacional, garantizarles el debido proceso tal y como lo ordena el marco constitucional y legal vigente.

Caracas, 23 de septiembre de 2008

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La comunidad Kariña de Tascabaña, Mesa de Guanipa estado Anzoátegui, conformada por tres mil habitantes, ha denunciado la creciente contaminación debido a las emanaciones de gases debido a pozos petroleros que no funcionan, lo cual ha contaminado el río Tascabaña, su principal fuente de agua. Según indican los denunciantes, el problema data desde hace 9 años, pero se ha agravado desde los últimos dos y medio.

El edil indígena Benito Machuca aseguró que ahora el río y acuíferos están contaminados y no cuentan con otros afluentes de agua. “Esta situación afectó el modo de vida de los kariñas y el desarrollo agropecuario de la zona”. Indicó que desde un principio denunciaron el caso ante la Fiscalía, Pdvsa Gas, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Defensoría, Consejo Legislativo Estadal. Hace cuatro meses acudieron ante la Asamblea Nacional. Destacó que no fue sino hace 15 días que de Caracas llegó a la comunidad una comisión de estos organismos y decretaron la emergencia en la zona. Prohibieron el consumo del agua, porque está contaminada”. Machuca agregó que “Estamos bajo una bomba de tiempo, si recordamos que otros 15 pozos petroleros que están ubicados a pocos kilómetros de Tascabaña, fueron sellados por Pdvsa hace muchos años atrás y también deben estar filtrando.”

Técnicos de Pdvsa Gas San Tomé, dijeron que la empresa giró instrucciones a la comunidad para que sólo utilice el agua para lavar. Además le está instalando el electrificado nuevo, acondiciona el sistema de riego para la siembra. Aseguraron que el problema de filtración de esos pozos es de hace 40 años. (El Tiempo, 21.09.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=164453)

El ministro de la Vivienda, Farruco Sesto, señaló el Ejecutivo Nacional había destinado recursos adicionales para la terminación de soluciones habitacionales. Según el funcionario, el Gobierno aprobó 1 millardo de dólares, los cuales garantizarán la culminación de 39.000 casas. Aunque no dio más detalles sobre esas unidades, aún el despacho tiene pendiente la entrega de soluciones habitacionales correspondientes a programas de períodos pasados. (El Universal, 06.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/06/eco_art_minvivienda-recibe-$_1034326.shtml)

Sesto afirmó que el Gobierno Nacional está atacando la situación habitacional tanto desde el punto de vista legal como el estructural. En este sentido, destacó que actualmente el Gobierno realiza más de tres mil desarrollos constructivos alrededor de todo el territorio nacional. “Hoy día realizamos más de tres mil programas habitacionales en varios estados del país, al tiempo que unas 400 mil personas se han inscrito en el nuevo Registro Único de Vivienda, creado por nuestro Ministerio”, señaló. A pesar de que las propias cifras oficiales demuestran lo contrario, el ministro declaró a la Agencia Bolivariana de Noticias que “durante la administración del presidente Hugo Chávez, se han hecho más casas en Venezuela que en los 30 años anteriores”. Según la ABN “el Ministro criticó a la oposición por difundir desesperanza para intentar alarmar a sociedad venezolana sobre la futura gestión o capacidad constructiva del Ministerio y las autoridades estatales”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.09.08, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148032&lee=3)

El Gobierno nacional retomará el programa social del vaso de leche escolar con el apoyo de la industria láctea pública y privada, informó el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

La decisión surgió luego de una reunión sostenida entre los ministerios del Poder Popular para la Alimentación, para las Industrias Ligeras y Comercio, y para la Agricultura y Tierras con representantes del sector lácteo, tanto público como privado, a fin de revisar y garantizar el abastecimiento del rubro para lo que queda de año. El ministro para la Agricultura y Tierras, Elías Jaua, señaló que el vaso de leche es un tema fundamental para el Gobierno Bolivariano y por esta razón exhortó a los representantes del gremio a destinar un porcentaje de su producción para este fin que será destinado a las zonas populares del territorio nacional. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.09.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n120796.html)

Al oficializar el inicio del año escolar 2008-09, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Navarro, anunció que un total de 3 mil planteles, entre rehabilitados y construidos, están listos para recibir a niños y jóvenes. Es necesario recordar que en marzo pasado, el ex ministro de Educación, Adán Chávez, informó que se invertirían BsF 3 mil millones para la rehabilitación y ampliación de 4 mil 555 planteles, y la construcción de 413 escuelas nuevas en todo el país.

En días pasados, Navarro señaló que para finales de 2008 se culminarán 627 obras, entre construcciones nuevas, rehabilitaciones y ampliaciones de planta física, proyectos para los cuales ya se cuenta con los recursos necesarios. Sin embargo, un trabajo adelantado por el Colegio Nacional de Profesores apunta que cerca de 70% de la planta física, un total de 23 mil planteles, se encuentran en deficientes condiciones.

Durante un acto celebrado en la Unidad Educativa Mercedes Limardo, Fila de Mariches, estado Miranda, Navarro destacó que estarán en las aulas un poco más de 7 millones 700 mil jóvenes que comenzaron clases, sólo en escuelas públicas. Por otro lado, Navarro inició el plan piloto “La policía va a la escuela” y la continuación del Plan Antidrogas “Sembrando valores para la vida”. (El Universal, 17.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/17/pol_art_navarro-asegura-que_1049856.shtml)

Por su parte, Nancy Hernández de Martín, representante de La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), sólo 30% de los planteles cumple con los 180 días hábiles de clase. De estos, 25% está en el sector privado. “5% de los planteles oficiales que cumplen con los 180 días hábiles de clase, se debe a que están en muy buen estado. El resto, pierde 6 días por las elecciones, cuando sólo debería perder dos. También, por problemas como falta de planta física o de profesores. Y el ministerio de Educación no supervisa esto”, señaló. (El Universal, 22.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/22/ccs_art_30-de-escuelas-trab_1054358.shtml)

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz difundió una acción urgente para exigir al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela el sobreseimiento a las causas penales que han sido interpuestas a cuatro (4) activistas de derechos humanos, en el marco del acompañamiento a las comunidades Yukpa de Chaktapa y Guamo- Pamocha, en su proceso de reivindicación del derecho a sus tierras ancestrales. Las cuatro personas a las que hacen referencia son:

Kelly Amundarain, ecologista y defensora de los pueblos indígenas, vinculada a Homo et Natura.

Maryluz Guillén, integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización de derechos humanos con 25 años de experiencia en atención a víctimas y familiares de abuso policial y militar.

María de Los Ángeles Peña, activista del Colectivo Mujer Quilombo y Directora de Organización al Becario y apoyo a la capacitación del Poder Popular, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior;

Thomas Becerra, integrante de la Cooperativa Audiovisual Orinoquia, miembro de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), labora para la Cinemateca Nacional, sala regional ubicada en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas.

La Red de Apoyo agradece la adhesión a esta acción urgente, y la difusión entre los interesados e interesadas de su conocimiento. La misma se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://provea.blogspot.com/2008/09/caracas-red-de-apoyo-emite-accin.html

La reivindicación de los pueblos indígenas, es hoy en día una realidad, gracias al Gobierno Bolivariano, así lo manifestó, Nicia Maldonado, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. La funcionaria destacó que hasta ahora el Gobierno ha entregado 33 títulos a las comunidades indígenas, y que se prevé que el pueblo Yukpa, reciba para el próximo 12 de octubre, títulos de tierra, lo que se constituirá en la número 34.

En este sentido, la comisión de demarcación ha cumplido con el cronograma de las reuniones con los caciques Yukpa. Al respecto, argumentó que aquellos que opinaban que las comunidades indígenas estaban muertas, están equivocados, porque estos pueblos originarios han resurgido, en defensa del planeta. (Venezolana de Televisión, 17.09.08, http://www.vtv.gov.ve).

Por otra parte se conoció que para finales de este año culminará el proceso de demarcación de las áreas planas de la Sierra de Perijá, estado Zulia, la cual beneficiará a más de 10 mil 500 indígenas yukpa. La versión fue expresada por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación y director general de Planificación y Ordenación del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Sergio Rodríguez. En ese sentido, el funcionario explicó que el trabajo de la demarcación es un proceso que se viene desarrollando desde el año 2005, con la finalidad de garantizarle a la comunidad indígena la recuperación de sus territorios, para el desarrollo de las actividades culturales y agrícolas que tradicionalmente han realizado. (Agencia Bolivariana de Noticias, 22.09.08, http://www.aporrea.org/ddhh/n121082.html)

A pesar de estos anuncios, la organización ambientalista Homoetnatura denunció que eran meros títulos agrarios, los 33 títulos otorgados hasta ahora por el Gobierno a las comunidades indígenas. “Como los funcionarios del Gobierno consideran al indígena como campesino –afirman en un comunicado- no hacía falta entonces el capítulo 8 de la Constitución, ni la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, ni mucho menos la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, bastaría con la vieja Ley de Reforma Agraria del IAN, o la actual Ley de Tierra del INTI. Pero esta visión principalmente de corte militarista entra en contradicción con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la novísima Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), y por supuesto con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas”. Homoetnatura finalizó el texto afirmando que “En el Yaza enterraron la racista Comisión de Demarcación de Tierras Indígenas, se abre un nuevo ciclo de movilizaciones nacionales”. (Hometnatura, 24.09.08, http://provea.blogspot.com/2008/09/zulia-homoetnatura-fracas-la-fulana.html)

En otra información la Federación de Ganaderos del Sur del Lago anunciaron una próxima protesta “por la inseguridad física y jurídica que aqueja a prácticamente todos los sectores de la vida zuliana”, según informó Fedenaga en una nota de prensa. El gremio ganadero ha expresado que las ocupaciones Yukpa constituyen un atentado al derecho a la propiedad y han mermado la producción ganadera y lechera en la zona. (El Universal, 25.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/25/eco_art_marcharan-en-zulia-p_1062371.shtml)

La Maternidad Concepción Palacios es la principal de Caracas, así como la más grande del país. Fundada en el año 1938, cumple 70 años atendiendo un promedio de 900 a 1.500 bebés mensuales. Diseñada como un centro obstétrico de avanzada para las mujeres de bajos recursos de Caracas, la Maternidad muestra signos evidentes de que los años y la falta de mantenimiento dejan huellas.

Entre algunas de las fallas del centro hospitalario se encuentran la falta de camas, cupos en terapia intensiva para madres y bebés, carencia de suministros e insumos mínimos como sábanas o batas, y las interrupciones del servicio de agua. “Hay que traerse todo de la casa, las sábanas, las batas porque sino dormirás con tu bebé en un colchón pelado. A mí me tocó levantar baldes de agua para bajar la poceta porque de los chorros, nada de agua, olvídate. Y eso que yo tenía una cesárea porque se me complicó el parto”, afirmó una madre a un medio de comunicación.

El doctor Fernando Calderón, presidente de la Sociedad Médica de la institución, asegura que a raíz de las denuncias constantes ante los medios de comunicación se comenzaron a tomar en cuenta las deficiencias. “Se logró sensibilizar con la situación después de años y años de problemas. Donaron unos equipos de ultrasonido y material médico quirúrgico que ayudan a mejorar la calidad de la atención a las pacientes y se está haciendo la recuperación del piso 6 de hospitalización que tenía años paralizado. Son 65 camas con las que no se contaban que se suman con sus respectivos bebés, es decir son 130 cupos más que no se tenían”, explica Calderón.

El galeno alerta que aún no se ha resuelto el cupo de terapia intensiva, según el ritmo de demanda de las pacientes que llegan con complicaciones, “es un problema a nivel nacional, la población ha crecido pero no así las infraestructuras hospitalarias”. A esto se suma un problema, a su juicio primordial “el insumo más importante es el humano. Se ha mantenido la deserción de intensivistas, neonatólogos porque nadie quiere hacer las especializaciones por las condiciones de trabajo. Hasta los momentos no se ha aplicado un incentivo que revierta este panorama”, destaca. (Ultimas Noticias, 21.09.08, Pág. 39).
Por otra parte, autoridades del Centro Simón Bolívar (CSB) anunciaron que para el próximo 05.12.08 se espera la entrega rehabilitada de la nueva sede de la Maternidad, un lugar donde se atenderán entre mil 500 y dos mil consultas externas. (Agencia Bolivariana de Noticias, 24.09.08, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=150508&lee=10)

La Federación Médica Venezolana (FMV) introdujo el 17.09.08 ante la Inspectoría del Trabajo su nuevo proyecto de contrato colectivo. En el mismo solicitan al Ejecutivo que la escala salarial de los galenos inicie en un monto superior a 6 mil bolívares fuertes.

El presidente de la FMV, Douglas León Natera, acompañado de 7 representantes del Comité Ejecutivo Ampliado del organismo gremial y por los presidentes de 13 colegios médicos fue el encargado de consignar el documento que arropa a más de 30 mil médicos de todo el país.

“Son casi 7 mil del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), 13 mil 700 del Ministerio de Salud y cerca de 3 mil del Ipasme, además de los 7 mil médicos jubilados ubicados”.

El presidente del organismo gremial explicó que el proyecto incluye también a los médicos de la Misión Barrio Adentro pues considera que los sueldos y beneficios deben ser iguales para todos los galenos.]

Natera explicó que en la actualidad un médico percibe un salario de 900 bolívares fuertes al tiempo que señaló que “el nuevo contrato que introdujimos establece el sueldo de un médico rural o interno en BsF 6.133, el de un residente en BsF 6.640, mientras que el de los jubilados en BsF 7.091”. Precisó que el último escalafón salarial establecido en el documento es el de director de hospital, para quien establecieron un salario mensual de 16.000 bolívares fuertes y un bono de responsabilidad en el cargo por BsF 8 mil. (El Universal, 18.09.08, FMV introdujo ante la Inspectoría del Trabajo el nuevo proyecto de contrato)

Un grupo de pensionados y jubilados de Cantv continúa a la espera de que la empresa, en manos del Estado desde mayo de 2007, les reconozca una serie de beneficios que dejaron de percibir hace 15 años. Alrededor de 800 extrabajadores de la compañía dirigieron una carta al ministro del Trabajo, Roberto Hernández, para exigir una pensión en función de los contratos colectivos aprobados desde 1993, reconocimiento de los intereses moratorios sobre la deuda acumulada, bonos cancelados al personal activo por retrasos en la discusión de contratos colectivos anteriores, bonos de productividad, cesta ticket y reconocimiento del laudo arbitral de 118% cancelado al personal activo por no discutir el contrato de trabajo.

José Chacón, presidente de la asociación que agrupa a jubilados y pensionados en la capital del país (Ajuptel-Caracas), aclaró que la demanda interpuesta contra la telefónica y ganada en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ver con la violación a las contrataciones colectivas vigentes desde 1993 y no por salario mínimo como asegurase manipuló.

Lamentan que, a pesar de haber planteado la estatización de Cantv – “la transnacional Verizon tuvo como único fin la explotación del capital, violentando las leyes de la República Bolivariana de Venezuela “observan” con tristeza y desconcierto cómo, lamentablemente, la actual junta directiva de Cantv socialista está aplicando los mismos mecanismos de la administración de Gustavo Roosen” Cuestionan que quienes suscribieron el acuerdo marco propuesto por Cantv en julio de 2007 se les haya asignado sólo un “sueldo mínimo mensual y un simple bono”. (El Mundo, 22.09.08, Pág. 6)

2500 trabajadores de la Corporación de Servicios Metropolitanos de la Alcaldía Mayor mantienen una huelga de brazos caídos en un galpón de la institución ubicado en La Yaguara, Caracas. Los manifestantes exigen una contratación colectiva fija con salario acorde con la realidad económica porque sólo ganan entre BsF 635 y Bs F 800. Se informó que una comisión de representantes de los trabajadores y dirigentes sindicales sostuvieron una reunión con el secretario de la Alcaldía Mayor, Gerardo Estévez, donde no se logró ningún acuerdo que beneficie al personal contratado desde hace más de dos años, que no goza de los beneficios que dicta la Ley del Trabajo, pago de vacaciones, utilidades, bono de alimentación a tiempo y fideicomiso. (El Universal, 18.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/18/ccs_art_trabajadores-de-la-a_1051637.shtml)

En otra noticia, se informó que un aproximado de 700 trabajadores de la Alcaldía de Iribarren protestaron el 16.09.08 frente al Concejo Municipal de Iribarren exigiendo beneficios laborales. Entre las peticiones se encuentran el reinicio de las discusiones del contrato colectivo, para el cual solicitan la inclusión de nuevos ajustes en vacaciones, cestatickets, aguinaldos, salario y otros compromisos. (El Impulso, 17.09.08, http://www.elimpulso.com/)

Antes de finalizar el año 2008la Alcaldía de Libertador concluirá los proyectos de soluciones definitivas para los 15 mil trabajadores informales que permanecerán trabajando en las calles después que concluya este período gubernamental. El anuncio lo realizó Silfredo Zambrano, autoridad única en materia de buhoneros de la Alcaldía de Libertador. “Teníamos 40 mil buhoneros, y después que depuramos las listas quedaron unos 35 mil, de los cuales hemos reubicado 20 mil. Esperamos que el próximo gobierno continúe con este plan de recuperación de espacios públicos”, acotó. Zambrano indicó que el trabajo está hecho, tanto los censos sincerados como la planificación. “Hemos demostrado que ningún buhonero se ha muerto de hambre mientras espera su reubicación. Todos han hecho su cuota de sacrificio, y han esperado”. Por su parte los trabajadores informales del centro capitalino, muchos de los cuales tienen nueve meses sin trabajar, vigilan constantemente la construcción y culminación de la feria de Bellas Artes. El espacio dará albergue a unos 1.400 buhoneros, quienes fueron censados de acuerdo con el lugar donde trabajaban. Elizabeth Salazar, una de las coordinadoras de la feria, asegura que este espacio cuenta con baños públicos, oficina de seguridad y de administración. “Como ya sabemos quiénes son los que van a estar en este espacio, muchos ya han ido comprando las rejillas que debemos colocar. -Para acelerar nuestra instalación, una vez conocido el espacio destinado” dijo Zambrano, quien anunció que tanto el sorteo de Bellas Artes como el del mercado de Quinta Crespo se harán próximamente. (El Universal, 16.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/16/eco_art_a-15-mil-informales_1046946.shtml)

Tres personas murieron el pasado domingo 21.09.08 en Ciudad Guayana, presuntamente por sicarios ligados a la violencia por la obtención de puestos de trabajo. El suceso ocurrió en el estadio del sector La Manga de San Félix, durante un partido de softbol. Mientras se disputaban una final de ligas vecinales en el estadio , arribó un sicario conocido como el Tavo”, quien fue señalado como el hombre que inició la balacera, asesinando a Régulo Castillo (35), uno de los jefes del sindicato Muralla Roja. Dos de sus escoltas desenfundaron sus armas contra el sicario, pero en la confusión, dispararon contra personas que miraban el partido. Cuatro personas resultaron heridas, falleciendo Yolimar Tovar (33) y Pastor Brito (31). (Correo del Caroní, 23.09.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/108884/149)

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, para el mes de agosto la tasa de desocupación se ubicó en 7,1%, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior, cuando el índice de desempleo fue 8,6%.

Las cifras oficiales señalan que para el octavo mes del año, un total de 894.719 personas buscaban empleo sin conseguirlo, esto es 174.497 personas menos que en agosto de 2007.

La tasa de ocupación para agosto de este año fue de 92,9%, que en comparación con el mismo período de 2007 (91,4%), reflejó un incremento de 409.888 personas.

En cuanto a la caracterización de las personas que forman el mercado laboral, las cifras del INE indican que en el sector formal laboran 56,8% de la población. Comparando la cifra con la estimación del mes de agosto de 2007 (55,9%), se evidencia un incremento de 333.896 personas.

La población ocupada en el sector informal de la economía representa 43,2% del mercado laboral, es decir, 5.081.698 personas, número similar al que se registró en agosto del pasado año, cuando la informalidad se ubicaba en 44,1% (5.003.435 personas). (El Universal, 24.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/24/eco_art_tasa-de-desempleo-se_1060853.shtml)

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.

• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La Asamblea Nacional investigará los asesinatos, desapariciones y torturas de los venezolanos durante los años 60, 70 y 80 con el propósito de recopilar la historia de la violación de los derechos humanos ejecutados por gobiernos de la IV República.

Así lo expresó el presidente de la Comisión Especial de investigación de los casos, Reinaldo García, quien aseguró que intentarán reivindicar a esas personas, que, además, fueron tildados de bandoleros, guerrilleros, sediciosos, insurrectos, calificativos con los cuales trataban de descalificarlos.
Asimismo dijo que se dedicarán a indagar sobre la situación de las víctimas, sobrevivientes, familiares, que a pesar de haber pasado más de cuarenta años, continúan buscando justicia. Indicó que muchos de los responsables o victimarios de estos hechos de una u otra forma han quedado impunes ante la historia, razón por la que se dedicarán a trabajar para que no siga tal impunidad y “como mínimo sean sancionados moralmente”. También que el Estado venezolano reconozca e indemnice a las personas que estuvieron luchando por esos ideales, muchos de ellos sobrevivientes a las torturas pero que quedaron sufriendo graves enfermedades, además de haber sido expuestos al descrédito público. (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=146781&lee=18)

Con el apoyo de más de 500 efectivos de la Policía Metropolitana (PM) y la Policía Libertador, que conforman la Brigada de Patrullaje, la Alcaldía de Caracas inició el 22.09.08 las operaciones del Sistema de Televigilancia, que funcionará en el centro de la ciudad capital.

El Alcalde de Libertador, Freddy Bernal, indicó que este sistema inicia operaciones con 50 cámaras de alta resolución, ubicadas en diversos puntos de la avenida Baralt, calles del centro histórico (parroquia Catedral) y alrededores de la Plaza O’Leary. Precisó que durante 24 horas estas cámaras de alta resolución (diurna y nocturna) captan imágenes cada 10 segundos, que son transferidas al sistema computarizado de la Brigada de Patrullaje de a Pie y al sistema del Centro de Comando de la Policía de Caracas o Sala Situacional.

El sistema de televigilancia está conectado con seis módulos inteligentes o módulos policiales, instalados por la Alcaldía de Caracas en diversos puntos del centro de la ciudad. Este sistema tiene como objetivo servir de elemento disuasivo y contribuir con los diversos planes de seguridad integral que desarrolla el Ejecutivo Nacional como el Plan Caracas Segura, planes de seguridad vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, así como incentivar el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. (Agencia Bolivariana de Noticias, 22.09.08, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=150240&lee=10)

La nueva estrategia del Ministerio de Interior y Justicia para atacar la criminalidad, y así lograr una reducción en los índices delictivos, se centrará en integrar a los planes de seguridad el estudio de las distintas comunidades para focalizar las causas que producen la delincuencia y así atacarlas. el ministro del Interior y Justicia, criminólogo Tarek El Aissami, aseguró que para lograr esa titánica tarea se formarán, entre otras cosas, los consejos de prevención que trabajarán de la mano con los consejos comunales.

“En los barrios El Winche y Maca, en Petare, de los más peligrosos de Petare, se llevó a cabo un estudio exhaustivo y los resultados determinaron que dificultades familiares, deserción escolar, embarazo precoz y hábitat eran las causas que había que atacar. Se integró a la comunidad a la búsqueda de soluciones y la delincuencia disminuyó 70%”, aseguró el alto funcionario.

Por su parte el abogado Edwin Rojas, director de Prevención del Delito del ministerio, indicó que lo que se busca es contenet los efectos, pero además identificar las causas y atacarlas. “Por mucho tiempo, sólo se buscó contener los efectos y no se ocupaban de las causas. Por eso crecieron”, (El Universal, 25.09.08, http://www.eluniversal.com/2008/09/25/sucgc_art_mij-atacara-delincue_1062270.shtml)

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.

ESPECIAL: “EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD”

El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.

Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.

ARTÍCULOS

La Fiscal General Luisa Ortega Díaz expresó, con respecto a la expulsión del defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco, que el gobierno podía expulsarlo y que el procedimiento que se había ejecutado había sido legal. Pues miente señora Fiscal. La ley de Extranjería y Migración no contempla entre las causales de expulsión emitir opiniones sobre el país y menos cuando van orientadas a defender los derechos humanos. Sabe usted que la expulsión fue ilegal, sin embargó la avaló. La ley contempla un procedimiento que fue violado por el Ejecutivo Nacional en cual se le garantiza el derecho a un debido proceso a la persona que pretende ser expulsada. Esa persona tiene derecho a ejercer una serie de recursos, entre ellos, que sea revisada la decisión. Nada de esto se cumplió. La ley, en su artículo 15, expresamente contempla que los extranjeros y extranjeras tienen derecho a la tutela judicial efectiva y que en los procedimientos administrativos se deben garantizar los derechos establecidos en la Constitución. Si Usted, no influenciada por sus simpatías políticas, sino ejerciendo el cargo de manera independiente como debería ser, lee detenidamente la mencionada ley, tendrá que llegar necesariamente a la conclusión que el procedimiento de expulsión del señor Vivanco fue ilegal. Esa actitud de avalar la arbitrariedad de dicho procedimiento reafirma una de las conclusiones del Informe presentado por Human Rights Watch: en el país no hay una real independencia de poderes.

Pero no sólo de manera arbitraria se expulsó a Vivanco también se procedió de esa forma con el ex mimistro colombiano Fernando Araújo y días antes con un presunto jefe guerrillero de las FARC. En todas estas expulsiones se violó la ley. Esta situación de reiteradas violaciones a la ley de Extranjería y Migración debería obligar también a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse. Es un deber de la Defensoría defender los derechos de todas las personas, incluyendo las extranjeras. Lo recomendable es que a partir de los casos ya sucedidos, la Defensoría llame la atención al Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia y brinde la asesoría correspondiente sobre como cumplir el procedimiento establecido. Solo conocemos de casos que han tenido alguna repercusión mediática, pero muy posiblemente se han realizado otras tantas deportaciones sin garantizar a los afectados y afectadas sus derechos.

No le conviene al país que se continúe actuando de esta manera. Deben tomarse correctivos pronto y tanto la Fiscalía como la Defensoría pueden contribuir mucho para que se rectifique. La impunidad en las violaciones a los derechos humanos crea condiciones favorables para que se continúen violando, por lo que debemos evitar que se consolide este tipo de actuaciones contrarias al estado de derecho. Callar y en algunos casos ser cómplices de la arbitrariedad de los funcionarios debilita a instituciones en la cual han cifrado sus esperanzas muchos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los eternamente excluidos. (Tal Cual, 26.09.08, marino@derechos.org.ve)

Según la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, “el servicio de policía es de carácter civil y profesional, lo cual se manifiesta funcionalmente en su mando, personal, dirección, estructura, cultura, estrategias, tácticas, equipamiento y dotación” (artículo 6). Pero& transformar nuestras policías en entes eminentemente civiles es un reto colosal.

Históricamente ha existido una peligrosa mezcla entre lo militar y lo civil en los temas de seguridad. Luego de la dictadura gomecista, el decreto de creación de un Servicio Nacional de Seguridad en 1937 no fue garantía de separación, pues incorporaba un organismo de naturaleza militar -la Guardia Nacional- a una institución que se pretendía civil, dándole un carácter cívico-militar al aparato policial, perpetuando el control militar en la sociedad y facilitando la penetración de plataformas ideológicas y operativas extranjeras para actuar contra los enemigos de la seguridad, como luego fue la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Intromisión
Las más recientes expresiones de intromisión militar en lo policial fueron durante el año 2001, cuando un clima de conflictividad política y una gran movilización social sirvieron para que el Gobierno ordenara (y justificara) la presencia de la Guardia Nacional y sus equipos de guerra en las calles, a fin de hacer valer “la ley y el orden” a través de la militarización del área metropolitana de Caracas.

Hasta hoy, en los planes nacionales de seguridad (de corte preventivo) vemos que destaca la presencia y actuación de la Guardia Nacional y la Policía Militar en funciones de seguridad ciudadana, realizando operativos conjuntos con las policías. Y a pesar del incremento de los casos de muertes por ejecución cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional, denunciados por ONG’s sobre todo a partir del año 2004, la percepción social de este componente era positiva. Así, durante el año 2004, 69,6% de las personas estaba de acuerdo o algo de acuerdo en que la presencia militar en las calles era necesaria para controlar la violencia (encuesta nacional de “Violencia Urbana y Sistema Penal en Venezuela”, Laboratorio de Ciencias Sociales), mientras que para el año 2006 la labor de este componente militar era considerada muy buena/buena en 50,7% (Encuesta Nacional de Victimización, Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol).

Entonces, la intromisión militar en lo policial, además de ser tolerada socialmente, ha calado en todos los ámbitos institucionales y se evidencia en la estructura, formación, entrenamiento, distribución de cargos, uso de la fuerza y cultura en el ámbito policial.

El reto Con la nueva Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional se establece un reto para la sociedad venezolana: tener un Servicio de Policía civil con policías que hagan uso de la fuerza en caso de necesidad y de manera proporcional, y al tiempo que se rechazan categóricamente los abusos policiales, decirle de una vez por todas adiós a las botas militares. (El Universal, 22.09.08, gildan@hotmail.com)

Uno las escucha conversar y piensa “hablan sabroso”. A las mujeres del Consejo Comunal “Nuestro esfuerzo”, ubicado en Mariara estado Carabobo, les brillan los ojos cuando hablan de cómo han aprendido a mezclar cemento, levantar paredes y pegar pocetas al erigir, por autoconstrucción, cada una de las ciento y pico de viviendas proyectadas para el sector. Descubrieron, de repente, la capacidad creadora de sus manos encalladas tras años de pobreza y exclusión. Y se enorgullecen de contarlo: “Ya no somos las de antes, ahora si queremos podemos”. Esta comunidad es una de las 12 seleccionadas por Pequiven para las primeras experiencias de las “Petrocasas”, programa bandera del ejecutivo nacional para paliar el agudo déficit de viviendas.

A 15 minutos de allí, en Guacara, se inauguró en marzo pasado el conjunto piloto del proyecto: La Comunidad Socialista La Coromoto, la cual ha beneficiado a 458 familias. Y sin duda, como la califican sus vecinas, es la “madre del proyecto”, contando ya con canchas deportivas, ambulatorio, biblioteca e iglesia, así como un Mercal y Simoncito en construcción; servicios que la certifican como un urbanismo con servicios que complementan el hábitat de las viviendas, elevando la calidad de vida de sus moradores. Los anuncios presidenciales estiman que el norte de Petrocasa es la fabricación de 80.000 casas anuales, meta que si se cumple ayudaría a levantar el débil músculo gubernamental en la materia. Ante las altas expectativas generadas por el discurso bolivariano, la deuda social en el sector ha continuado acumulándose. Estimaciones de la ONU para nuestro país han estimado que la falta de vivienda afecta a 13 millones de venezolanos y venezolanas.

Ante la ausencia de un techo propio, tercer problema para los nuestros, la posibilidad de expandir un proyecto de construcción de casas a bajo costo –aproximadamente 40.000 Bs la unidad- constituye la esperanza para que millones de personas excluidas disfruten de su derecho a la vivienda. Pero un proyecto como Petrocasas, antes de erigirse como panacea, debe aclarar algunos nubarrones en su horizonte. El principal versa sobre la presunta toxicidad de sus materiales, tanto para la salud de sus habitantes como para el medioambiente. Esta preocupación ha sido recogida por organizaciones sociales como la Fundación Agua Clara y Provea, quienes recuerdan las diversas advertencias de ecologistas, activistas e investigadores a lo largo del globo acerca de la contaminación generada por el Policloruro de Vinilo (PVC), material estelar de las Petrocasas. Estas alertas ocasionaron que haya sido progresivamente relegado de las utilidades que alguna vez lo popularizaron.

La respuesta de las instituciones promotoras de las Petrocasas ha sido el silencio. Provea ha solicitado, en un recurso de petición, que se divulguen los estudios que demostraran que el PVC utilizado en el proyecto habitacional es seguro para sus habitantes e inocuo para el medio ambiente. Hasta ahora Pequiven ha desestimado olímpicamente la solicitud. Hay quienes han sugerido que su actitud no puede ser otra, debido a que dichas investigaciones, sencillamente, no se han realizado.

En tiempos de altos precios petroleros y grandes recaudaciones tributarias el sentido común estimaría que, ante las dudas, sería preferible ir sobre seguro con casas de bloques y cemento. Y cómo la improvisación ha sido el método gubernamental para allanar otras grandes epopeyas, resquemores y cuestionamientos se encuentran justificados.

Petrocasa recuerda el gusto por la ironía inmanente en el proceso bolivariano. Mario Silva, el aspirante por el PSUV a la gobernación de Carabobo, ha hecho de las casas de PVC uno de los puntales de su campaña electoral. Pero su entusiasmo no llega a los extremos de habitar una de estas plásticas y blancas casas que ya hemos comenzado a exportar. Su nombre figura como uno de los beneficiarios de los apartamentos de la urbanización Bosque Valle en Caracas, una obra oficial recientemente construida en Tazón en una de las montañas que bordea el embalse La Mariposa. Ojalá algún día Venezuela sea de todos. Y las viviendas propias, amplias, seguras y dignas también. (Versión Final, 25.09.08, rafael@derechos.org.ve)

Del 25 de agosto al 13 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 206

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

Ante los recientes denuncias realizadas por diferentes voceros del Ejecutivo Nacional acerca de la presunta conspiración de miembros de la Fuerza Armada para la realización de un golpe de Estado, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) condena tajantemente cualquier posibilidad de interrumpir el ordenamiento constitucional y desconocer la voluntad popular expresada a través del sufragio. En este sentido Provea exhorta a que los diferentes actores políticos del país a procesar sus diferencias a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento legal vigente. Asimismo, exigimos que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional no se conviertan en actores políticos que promuevan el desconocimiento de la Constitución. Como organización de derechos humanos apoyamos la investigación de esta situación, respetando tanto el debido proceso como otros derechos humanos de los presuntos implicados.

De la misma manera como condenamos cualquier ruptura constitucional, Provea rechaza la instrumentalización política de las denuncias acerca de una posible conspiración militar, creando un clima de “cacerías de brujas” que pudiera permitir la inhabilitación política de candidatos opositores a gobernaciones y alcaldías, así como la persecución de líderes políticos o sociales.
Una investigación seria tampoco debe obstaculizar la labor de los medios de comunicación a publicar cualquier información referida al caso, pues hechos como los denunciados deben ser del interés público y se debe dar plenas garantías al trabajo de los comunicadores sociales.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizará durante el mes de octubre del 2008 y octubre de 2009 una campaña para exigir el cese a la impunidad en el caso de El Amparo. Como se recordará, el 29 de octubre de 1988 el CEJAP, un comando integrado por funcionarios civiles y militares, asesina a 14 pescadores del pueblo El Amparo, estado Apure, y los presenta a la opinión pública como bajas guerrilleras producto de un enfrentamiento armado. El testimonio de dos sobrevivientes reveló uno de los casos de violación de derechos humanos de más hondas repercusiones para el país, el cual generó la primera sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Venezuela, obligando al pago de indemnizaciones y la realización de la investigación y el proceso judicial que determinara las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen. Si bien el Estado venezolano pagó las indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, los autores de la masacre no han sido enjuiciados, beneficiándose de la impunidad.
Provea desarrolla una campaña de exigibilidad del derecho a la justicia en el caso de El Amparo que busca la apertura del mismo en tribunales ordinarios del país. Esta campaña necesitará una identidad gráfica cuyo soporte fundamental será un afiche a ser distribuido a nivel nacional. Provea abre a concurso público el diseño del afiche, cuyo motivo ganador será seleccionado por el Equipo Coordinador de la institución.

El diseño del afiche debe transmitir los objetivos de la campaña a desarrollar por Provea, los cuales son:

Objetivo General:

Denunciar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre de El Amparo e implementar mecanismos de exigibilidad.

Objetivos específicos:

  1. Acompañar a los familiares víctimas y sobrevivientes en gestiones institucionales exigiendo justicia.
  2. Participar en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisión del cumplimiento de la sentencia.
  3. Solicitar apertura del Caso ante la Fiscalía General de la República
  4. Visibilizar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre del Amparo
  5. Realizar actividades de conmemoración del XX Aniversario de la Masacre del Amparo

Las dimensiones del afiche deben ser de 64 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, en una resolución de 300 pixels por pulgada a full color.

La consigna central del afiche será: “20 años de la Masacre de El Amparo: ¡Castigo para los culpables!”. Los concursantes pueden participar con la cantidad de propuestas que deseen, mediante cualquiera de las técnicas de diseño que conozcan.

La propuesta ganadora, además de ser impresa en afiches y postales de la campaña, será gratificada con un premio único de 1.000 Bs.

El arte final del afiche, en baja resolución, debe ser enviado antes del martes 30 de septiembre del 2008 a las siguientes direcciones electrónicas: marinoalvarado@gmail.com, lorenzolab@yahoo.fr, txaro@derechos.org.ve.

Por último invitamos a las diferentes organizaciones sociales e individualidades del país que deseen sumarse a la campaña por la justicia en el Caso de El Amparo, a comunicarse por el email provea@derechos.org.ve, o consultar las informaciones sobre la misma a ser publicadas en el sitio web http://www.derechos.org.ve

ARTICULO 1: organizadora
La Asociación Civil Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), cuya sede esta ubicada en el Bulevar Panteón, entre esquina Tienda Honda y Puente Trinidad, Edificio Centro Plaza Las Mercades, PB, Local 6 organiza del 1ro de julio 2008 al 30 de septiembre 2008 un concurso fotográfico. La selección de las fotografías tendrá lugar el 1ro de octubre 2008.

ARTICULO 2: Acceso y duración
El concurso esta abierto del 1ro de julio 2008 hasta el 30 de septiembre 2008. El concurso esta abierta a cualquier persona física a excepción de los miembros del Comité de selección o de su hogar (mismo apellido, misma dirección). Los menores de edad pueden participar a la condición de proveer una autorización de sus padres. Los participantes declaran tener conocimiento del presente reglamento que se les imponga.

ARTICULO 3: Principio del concurso
El concurso consiste en determinar cual es la mejor foto sobre 5 temas de derechos humanos: “Derecho a la salud”, “derecho a la seguridad social”, “derecho a un ambiente sano”, “derecho a la alimentación” y “derecho a una vivienda adecuada”. Para participar, los concursantes deben enviar una fotografía sobre uno de los temas con un máximo de 10 fotografías en total. El peso máximo de los archivos debe ser de un mínimo de 3Mo, es decir una imagen de 1.200 x 900 píxeles en 300 Dpi y un máximo de 25Mo, es decir una imagen de 2.500 x 3.500 pixeles. Deben ser registradas en el formato Jpeg y el nombre del archivo debe indicar su nombre y apellido así como el número de su foto.
Nombre_apellido_01.JPG,
Nombre_apellido_02.JPG
Nombre_apellido_03.JPG, etc.
Deben incluirse en el cuerpo del correo electrónico los nombres, apellidos, dirección y teléfono del concursante y la mención « reproducción libre por Provea ».
Las fotografías deberán ser enviadas al correo concursoprovea@gmail.com
Las fotografías a color, blanco y negro, sepia o monocromo serán aceptadas y deben ilustrar situaciones de los cinco temas en Venezuela.
El comité de selección, compuesto por profesionales en materia de derechos humanos, se reunirá para el 1ro de octubre. Los seleccionados serán contactados el 2 de octubre por correo electrónico o vía telefónica. Los criterios de selección serán: creatividad/originalidad, estética, relación con el tema tratado, calidad técnica. Al fin del concurso, se les podría solicitar entregar sus fuentes en el caso de una exposición de PROVEA relacionada con el concurso

Los participantes declaran tener conocimiento del presente reglamento que se les imponga. Para ser consideradas, las fotografías de los participantes deberán ser creaciones estrictamente personales. Para eso, no deberán incluir elementos perteneciendo a una fotografía, una película, un video, o cualquier otra creación existente, representar marcas comerciales, muebles o inmuebles protegidos por derechos. Para eso, el participante es el solo responsable de las fotografías difundidas y garantiza a PROVEA contra cualquier acción de recurso que podría ser iniciado por una persona afectada por su imagen, su vida privada o cualquier otro derecho que podría hacerlo valer. PROVEA se reserva los derechos de no difundir las fotografías que no respetarían las disposiciones mencionadas anteriormente o que PROVEA estimaría inaceptables a pesar de no contravenir contra la ley. PROVEA no se encuentra en la obligación de difundir las fotografías de los participantes y se reserva el derecho de desestimar cualquier fotografías que no corresponderían a las normas conformes con las exigencias requeridas. CUALQUIER ELEMENTO SOSPECHOSO LLEVARÁ A LA ANULACIÓN DE LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO

ARTICULO 4. Premios
Las fotos seleccionadas por el Comité de Selección serán expuestas a costo de Provea en las distintas celebraciones públicas que Provea realizará en ocasión de su 20º aniversario. También el Comité de Selección efectuará una selección de un mínimo de 20 fotografías que serán incluidas en el Cd interactivo que PROVEA realizará para su 20º Aniversario así como en el Cd interactivo realizado en motivo al 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
Los premios para los laureados son en el orden de los seleccionados por el Comité de Selección:

  1. 1er premio: Bs.F. 1.000, la garantía que su fotografía conforme la portada del 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela así como de sus publicaciones derivadas, una invitación para asistir a las distintas celebraciones públicas y privadas que Provea organizará con ocasión a su 20º Aniversario y la posibilidad de efectuar una charla sobre la visión de su trabajo como introducción del principal evento organizado para el Aniversario.
  2. 2do Premio: Bs.F. 500, la garantía que su fotografía conforme la contraportada del 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela así como de sus publicaciones derivadas y una invitación para asistir a la principal celebración pública del 20º aniversario de PROVEA
  3. 3er Premio: Bs. F. 250, la garantía que su fotografía conforme una portadilla en el 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela y una invitación para asistir a la principal celebración pública del 20º Aniversario de PROVEA

De igual manera, la mejor fotografía en cada tema ilustrará el capítulo referente a ese tema en el 20º Informe Anual sobre la Situación de los derechos humanos en Venezuela. De ser entre las tres primeras fotografías premiadas, se escogerán a la mejor segunda fotografía en el tema abordado.

ARTICULO 5. Modalidad de atribución de los premios
Los seleccionados serán contactados el 24 de septiembre vía correo electrónico o vía telefónica. Los premios serán entregados el día 15 de octubre, fecha del 20º Aniversario de Provea, en un acto público que abrirá las celebraciones públicas ese día.

ARTICULO 6. Autorizaciones
Cada participante autoriza PROVEA a reproducir libremente las fotografías. Los participantes afirman conformarse a las leyes y reglamentos vigentes, a respetar los derechos de los terceros y las disposiciones del presente reglamento. También, afirman comportarse de manera leal, entre otros a:

  1. ser el solo y único autor de las fotografías
  2. que no haya hecho en las fotografías ningún préstamo o copia relativa a obras protegidas existentes y de manera general a utilizar elementos que no afectan los derechos de propiedad intelectual o derechos de terceros, entre otros derechos de autor, derechos de las marcas o el derecho a la imagen y la vida privada de las personas.

Cada participante es el único responsable de la difusión de las fotografías en los límites de la autorización de explotación que habrá acordado en el marco de su participación al presente concurso.

ARTICULO 7: responsabilidad de PROVEA
En caso de fuerza mayor o si alguna circunstancia excepcional lo exija, PROVEA se reserva el derecho de:

  1. Acortar, prorrogar, modificar o cancelar el concurso
  2. Reemplazar el premio señalado por otro premio de naturaleza o de valor equivalente

Provea no puede ser considerada como responsable de las pérdidas, atrasos, etc. Tampoco puede ser considerada como responsable y ningún recurso puede iniciarse contra Provea en caso de acontecimientos presentando elementos de fuerza mayor (huelgas, disturbios callejeros, vaguadas, … ) o acontecimientos independientes de su voluntad (como por ejemplo problemas técnicos) que impiden el buen desarrollo del concurso o que privan los seleccionados gozar de su premio. PROVEA no tiene la obligación y no tiene los medios técnicos para asegurarse de la edad y de la identidad de los participantes; PROVEA por lo tanto no es responsable en caso de usurpación de la identidad de un participante y/o de la selección de fotografías de un participante que no sería el autor de aquella. Tampoco PROVEA es responsable por los errores de envío, de la pérdida de este envío o de la imposibilidad de contactar a los premiados.

ARTICULO 8: Derecho al acceso a las informaciones nominativas
Los participantes son informados que disponen de un derecho de acceso, de rectificación e incluso de radiación de las informaciones nominativas que les tocan, derecho que pueden ejercer con el Equipo coordinador de PROVEA a la dirección oficial de PROVEA. El archivo informático generada por la participación a este concurso es del uso exclusivo de Provea y garantiza el derecho a la vida privada de los participantes al concurso.

ARTICULO 9: Aplicación del reglamento
La participación a este concurso implica por parte del participante la aceptación plena y entera del presente reglamento y de las modalidades del desempeño de este concurso.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al Estado venezolano a reponer en sus cargos a tres magistrados destituidos en 2003, también califica al Poder Judicial venezolano, representado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como un ente competente, independiente y autónomo.

Así lo informó la primera vicepresidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, al recordar que el fallo de la Corte expresa que “en Venezuela no hay intervención del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”. “La sentencia dice que no hubo depuración ideológica ni intervención del Presidente de la República en la destitución de los magistrados, porque la decisión se ajustó a un procedimiento establecido previamente por la ley, a través de un organismo competente, independiente y autónomo”, explicó Mejía. (Aporrea, 04.09.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n120088.html)

La presidenta chilena Michelle Bachelet y el primer ministro noruego Jens Stoltenberg lanzarán este mes un plan para mejorar la salud materna e infantil en América Latina y el Caribe, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). “La muerte materna e infantil existe desde que el ser humano es ser humano. Pero llegó el momento de decir basta”, comentó a la agencia IPS en la capital chilena Arletty Pinel, asesora del Fondo las Naciones Unidas para la Población (UNFPA).

“Según la experta, la Iniciativa que lanzarán Bachelet y Stoltenberg el día 19 “podría darle energía y un enfoque” al trabajo que ya realizan los países para cumplir los ocho ODM, acordados en 2000 por la Asamblea General de la ONU.

“Todos los países de la región saben dónde está concentrado el problema, todos saben por qué se están muriendo las mujeres y los niños y todos saben qué es lo que tienen que hacer técnicamente. Lo que se necesita es priorizar los problemas para que las respuestas sean efectivas”, explicó Pinel. “Al crear una plataforma colectiva se puede nutrir la respuesta. La cuestión no es disminuir, sino erradicar la moralidad materno-infantil” en la región, apuntó.

Anualmente, en América Latina y el Caribe mueren más de 22.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto: 190 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El país en peor condición es Haití, con 523 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. El que registra mejores estadísticas es Chile, con 23 por cada 100.000 nacidos vivos. En Bolivia fallecen 390 madres por cada 100.000 nacidos vivos.

Entre las principales causas de muerte figuran la hemorragia (25 por ciento), la septicemia (15 por ciento), las complicaciones del aborto (13 por ciento), la preclampsia (12 por ciento) y el parto obstruido (ocho por ciento). Asimismo, anualmente fallecen en la región cerca de 400.000 menores de cinco años, 160.000 de ellos en los primeros 28 días de vida, principalmente por asfixia al nacer y prematuridad. (IPS, 05.09.08, http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=89696)

Quince millones de personas de América Latina y el Caribe se ven amenazas por la pobreza extrema, reseñó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El alza de precios de los alimentos debido a la producción de biocombustibles, el acelerado ritmo de crecimiento de los países en desarrollo, los factores climáticos, el elevado costo de insumos agrícolas por la subida del precio del petróleo, la reducción de las reservas de alimentos y la especulación de mercados, entre otros, son los factores que hacen posible esta situación.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), si no se toman medidas urgentes para contrarrestar esta situación será un hecho que entre 10 y 15 millones de personas pasen a la extrema pobreza.

El representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano, alertó que una segunda ola del aumento de los precios de los alimentos puede ser tan devastadora.

El funcionario sostuvo que, aunque la reciente interrupción del aumento de los precios internacionales de esos artículos representa un alivio, los altos valores siguen siendo un motivo de preocupación.
Graziano, recordó, que el alza original aumentó en 50 millones el número de hambrientos en 2007 en América Latina y provocó un alza de la inflación de por lo menos 50% más que la general. (Ultimas Noticias, 08.09.08, Pág. 4)

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El ministro de la Vivienda, Farruco Sesto, señaló el Ejecutivo Nacional había destinado recursos adicionales para la terminación de soluciones habitacionales. Según el funcionario, el Gobierno aprobó 1 millardo de dólares, los cuales garantizarán la culminación de 39.000 casas. Aunque no dio más detalles sobre esas unidades, aún el despacho tiene pendiente la entrega de soluciones habitacionales correspondientes a programas de períodos pasados. (El Universal, 06.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/06/eco_art_minvivienda-recibe-$_1034326.shtml)

Sesto afirmó que el Gobierno Nacional está atacando la situación habitacional tanto desde el punto de vista legal como el estructural. En este sentido, destacó que actualmente el Gobierno realiza más de tres mil desarrollos constructivos alrededor de todo el territorio nacional. “Hoy día realizamos más de tres mil programas habitacionales en varios estados del país, al tiempo que unas 400 mil personas se han inscrito en el nuevo Registro Único de Vivienda, creado por nuestro Ministerio”, señaló. A pesar de que las propias cifras oficiales demuestran lo contrario, el ministro declaró a la Agencia Bolivariana de Noticias que “durante la administración del presidente Hugo Chávez, se han hecho más casas en Venezuela que en los 30 años anteriores”. Según la ABN “el Ministro criticó a la oposición por difundir desesperanza para intentar alarmar a sociedad venezolana sobre la futura gestión o capacidad constructiva del Ministerio y las autoridades estatales”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 05.09.08, http://abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148032&lee=3)

Luego de varias denuncias sobre la presunta toxicidad del material Policloruro De Vinilo (PVC), el Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en conjunto con la Fundación Aguaclara, se desplazó a dos comunidades ubicada en Guacara y en Mariara (Edo. Carabobo) para efectuar un primer análisis de la adecuación con el derecho a la vivienda, la salud y el ambiente sano de los complejos urbanísticos conocidos bajo el nombre de “Petrocasa”.

La Comunidad Socialista “La Coromoto” fue inaugurada por el Presidente de la República Hugo Chávez el pasado 30 de marzo. Proyecto bandera del gobierno nacional para solventar, a bajo costo, la crisis de vivienda en el país. La comunidad está conformada por alrededor de 400 familias, entre las cuales el consejo comunal local censó más de 2.000 niños.

En la planta de las Petrocasas, ubicada también en Guacara (Estado Carabobo), se perfila el material PVC, oriundo de El Tablazo, destinado a las comunidades seleccionadas para sustituir sus ranchos por casas dignas. Entre los argumentos para promover su construcción se encuentran el bajo costo de las viviendas, la rapidez de su construcción y el involucramiento de las comunidades en la elaboración de las casas bajo el sistema de autoconstrucción. Presuntamente los miembros de la comunidad deben cancelar 53.000 Bs. F. para adquirir la casa con facilidades de pago y acceso a la ley de política habitacional, aunque aún no tienen la certeza de esto.

En la comuna socialista “La Coromoto”, se pudo constatar que los habitantes tienen acceso a gran cantidad de servicios: ambulatorio, transporte, escuelas cercanas, biblioteca con Internet, cancha deportiva. En la actualidad se esta construyendo una tienda Mercal y se proyecta la construcción de una escuela “Simoncito”, todos realizados con el material PVC.

De acuerdo a la integrante del Consejo Comunal “Comunidad Socialista La Coromoto”, la única dificultad encontrada ha sido que no se les ha adjudicado a los pobladores los títulos de propiedad. Adicionalmente Provea pudo constatar ligeras fallas en materia de acabados y la poca adecuación cultural de las casas.

Parte de los objetivos de la visita de Provea fue la recolección de muestras del PVC utilizado en la construcción de las paredes y los techos de la casa para revisar si su contenido contienen dioxinas y furanos, ambas sustancias prohibidas por la Convención de Estocolmo, ratificada por Venezuela. De confirmarse la hipótesis, los pobladores corren graves riesgos para su salud ya que generaría una modificación celular irreversible en las personas.

Otra comunidad, otro cuento. Ubicada en Mariara, luego de 8 años de espera, la comunidad “El Esfuerzo” fue seleccionada para sustituir los ranchos por petrocasas. Iniciado en octubre del 2007, hasta la fecha tan solo una etapa del conjunto es habitable aunque no se cuentan con los servicios básicos como red de cloacas, acceso al agua y a la electricidad.

Los integrantes del Consejo Comunal de la comunidad aseguraron que ya no se siguen despachando los materiales necesarios para culminar con todo el proyecto debido a un conflicto laboral con los obreros. La responsabilidad del pago de la nómina, Petrocasa decidió unilateralmente trasferirla a la comunidad “Nuestro Esfuerzo”.

Algunos de los desperdicios son usados por los pobladores de lo que debería ser la tercera etapa del conjunto habitacional de las Petrocasas en “Nuestro Esfuerzo”.

(Realizado por Lorenzo Labrique)

Alrededor de diez mil personas, organizadas en decenas de organizaciones civiles pro vivienda, marcharon el pasado 10.09.08 por las principales avenidas de Maracay para exigir que el Gobierno nacional cumpla con sus promesas de viviendas dignas.

Los manifestantes se declararon en contra del nuevo decreto Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, por considerarlo negativo para la existencia de organizaciones regionales y locales, pues soslaya a las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) para dar primacía, en la relación con el ejecutivo, a los consejos comunales. (Ultimas Noticias, 11.09.08, Pág. 4)

Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los sin techo fueron interceptados por un grupo de obreros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril, adscrito a la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) quienes con actitud violenta se identificaron como defensores de la revolución intentando disuadir la manifestación. (El Carabobeño, 11.09.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_hnot.aspx?art=a110908c12&id=t110908-c12). Wilfredo Palacios, uno de los trabajadores, señaló que si querían hacer propuestas o presentar quejas por la situación habitacional, no era necesario entorpecer el libre tránsito de los ciudadanos. PoliAragua intervino para evitar la confrontación entre los grupos. (Ultimas Noticias, 11.09.08, Pág. 4).

Las ocupaciones de inmuebles ha sido una de las herramientas de exigibilidad de las personas sin casa para presionar a las autoridades. La ausencia de respuestas ha generado enfrentamientos entre los propios afectados.

Vecinos del Consejo Comunal de barrio Zulia, ubicado en Guatire, denunciaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Cámara Municipal de Plaza que fueron agredidos y amenazados de muerte por invasores del galpón ubicado en la parcela A del sector.
Señalan a 44 familias, que desde hace 15 días invadieron la zona y, según los residentes del barrio, tienen la intención de que el gobierno regional les de casas para luego venderlas. Evelyn Querales, vocera de la comisión de Vivienda y Hábitat, fue agredida y le hicieron una herida en el rostro que ameritó sutura. La causa de los golpes fue su negativa a emitirles una constancia de que no pagaban ningún servicio, exigida por la Casa del Poder Comunal para luego tramitar la solicitud de viviendas. Otros residentes recibieron amenazas. (Ultimas Noticias, 04.09.08, Pág. 38)

En Valencia, estado Carabobo, un hombre resultó muerto al intentar mediar entre dos personas en una discusión por invasión a una propiedad que había sido ocupada previamente.

El hecho sucedió el 03.09.08 en el sector conocido como Parcelas del Socorro II, ubicado a un lado de la autopista Sur, que comunica a la ciudad de Valencia con Tocuyito.

La víctima fue identificada como Manuel Antonio Pérez Colina, de 42 años de edad, de profesión obrero y quien se acercó hasta la vivienda signada con el número 49 de la calle intercomunal del mencionado sector, donde un hombre discutía con una mujer a quien le reclamaba para que desalojara la propiedad.

La confrontación verbal fue tomando calor y Pérez Colina, quien supuestamente conocía a la dama, intentó intervenir. El sujeto reaccionó de manera violenta, sacó una escopeta que tenía en el rancho y le propinó dos balazos en el abdomen a Pérez Colina. (Ultimas Noticias, 05.09.08, Pág. 35)

Luis Chacón, secretario general del Colegio de Médicos, anunció que miembros de los 24 colegios que hacen vida activa en el país celebrarán una reunión para recoger firmas en apoyo a los delegados de la Asamblea para los proyectos de convenciones colectivas que introducirán en la Inspectoría Nacional del Trabajo, en las cuales estarán incluidos los trabajadores del Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Ipasme.

Chacón anunció que dentro de las solicitudes de la nueva convención colectiva, se encuentra un salario mínimo para los médicos equivalente a 100 unidades tributarias o cuatro mil bolívares fuertes. (4 mil bsf). “Vale la pena resaltar que las contrataciones colectivas están vencidas desde el año 2000, fecha desde la cual no nos han dejado realizar elecciones para las nuevas juntas directivas de los gremios y sindicatos”, resaltó.”Rechazamos la negociación que han intentado realizar con el gobierno nacional asociaciones y sindicatos paralelos, creados por militantes afines al gobierno, quienes no representan a la masa trabajadora”, alertó. (El Impulso, 08.09.08, www.elimpulso.com)

En otra información, el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, declaró que los maestros exigían una mejora de sus condiciones salariales. “Los maestros comienzan el año escolar con preocupación e incertidumbre en cuanto a sus reivindicaciones, no sólo en lo económico, sino también en lo profesional por los cambios que ha implicado el currículo bolivariano”. Alzuru explicó que sus pares ganan, en promedio, 1.200 bolívares. Refiere que la canasta alimentaria cuesta 1.400 y, la familiar, más de 3.000. “Eso obliga al docente a trabajar en otras áreas y a no poder permanecer en el colegio como el Gobierno quiere”, indica.

A eso se suma el hecho de que el contrato colectivo de los educadores tiene más de 2 años de vencido y de que desde 2003 todos los empleados públicos no han recibido el pago de sus prestaciones sociales. “Todo lo que hemos obtenido han sido dádivas del Gobierno, pero creemos que cualquier incremento salarial tiene que estar amparado en el ámbito de la convención colectiva. Somos los peores profesionales pagados del país”, afirma el presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Edgar Bazán. (El Nacional, 11.09.08, E/5)

Por su parte, el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Héctor Soto, explicó que se corregirán algunas imprecisiones técnicas en las denominaciones de cargos, que hubo dentro del plan de homologación que afectó a 300 de los siete mil trabajadores de las instituciones de esta cartera. ‘La voluntad del Ministerio está en corregir las malas denominaciones de cargos, o las desmejoras en los salarios que ocurrió en el 1,2 por ciento del universo de los trabajadores’, explicó el ministro.

Asimismo, destacó los beneficios que el plan de igualación de cargos ofreció a más de seis mil trabajadores de las instituciones culturales. ‘Adelantamos el proceso de igualación y el 98,2 por ciento de los siete mil trabajadores, salió mejor y elevó sus beneficios; sólo el 1,8 por ciento bajó sus beneficios y fundamentalmente eran los funcionarios de alto nivel. Dijimos: que los de abajo suban’, explicó Soto. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148697&lee=Array[0])

Medios de comunicación difundieron la noticia de que el bloqueo de las instalaciones de General Motors en Valencia, estado Carabobo, por un grupo de trabajadores representantes del Sindicato de Vencedores Socialistas finalizó el 11.09.08 luego de que un tribunal regional ordenó el levantamiento de la huelga laboral en la planta ensambladora. El desalojo de los tomistas ocurrió horas después de que los reclamantes y la directiva de GM llegaron a un acuerdo preliminar en la sede del Ministerio del Trabajo en Caracas. General Motors informó que dejó de ensamblar aproximadamente 400 carros diarios en casi 9 semanas de paralización. (El Nacional 12.09.08, E/7)

Los trabajadores de la General Motors iniciaron el conflicto desde el pasado 28.07.08, luego que la discusión del proyecto de contratación colectiva se paralizara, pese a que se habían aprobado 70 de las 96 cláusulas que contiene. (Aporrea, 09.09.08). La acción obrera desató una polémica entre tendencias sindicales afectas al proceso bolivariano acerca de la naturaleza y legitimidad de la acción. Mientras que algunos consideraban que era una huelga legítima, otros la consideraron una acción violenta irregular. (Aporrea, 08.09.08, http://www.aporrea.org/trabajadores/n120251.html)

Once muertes sindicales violentas se han registrado en lo que va de año, producto del enfrentamiento entre seis gremios del sector construcción que existen en el estado Bolívar. Los gremios luchan entre sí por tener la mayor cantidad de empleos, además de un contrato para quienes conforman la lista de desempleados.

Las tres últimas muertes sindicales ocurridas en menos de quince días de agosto, obedecen a tres dirigentes de la contratista Simaca, que realiza trabajos de mantenimiento para la industria privada briquetera Orinoco Iron.

Los ultimados formaban parte de la lista de los números oficiales (6) del estado de “violencia sindical”, pues además de que formaban parte del Sindicato Único de Trabajadores de Simaca (Sutrasimaca) venían de laborar en un sector de la construcción en CVG Bauxilum.

Fuentes sindicales ligadas a Orinoco Iron, que por temor a “salir en las páginas de sucesos” no revelan sus nombres, señalan que desde la conformación de contratistas el sector construcción ha tenido una negativa participación. “Obligan a los patronos a meter algunos desempleados de sus listas porque de lo contrario son amenazados de muerte o le cobran una fuerte vacuna”.

Este caso fue el que se vivió con la reciente muerte de tres trabajadores ligados a una contratista de Orinoco Iron. Aseguran que Iván Jiménez, hallado muerto en su residencia, y David Mendoza alias “el Papa”, asesinado en Castillito, tenían el liderazgo en el portón de la compañía para determinar el número de personas que ingresarían a la industria. (Correo del Caroní, 07.09.08, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=107495)

Sin precisar fecha exacta, el Ministerio de Salud anunció el relanzamiento “en los próximos días”, del Programa Nacional de Inmunizaciones, campaña que ha sido postergada en dos oportunidades en lo que va de año (inicialmente se realizaría en julio y después en agosto). De acuerdo con el comunicado, el MPPS estima invertir más de 300 millones de bolívares fuertes ($ 139,53 millones) este año para la adquisición y suministro gratuito de vacunas de forma permanente. Según el ministro de Salud, Jesús Mantilla, éste “será un incremento importante porque el año pasado “invertimos 103 millones de bolívares fuertes ($47,91 millones)”. El titular de Salud dijo que con el suministro gratuito de las 13 vacunas que contempla el plan, “ofrecemos un gran impacto a la colectividad para atacar todo tipo de patologías prevenibles con vacunas”.

La jornada abarcará no sólo a la población infantil sino adulta y adultos mayores. Se incluirán las siguientes inmunizaciones: BCG (tuberculosis), antipolio (poliomielitis), pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y neumonías), triple bacteriana (difteria, tos ferina, tétanos), influenza tipo B (meningitis, neumonía), trivalente viral (sarampión, rubéola, parotiditis), antiamarílica (fiebre amarilla), antirotavirus (diarreas severas), toxoide tetánico, d T- adulto (difteria, tétano) y anti-influenza. (Agencia Pana de Cecodap, 13.08.09)

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías inauguró el pasado 10.09.08 nueve Centros de Diagnóstico Integral de manera simultánea en varias partes del país, con lo que se llegan a 440 CDI en toda la nación.

Así lo informó el Mandatario Nacional desde los Flores de Catia, donde encabezó el acto de inauguración de los CDI, aparte de salas de rehabilitación integral y un centro de alta tecnología, igualmente. Especificó que los CDI inaugurados están ubicados, uno en los Flores de Catia; otro en San Martín, cerca de la Maternidad Concepción Palacios, así como en Anzoátegui, en El Tigrito; en Aragua, en San Mateo; en Delta Amacuro, en Cosacoima; en Miranda, en el sector El Clavo, y tres en el estado Zulia, uno en Baralt y dos en Maracaibo.

El Jefe de Estado resaltó, igualmente, que hace 10 años había 4 mil 804 ambulatorios, pero hoy, a esos ambulatorios se le suman 6 mil 571 módulos populares de Barro Adentro 1, más 986 instalaciones como CDI, salas de rehabilitación integral y centros de alta tecnología. “A eso se le suman mil 650 puntos de odontología, 459 ópticas y en total tenemos 14 mil 470 centros de atención primaria, es decir, que pasamos de 4 mil 804 a 14 mil 470, con mayor calidad de servicio”, afirmó. (Agencia Bolivariana de Noticias, 10.09.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=148657&lee=1)

Aproximadamente 17 familias de la etnia indígena Makawan llegaron al sector Bella Vista, de El Amparo en el estado Apure. El contingente de personas, proveniente de la localidad La Soledad, se ha instalado provisionalmente en un galpón de la zona. Esto ocurrió el 13 de agosto de 2008. En total, son 93 personas las que se encuentran en situación de desplazamiento, de los cuales 17 son menores de edad. Francisco Sánchez, presidente del comité de gestión del consejo comunal de Bella Vista, ha informado de la presencia de varios organismos del estado, sin embargo, ninguno de ellos ha asumido el compromiso de ayudar a este grupo de indígenas. Sánchez informó que este grupo de desplazados “han quedado en la calle, ahora no tienen nada”.

El Servicio Jesuita a Refugiados, fiel a su mandato de servir, acompañar y defender a las poblaciones más vulnerables, hizo un llamado a todos los organismos competentes para que presten, de forma rápida y efectiva, toda la ayuda necesaria para garantizar el pleno respeto y goce de los derechos humanos de estas familias indígenas que lo han perdido todo. Clara Bastidas, abogada del SJR-V, destacó, “Los makawan piden ser reubicados en tierras que sean cultivables, es lo que ellos saben hacer”. La abogada de la organización católica destacó que la lista de necesidades de estos desplazados son, entre otras, alimentos, ropa e insumos médicos para la atención de algunos enfermos. (Cofavic, 03.09.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/107299/149)

Los ajustes de precios decretados recientemente por el Ejecutivo nacional se hacen sentir en el bolsillo de los venezolanos, según afirma el informe mensual de la canasta alimentaria elaborado por el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cenda). El costo de la canasta alimentaria correspondiente al mes de agosto se ubicó en 1.401,36 bolívares fuertes, lo que equivale a un alza de 3,6% con respecto al mes anterior.

El aumento anualizado de la canasta alimentaria presenta una variación de 50,2%, lo que equivale a un incremento de 468,42 bolívares fuertes. Entre los meses de enero y agosto de este año la variación alcanza 22,9% o lo que es igual a 261,44 bolívares fuertes, según se desprende del informe elaborado por el Cenda. Asimismo, indica que “el salario mínimo de 799,23 bolívares fuertes tiene un poder adquisitivo hipotético de 57%, siendo insuficiente para cubrir la totalidad de la canasta alimentaria, registrando un déficit de 43% que equivale a 602,13 bolívares fuertes”. En ese sentido, el Cenda resalta que “una familia de cinco personas gastaría todo su salario en alimentación”. (El Universal, 03.09.08, http://economia.eluniversal.com/2008/09/03/eco_art_canasta-alimentaria_1027066.shtml)

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Alí Rodríguez Araque, declaró que Venezuela cierra por tercer mes consecutivo con una desaceleración de la inflación intermensual, al tiempo de anunciar una comisión interdisciplinaria para estudiar los rubros que más impactan el Indice de Precios al Consumidor a fin de frenarlo y hacerlo retroceder. El titular de la cartera financiera explicó que la inflación cerró en el mes de agosto en 1,8 por ciento, mientras que en julio se ubicó en 1,9 por ciento, y en junio en 2,4 por ciento. “Como se ve, los incrementos intermensuales van descendiendo lenta pero sostenidamente”, expresó, e indicó que la comisión estará integrada por el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas. (Aporrea, 09.09.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n120358.html)

Paralelamente a este anuncio, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central de Venezuela (BCV) anunciaron que la variación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) hasta el mes de agosto se ubicó en 19.4%, apenas una décima menos que la proyección inflacionaria oficial reformulada para este año (19.5%). El objetivo inicial era 11%. Regionalmente, cuatro ciudades registran tasas superiores al promedio nacional: Maturín 20.87%, Caracas 20.2%, Maracay 19.9% y resto nacional 19.7%. Las localidades restantes reportan cifras iguales o inferiores: Valencia 19.4%, San Cristóbal 19%, Mérida 18.9%, Barcelona-Puerto La Cruz 18.4%, Maracaibo 18.2%, Ciudad Guayana 17.2%, y Maracaibo 17%. (El Tiempo, 10.09.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=163238).

A pesar de esta disminución, la tasa inflacionaria del país es una de las más altas del continente. Venezuela, con 33,7%, presenta el indicador más alto de la región, superando en más de diez puntos a Nicaragua (23,62%) y duplicando a Bolivia (17,32%), que son los países que la escoltan en la lista. (Tal Cual, 11.09.08, Pág. 17).

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.

• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera “una victoria de la impunidad sobre la justicia” la sentencia absolutoria para el hombre que fue juzgado como presunto autor intelectual del asesinato del periodista venezolano Mauro Marcano, en 2004. La sentencia “pone de manifiesto la protección de que pueden disfrutar los narcotraficantes, entre otros de las autoridades locales, y permite que los malhechores continúen sembrando el terror, sin miedo a que les persigan”, denuncia hoy RSF en un comunicado en relación a Ceferino García, absuelto el pasado 28 de agosto por un tribunal del estado de Monagas (noreste del país).

La organización defensora de la libertad de prensa insta a la justicia a que “no ceda a las presiones e intimidaciones que recibe y continúe con su investigación para que el asesinato de Mauro Marcano no permanezca impune”, al tiempo que pidió una revisión del proceso. El periodista, que presentaba un programa en la emisora local “Radio Maturín 1.080 AM” y era cronista del diario local “El Oriental”, murió a tiros el 1 de septiembre de 2004 delante de su domicilio en Maturín.

RSF se solidariza con la familia de Marcano, cuya hija Yasira declaró tras la lectura de la sentencia que parecía que “estaba preestablecida” y que García “conocía de antemano el veredicto final”. (El Tiempo, 09.09.08, http://www.eltiempo.com.ve/noticias/default.asp?id=16340)

La Ley contra el Secuestro y la Extorsión será sometida a una consulta pública en la Asamblea Nacional. La normativa está a la espera de su segunda discusión por parte de la plenaria para ser aprobada. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento, Rafael Gil Barrios. Destacó que por este motivo invitó a representantes de las instituciones involucradas, de las gobernaciones y de los gremios, así como a la comunidad en general.

“La idea de esta consulta es además del conocimiento y la difusión de la ley hacia la colectividad, recabar aportes y propuestas que pudieran ser incorporadas en este proyecto de ley”, indicó a ABN. La Ley contra el Secuestro y la Extorsión tiene como fin prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión cometidos por individualidades y grupos, venezolanos o extranjeros, que busquen configurar con ese delito una actividad económica. El instrumento lo elabora el Poder Legislativo en concordancia con el artículo 55 de la Constitución. (El Nacional, 26.07.08, A/7)

La policía científica trata de determinar las conexiones que hay entre tres masacres que se han reportado en el estado Táchira -en una de ellas fallecieron ocho personas- y los volantes que fueron dejados en la población de Rubio, donde grupos irregulares amenazan con activar una profilaxis social.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Marcos Chávez, informó que debe existir un nexo porque las denominadas Águilas Negras (grupo de las Autodefensas Unidades de Colombia) operan en los municipios fronterizos de la entidad. El funcionario informó que este grupo está implicado en varios delitos como sicariato, secuestro y cobro de vacunas a comerciantes, profesionales y hasta transportistas que hacen vida en los municipios fronterizos. (El Mundo, 11.09.08, Pág. 20)

El alcalde de Puerto La Cruz, Nelson Moreno, informó que desde el pasado 08.05.08 se le abrió expedientes administrativos a un subcomisario, dos inspectores, un subinspector, cinco detectives y cinco agentes de Polisotillo que aparecen en un video donde obligaban a una persona a desvestirse y mostrar sus genitales. Por esta razón, anunció el funcionario, fueron separados de sus cargos el 08.09.08.

Moreno aseguró que la medida se tomó luego de casi un mes de procedimientos legales, que incluyeron la asistencia de los funcionarios a la Inspectoría del Trabajo y la formulación de sus alegatos en legítima defensa. Los uniformados están suspendidos de sus cargos y en aproximadamente 15 días, luego de culminadas las averiguaciones, se tomará una decisión definitiva que sería la destitución de los 14 funcionarios.

El mandatario de Puerto La Cruz informó que los integrantes del alto mando policial sancionados y salientes de la institución son: Hernán Rosales (director), Argenis Cumana, jefe de patrullaje; José Gregorio Bellorín Reina, asesor jurídico; y José Rafael Rebolledo, adjunto a la dirección.

El Movimiento Ecológico de Venezuela, adscrito a los partidos políticos ecológicos del mundo, tiene previsto introducir una demanda contra los ministros de Interior y Justicia y Defensa por no implementar políticas en pro del desarme de los delincuentes.

La información fue emitida por Enrique Rubio, miembro del citado movimiento, luego de solicitar a la OEA, a través de una misiva su intervención para que Gobierno aplique medidas eficaces que pongan coto a la acción delictiva en el país. Explicó el vocero que el recurso de amparo lo interpondrían previa asesoría jurídica y tomando como referencia legal la ley relacionada con el desarme aprobada en el 2002.

Señaló que los actuales planes oficiales como Caracas Segura, no son eficientes porque “ponen más policías en las calles para que la gente se sienta segura, sin ahondar en el problema”. (Ultimas Noticias, 05.09.08, Pág. 32)

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.

ESPECIAL: “EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD”

El caso de la masacre de El Amparo tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar. Todo indicaba que había un claro propósito de producir impunidad. Frente a esa realidad quienes apoyaban a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes decidieron en 1990 acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos peticiones fueron presentadas y acumuladas por la Comisión. Una presentada por quien para entonces era diputado independiente por el Movimiento Al Socialismo Walter Márquez y otra presentada por las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) con el acompañamiento de las organizaciones Americas Watch y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La Comisión Interamericana el 10 de agosto de 1990 abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en la Comisión Interamericana destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos público un Informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela presidido por Ramón J Velásquez que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores y a su vez se indemnizara a las víctimas.

Ante la negativa del gobierno de Ramón J Velásquez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los representantes de las víctimas presentó el 14 de enero de 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 01 de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana Asdrubal Aguiar el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes que debía reparar. Con fundamento en dicho reconocimiento la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995. Fue la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano. Del contenido de las dos sentencias el Estado de Venezuela quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización. El Estado por un mal cálculo de los pagos quedó debiendo aproximadamente el 05% de esa indemnización que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Chávez. Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar la justicia militar no culpables a los autores materiales y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se ha realizado para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana le ha exigido al gobierno venezolano que debe castigar a los culpables. La impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre. Los familiares aspiran que se pase de las palabras a los hechos.

ARTÍCULOS

La inseguridad jurídica crece cada día más en Venezuela. El Ejecutivo Nacional interpreta la Constitución y la ley a su antojo. Lo que acaba de ocurrir con el ex ministro colombiano Alvaro Araujo es un claro ejemplo de ello. A pesar de su adquirida nacionalidad venezolana se le deportó en abierta violación a la Constitución que expresamente prohíbe la extradición de venezolanos. Establecer de buenas a primeras que la nacionalidad adquirida era falsa, sin dar derecho a la defensa y al debido proceso, constituyó una violación de los derechos humanos. La Constitución garantiza esos derechos a todas las personas. Deportarlo sin esperar que se concluyera el habeas corpus presentado por sus abogados también implicó una descarada violación del derecho al acceso a la justicia y a la protección judicial efectiva.

En 2001 fue muy sonado el caso del guerrillero del Ejército de Liberación Nacional José María Ballestas quien estuvo a punto de ser deportado de manera arbitraria tal como se hizo con el señor Araujo. En esa oportunidad el gobierno argumentó, y con razón, que se debería seguir el procedimiento de extradición, el cual finalmente se produjo. El señor Ballestas había ingresado de manera clandestina al país y era solicitado por presuntos delitos cometidos en Colombia. Distintos voceros gubernamentales se pronunciaron de manera correcta afirmando que había que garantizarle sus derechos humanos y, particularmente, su derecho a un proceso judicial de extradición. La pregunta es por qué a Ballestas sí y a Araujo no a pesar de su nacionalidad venezolana.

En 2002 el Ejecutivo Nacional, obviando su reiterado discurso de defensa de la soberanía, cedió a las presiones del gobierno español y deportó a los ciudadanos vascos Víctor Galarza y Sebastían Echaniz, a pesar de que tenían su documentación en regla y más de 15 años viviendo en el país. Lo procedente era que se realizara un procedimiento de extradición. Sin embargo fueron detenidos y en 24 horas entregados a la policía española, aún cuando estaba pendiente un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo. Esa actitud del gobierno le valió que fuera demandado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que admitió la violación de los derechos humanos de los dos vascos, comprometiéndose a indemnizarlos.

En los tres casos el elemento común es el manejo discrecional de la Constitución y la ley. Hay otros casos resueltos igualmente de manera irregular, sin embargo pocas voces se levantan contra la arbitrariedad. En Venezuela pareciese que quien es acusado de terrorista o narcotraficante no tiene los mismos derechos que el resto de las personas. En eso este gobierno se asemeja al de Estados Unidos. Sería interesante conocer la opinión de la Defensoría del Pueblo, quien tiene la obligación de defender los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. Usted tiene la palabra señora Defensora del Pueblo. (Tal Cual, 12.09.08, marino@derechos.org.ve)

El impacto y las expectativas que se genera-ron con la promulgación de las misiones educativas como políticas públicas, así como el resultado de su implantación, son hoy objeto de análisis riguroso, tras cinco años de ejecución.

Cumpliendo con su propia misión universitaria, que es colaborar con el esclarecimiento de los problemas nacionales, la profesora Mabel Mundó, de la Universidad Central de Venezuela, aporta evidencia científica sobre el comportamiento real de las misiones en un artículo académico a ser publicado próximamente.

Las conclusiones del estudio confirman lo percibido por el sentido común popular, pero la argumentación y los datos presentados contribuyen a evaluar fehacientemente la finalidad y los logros de la iniciativa gubernamental. Se trata de la suerte que corre una buena idea por efecto de una pobre ejecución y por deformación de su propósito.

Rescatar esa idea es una posibilidad para el actual gobierno como para otros por venir, pero hay que pasar por el conocimiento de las desviaciones ocurridas y por la recuperación y sistematización de las lecciones aprendidas.

En tanto políticas de educación de adultos dirigidas a solventar la exclusión social, las misiones Robinson I y II, así como las misiones Ribas y Sucre, sufren su principal desviación al ser convertidas en estrategias de clientelismo político y mercadeo electoral. Con ello se perturba el diseño, dificultando el seguimiento y la obtención de datos para la evaluación y reconducción de las experiencias. Aun así, la literatura consultada y el destino final de las misiones permiten a la autora arribar a importantes conclusiones.

Desde la óptica de una política pública para la educación de adultos, las misiones contribuyeron poco o nada con lo que ya se venía haciendo en el país. La erradicación del analfabetismo, dirigido al 8% de la población, representa un problema acotado y manejable cuya solución es más un desafío ético que una prioridad económica y de inclusión.

Paradójicamente, las misiones propiciaron situaciones de exclusión. Pese a la alta inversión, la poca eficacia alcanzada no garantizó los derechos al trabajo y a la seguridad social de los adultos excluidos. La estrategia curricular y pedagógica no fue la más idónea, destacándose la falta de preparación de los docentes, la ausencia de supervisión y la interrupción frecuente y luego definitiva del servicio.

Las misiones educativas, en fin, resultaron ser una muestra más del fortalecimiento de los valores de la cultura presidencialista, el asistencialismo como deber de Estado y la improvisación en la toma de decisiones. Ante otra jornada electoral, es oportuno mantenerse alertas frente a la aparición de nuevos globos de ensayo dirigidos a metas inmediatistas que, una vez alcanzadas, dejan más recursos dilapidados y mayores frustraciones sociales. (Tal Cual, 11.09.08, sgr26@yahoo.com)

Pocos días atrás, mientras intentaba cazar un buen programa con el control remoto, me tope por azar con una nueva propaganda de esas en donde se dice que “Ahora Venezuela es de Todos”. En esta, aparecía una doña de clase media con deseos de desalojar de su casa a su hijo recién casado, comentándole satisfecha sobre las posibilidades de conseguir créditos para hacerse una vivienda, gracias a la nueva Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

Esta Ley, perteneciente al paquete de 26 leyes, prevé que los créditos hipotecarios para viviendas principales puedan ser concedidos hasta por el 100% del valor de inmueble, en lugar del 75% que disponía el sistema derogado (artículo 61). Además, impone un techo para el pago de las cuotas mensuales por estos créditos, del 20% del ingreso total mensual familiar (artículo 63). Este es el tipo de caramelitos de cianuro con los que el gobierno hace propaganda para intentar desactivar una debacle electoral casi segura, el próximo 23 de noviembre. Y puede que le funcione, pues hay mucho incauto capaz de creerse este cuento.

Pues es un cuento ofrecer lo que no se tiene. Los bancos disponen de una cartera obligatoria mínima o “gaveta” para conceder créditos hipotecarios, que el gobierno ha fijado en 10% de la cartera anual total. Una vez agotada esta gaveta, los bancos no tienen que continuar con la obligación de dar créditos blandos, que impone esta ley. ¿Qué sucede entonces cuando se incrementa la posibilidad de que los bancos puedan financiar hasta 100% del crédito? Sencillamente, que queda menos dinero “blando” para repartir por este concepto, dentro de la cuota obligatoria. Dicho de otro modo, la ley “seca” el pozo de agua mas rápidamente, con lo cual habrá menos gente que podrá saciar su sed.

De hecho, los más “sedientos” (los más pobres) serán quienes terminen más perjudicados, como de costumbre. La nueva ley perjudica a los más necesitados de vivienda, pues ¿a cual solicitud del 100% de financiamiento de vivienda dará prioridad un banco? Naturalmente, a la del deudor mejor pagador. La ley pone a competir la su solicitud del más pobre con la de aquel solicitante que se encuentre en mejor condición de pagar su deuda. La ley fija un techo de 20% del ingreso total familiar para el pago de cuotas, lo cual es otro caramelito de cianuro, pues en definitiva, quien tiene mas ingreso, tiene mayor posibilidad de reintegrar el crédito. Por lo tanto es una disposición inútil, excepto para el gobierno, claro está, que pretende con esto engatusar a chavistas blandos, semejantes a la doña de la propaganda.

Según parece, el gobierno no se pasea por la solución más obvia: que la mejor política habitacional es la de promover la creación de empleos bien pagados, y estables, para que la gente pueda tener dinero con el cual comprarse su vivienda, con crédito blando, o duro.

Lamentablemente, con esta nueva ley, nuestra doña tendrá que seguir soportando las parrandas de su hijo y su nuera, por un rato más. De hecho, por más tiempo ahora.

Así, así, así es que se gobierna… desesperadamente. (Noticiero Digital, 07.09.08)

Del 8 al 22 de enero 2000

Boletín electrónico Nº 205

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los “Desaparecidos”

CONTEXTO

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizará durante el mes de octubre del 2008 y octubre de 2009 una campaña para exigir el cese a la impunidad en el caso de El Amparo. Como se recordará, el 29 de octubre de 1988 el CEJAP, un comando integrado por funcionarios civiles y militares, asesina a 14 pescadores del pueblo El Amparo, estado Apure, y los presenta a la opinión pública como bajas guerrilleras producto de un enfrentamiento armado. El testimonio de dos sobrevivientes reveló uno de los casos de violación de derechos humanos de más hondas repercusiones para el país, el cual generó la primera sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Venezuela, obligando al pago de indemnizaciones y la realización de la investigación y el proceso judicial que determinara las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen. Si bien el Estado venezolano pagó las indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, los autores de la masacre no han sido enjuiciados, beneficiándose de la impunidad.

Provea desarrolla una campaña de exigibilidad del derecho a la justicia en el caso de El Amparo que busca la apertura del mismo en tribunales ordinarios del país. Esta campaña necesitará una identidad gráfica cuyo soporte fundamental será un afiche a ser distribuido a nivel nacional. Provea abre a concurso público el diseño del afiche, cuyo motivo ganador será seleccionado por el Equipo Coordinador de la institución.

El diseño del afiche debe transmitir los objetivos de la campaña a desarrollar por Provea, los cuales son:

Objetivo General:

Denunciar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre de El Amparo e implementar mecanismos de exigibilidad.

Objetivos específicos:

  1. Acompañar a los familiares víctimas y sobrevivientes en gestiones institucionales exigiendo justicia.
  2. Participar en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisión del cumplimiento de la sentencia.
  3. Solicitar apertura del Caso ante la Fiscalía General de la República
  4. Visibilizar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre del Amparo
  5. Realizar actividades de conmemoración del XX Aniversario de la Masacre del Amparo

Las dimensiones del afiche deben ser de 64 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, en una resolución de 300 pixels por pulgada a full color.

La consigna central del afiche será: “20 años de la Masacre de El Amparo: ¡Castigo para los culpables!”. Los concursantes pueden participar con la cantidad de propuestas que deseen, mediante cualquiera de las técnicas de diseño que conozcan.

La propuesta ganadora, además de ser impresa en afiches y postales de la campaña, será gratificada con un premio único de 1.000 Bs.

El arte final del afiche, en baja resolución, debe ser enviado antes del martes 30 de septiembre del 2008 a las siguientes direcciones electrónicas: marinoalvarado@gmail.com, lorenzolab@yahoo.fr, txaro@derechos.org.ve.

Por último invitamos a las diferentes organizaciones sociales e individualidades del país que deseen sumarse a la campaña por la justicia en el Caso de El Amparo, a comunicarse por el email provea@derechos.org.ve, o consultar las informaciones sobre la misma a ser publicadas en el sitio web http://www.derechos.org.ve

Provea está en la búsqueda de un Secretario(a) – Recepcionista que realice trabajos de apoyo administrativo, responsabilidad y con sentido de confidencialidad; con iniciativa y criterio adecuado para tratar asuntos del día a día, así como asimilar nuevas asignaciones de trabajo.

Entre sus labores a desempeñar se encuentran:

  • Asistencia a uno o más miembros/as del Equipo Coordinador de Provea
  • Tomar y transcribir textos de naturaleza variada.
  • Apoyo logístico en reuniones y eventos
  • Atención cortésmente al público
  • Recibir, cotejar, clasificar, controlar y dar seguimiento a la correspondencia
  • Redactar por iniciativa propia o por instrucciones de los coordinadores correspondencia de rutina.
  • Mantener al día el calendario de citas del Coordinador General y lleva el control de los asuntos pendientes relacionados con las coordinaciones.
  • Recibir y tramitar cortésmente las llamadas telefónicas.
  • Preparar y solicitar las requisiciones de materiales de oficina y mantener un control de los mismos.
  • Controlar y manejar procesos básicos de contabilidad (caja Chica y caja de ingresos, venta de Publicaciones y materiales, etc.).
  • Control de llamadas telefónicas
  • Control de cuentas por cobrar y pagar
  • Venta de publicaciones
  • Apoyar la gestión administrativa del Equipo Coordinador (minutas, seguimiento de la planificación,
    convocatorias a reuniones, comunicaciones internas, trámites).

Requisitos
Grado de Bachiller capacitado/ a en los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas:

  • Transcribir dictados con rapidez y exactitud,
  • Dominio de programas de computadora de procesamiento de palabras, hojas de trabajo y otros
  • Conocimiento básico de las prácticas y técnicas modernas de oficina,
  • Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad,
  • Precisión y buena ortografía,
  • Manejo básico contable
  • Habilidad para desarrollar y mantenerse relaciones interpersonales efectivas en la oficina.
    Se recibirán CV hasta el martes 31 de agosto de 2008. Las entrevistas con las personas preseleccionadas se realizarán el día 02 de septiembre de 2008.

Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: txaro@derechos.org.ve; administracionprovea@derechos.org.ve, o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.

25.640 es el número de denuncias de malos tratos contra mujeres que la Fiscalía General de la República ha recibido desde que en marzo de 2007 entró en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La información la suministró el director de Protección Integral a la Familia del Ministerio Público, José Francisco García, al instalar el primer curso de capacitación para órganos receptores de denuncias de delitos contra la mujer el 13.08.08.

Tras anunciar que el Ministerio Público cuenta con 50 despachos especializados para atender este tipo de flagelo, García anunció que Caracas, con 19.810 casos, es la zona donde más mujeres son violentadas. (El Universal, 14.08.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/08/14/pol_art_registran-25-mil-cas_992816.shtml)

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Observatorio Venezolano de Prisiones elevó un amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 07.08.08 en beneficio del derecho al salario mínimo para los reclusos de los 32 centros penitenciarios y 14 anexos de Venezuela. Con esta acción se pretende regularizar la relación laboral del Estado con la población penitenciaria. Para ello, el Observatorio, Provea y la Asociación de Abogados Laborales de Venezuela, entrevistaron a cinco reclusos para conocer el funcionamiento del sistema de pago. El director de esta ONG, Humberto Prado, calcula que 4.500 presos laboran en el país como jardineros, cocineros, macheteros, mecánicos y panaderos, entre otros oficios. Por su trabajo, ellos reciben al día un bolívar fuerte, que les es pagado a final del año por un total de 400 mil bolívares fuertes. “Ese pago es injusto. Pedimos que el recluso tenga un salario mínimo y seguridad social garantizada. ¿Qué calificación se le da a ese tipo de trabajo, si no es la de esclavitud, explotación o servidumbre?”, replica Prado. (Tal Cual, 19.08.08, Pág. 7)

Con la construcción de 200 mil viviendas al año, el Ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Francisco Sesto, prevé solventar en un tiempo estimado de ochos años la problemática de vivienda que aqueja actualmente a la población venezolana. “Este país puede prepararse muy rápidamente para construir 200 mil viviendas al año, si me lo permiten yo pienso alcanzar ese ritmo”, manifestó el funcionario.

Por otra parte, recordó que en la recientemente promulgada Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat las invasiones se vuelven a declarar ilegales en el artículo 80, prohibiendo a las instituciones públicas legalizar la situación de los invasores.

Asimismo, señaló que las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV), que antes eran citadas de manera explícita, ahora no son consideradas como tal, debido a que se han convertido en forma de negocios y manipulación, razón la cual ahora trabajarán directamente con los consejos comunales. En este sentido, el ministro exhortó a las personas a no cancelar dinero a ninguna persona u organización que les cobren por cancelar terreno o para la ejecución de proyectos de viviendas. Según el ministro con esta medida se busca terminar con el negocio y el clientelismo que se tiene en esta materia, para ello, la ley le permite ejercer la rectoría para decidir cuántas viviendas se deben hacer y a quien se le adjudica. (Agencia Bolivariana de Noticias, 13.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145002&lee=3).

El Gobierno Nacional aprobó 2 mil 916 millones de bolívares fuertes para el sector vivienda, según lo informó el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. (Agencia Bolivariana de Noticias, 13.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=144951&lee=3)

La Fundación Agua Clara invitó a Provea a su programa de radio, el 15.08.08, para conversar sobre las preocupaciones mutuas acerca de la presunta toxicidad del material con el cual construyen el proyecto “Petrocasas”.

Los médicos residentes del hospital Pastor Oropeza, de Barquisimeto, se declararon en asamblea permanente como medida de protesta por el retraso de sus pagos.

Nery Carvallo y Carlos Rodríguez, representantes de la Sociedad de Médicos Residentes de ese centro asistencial adscrito al Instituto Venezolano del Seguro Social, explicaron que 66 médicos residentes están a la espera de que les cancelen el sueldo equivalente al primer trimestre del año, bonos nocturnos y ticket alimentación.

Explicaron que aun cuando les han pagado sus sueldos desde abril finalizó el plazo que se había establecido para que les cancelaran la deuda equivalente a 200.000 bolívares fuertes correspondiente a enero, febrero y marzo. “Hasta que nos cancelen lo que nos deben estaremos en asamblea permanente. No somos un gremio de guarimberos, sino padres de familia”, dijeron al explicar que en el hospital están atendiendo las emergencias, los partos y los hospitalizados. Por lo pronto, no atenderán actividades electivas, como cirugías programadas y consultas. (El Nacional, 02.08.08)

Las empresas que no inscriban y/o no cancelen las cotizaciones de sus trabajadores al Seguro Social son sancionadas con mayor severidad en la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, una de las 26 legislaciones que el Gobierno aprobó el último día de vigencia de la Ley Habilitante.

El presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, informó que “por ser muy puntual, la reforma no ameritaba ser consultada”. El cambiose aplicó al título de la ley sobre las sanciones.

Rotondaro señaló que la multa única de dos bolívares fuertes –antes del Decreto con rango de fuerza de ley 2266– “propiciaba en algunas empresas la evasión de su responsabilidad con los trabajadores”.

La reforma establece tres tipos de sanciones –según sea el caso leve, mediano y grave– para fijar los montos en unidades tributarias El presidente del IVSS destacó que ya no hay la discrecionalidad de los funcionarios, porque los empleadores realizan las gestiones –registro y retiro de trabajadores y pago de las cotizaciones para las pensiones, entre otras– de manera automatizada a través del sistema Tiuna. (El Nacional, 03.08.08)

El alto índice de muertes de niños prematuros y neonatos ha llevado al estado Bolívar a encabezar la lista de las regiones con más decesos en lo que va de año. De acuerdo con el boletín epidemiológico de la semana número 28 del Ministerio de Salud, Bolívar totaliza 316 defunciones de recién nacidos.

El coordinador de la Unidad de Neonatología del hospital Menca de Leoni, en San Félix, Aquiles Almiraín, destacó que la falta de control del embarazo en 95% de las madres es la principal causa del alto índice de fallecimientos de recién nacidos. “Por cada 10 niños prematuros que nacen diariamente en los centros de Ciudad Guayana siete fallecen por falta de control prenatal o porque las madres no se alimentan bien”, dijo Almiraín. Esto significa que sólo sobrevive 30% de los bebés pretérmino que vienen al mundo en esa entidad. Los más afectados son los niños de 0 a 6 días de nacidos.

Explicó que la revisión médica de manera periódica en los tres primeros meses del embarazo es fundamental para determinar la salud del bebé. “Pero nada hacemos cuando 95% de las mujeres no se controla, sino que visita a un médico 4 meses después de salir en estado”, aclaró.

Hace dos años los problemas respiratorios en los niños prematuros eran la principal causa de muerte en la región; sin embargo, hoy el fallecimiento de estos bebés está más relacionado con la dotación de equipos. El coordinador de la Unidad de Neonatología destacó que la mayoría de las muertes se produce en el hospital Guaiparo de San Félix. “Es el centro donde recibimos más niñas embarazadas y personas de muy escasos recursos”. La situación se complica debido al déficit de personal y medicinas. “Tenemos tres enfermeras para atender a 40 niños”, comentó el especialista, al tiempo que resaltó la escasez de antibióticos para los niños que nacen con enfermedades que adquieren cuando las madres no se controlan. (El Nacional, 15.08.08)

La canasta alimentaria de los trabajadores para el mes de julio tenía un costo de 1.352 bolívares fuertes, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). Con respecto al mes de junio la canasta registró un aumento de 4,2% en su costo, y en lo que va de año el incremento ha sido de 18,7%, lo que representa un incremento de BsF 212 en el lapso de siete meses. El alza en el costo de la canasta se debió al aumento de precios de siete de los 11 rubros que la conforman. Los productos que registraron mayores incrementos fueron los granos como arvejas y lentejas, debido a los problemas de escasez que registran. También subieron los cereales, las frutas y la carne. Las semillas, oleaginosas y leguminosas subieron en promedio 47,1%, mientras que los cereales se incrementaron 7,3% y las frutas y hortalizas aumentaron 3,7%. Por los problemas de escasez las arvejas subieron 130,8%, y las lentejas 71,4%. Según el Cenda, con el actual salario mínimo (BsF 799) sólo es posible adquirir el 59% del total de la canasta. Es decir, para comprar todos los alimentos incluidos en la cesta se requieren BsF 553 adicionales, al salario mínimo. (El Universal, 03.08.08, http://www.eluniversal.com/2008/08/03/eco_art_canasta-alimentaria_978190.shtml)

Según informaciones de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) Venezuela inició el proceso de demarcación y titulación de las tierras de los 35 pueblos indígenas que hacen vida en su territorio. El procedimiento de demarcación se realiza de manera conjunta entre los pueblos indígenas y el Ejecutivo Nacional a través de la participación del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que preside la Comisión Nacional de Demarcación, y en el cual están representados sus similares de Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Defensa, Producción y el Comercio y el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.

La representación indígena, por su parte, la conforman los ocho estados donde están asentados las comunidades: Anzoátegui (Cumanagoto), Apure (Cuibas, Puné o Yaruro), Amazonas (Baniva, Bare, Jivi, Kurnipako, Mako, Piapoka, Piaroa, Punave, Yavorana, Saliva, Narekena, Yanomani, Yekuana y Yeral), Delta Amacuro (Warao), Monagas (Chaima), Sucre (Chaima), Bolivar ( Arawak, Macuchu, Pemón, Sanema, Umak o Anitani y Wapishana) y Zulia (Añú o Paraujano, Bari, Yuxpa, Japrería y Wayúu), pertenecientes a tres familias linguisticas: Arawak, Caribe y Chibcha.

Hasta el presente se han otorgado 34 títulos de propiedad desde el año 2005, de los cuales 13 corresponden a las comunidades del estado Apure (Pumé-Jivi), 10 en Anzoátegui (Kariña), 6 en Monagas (Warao), 4 en Sucre (Warao) y 1 en Delta Amacuro (Warao), de acuerdo con las cifras suministradas por el Defensor Especial con competencia nacional en el área de Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, José Alonso Guevara.

Señaló que con esta medida se beneficia a 8 mil 932 personas. La superficie aprobada es de 905 mil 582,86 hectáreas, aunque todavía faltan por incluir a las poblaciones indígenas de los estados Amazonas, Bolívar, Falcón y Zulia, respectivamente. (Agencia Bolivariana de Noticias, 14.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145148&lee=Array[0])

Una comisión del Ministerio del Poder Popular para la Salud se encuentra estudiando una extraña epidemia aparecida en la comunidad indígena Warao, en el estado Delta Amacuro, que al parecer ha arrojado al menos 38 fallecidos, informó la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado. “Ya el Ministerio del Poder Popular para la Salud está tomando cartas en el asunto, hay una comisión trabajando sobre el caso, estamos atendiendo el problema”, indicó Maldonado al ser consultada por esta situación. Señaló que, para prevenir el aumento de infecciones, serán otorgados mosquiteros, debido a que cobra fuerza la hipótesis de que el virus sea transmitido mediante la mordedura de murciélagos. (Venezolana de Televisión, 08.08.08, http://www.vtv.gob.ve/detalle.php?id=2873&s=5). La ministra Maldonado informó que conocían una cifra menor de fallecidos, pues de la epidemia contabilizaban 13 víctimas pues el resto había fallecido por diarrea, las cuales fueron atribuidas por la funcionaria a la época de lluvia, y la falta de agua potable en esta región, que posee unas 418 comunidades indígenas con casas sobre el agua, en todas las inmediaciones del Delta. (Unión Radio, 13.08.08, http://www.unionradio.net/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=250850). Sin embargo, la cifra de 38 fallecidos por la epidemia fue ratificada por una comisión que estudia el caso, y que ha denunciado que los síntomas mortales se conocían desde el año 2007. Un documento emitido por la Coordinación de Epidemiología del estado Delta Amacuro, el 29 de septiembre de 2007, registra la muerte de 10 niños waraos en septiembre del 2007. La epidemia afecta a las comunidades de Mucobaina y Jorkorinoco, ubicadas en el bajo Delta. (El Nacional, 12.08.08)

Según informaciones del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el Pueblo Yukpa y ganaderos de Machiques de Perijá, conjuntamente con la Ministra Nicia Maldonado y el Jefe de Comando Operacional General de División Jesús González González se reunieron para discutir tema sobre las tierras y planificar la demarcación de ellas. Maldonado destacó que establecieron un diálogo entre ambas partes para prevenir enfrentamientos entre ellos y velar por el respeto de los indígenas y ganaderos del sector. La Ministra señaló que “gracias a este gobierno revolucionario se reconoce el derecho a los indígenas”. Gonzáles González hizo referencia a la importancia que tuvo la visita a Machiques porque el objetivo principal es lograr el diálogo entre los indígenas y ganaderos para llegar a un acuerdo. “Lo primero es que desocupen las fincas que están ocupadas indebidamente, que negociemos con los Yukpa que se encuentran ahí y evitar la posibilidad de que vaya a haber un enfrentamiento” indicó González González, en las declaraciones difundidas por el ministerio indígena. (Prensa MINPPPI, 18.08.08, http://minpi.gob.ve/minpi//content/view/171/1/lang,es_VE/)

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MS) garantiza de forma permanente el suministro de medicamentos antirretrovirales a venezolanos afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en pro de mejorar su calidad de vida y mantener la lucha mundial contra la exclusión.

En ese sentido, el titular de la Salud, Jesús Mantilla, indicó que a través del Programa Nacional del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), en Venezuela se han ido reforzando los equipos de trabajo para atender a la población portadora e infectada, además de promover la prevención de enfermedades.

Mantilla refirió que para 1998 se entregaban medicamentos únicamente a 200 pacientes y en la actualidad el Gobierno apoya con el suministro completo del tratamiento a 23 mil pacientes que lo requieren.

Asimismo, el ministro indicó que además de dar continuidad con el suministro gratuito de medicamentos, el MS impulsará campañas de concientización en escuelas, cárceles, lugares nocturnos y todo el entorno vulnerable. (Agencia Bolivariana de Noticias, 13.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=145006&lee=Array[0])

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.

• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El asesinato de Néstor Uzcátegui a manos de presuntos agentes de la policía regional del estado Falcón será conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La información fue suministrada por el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), organización que junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el jurista Carlos Ayala Corao representan a las víctimas en esta reclamación internacional.

El 1 de enero de 2001, Uzcátegui, de 21 años de edad, fue asesinado por presuntos funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales de Falcón, al irrumpir sin orden de allanamiento a la residencia del joven. Durante estos hechos también resultaron detenidos durante 24 horas los hermanos del fallecido, Luis y Carlos Uzcátegui, este último era menor de edad para el momento de los sucesos.

Posteriormente, Luis Uzcátegui ha sido aprehendido ilegalmente en reiteradas ocasiones. Igualmente ha sido víctima de amenazas, malos tratos, torturas y allanamientos a su vivienda sin orden judicial por parte de agentes policiales. La razón: Tiene años reclamando castigo para los asesinos de su hermano y en la actualidad se desempeña como defensor de Derechos Humanos en Falcón. Las autoridades judiciales venezolanas han sido incapaces de identificar tanto a los asesinos de Néstor como a quienes han hostigado a sus familiares en los últimos años.

El organismo hemisférico afirmó que “de comprobarse” la denuncia acusarían al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violar los derechos a la vida, libertad e integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión y a la protección judicial, entre otros. (El Universal, 09.08.08, http://www.eluniversal.com/2008/08/09/pol_art_cidh-tramitara-un-ca_986977.shtml)

La Ley contra el Secuestro y la Extorsión será sometida a una consulta pública en la Asamblea Nacional. La normativa está a la espera de su segunda discusión por parte de la plenaria para ser aprobada. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento, Rafael Gil Barrios. Destacó que por este motivo invitó a representantes de las instituciones involucradas, de las gobernaciones y de los gremios, así como a la comunidad en general.

“La idea de esta consulta es además del conocimiento y la difusión de la ley hacia la colectividad, recabar aportes y propuestas que pudieran ser incorporadas en este proyecto de ley”, indicó a ABN. La Ley contra el Secuestro y la Extorsión tiene como fin prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión cometidos por individualidades y grupos, venezolanos o extranjeros, que busquen configurar con ese delito una actividad económica. El instrumento lo elabora el Poder Legislativo en concordancia con el artículo 55 de la Constitución. (El Nacional, 26.07.08, A/7)

La Asamblea Nacional (AN) inició la segunda discusión de la Ley Orgánica contra el Secuestro y la Extorsión, con numerosas intervenciones que finalizó con la aprobación de diez artículos.

El instrumento legal destaca que el que ilegítimamente prive de libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos, serán sancionados con prisión de veinte a treinta años.

Igual pena será aplicada para quienes perpetren el delito establecido el artículo 5 de esta Ley en asociación con el país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos armados irregulares o subversivos.

Quien simule estar secuestrado con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, beneficios y otros de parientes consaguíneos, cónyugue, concubina, concubino, adoptado, empresas, funcionario público, será sancionado con prisión de cinco a diez años. (Agencia Bolivariana de Noticias, 07.08.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=144022&lee=Array[0])

En una rueda de prensa, el vicepresidente electo del CNP, Alonso Moleiro, denunció el aumento de agresiones a periodistas. “Queremos hacer un llamado, lo más cordial que se pueda, al alto gobierno y al ministro (de Comunicación e Información) Andrés Izarra para que, por favor, se pronuncien, condenen estas agresiones. El Estado venezolano no gana nada en este clima de impunidad en el que vive el país”, señaló en una rueda de prensa.

Moleiro indicó que en semanas recientes han ocurrido amenazas, detenciones y agresiones de parte de representantes de los poderes públicos, incluyendo las descalificaciones que hizo la presidenta del Congreso, Cilia Flores, contra dos periodistas que denunciaron la existencia de un extendido nepotismo en la cámara legislativa, dominada por el oficialismo. Agregó que el corresponsal del diario “El Nacional” en el estado de Barinas fue ilegalmente detenido para exigirle que diera una información sobre un robo millonario a un familiar del presidente Hugo Chávez, lo cual violaba la protección de la fuente. También mencionó las “ofensas” del candidato oficialista a la gobernación del estado de Carabobo y presentador de un programa en la televisión estatal, Mario Silva, contra periodistas porque “ellos dicen cosa que a él no le gustan”. (Cadena Global, 28.07.08, http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=184443&Sec=5)

Por otra parte, el CNP emitió un comunicado para rechazar la utilización del logotipo de Telesur por parte del ejército colombiano en la operación jaque, con la cual procedieron a liberar a la franco-colombiana Ingrid Betancourt y a otros 14 retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En el texto se refirieron al hecho como “una acción condenable desde el punto de vista del gremio periodístico, porque coloca en delicada posición a un medio de comunicación social venezolano y a su propio personal profesional y técnico“. Prosigue el documento: “El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela rechaza esta cuestionable práctica, mediante la cual el Ejército colombiano termina de alguna manera por colocar a este canal de televisión casi como actor asociado a los grupos irregulares de ese país o al menos deje sembrada esa duda en algunos sectores de la opinión pública“. Igualmente, la organización gremial rechazó “la arrogante negativa de voceros del gobierno colombiano a considerar siquiera la posibilidad de ofrecer disculpas al canal Telesur por el uso indebido de su imagen gráfica en el contexto en el cual fue utilizada“. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142904&lee=18)

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.

ESPECIAL: “EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD”

Una característica común de las masacres que se produjeron en la década de los años 80 (Cantaura, Yumare, Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos, El Vallado y El Amparo) fue la investigación y proceso de los culpables en la justicia militar. El resultado, a su vez, fue el mismo: la declaración de inocencia de los imputados porque, supuestamente, se enfrentaron a grupos subversivos. Hoy gozan de la libertad y algunos ocupan altos cargos escudándose en el argumento de que los tribunales determinaron que actuaron en legítima defensa.

En el caso de la masacre de El Amparo la actuación mayoritaria de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que conocieron el caso, se orientó al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones, que las hubo, los fiscales militares y jueces cometieron un sin número de irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores. Destaca la actuación del para entonces mayor asimilado del Ejército, Ricardo José Pérez Gutiérrez, juez instructor en primera instancia. La parcialidad del Juez afectó el resto del proceso en todos los siguientes niveles. Dio valor a pruebas ilegales presentadas por los victimarios, negó pruebas que demostraban que hubo una masacre, descartó testigos claves, pretendió intimidar a los dos sobrevivientes y cometió otras irregularidades.

Este Juez mantuvo una permanente coordinación con uno de los autores intelectuales de la masacre, el general Humberto Camejo Arias, quien le daba instrucciones sobre como obstaculizar la actuación de los abogados que acusaron a los funcionarios militares y policiales.

Fiscales, jueces, autores intelectuales de la masacre y los abogados que defendieron a los militares y policías entretejieron una red de complicidad, maniobras e irregularidades para garantizar que en cada escala del proceso se crearan condiciones que permitieran dictar un fallo declarando no culpables a los responsables.

Así, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristobal dictó sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país. Dicha sentencia fue confirmada e 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza. Contra dicha sentencia los abogados de las víctimas interpusieron recurso de casación y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad, la cual ha prevalecido hasta la fecha.

La verdad de los hechos quedó oculta y en su lugar se armó una versión que hizo aparecer a los asesinos como héroes de la patria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, ha expresado que este tipo sentencias emanadas de órganos de administración de justicia que actúan de manera irregular, con el único propósito de producir impunidad, no tienen ningún valor jurídico y su decisión no puede considerarse cosa juzgada. Por lo tanto, la acción fraudulenta de la justicia militar venezolana no tiene valor y la declaratoria de no culpabilidad de los autores materiales no tiene fuerza jurídica como para impedir la reapertura de las investigaciones y proceso para determinar responsabilidades y establecer las penas a que haya lugar.

Una apertura de las investigaciones en la jurisdicción ordinaria debe además indagar sobre las irregularidades cometidas por fiscales y jueces, particularmente el Juez Ricardo José Pérez Gutiérrez. A pesar de su conocida actuación alejada de la ética profesional, este abogado, hasta hace pocos años, ocupaba el cargo de asesor en el Ministerio de la Defensa.

El tiempo pasa, pero la búsqueda de la justicia continúa y todos quienes actuaron como autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores deben ser sancionados.

(1) Ubicado a 950 kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito, en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar durante varias horas llanuras donde la única actividad visible es la ganadería.

(2) Wolmer Pinilla recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron asesinados brutalmente.

(3) Provea, a través del abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui, realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de impunidad.

(4) En el lugar de la masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como lograron escaparse hace 20 años del operativo planificado por los integrantes del Comando Especial José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de la Masacre se encuentran aún en libertad.

(5) El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la artera más frecuentemente utilizada.

(6) Al igual que hace 20 años, los habitantes del poblado se quejan de la desidia en que se encuentra su lugar de residencia: desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por parte de los lugareños.

(7) Hoy día, José Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes recibieron una suma estimada en 18 millones de bolívares.

(8) A algunos de los familiares de las víctimas, les fueron entregadas humildes y precarias viviendas que carecen de los servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo, suministro continuo de agua y electricidad. En esa época las casas fueron construidas en tan sólo tres semanas.

(9) Algunos familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero, Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba) siguen organizados para exigir justicia y piden que 20 años después de la masacre, los crímenes que arrebataron a uno de los suyos no queden impunes.

(10) En ese panorama fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas al lado de las principales preocupaciones y condiciones de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años el gobierno nacional ha logrado aprovechar para justificar numerosos abusos de los derechos humanos en el Alto Apure.

Realizado por Lorenzo Labrique

ARTÍCULOS

Ayer, 31 de julio, se cumplió el plazo para proceder a la liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, FONDUR, instituto que fue creado el 09 de septiembre de 1975. El cuatro de marzo de 2008 se estableció fecha y procedimiento para el proceso de liquidación mediante el decreto Nº 5.910, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.883. Durante años Fondur se dedicó a construir urbanismos, buena parte de ellos para personas de bajos recursos. Algunas familias tuvieron la dicha de ser dignificadas en viviendas de calidad; otras tuvieron la mala suerte de recibir viviendas de dudosa calidad y al cabo del poco tiempo tuvieron que reiniciar trámites para ser reubicadas; otras vieron frustradas sus esperanzas porque al recibir adjudicaciones se consiguieron con la sorpresa de que las viviendas asignadas ya habían sido adjudicadas, es decir hubo doble adjudicación. Cientos de familias, esperaron una respuesta del Instituto, que nuca llegó. En las oficinas del ya inexistente instituto deben reposar las carpetas con toda la documentación requerida. Cada carpeta llena de papeles recoge una historia de alguna familia venezolana con la promesa de una vivienda que nunca obtuvo. En esas capetas se encierra mucha esperanza, el deseo de mejorar la calidad de vida, la posibilidad de no continuar viviendo en una zona de alto riesgo o dejar de ser inquilino para ser propietario en mejores condiciones. En fin, todos esos papeles significan un reclamo de un derecho que el Estado no ha podido satisfacer. La pregunta es: ¿cuál será el destino de esas carpetas?, ¿quién le dará respuesta a las familias? Tendrán que volver a llenar planillas y entregar documentos como ocurre cada vez que cambian los funcionarios.

El Ministerio de vivienda debería adoptar medidas adecuadas que permitan dar explicación cierta a las familias sobre el destino de sus solicitudes y la forma como se procesarán. Debería publicar en la prensa nacional el listado de solicitudes que se traspasan de Fondur al Ministerio, creando un mecanismo que permita a las familias indagar sobre su solicitud y obtener respuesta oportuna y adecuada.

La ya grave crisis de la vivienda pudiera agudizarse en los próximos meses si desde el Ministerio no se establecen medidas, de corto y mediano plazo, que permitan ordenar todo lo que se traspasa desde Fondur y evitar que se paralicen los urbanismos Desde Provea damos el beneficio de la duda al nuevo equipo que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat para que se corrijan muchas irregularidades y fallas en la gestión gubernamental en el área. Ojala la medida de liquidar a Fondur y otros institutos relacionados con la vivienda sirva para superar la gran dispersión que hay en el sector, aprovechándose la coyuntura para reorientar políticas, diseñando planes integrales de corto y mediano plazo. Asimismo, la designación de personas a los cargos no sólo con los conocimientos técnicos, sino también con la sensibilidad para comprender que tiene en sus manos la posibilidad de culminar con el drama de miles de familias de bajos recursos. (Tal Cual, 01.08.08, marino@derechos.org.ve)

La tarea democrática es desmantelar los mecanismos que promueven la impunidad. Uno de los grandes retos para el actual Gobierno ha sido concretar un modelo de seguridad que promueva un servicio policial tendente a la protección de todos los ciudadanos. Aún persisten estrategias conservadoras asociadas a la militarización de la seguridad ciudadana, utilizadas para demostrar cierta capacidad de acción sobre el problema de la inseguridad, las cuales han estado vinculadas al agravamiento de la violencia policial.

Alarma
Hace dos años, el Ministerio Público dio a conocer una impresionante cifra: 5.591 casos de ajusticiamiento o supuestas muertes en enfrentamiento entre los años 2000-2005, calificados por ese organismo como homicidios cometidos por funcionarios de seguridad. Algunos de esos casos han causado alarma, otros han pasado inadvertidos y otros incluso han gozado de cierta tolerancia por parte de la sociedad. En total, el saldo de ese período fue de 6.010 víctimas y 6.034 funcionarios involucrados. 97% de los casos acumulados durante cinco años se encontraba en la fase preliminar del proceso penal, mientras que un escaso 1% alcanzó la fase intermedia y 2% la fase de juicio. La gran pregunta para este año sería, ¿qué ha pasado con la investigación de esos casos?

Semanalmente se nos ofrecen estadísticas oficiales tendentes a probar la disminución de la violencia delictiva en algunas regiones del país, pero, ¿qué pasa con las estadísticas de la violencia policial?, ¿por qué no se nos informa cuántas personas han sido víctimas de torturas y homicidios cometidos por funcionarios de seguridad?

Invisibles
Tradicionalmente, las violaciones a los derechos humanos han sido invisibilizadas: se ocultan las estadísticas de homicidios institucionales; se descalifica y criminaliza a la víctima, presentándola como un “sujeto peligroso” que se “resistió” a la autoridad; se relativiza el problema, identificándolo como un asunto ajeno a la seguridad ciudadana; institucionalmente se toleran estas violaciones sin considerar que el Estado tiene un poder de coacción limitado y no un cheque en blanco para ejercer el control y la represión; se ponen obstáculos a la investigación penal, entre otras dificultades en el largo camino para determinar la responsabilidad de los involucrados.

La tarea democrática es desmantelar esos mecanismos que promueven la impunidad, y el momento es ahora, rechazando la violencia policial en cualquier escenario, por ser un muy mal pretexto, un altísimo costo que algunos erradamente pueden considerar que hay que pagar para alcanzar la tan ansiada seguridad. La tarea es asegurar las condiciones mínimas para garantizar la imparcialidad de las investigaciones contra los funcionarios de seguridad involucrados, velar por la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

Nuestro compromiso como sociedad comienza por preguntarnos ¿dónde están las víctimas de la violencia policial? Y la responsabilidad política del Gobierno comienza por hacerlas visibles. (El Universal, 27.08.08, gildan@hotmail.com)

No hay grandes titulares. Debe ser porque desde hace más de 500 años los están asesinando. La comunidad chaktapa. Está por ahí, en Machiques.

Dice la denuncia que a José Manuel Romero, de 109 años, lo apalearon y parece que, junto con los golpes, la tristeza y la rabia lo mataron, a esta memoria cultural de un pueblo que debería tener un reconocimiento nacional.

Invadieron su comunidad atropellando mujeres y niños.

A sus años no pudo proteger a su pueblo. Vomitando sangre estuvo. Seguramente como muriéndose con los sueños rotos, las tierras fértiles robadas, las antiguas costumbres mancilladas, la familia destrozada, la comunidad disolviéndose. Su hijo, Sabino Romero, el cacique de la tribu, está escondido, pues lo buscan para matarlo.

Dice la denuncia que los responsables directos de este crimen y de los atropellos cometidos son los ganaderos de la zona, y los alcahuetas son la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Machiques.

Los yukpas están en una zona geoestratégica clave: minas de carbón, tierras fértiles, caminos de toda clase de contrabando, cerca de la frontera con Colombia, del Golfo de Venezuela, del Lago de Maracaibo, del petróleo, del separatismo transnacional y sus aliados regionales, de los paramilitares, los sicarios, los hacendados que extienden cada vez más los cercados, las empresas asociadas a Carbozulia y cierta ausencia (¿o complicidad?) de las instituciones venezolanas.

Los dioses de la razón, del desarrollismo, del racismo, del etnocidio, del geocidio, han triunfado sobre los dioses del agua, de los bosques, de las estrellas, de la Luna, de la luz, del amor. Es el triunfo del capital, del dios del dinero. Son los mismos que están triunfando en la Amazonia, la cual pronto podría estar cruzada por carreteras; que pugnan por convertir el Polo Norte en campo petrolífero, que impulsan la guerra. Si los yukpas y las civilizaciones primigenias continúan muriendo, seguramente no quedará planeta donde construir utopías. La palabra iría perdiendo su poder como fuerza creadora y los dioses del viento podrían enterrarla.

No harían falta los misiles de la IV Flota. Aún hay tiempo.

Hay un pueblo que vibra con esperanza. Le toca a él decir basta y echarse a andar. Más fuerte es la luz de la esperanza.

Un tiempo de pueblo nos aguarda. Amén (Últimas Noticias, 05.08.08)

DOCUMENTOS

“Llamamos a fortalecer la resistencia indígena continental para defender nuestros patrimonios territoriales y recursos naturales. Proclamamos nuestra autonomía política, jurídica y administrativa, para decidir sobre el uso y beneficio de nuestros territorios y sus recursos naturales.”
Foro Latinoamericano “por la pervivencia de los pueblos indígenas resistencia y autonomía”

Las autoridades y delegados de los pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Canadá y Suecia, reunidos en el Foro Latinoamericano de Valledupar, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Sección Indígena, Colombia, Reafirmando que la tierra es nuestra madre y que un hijo no vende o negocia con el ser que le da la vida y le garantiza el sustento y la pervivencia de sus generaciones,

Demandando de los Estados Nacionales y del sistema internacional de los Derechos humanos protección para nuestras culturas, familias y generaciones indígenas; así como para nuestros territorios y recursos biológicos de biodiversidad y genéticos que constituyen nuestro patrimonio colectivo,

Manifestando que la resistencia y la unidad entre los pueblos es la forma de defender nuestros territorios, recursos y patrimonios,

Llamamos a fortalecer la resistencia indígena continental para defender nuestros patrimonios territoriales y recursos naturales.

Proclamamos nuestra autonomía política, jurídica y administrativa, para decidir sobre el uso y beneficio de nuestros territorios y sus recursos naturales.

Demandando también que cese la colonización de las multinacionales, los estados y los particulares a los territorios y los pueblos indígenas.

Proclamando que somos pueblos originarios y por tanto tenemos derechos colectivos, especiales, humanos y ancestrales y no renunciamos a ellos a favor de terceros.

Valorando las experiencias de los pueblos indígenas que han hecho frente a las políticas e intereses económicos de las trasnacionales,

Demandando también, la necesidad de proteger nuestras culturas, familia y generaciones indígena; así como para los territorios de nuestras futuras generaciones.

Reclamando la ayuda, cooperación y solidaridad de la comunidad nacional e internacional para defender nuestros territorios y recursos. Rechazando la violación de nuestros derechos humanos para satisfacer los intereses de las multinacionales,

DECLARAMOS

  1. Los intereses económicos de compañías multinacionales, trasnacionales y de terceros no pueden estar por encima de las Constituciones Políticas Nacionales y de las leyes propias de nuestros pueblos indígenas.
  2. Ninguna forma administrativa del estado puede suplir a nuestras autoridades tradicionales y la voluntad autónoma de nuestros pueblos.
  3. La expropiación de los recursos naturales es el exterminio de nuestros pueblos-
  4. Desconoceremos los acuerdos que realicen autoridades y lideres indígenas corruptos con multinacionales y empresarios inescrupulosos que atenten contra nuestra integridad cultural e integralidad étnica y que vulneren nuestros derechos ancestrales, especiales y colectivos; además que no cuenten con procesos participativos y autonómicos de consulta previa.
  5. Líder indígena que traicione nuestros principios debe será castigado de acuerdo con nuestras propias leyes y los acuerdos que haya suscrito con quienes pretenden nuestro exterminio no tendrán ninguna validez, ni legitimidad para nuestros pueblos. Desconocemos las conciliaciones y a las mentiras en privado para la implementación de megaproyectos.
  6. Rechazamos las calumnias y componendas de los Estados y sus instituciones para desprestigiar a nuestros dirigentes en tanto le hacen el favor a las multinacionales de abriles ilegalmente nuestros territorios al mercado capitalista. Así como la corrupción que imponen las multinacionales para dividir a nuestras autoridades, pueblos y comunidades.
  7. Rechazamos la militarización de los territorios indígenas para proteger los intereses de las multinacionales y de extraños ajenos a nuestros pueblos y comunidades.
  8. Rechazamos el terrorismo y las presiones de los estados contra las comunidades y pueblos indígenas para satisfacer las demandas económicas de las multinacionales.
  9. Rechazamos la violación de nuestros derechos humanos para satisfacer los intereses económicos de las multinacionales.
  10. Rechazamos la siembra de minas antipersonal en nuestros territorios y comunidades por parte de organismos estatales, insurgentes e ilegales, como una forma de control territorial y de amenaza terrorista a nuestra vida e integridad física.
  11. Rechazamos la privatización estatal de los recursos naturales. El agua es un bien común que beneficia a todas las formas de vida de la naturaleza.
  12. Demandamos de nuestros pueblos mayores esfuerzos para proteger nuestros recursos naturales, biológicos y genéticos y `para proteger, recuperar y exigir la unidad integridad territorial de nuestros pueblos.
  13. Trabajaremos por la transformación de nuestros estados en estados plurinacionales que incorporen los derechos de todos, sin exclusiones, ni discriminación.
  14. Articular a nuestros sabios y ancianos a nuestros procesos de resistencia y lucha para fortalecer nuestra espiritualidad y conocimientos ancestrales.
  15. Nuestro proyecto político es defender nuestras culturas y pueblos indígenas y establecer la coordinadora continental de pueblos indígenas con una agenda continental de resistencia a las trasnacionales y multinacionales que nos invaden.
  16. Rechazamos las políticas migratorias de la Unión Europea que califica a nuestros desplazados en sus países como delincuentes. Recordando que la población emigrante ha sido afectada en su mayoría por los impactos que generan los macroproyectos que estos estados establecen en nuestros países.
  17. Nuestra solidaridad con la huelga del sindicato minero de la Drommont.
  18. Que los actores armados del conflicto interno liberen de manera incondicional todos los secuestrados en su poder.

(Valledupar, 17 de julio de 2008. Oilwatch Sudamérica)

Del 18 de julio al 05 de agosto 2008

Boletín electrónico Nº 204

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los “Desaparecidos”

CONTEXTO

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizará durante el mes de octubre del 2008 y octubre de 2009 una campaña para exigir el cese a la impunidad en el caso de El Amparo. Como se recordará, el 29 de octubre de 1988 el CEJAP, un comando integrado por funcionarios civiles y militares, asesina a 14 pescadores del pueblo El Amparo, estado Apure, y los presenta a la opinión pública como bajas guerrilleras producto de un enfrentamiento armado. El testimonio de dos sobrevivientes reveló uno de los casos de violación de derechos humanos de más hondas repercusiones para el país, el cual generó la primera sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra Venezuela, obligando al pago de indemnizaciones y la realización de la investigación y el proceso judicial que determinara las responsabilidades materiales e intelectuales del crimen. Si bien el Estado venezolano pagó las indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, los autores de la masacre no han sido enjuiciados, beneficiándose de la impunidad.
Provea desarrolla una campaña de exigibilidad del derecho a la justicia en el caso de El Amparo que busca la apertura del mismo en tribunales ordinarios del país. Esta campaña necesitará una identidad gráfica cuyo soporte fundamental será un afiche a ser distribuido a nivel nacional. Provea abre a concurso público el diseño del afiche, cuyo motivo ganador será seleccionado por el Equipo Coordinador de la institución.

El diseño del afiche debe transmitir los objetivos de la campaña a desarrollar por Provea, los cuales son:

Objetivo General:

Denunciar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre de El Amparo e implementar mecanismos de exigibilidad

Objetivos específicos:

  1. Acompañar a los familiares víctimas y sobrevivientes en gestiones institucionales exigiendo justicia.
  2. Participar en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisión del cumplimiento de la sentencia.
  3. Solicitar apertura del Caso ante la Fiscalía General de la República
  4. Visibilizar la continuidad de la impunidad en el caso de la Masacre del Amparo
  5. Realizar actividades de conmemoración del XX Aniversario de la Masacre del Amparo

Las dimensiones del afiche deben ser de 64 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, en una resolución de 300 pixels por pulgada a full color.

La consigna central del afiche será: “20 años de la Masacre de El Amparo: ¡Castigo para los culpables!”. Los concursantes pueden participar con la cantidad de propuestas que deseen, mediante cualquiera de las técnicas de diseño que conozcan.

La propuesta ganadora, además de ser impresa en afiches y postales de la campaña, será gratificada con un premio único de 1.000 Bs.

El arte final del afiche, en baja resolución, debe ser enviado antes del martes 30 de septiembre del 2008 a las siguientes direcciones electrónicas: marinoalvarado@gmail.com, lorenzolab@yahoo.fr, txaro@derechos.org.ve.

Por último invitamos a las diferentes organizaciones sociales e individualidades del país que deseen sumarse a la campaña por la justicia en el Caso de El Amparo, a comunicarse por el email provea@derechos.org.ve, o consultar las informaciones sobre la misma a ser publicadas en el sitio web http://www.derechos.org.ve

Provea está en la búsqueda de un Secretario(a) – Recepcionista que realice trabajos de apoyo administrativo, responsabilidad y con sentido de confidencialidad; con iniciativa y criterio adecuado para tratar asuntos del día a día, así como asimilar nuevas asignaciones de trabajo.

Entre sus labores a desempeñar se encuentran:

  • Asistencia a uno o más miembros/as del Equipo Coordinador de Provea
  • Tomar y transcribir textos de naturaleza variada.
  • Apoyo logístico en reuniones y eventos
  • Atención cortésmente al público
  • Recibir, cotejar, clasificar, controlar y dar seguimiento a la correspondencia
  • Redactar por iniciativa propia o por instrucciones de los coordinadores correspondencia de rutina.
  • Mantener al día el calendario de citas del Coordinador General y lleva el control de los asuntos pendientes relacionados con las coordinaciones.
  • Recibir y tramitar cortésmente las llamadas telefónicas.
  • Preparar y solicitar las requisiciones de materiales de oficina y mantener un control de los mismos.
  • Controlar y manejar procesos básicos de contabilidad (caja Chica y caja de ingresos, venta de Publicaciones y materiales, etc.).
  • Control de llamadas telefónicas
  • Control de cuentas por cobrar y pagar
  • Venta de publicaciones
  • Apoyar la gestión administrativa del Equipo Coordinador (minutas, seguimiento de la planificación,
    convocatorias a reuniones, comunicaciones internas, trámites).

Requisitos
Grado de Bachiller capacitado/ a en los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas:

  • Transcribir dictados con rapidez y exactitud,
  • Dominio de programas de computadora de procesamiento de palabras, hojas de trabajo y otros
  • Conocimiento básico de las prácticas y técnicas modernas de oficina,
  • Habilidad para expresarse verbalmente y por escrito con claridad,
  • Precisión y buena ortografía,
  • Manejo básico contable
  • Habilidad para desarrollar y mantenerse relaciones interpersonales efectivas en la oficina.
    Se recibirán CV hasta el lunes 11 de agosto de 2008. Las entrevistas con las personas preseleccionadas se realizarán el día 13 de agosto de 2008.

Enviar CV a las siguientes direcciones electrónicas: txaro@derechos.org.ve; administracionprovea@derechos.org.ve, o entregarlo físicamente en la sede de Provea: Bulevard Panteón. De Tienda Honda a Puente Trinidad. Edificio Centro Plaza Las Mercedes. PB. Local 6. Parroquia Altagracia.

El presidente Hugo Chávez anunció el pasado 31.07.08, al término del período habilitante de 18 meses otorgado por la Asamblea Nacional, más de una veintena de leyes aprobadas mediante esta facultad extraordinaria. La Gaceta Oficial número 38.984, con fecha 31.07.08, incluyó los nombres de 26 leyes habilitantes, las cuales son: Ley Orgánica de Turismo, Ley Orgánica del Transporte Ferroviario Nacional, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley Orgánica que los Espacios Acuáticos, Ley de Creación del Fondo Social, para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional, Ley de Salud Agrícola Integral, Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social, Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial FONCREI, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda, Ley de Crédito para el Sector Agrario, Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Ley del Banco Agrícola de Venezuela, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, Ley de Reforma de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda INAVI, Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (YVKE Mundial, 01.08.08, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?8781).

Si desea descargar en archivos PDF el texto de las leyes habilitantes, visitar el siguiente enlace: http://www.noticias24.com/actualidad/?p=16479

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hace constar de su preocupación ante el riesgo que aqueja a las comunidades indígenas ubicadas en el Municipio Machiques de Perijá, Estado Zulia, y en particular a la comunidad Yukpa Chaktapa, como consecuencia de su reclamo para que se produzca el proceso de demarcación de tierras.
Desde que se organizaron en el año 2004, los miembros de la Comunidad Chaktapa han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona, con el propósito de expulsarlos de sus tierras ancestrales que han venido recuperando. Desde el año 2005, la comunidad reiteradamente ha sufrido desalojos violentos, agresiones físicas y amenazas de muerte por grupos armados presuntamente contratados por propietarios asentados en la hacienda Tizina donde está asentada.

Según la denuncia que hicieron los caciques de la comunidad Chaktapa y Guamo Sabino Romero Izarra y Olegario Romero el 5 de mayo de 2008 en PROVEA, el 23 de abril de 2008 un grupo armado asaltó la comunidad tratando de eliminar a Sabino Romero Izarra. En los días 13 y 21 de Mayo y 7 de julio ese mismo grupo armado volvió a amenazar y agredir verbal y físicamente a miembros de la comunidad.

Como respuesta al acompañamiento y apoyo a la comunidad ,en el proceso de denuncia y mediatización del conflicto, el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia y coordinador de la Asociación Civil Sociedad Homo et Natura, ha sufrido repetidas descalificaciones por parte del sector ganadero y de funcionarios del Estado, entre los cuales se destacan: la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), el alcalde de Machiques Alfonso Márquez, y la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado.

Ante las omisiones del Estado en cuanto al proceso de demarcación de tierras y las repetidas agresiones físicas y verbales por parte de grupos armados irregulares de que han sido victimas los miembros de las comunidades indígenas de la zona desde el año 2005, y la campaña de descrédito del defensor de derechos humanos Lusbi Portillo por parte de las autoridades locales y de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, el Foro por la Vida expresa lo siguiente:

1.- Tal y como lo establece el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Venezuela el 22 de Mayo de 2002, debe reconocerse a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deben tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales de subsistencia.

2.- De conformidad con los artículos 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 20 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Estado venezolano reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.

3.- Por mandato constitucional (artículo 119) y según lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, deberá establecer los procedimientos para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, las cuales son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

4.- El lapso de dos años establecido por la Duodécima Disposición Transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para realizar dicho proceso de demarcación del hábitat indígena venció en Marzo de 2002 sin resultados visibles, salvo eventuales entregas de titularidad.

5.- Pese a los intentos de negociación realizados por la comunidad Chaktapa con los propietarios privados de las tierras, con la mediación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, no se ha llegado a ningún resultado satisfactorio, ya que sus líderes manifestaron haber sido presionados y obligados a firmar acuerdos desventajosos.

6.- La presencia permanente de presuntos sicarios en las tierras ocupadas por la comunidad Indígena Yukpa Chaktapa representa una amenaza constante para la integridad y la vida de los miembros de dicha comunidad, ya que en varias oportunidades han existido enfrentamientos y agresiones directas contra la comunidad indígena.

7.- Desde el martes 13 de mayo de 2008, los miembros de la comunidad Chaktapa no han podido transitar libremente por la zona, en tanto los presuntos sicarios están apostados en las entradas y salidas de sus tierras, por lo que tienen restringido el acceso a alimentación, escuela, trabajo y salud.

8.- La Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los cuerpos de seguridad del Estado Zulia, no han realizado las acciones concretas necesarias para solucionar la problemática y garantizar la integridad y la vida de la comunidad Yukpa afectada, pese a las reiteradas denuncias y solicitudes de protección.

9.- El Foro por la Vida expresa que deben tomarse de forma inmediata las medidas necesarias para la protección integral de los miembros de las comunidades indígenas que están siendo afectadas; dicha protección debe incluir el resguardo de sus bienes, sus personas y su cultura.

10.- El Foro por la Vida manifiesta que las comunidades indígenas, bajo el principio de no discriminación, tienen los mismos derechos a acceder a los órganos de administración de justicia que hagan valer sus derechos y ofrezcan la protección necesaria mientras dure el proceso de demarcación.

11.- El Foro por la Vida apoya toda medida orientada a la protección de las comunidades indígenas, especialmente aquellas que se encuentran en proceso de rescate y demarcación de sus tierras ancestrales, con instituciones gubernamentales y propietarios y exhorta a los entes del Estado responsables del proceso de demarcación a adelantar todos los trámites que sean necesario para cumplir con el mandato constitucional de proceder a la demarcación de las tierras.

12.- El Foro por la Vida reconoce los recientes avances en materia legislativa destinados a adecuar el marco normativo nacional a las obligaciones internacionales derivadas del Convenio 169 de la OIT. No obstante, instamos a las autoridades cumplir con las disposiciones legales vigentes y poner fin a la mora constitucional.

13.- El Foro Por la Vida insta a las autoridades venezolanas el cese de las descalificaciones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, las cuales en el contexto de inseguridad presente en las zonas fronterizas constituyen factores graves que pueden peligrar la integridad física de las personas así como dificultan su labor de lucha a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución.

A los 23 días del mes de Julio 2008

  1. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello
  2. Vicaria Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
  3. Espacio Publico
  4. Cáritas de Venezuela
  5. Caritas Los Teques
  6. Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
  7. Acción ciudadana contra el Sida (Accsi)
  8. Servicio de Jesuita para los Refugiados
  9. Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
  10. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

29 de Julio de 2008
MACHIQUES, ESTADO ZULIA, VENEZUELA
Comunidad Chaktapa, etnia Yukpa, Municipio Machiques de Perijá

Desde que se organizaron en el año 2004 para reclamar la demarcación de tierras contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los miembros de la Comunidad Chaktapa han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona, con el propósito de expulsarlos de sus tierras ancestrales que han venido recuperando. Desde el año 2005, la comunidad reiteradamente ha sufrido desalojos violentos, agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de grupos armados supuestamente contratados por los propietarios de las haciendas Tizina y Kusare donde está asentada.

Según la denuncia que hicieron los caciques de las comunidades Chaktapa y Guamo Sabino Romero Izarra y Olegario Romero el 5 de mayo de 2008 ante el Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el 23 de abril de 2008 un grupo armado asaltó la comunidad tratando de eliminar a Sabino Romero Izarra. En los días 13 y 21 de Mayo y nuevamente el 7 de Julio, ese mismo grupo armado, encabezado por el propietario de la hacienda Kusare Alejandro Chávez Vargas, volvió a amenazar y agredir verbal y físicamente a los miembros de la comunidad. El 22 de Julio falleció el padre de Sabino Romero Izarra, José Manuel Romero, de 109 años, presuntamente a raíz de los golpes recibidos.

Adicionalmente, como respuesta al acompañamiento y apoyo a la comunidad en el proceso de denuncia y mediatización del conflicto, el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia y coordinador de la Asociación Civil Sociedad Homo et Natura, ha sufrido repetidas descalificaciones por parte del sector ganadero y de funcionarios del Estado, entre los cuales se destacan: la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), el alcalde del Municipio Machiques (Estado Zulia) Alfonso Márquez, y la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, en violación a lo consagrado en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La presencia permanente de presuntos sicarios en las tierras ocupadas por la comunidad Indígena Yukpa Chaktapa representa una amenaza constante para la integridad y la vida de los miembros de dicha comunidad, ya que en varias oportunidades han existido enfrentamientos y agresiones directas contra la comunidad indígena.

Pese a las reiteradas denuncias y solicitudes de protección realizadas ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Superior del Estado Zulia, la Fiscalía de Machiques, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Delegada del Estado Zulia y la Defensoría Especial con Competencia Nacional en el Área de Protección de los Pueblos Indígenas, no se han tomado las medidas necesarias para solucionar la problemática y garantizar la integridad y vida de la comunidad.

PROVEA considera que esta situación representa una restricción a las garantías y ejercicios de derechos fundamentales, especialmente del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, consagrados en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículo 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 20, 43 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y del derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas, garantizado por el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Venezuela el 22 de mayo de 2002, y en los artículos 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 20 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Esta situación evidencia también el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado respecto al proceso de demarcación del hábitat y tierras indígenas, contemplado en los artículos 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 23 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y que según lo establecido en la Duodécima Disposición Transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debería haber culminado dos años después de la entrada en vigencia de la misma, es decir en Marzo de 2002.

De la misma manera, existen afectaciones a otros derechos – consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – como el derecho al libre tránsito, el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación, en tanto los presuntos sicarios han permanecido apostados en las entradas y salidas de sus tierras a partir del 13 de mayo de 2008 durante más de dos meses.

En este sentido, Provea expresa que las autoridades competentes deben investigar de manera exhaustiva, inmediata e imparcial las circunstancias de la muerte de José Manuel Romero y tomar de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los miembros de la comunidad indígena Chaktapa así como el cese de las descalificaciones hacia los defensores de derechos humanos. También insta a la Comisión Nacional de Demarcación, al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y al Instituto Nacional de Tierras que procedan a la demarcación del hábitat y tierras indígenas, cumpliendo con el mandato constitucional.

ACCIÓN RECOMENDADA:
Por favor enviar las cartas de adhesión a esta acción urgente o cartas de protesta, en las cuales se haga constar de lo siguiente:

  • Expresar preocupación por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la tierra y a la propiedad colectiva del hábitat y tierras indígenas, y al derecho al libre tránsito de los miembros de la comunidad Yukpa Chaktapa
  • Exigir a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Superior del Estado Zulia que investiguen los hechos de manera exhaustiva, inmediata e imparcial y tomen las medidas necesarias para proteger y garantizar la integridad y la vida de la comunidad afectada, dicha protección debiendo incluir el resguardo de sus bienes, sus personas y su cultura
  • Exigir al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente que solvente esta situación, procediendo a través de la Comisión Nacional de Demarcación a la entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierras a los pueblos y comunidades indígenas
  • Exigir al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas y a la Alcaldía de Machiques el cese de las descalificaciones contra el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo, las cuales en el contexto de inseguridad presente en las zonas fronterizas constituyen factores graves que pueden peligrar la integridad física de las personas así como dificultan su labor de lucha a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución

ENVIAR LAS CARTAS DE ADHESIÓN A:

Sr. Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Dirección: Avenida Urdaneta, Esquina de Bolero, Palacio de Miraflores.
Caracas, Distrito Capital
Teléfonos: +58 212 806 3450, +58 212 806 3111, +58 212 806 3325, +58 212 806 3551, +58 862 2550, +58 212 806 8344, +58 212 806 9638
Fax: +58 212 806 3698

Sr. Sergio Rodríguez
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Dirección: Centro Simón Bolívar
Torre Sur Plaza Caracas, Piso 8
Caracas, Distrito Capital
Teléfono: + 58 212 408 19 14
Fax: +58 212 408 48 75 (Especificar “A la intención de Sergio Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación”)

Sra. Nilcia Maldonado
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Dirección: Antiguo Edificio Sudeban, Piso 8
Avenida Universidad
Teléfono: +58 212 543 15 99
Fax: +58 212 543 31 00
Correo electrónico: atencionalindigena@minpi.gob.ve
despacho@minpi.gob.ve
comunicacion@minpi.gob.ve

Sra. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Sede del Despacho de la Fiscal General de la República
Dirección: Edificio Sede del Ministerio Público
Esquinas de Misericordia a Pele el Ojo
Avenida México
Caracas, Distrito Capital
Teléfonos: +58 212 509 80 38, +58 212 509 72 11, +58 212 509 81 34
Fax: +58 212 509 73 45
Correo electrónico: ana.celis@fiscalia.gov.ve
mp@fiscalia.gov.ve

CON COPIA A:

Sr. Einer Biel Morale
Fiscal Superior del Estado Zulia
Fiscalía Superior del Estado Zulia
Edificio del Ministerio Público
Avenida 13 con calle 77 y 78 (Boulevard 5 de Julio)
Maracaibo, Estado Zulia
Venezuela
Teléfonos: +58 261 796 17 31, +58 261 17 32, +58 796 18 45, +58 261 798 69 81
Fax: +58 798 98 96

Sra. Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo
Dirección: Centro Financiero Latino, Piso 29
Avenida Urdaneta
Esquina de Animas a Plaza España
Caracas, Distrito Capital
Teléfonos: +58 212 505 3001, +58 212 507 7019, +58 212 507 7013, +58 212 507 7040, +58 212 507 7074
Fax: +58 212 262 0469, +58 212 505 3007, +58 212 507 7014, +58 212 507 7020
Correo electrónico: denuncias@defensoria.gob.ve

Antropóloga Candy Bejarano
Defensoría Especial con Competencia Nacional en el Área de Protección de los Pueblos Indígenas
Dirección: Centro Financiero Latino, Piso 26
Avenida Urdaneta
Esquina de Animas a Plaza España
Caracas, Distrito Capital
Teléfonos: +58 212 505 30 91, +58 212 505 30 51
Fax: +58 212 505 30 51
Correo electrónico: dindigena@defensoria.gob.ve

Sr. Alfonso Márquez
Alcalde de Machiques
Dirección: Calle San Martín
Esq. Plaza Urdaneta, Edf. Concejo Municipal
Machiques, Estado Zulia
Venezuela
Teléfono: +58 263 473 35 32, +58 414 665 50 17
Fax: +58 263 473 35 32

SE AGRADECE ENVIAR COPIA DE LAS MISMAS A:

Sr. Marino Alvarado Betancourt
Coordinador General de PROVEA
Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda,
Edif. Centro Plaza Las Mercedes, PB. Local 6
Teléfonos / fax: +58 212 862 10 11, 862 53 33 y 860 66 69
Apartado Postal 5156, Carmelitas 1010-A, Caracas, Venezuela
Correo electrónico: provea@derechos.org.ve, lorenzo@derechos.org.ve
Sitio Web: www.derechos.org.ve

Las siguientes relatorías de Naciones Unidas:

Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos:
Sra. Margaret Sekaggya
Fax: +41 22 9179006
Correo electrónico: urgent-action@ohchr.org (precisar a la atención del mandato de defensores) o msteccazzini@ohchr.org

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas
Sr. James Anaya
Fax: +41 22 9179006
Correo electrónico: urgent-action@ohchr.org (precisar a la atención del mandato de los pueblos indígenas) o lrodriguez-pinero@ohchr.org

Los siguientes entes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Secretaría General
cidhoea@oas.org

Unidad de Defensores de Derechos Humanos
cidhdefensores@oas.org

Oficina de Prensa y Difusión
María Isabel Rivero: cidh-prensa@oas.org
mrivero@oas.org

En el transcurso del primer semestre del año el Gobierno central incrementó los recursos para el área de vivienda a través de créditos adicionales. El presupuesto inicial se contempló en 2,7 millardos de bolívares fuertes y al cerrar el primer semestre del año subió a 6,1 millardos de bolívares fuertes. A pesar del aumento, esa asignación se ejecuta lentamente.
Según cifras que se manejan en el despacho de las finanzas públicas, del gasto de 6,1 millardos de bolívares se han desembolsado 2,9 millardos de bolívares fuertes, de manera que en seis meses se erogó el 35% de lo que fue programado. Esa menor cantidad de recursos desembolsados en el primer semestre en gran medida se refleja en el avance de las obras.

Recientemente el ministro de la Vivienda, Farruco Sesto, señaló que estaba revisando las cifras referentes a las soluciones habitacionales terminadas en la primera mitad del año, pero luego comentó que “yo intuyo que la construcción estuvo lenta en ese período”.

Al término del primer trimestre del año se culminaron 8.000 unidades habitacionales, y en ese lapso se erogaron del presupuesto ordinario 689,7 millones de bolívares fuertes. Aunque se tiene el monto de recursos invertidos en el segundo trimestre del año, el número de viviendas entregadas todavía no ha sido notificado por las autoridades. (El Universal, 28.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/28/eco_art_lenta-ejecucion-regi_967091.shtml)

La Red Metropolitana de Inquilinos (RMI) propuso un proyecto de Prohibición de los Desalojos Forzosos, el cual beneficiará a unas 600 mil familias a nivel Nacional.

“Este documento será entregado a la comisión que trabaja en la Ley Habilitante, para su análisis y posterior aprobación, para así acabar con los desalojos que día a día amenazan a nuestras familias de quedar sin viviendas”. La información la ofreció Reegal Sergel, uno de los miembros del RMI, durante una marcha, realizada el 29.07.08 en Caracas, que partió de la Plaza Morelos y se dirigió a la Vicepresidencia de la República para entregar el proyecto en cuestión.

“El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), del año 2002, indicó que en el país existe, aproximadamente, 590 mil 280 familias en situación de alquiler, cada una conformadas por tres y cuatro personas”, dijo. Sergel expresó que en la mayoría de los desalojos “que son injustos e inmorales, las víctimas son madres solteras, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas”. Por tal motivo, los integrantes de la Red Metropolitana de Inquilinos claman por una pronta y positiva respuesta. (Agencia Bolivariana de Noticias, 29.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142736&lee=Array[0])

Durante un acto de entrega de títulos de tierra urbana, realizado el pasado 26.07.08 en las instalaciones del Hotel Alba Caracas, el alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal afirmó que, tras la promulgación del decreto 1.666 en el año 2004, en Caracas se han entregado 38 mil 500 títulos de tierra urbana, los cuales han beneficiado a 248 mil personas

El funcionario explicó que la Alcaldía del Municipio Libertador ha impulsado la conformación de los comités de tierras urbanas, siendo la primera en constituir la Oficinas Municipales de Tierras Urbanas, instancias a través de las cuales se han entregado los títulos de tierra urbana. En lo que va de gestión –apuntó- se han levantado 40 mil poligonales, lo que significa que previo a finalizar el período la actual gestión municipal se deberán entregar unos 40 mil títulos de tierras urbanas, sólo en la ciudad de Caracas. (Prensa Web RNV, 26.07.08, http://www.aporrea.org/actualidad/n117658.html)

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, entre los meses de abril y mayo del 2008 la Fundación Agua Clara habría enviado comunicaciones a diferentes instancias nacionales para advertir sobre los posibles riesgos de construir viviendas con Policloruro de Vinilo (PVC), tal como se viene desarrollando por el Ejecutivo Nacional en el denominado Proyecto Petrocasas. Según la profesora María Eugenia Gil, directora de Comunicaciones de la Fundación, “No es que estemos en contra de que la gente obtenga viviendas (…) pero es que esas casas las están haciendo con un material contaminante desde su propia fase de producción y por eso el mundo está dejando de producirlo y grandes compañías están dejando de usarlo”.

Julio Medina, gerente de Investigación y Desarrollo Tecnológico y del Instituto de Desarrollo, Indesca, de Pequiven informó que en su plan piloto de sustitución de ranchos en Carabobo, Petrocasa beneficiará a 2.469 familias, además de otras tantas en Cuba, Perú y República Dominicana. El funcionario asegura que no existían riesgos en las viviendas: “La verdadera toxicidad está en el manejo que algunos hacen de la información”. (El Universal, 03.08.08, http://www.eluniversal.com/2008/08/03/pol_art_viviendo-con-el-pvc_973113.shtml)

Provea ya había expresado su preocupación acerca de la presunta toxicidad del material estelar del proyecto Petrocasas. Como se divulgó en el Informe Anual 2007 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Provea solicitó a las autoridades realizar la difusión de los informes que demostraran que las casas construidas con PVC no constituían un peligro para la salud de sus habitantes. El día 13.06.08 Provea envió un recurso de petición dirigido al ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo –organismo al cual está adscrito Pequiven, quien desarrolla el proyecto Petrocasas- en el cual se solicitaba la información sobre el proyecto. Ante la ausencia de respuestas, el 16.07.08, Provea envió un recurso de consideración al mismo despacho pidiendo de nuevo el acceso público de dichos informes técnicos el cual, al cierre de la presente edición de Coyuntura y Derechos Humanos, tampoco había sido respondido, lo cual constituye una violación al derecho a la información pública.

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, dijo durante la presentación del Informe de Gestión, correspondiente al período 1999-2008, que la tasa de informalidad había disminuido pasando de 53,7% en 1999 a 42,9% hasta el mes de junio de este año. De esta manera, se develó que en casi una década, el sector informal tuvo una disminución de 10,8 puntos porcentuales.

Eljuri destacó que la razón de la disminución tiene que ver con el aumento del empleo formal, que según las estadísticas del organismo, pasó de 46,3% en 1999 a 57,1% en junio de 2008.

Respecto a la argumentación del comportamiento de otros indicadores sociales, Elías Eljuri también apunto que entre el año 1999 y junio de este año, la tasa de desempleo pasó de 15% en 1999 a 7,6% en el sexto mes de este año. (Últimas Noticias, 23.07.08)

Representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (Fentrasep) y jubilados del sector entregaron el proyecto de convención colectiva al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social (Mintrass).

El documento contiene 87 cláusulas que abarcan las propuestas económicas y sociales que ampararían tanto a los trabajadores y jubilados de la Administración Pública centralizada como de las gobernaciones y alcaldías.

Entre las peticiones de Fentrasep se encuentran: incremento en las bonificaciones de fin de año y vacaciones; 150 días de aguinaldos y un bono único sin incidencia salarial de 15 mil bolívares fuertes.

Dentro del aspecto social, la Comisión Negociadora de los Trabajadores, representativa de las corrientes que integran la mencionada Federación, espera la incorporación de los jubilados, un esquema para las pólizas de seguros y una universidad para la formación de los empleados públicos. (Agencia Bolivariana de Noticias, 29.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142739&lee=Array[0])

El pasado 28.07.08 se realizó el acto de depósito de la contratación colectiva que ampara a los 3 mil 148 trabajadores y trabajadoras de la CANTV correspondiente al período 2007-2009, al que asistieron el Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, Roberto Hernández Wohnsiedler, la presidenta de CANTV, Socorro Hernández y el viceministro del Trabajo, Abrahán Mussa Uribe.

Entre las cláusulas más importantes destaca la referida al Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), el cual pasa de una cobertura básica de 10 mil bolívares fuertes a una cobertura única de Bs.F 30 mil; la referente al subsidio familiar (Beneficio de Alimentación) que aumenta de 253 a 580 bolívares fuertes; y la del Bono por Carga de Hijos, que tuvo dos variaciones: se incrementó el bono pasó de 7 a 30 bolívares fuertes y la edad para el disfrute del beneficio se extiende de 16 a los 18 años de edad.

Otras cláusulas acordadas, que también representan mejoras en beneficios al personal tienen que ver con ahorro, fallecimiento de familiares, bonificación y permiso por nacimiento de hijos, vivienda, servicios especiales de manejo, servicio telefónico, bonificación y permiso por matrimonio, textos y útiles escolares y los anexos referidos a la escala salarial, lista alfabética de cargos y formalización del monto mínimo establecido de las pensiones de jubilación. (Prensa Minpptrass, 28.07.08, http://www.aporrea.org/trabajadores/n117742.html)

Los cinco mil funcionarios que agrupan las fuerzas armadas policiales del estado Lara firmaron un acuerdo con el Ejecutivo regional, con lo cual lograron el aumento de 40 %, cancelación del fideicomiso de 2007 y lo que va de 2008, así como el incremento de la prima por hijos.

La medida fue acordada el 22.07.08, cuando finalmente luego de cinco días de conflicto los funcionarios policiales lograron que las autoridades regionales reconocieran la situación.

Explicó el cabo segundo y abogado Billasmin Silva que, de acuerdo con las exigencias hechas por los trabajadores, obtendrán la cancelación del cesta ticket durante los 30 días del mes, durante días de fiesta y cuando estuvieran de reposo, con respaldo del médico tratante. Por su parte, el general retirado, Jaime Padró, director de Personal del gobierno regional, así como el ingeniero Nelson Torcate, director de Finanzas, acordaron estudiar la posibilidad de igualar el pago del cesta ticket al de la GN y el Cicpc.

El aumento salarial será a partir del 1 de julio, no tendrá carácter retroactivo y se cancelará 20% a partir de este mes, 10% en agosto y 10% restante en septiembre. (El Universal, 25.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/25/pol_art_culmino-conflicto-de_962539.shtml)

Los cinco mil funcionarios que agrupan las fuerzas armadas policiales del estado Lara firmaron un acuerdo con el Ejecutivo regional, con lo cual lograron el aumento de 40 %, cancelación del fideicomiso de 2007 y lo que va de 2008, así como el incremento de la prima por hijos.

La medida fue acordada el 22.07.08, cuando finalmente luego de cinco días de conflicto los funcionarios policiales lograron que las autoridades regionales reconocieran la situación.

Explicó el cabo segundo y abogado Billasmin Silva que, de acuerdo con las exigencias hechas por los trabajadores, obtendrán la cancelación del cesta ticket durante los 30 días del mes, durante días de fiesta y cuando estuvieran de reposo, con respaldo del médico tratante. Por su parte, el general retirado, Jaime Padró, director de Personal del gobierno regional, así como el ingeniero Nelson Torcate, director de Finanzas, acordaron estudiar la posibilidad de igualar el pago del cesta ticket al de la GN y el Cicpc.

El aumento salarial será a partir del 1 de julio, no tendrá carácter retroactivo y se cancelará 20% a partir de este mes, 10% en agosto y 10% restante en septiembre. (El Universal, 25.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/25/pol_art_culmino-conflicto-de_962539.shtml)

El presidente de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, Octavio De Lamo, informó durante la asamblea anual de Fedecámaras que 100% de los colegios afiliados a su gremio ha sido inspeccionado por el Indecu y 80% tiene expediente abierto por la violación de la resolución que estipula un aumento de máximo 15% en la matrícula escolar.

Indicó, además, que se ha adelantado una campaña por parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Industrias Ligeras, por intermedio del Indecu, con respecto al levantamiento de actas por el incumplimiento de la resolución. De Lamo aseguró que, pese a las sanciones, madres, padres y representantes respetarán los presupuestos aprobados y refrendados para la inscripción de las y los estudiantes. (El Nacional, 25.07.08, Pág. C/6)

Fuente: Venezolana de Televisión

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, declaró que la producción y distribución de alimentos en el país está siendo impactada por el exceso de trámites que exige el Gobierno a las empresas del sector para poder garantizar el acceso a dólares oficiales. Las consecuencias directas de estas medidas, agrega, se reflejan en una caída de la producción, y una contracción de la demanda de alimentos procesados.

Baraybar informó que entre febrero de 2007 y junio de 2008 el consumo cayó 4,78%. Esa caída de la demanda abarca 14 de los 18 rubros alimenticios procesados que distribuyen las empresas afiliadas a Cavidea, entre los que destacan salsa de tomate, arroz, pastas, avena, harina de maíz precocida, aceite, formulas infantiles, café, leche y sardinas. (El Nacional, 25.07.08)

En contraste, el presidente de la Federación Bolivariana de Ganaderos de Venezuela (Fegaven), Balsamino Belandria, expresó que existe pleno abastecimiento de rubros cárnicos y lácteos: “Carne, leche y queso hay suficiente, decir que no hay es una mentira”. Al referirse a la existencia de carne, expreso que “Hay ganado en el país suficiente en este momento, inclusive los productores tienen que hacer cola, por alrededor de 15 días o dos semanas, para entregar ganado en los mataderos”. Sobre la leche: “Hay en cantidades, la producción nacional en este momento está alrededor de los siete millones de litros de leche por día y además hay un mercado saturado de quesos”. (Agencia Bolivariana de Noticias, 31.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=143013&lee=3)

Un incremento salarial del 30% para los médicos adscritos a la administración pública fue anunciado el 17.07.08 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.

En un acto de adjudicación de 2 mil 286 cargos fijos a los obreros y empleados de clínicas populares de Barrio Adentro I y II, realizado en el Teatro Municipal de Caracas, Chávez anunció el aumento que consideró como “justo y necesario para que los médicos sigan sosteniendo sus ingresos personales”.

Asimismo, el presidente Chávez anunció un bono de 6 mil bolívares fuertes para el personal del Instituto de Atención y Prevención Social del Ministerio de Educación (Ipasme), el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss) y de las clínicas populares. Precisó que este bono será cancelado en dos partes, el primer 50% en el próximo mes de agosto y 50% restante en noviembre. (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=141409&lee=7)

Por su parte, el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, calificó como “burla” el aumento salarial otorgado a los galenos. “En lugar de dejar que la Inspectoría del Trabajo abra las compuertas para que se hagan los contratos a nivel nacional y regional, Chávez, mediante decreto, está dando aumentos a cuentagotas y pírricos”, señaló el dirigente gremial.

El presidente de la FMV afirmó que lo decretado por el Presidente está lejos del salario base de 10 mil bolívares fuertes y del bono de 15 mil bolívares fuertes que, desde mayo, se rumoreaba percibirían los galenos. “Crean una expectativa y encima nos dan un aumento que no estamos pidiendo. Lo que nosotros pedimos es la discusión del contrato colectivo”, dijo. La FMV aspira a que se confiera un salario base de 4.600 bolívares fuertes a los médicos internos, y de 5.060 bolívares fuertes a los médicos residentes. “El 30% no nos satisface, así que continuamos con nuestra lucha por la contratación colectiva”, indicó. (El Universal, 19.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/19/pol_art_medicos-califican-de_953106.shtml)

Dos bebés fallecieron el 26.07.08 en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HAMP), de la ciudad de Barquisimeto, elevando la cifra a cuatro en menos de 24 horas. (El Universal, 27.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/27/pol_art_mueren-dos-bebes-en_965294.shtml). Los padres de los niños afectados denunciaron que “No hay una limpieza adecuada y los recién nacidos se están contaminando con una bacteria que se ha llevado la vida de diez niños en nueve días y mantiene infectados a muchos de los recién nacidos que se encuentran en la sala de Neonatología del Hospital Central de Barquisimeto”. (El Universal, 26.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/26/pol_art_denuncian-muertes-en_963870.shtml).

Por su parte, el director regional de salud, Iver Gil, afirmó que no existían las presuntas bacterias que ocasionaran el fallecimiento de los niños, pues según las cifras oficiales, la muerte de los bebes en dicho centro asistencial promediaba un 1,7% de los partos. (El Impulso, 28.07.08, http://www.elimpulso.com/). María Fernández de Camache, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología de dicho centro asistencial, desmintió que la situación se hubiera salido de control, aunque no negó que en una semana hubiesen fallecido 6 recién nacidos. Explicó que entre las causas de esas muerte se encuentran las dificultades respiratorias, la asepsia del recién nacido y enterocolitis. (El Impulso, 29.07.08, http://www.elimpulso.com).

El Ministerio Público realizó una inspección técnica en el HAMP, como parte de la investigación que se realiza por las muertes de los niños ocurridas en dicho centro asistencial. Un boletín de prensa de la Fiscalía señala que la inspección fue practicada por las fiscales 2 y 15 del estado Lara, Cristina Coronado y María de los Ángeles Martínez, respectivamente, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en la sala de partos, patología neonatal, la morgue y el departamento de historias médicas. En tal sentido, se realizó la planimetría y la fijación fotográfica de las áreas inspeccionadas y se pudo verificar las condiciones físicas de las mismas.

A tal efecto, el Ministerio Público solicitó a las autoridades del Hospital la remisión de las historias médicas de cada uno de los niños fallecidos, acompañadas de un informe en el que se señalen las causas de los decesos, y precisar, además, si se practicaron las respectivas necropsias de ley. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142959&lee=Array[0])

La canasta alimentaria de los trabajadores para el mes de julio tenía un costo de 1.352 bolívares fuertes, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). Con respecto al mes de junio la canasta registró un aumento de 4,2% en su costo, y en lo que va de año el incremento ha sido de 18,7%, lo que representa un incremento de BsF 212 en el lapso de siete meses.

El alza en el costo de la canasta se debió al aumento de precios de siete de los 11 rubros que la conforman en el plazo de un mes. Los productos que registraron mayores incrementos fueron los granos como arvejas y lentejas, debido a los problemas de escasez que registran. También subieron los cereales, las frutas y la carne. Las semillas, oleaginosas y leguminosas subieron en promedio 47,1%, mientras que los cereales se incrementaron 7,3% y las frutas y hortalizas aumentaron 3,7%. Por los problemas de escasez las arvejas subieron 130,8%, y las lentejas 71,4%. Además subió el precio del arroz 15,2%, pastas alimenticias 7,5% y la harina de maíz precocida 6,2%.

Entre los productos que bajaron sus precios destacan las grasas y aceites (4,9%), pescados (1,6%), bebidas no alcohólicas (1,2%) y la leche, quesos y huevos (0,8%).

Según el Cenda, con el actual salario mínimo (BsF 799) sólo es posible adquirir el 59% del total de la canasta. Es decir, para comprar todos los alimentos incluidos en la cesta se requieren BsF 553 adicionales, al salario mínimo. (El Universal, 03.08.08, http://buscador.eluniversal.com/2008/08/03/eco_art_canasta-alimentaria_978190.shtml)

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguridad social, para lo cual sería conveniente que estudiara mecanismos similares a los aplicados en otros países de la región y que han permitido una rápida inclusión de la población.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional continúe pagando la deuda que el IVSS mantiene con los pensionados, y publique un informe actualizado a diciembre de 2007.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional promueva la más amplia y democrática participación comunitaria y profesional en el proceso de transición e integración del Sistema Público Nacional de Salud, al tiempo que promueva la coordinación y cooperación entre los organismos públicos involucrados.

• Garantizar que la Contraloría General de la República realice una auditoría general al IVSS, a fin de garantizar que las cotizaciones acumuladas por el universo de trabajadores cotizantes sean contabilizadas y enteradas al nuevo sistema de seguridad social.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Durante la mañana del 05 de agosto del 2008, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), junto a Leonarda Aparicio, iniciaron el proceso de antejuicio administrativo, como paso previo a la demanda en el Tribunal Supremo de Justicia, contra la Fiscalía General de la República (FGR) por responsabilidad patrimonial por negligencia en la garantía de la tutela efectiva de la justicia.

Leonarda Aparicia es madre de Yurimar Herminia Armas Aparicio, quien el 11 de mayo de 1997, tras los nueve meses de embarazo, ingresó en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, al presentarse los dolores del parto. Durante el procedimiento de cesárea, se le suministró una dosis de anestesia que le ocasionó un paro cardio-respiratorio. Desde esa fecha, la paciente se encuentra recluida en el área de hospitalización de dicha maternidad incapacitada para articular palabras o realizar cualquier movimiento consciente.

Durante los diez años en que su hija ha estado recluida en el centro asistencial, la señora Leonarda Aparicio, ha soportado las más agudas deficiencias del sistema de salud y de justicia. El 2 de junio de 1997 los padres de Leonarda realizan la denuncia por mala praxis médica ante la FGR, por lo que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, acuerda abrir averiguación sumarial, iniciando las diligencias de investigación, entre ellas, remitiendo las actas al despacho del Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Desde entonces, del 6 de junio de 2000 hasta el mes de enero de 2004, no se registra en el expediente ninguna diligencia adelantada por el despacho fiscal que recibió las actas. Esta inactividad permitió la prescripción de la acción penal, la cual fue declarada con lugar en octubre del 2004.

En opinión de Provea el Ministerio Público no cumplió diligentemente con su rol como titular de la acción penal al no obrar con extrema prudencia para evitar tal prescripción de la acción penal. Asimismo, tampoco actuó como parte de buena fe, pues no advirtió a la parte agraviada sobre sus derechos como víctima reconocidos por el Código Orgánico Procesal Penal, y que por demás están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención Americana sobre Derechos Humamos. Este proceder causó daños a la propia víctima, Yurimar Herminia Armas Aparicio, y a sus familiares, quienes no solamente han tenido que soportar el dolor y aflicción de ver a su hija en estado vegetativo persistente, sino que han visto frustrados el anhelo y legítimo Derecho de Justicia, al percibir frustradas sus aspiraciones de justicia por la actitud negligente del Ministerio Público.

Por estas razones, durante la mañana del 05 de agosto del 2008, en la sede de la FGR de Parque Carabobo en Caracas, se inició el procedimiento de antejuicio administrativo contra esta institución. El mismo constituye el paso previo a la demanda a introducirse en el Tribunal Supremo de Justicia contra la FGR por responsabilidad patrimonial por negligencia en la garantía de la tutela efectiva de la justicia.

Para mayor información, comunicarse con Marino Alvarado Betancourt, coordinador general de Provea, al teléfono (0414) 293.82.55

La Ley contra el Secuestro y la Extorsión será sometida a una consulta pública en la Asamblea Nacional. La normativa está a la espera de su segunda discusión por parte de la plenaria para ser aprobada. El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Parlamento, Rafael Gil Barrios. Destacó que por este motivo invitó a representantes de las instituciones involucradas, de las gobernaciones y de los gremios, así como a la comunidad en general.

“La idea de esta consulta es además del conocimiento y la difusión de la ley hacia la colectividad, recabar aportes y propuestas que pudieran ser incorporadas en este proyecto de ley”, indicó a ABN. La Ley contra el Secuestro y la Extorsión tiene como fin prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión cometidos por individualidades y grupos, venezolanos o extranjeros, que busquen configurar con ese delito una actividad económica. El instrumento lo elabora el Poder Legislativo en concordancia con el artículo 55 de la Constitución. (El Nacional, 26.07.08, A/7)

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que las investigaciones apuntan a cuatro policías de Mérida como presuntos implicados en el caso de la muerte del joven merideño Douglas Rojas Jiménez. La fiscal señaló que existen suficientes elementos que comprometen a estos funcionarios policiales, por lo cual, este mismo martes, el Ministerio Público instó las boletas de imputación.

Declaró Ortega que es lamentable esta situación debido a que la Policía del estado Mérida estaba catalogada como una de la más respetuosa en cuanto a los derechos humanos se refiere. (Agencia Bolivariana de Noticias, 22.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=141970&lee=Array[0]). Los inspectores Jean Carlos Araujo, José Luis Guillén y los sargentos, Asdrúbal Izarra y Wilmer Quintero son los imputados por el homicidio del estudiante, quien se encontraba manifestando para exigir cambios dentro de la Universidad de Los Andes (ULA). (El Universal, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/23/pol_art_imputados-policias-p_960148.shtml)

En una rueda de prensa, el vicepresidente electo del CNP, Alonso Moleiro, denunció el aumento de agresiones a periodistas. “Queremos hacer un llamado, lo más cordial que se pueda, al alto gobierno y al ministro (de Comunicación e Información) Andrés Izarra para que, por favor, se pronuncien, condenen estas agresiones. El Estado venezolano no gana nada en este clima de impunidad en el que vive el país”, señaló en una rueda de prensa.

Moleiro indicó que en semanas recientes han ocurrido amenazas, detenciones y agresiones de parte de representantes de los poderes públicos, incluyendo las descalificaciones que hizo la presidenta del Congreso, Cilia Flores, contra dos periodistas que denunciaron la existencia de un extendido nepotismo en la cámara legislativa, dominada por el oficialismo. Agregó que el corresponsal del diario “El Nacional” en el estado de Barinas fue ilegalmente detenido para exigirle que diera una información sobre un robo millonario a un familiar del presidente Hugo Chávez, lo cual violaba la protección de la fuente. También mencionó las “ofensas” del candidato oficialista a la gobernación del estado de Carabobo y presentador de un programa en la televisión estatal, Mario Silva, contra periodistas porque “ellos dicen cosa que a él no le gustan”. (Cadena Global, 28.07.08, http://www.cadenaglobal.com/noticias/default.asp?Not=184443&Sec=5)

Por otra parte, el CNP emitió un comunicado para rechazar la utilización del logotipo de Telesur por parte del ejército colombiano en la operación jaque, con la cual procedieron a liberar a la franco-colombiana Ingrid Betancourt y a otros 14 retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En el texto se refirieron al hecho como “una acción condenable desde el punto de vista del gremio periodístico, porque coloca en delicada posición a un medio de comunicación social venezolano y a su propio personal profesional y técnico“. Prosigue el documento: “El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela rechaza esta cuestionable práctica, mediante la cual el Ejército colombiano termina de alguna manera por colocar a este canal de televisión casi como actor asociado a los grupos irregulares de ese país o al menos deje sembrada esa duda en algunos sectores de la opinión pública“. Igualmente, la organización gremial rechazó “la arrogante negativa de voceros del gobierno colombiano a considerar siquiera la posibilidad de ofrecer disculpas al canal Telesur por el uso indebido de su imagen gráfica en el contexto en el cual fue utilizada“. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=142904&lee=18)

• Diseñar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

• Procurar que los cuerpos de seguridad que intervengan en la seguridad ciudadana sean de carácter civil y tengan una adecuada formación que parta de y consolide la noción de que su labor se debe a los ciudadanos y no en contra de éstos en procura de seguridad para el Estado.

• Diseñar programas de prevención en comunidades y focalizados en población especialmente vulnerable a la violencia letal.

• Crear un sistema de información acerca de la situación de criminalidad y violencia en el país.

• Aplicar encuestas de victimización que permitan realizar diagnósticos certeros respecto a la situación de la seguridad ciudadana.

ESPECIAL “EL AMPARO: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD”

En el caso de la masacre de El Amparo los autores materiales están plenamente identificados. A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, donde se debe investigar y determinar quienes son los responsables, en este caso se les conoce con nombre y apellido. Durante el proceso realizado en la jurisdicción militar quedó claramente determinado quienes dieron muerte a los 14 pescadores. Los funcionarios policiales y militares que a continuación se mencionan son los responsables de haber disparado contra la humanidad de las inocentes víctimas el 29 de octubre de 1988. Todos ellos formaban parte del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), y actuaron en la operación militar que denominaron “Anguila III” planificada con alevosía para aparentar un supuesto éxito en la lucha contra la subversión colombiana.

Capitán de Corbeta, Alí Coromoto González (fue la persona que directamente comandó la operación de masacre); Maestro Técnico de Primera (Ej), Ernesto Morales Gómez; Sargento Técnico de Primera (Ej), Omar Antonio Pérez Hudson; Sargento Mayor de Segunda (Ej), Salvador Ortiz Hernández; Comisario Jefe (DISIP), Andrés Alberto Román Romero; Comisario (DISIP), Maximiliano José Monsalve Planchart; Inspector Jefe (DISIP), Celso José Rincón Fuentes; Inspector Jefe (DISIP), Carlos Alberto Durán Tolosa; Inspector (DISIP), José Ramón Zerpa Poveda; Inspector (DISIP), Luis Alberto Villamizar; Sub Inspector (DISIP), Franklin Gómez Rodríguez; Sub Inspector (DISIP), Omar Gregorio Márquez; Detective (DISIP), Tony Richard Urbina Sojo; Sumariador Jefe III (PTJ) , Gerardo Rugeles Molina; Inspector Jefe (PTJ), Edgar Arturo Mendoza Guanaguey; Sub Comisario (PTJ), Florentino Javier López; Sub Inspector (PTJ), Alfredo José Montero; Agente Principal (PTJ), Daniel Virgilio Gómez; Funcionario Policial (PTJ), Rafael Rodríguez Salazar; y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano, que prestaba servicios de inteligencia al CEJAP).

Algunos de quienes participaron en la operación presuntamente ya habían participado meses antes en otras masacres conocidas por la opinión pública como los “amparitos” pero que en realidad son las masacres de la Isla de Charo, Las Gaviotas, Totumitos y El Vallado. Entre ellos Ernesto Morales Gómez, Celso José Rincón, Carlos Alberto Durán y Andrés Alberto Román. Es decir, eran comandos del crimen dedicados a sembrar el terror en las zonas fronterizas con Colombia, cuando por el contrario se les había dado la misión de brindar seguridad. Del 16 de enero hasta el 06 de octubre de 1988, la prensa registró seis “enfrentamientos” del Cejap con la “guerrilla colombiana”. Otros que no participaron en la masacre de El Amparo de manera directa presuntamente participaron en todas las anteriores masacres y algunos de ellos posiblemente tengan responsabilidad como autores intelectuales.

Algunas de estas personas a pesar de su prontuario de violaciones a los derechos humanos han ocupado cargos públicos importantes. Tales son los casos entre otros de: el ex militar Omar Antonio Pérez Hudson quien fue nombrado en el año 2002 director nacional de investigaciones de la DISIP; Celso José Rincón Fuentes fue nombrado también en el año 2002 subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare. Henry López Sisco fue hasta hace menos de dos años asesor de seguridad del gobernador Manuel Rosales. El para entonces Capitán de Navío Rodríguez Chacín fue inculpado por el caso de los “amparitos” y el 20 de junio de 1994 la Corte Marcial presidida por el General Ubaldo López Barrios le dictó auto de detención. Actualmente es el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores. La impunidad no sólo les permite continuar libres, sino peor aún ocupar cargos en la estructura del Estado venezolano.

Algunos autores intelectuales de la masacre están identificados: el para entonces General Humberto Antonio Camejo Arias y el para entonces Coronel Enrique José Vivas Quintero comandantes del Comando Específico José Antonio Páez. En la autoría intelectual debe investigarse igualmente la responsabilidad que pudieron haber tenido el ex Comisario Jefe de la Disip Henry López Sisco y el actual ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores Rodríguez Chacín quienes aparecen en el expediente que cursó en la jurisdicción militar señalados de haber participado en la planificación de la masacre. Debe establecerse igualmente la responsabilidad del resto de integrantes del Comando Específico José Antonio Páez.

Pero más allá de la responsabilidad material e intelectual debe investigarse también a quienes presuntamente actuaron como encubridores y cómplices de la masacre. En este sentido, debería investigarse entre otros al ex presidente de la República Jaime Lusinchi y varios altos funcionarios de su equipo de gobierno entre ellos el General Italo del Valle Alliegro quien para el momento de la masacre era el Ministro de la Defensa, Simón Alberto Consalvi quien era ministro del Interior; el para entonces Jefe de la Oficina Central de Información, periodista Carlos Croes, quien tuvo la responsabilidad de orquestar una gran campaña comunicacional para mostrar ante la sociedad venezolana que los muertos eran guerrilleros; al Director de la Disip para la fecha; al coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez presidente del Consejo de Guerra de San Cristobal quien cometió cientos de irregularidades en el proceso con la única finalidad de declarar no culpables a los responsables. Sus actuaciones manipulando las pruebas crearon las bases para que el proceso favoreciera abiertamente a los responsables de la masacre.

Todavía queda pendiente la deuda de hacer justicia. Un hecho tan grave de violación a los derechos humanos no puede quedar impune. No es posible, que quienes con premeditación y alevosía cometieron la masacre de El Amparo y otras masacres gocen de plena libertad. No se comprende como personas que desde el gobierno y la oposición política tienen un discurso a favor de los derechos humanos y contra esos acontecimientos de las décadas pasadas, no sólo guarden silencio, sino peor aún contraten sus servicios. No se comprende como activistas sociales y dirigentes políticos que con razón reclaman que se investiguen las masacres de Yumare y de Cantaura, guarden silencio frente a la masacre de El Amparo. La lucha contra la impunidad difícilmente puede triunfar en un ambiente de complicidad. Debemos exigir que se investigue a todos quienes de manera directa e indirecta tuvieron responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos. Tiene el Estado venezolano por obligación constitucional y mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de adelantar las investigaciones, determinar responsabilidades e imponer las sanciones respectivas. No importa el tiempo que haya pasado, los responsables deben ser enjuiciados.

(1) Ubicado a 950 kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito, en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar durante varias horas llanuras donde la única actividad visible es la ganadería.

(2) Wolmer Pinilla recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron asesinados brutalmente.

(3) Provea, a través del abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui, realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de impunidad.

(4) En el lugar de la masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como lograron escaparse hace 20 años del operativo planificado por los integrantes del Comando Especial José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de la Masacre se encuentran aún en libertad.

(5) El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la artera más frecuentemente utilizada.

(6) Al igual que hace 20 años, los habitantes del poblado se quejan de la desidia en que se encuentra su lugar de residencia: desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por parte de los lugareños.

(7) Hoy día, José Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes recibieron una suma estimada en 18 millones de bolívares.

(8) A algunos de los familiares de las víctimas, les fueron entregadas humildes y precarias viviendas que carecen de los servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo, suministro continuo de agua y electricidad. En esa época las casas fueron construidas en tan sólo tres semanas.

(9) Algunos familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero, Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba) siguen organizados para exigir justicia y piden que 20 años después de la masacre, los crímenes que arrebataron a uno de los suyos no queden impunes.

(10) En ese panorama fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas al lado de las principales preocupaciones y condiciones de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años el gobierno nacional ha logrado aprovechar para justificar numerosos abusos de los derechos humanos en el Alto Apure.

Realizado por Lorenzo Labrique

ARTÍCULOS

Ayer, 31 de julio, se cumplió el plazo para proceder a la liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, FONDUR, instituto que fue creado el 09 de septiembre de 1975. El cuatro de marzo de 2008 se estableció fecha y procedimiento para el proceso de liquidación mediante el decreto Nº 5.910, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.883. Durante años Fondur se dedicó a construir urbanismos, buena parte de ellos para personas de bajos recursos. Algunas familias tuvieron la dicha de ser dignificadas en viviendas de calidad; otras tuvieron la mala suerte de recibir viviendas de dudosa calidad y al cabo del poco tiempo tuvieron que reiniciar trámites para ser reubicadas; otras vieron frustradas sus esperanzas porque al recibir adjudicaciones se consiguieron con la sorpresa de que las viviendas asignadas ya habían sido adjudicadas, es decir hubo doble adjudicación. Cientos de familias, esperaron una respuesta del Instituto, que nuca llegó. En las oficinas del ya inexistente instituto deben reposar las carpetas con toda la documentación requerida. Cada carpeta llena de papeles recoge una historia de alguna familia venezolana con la promesa de una vivienda que nunca obtuvo. En esas capetas se encierra mucha esperanza, el deseo de mejorar la calidad de vida, la posibilidad de no continuar viviendo en una zona de alto riesgo o dejar de ser inquilino para ser propietario en mejores condiciones. En fin, todos esos papeles significan un reclamo de un derecho que el Estado no ha podido satisfacer. La pregunta es: ¿cuál será el destino de esas carpetas?, ¿quién le dará respuesta a las familias? Tendrán que volver a llenar planillas y entregar documentos como ocurre cada vez que cambian los funcionarios.

El Ministerio de vivienda debería adoptar medidas adecuadas que permitan dar explicación cierta a las familias sobre el destino de sus solicitudes y la forma como se procesarán. Debería publicar en la prensa nacional el listado de solicitudes que se traspasan de Fondur al Ministerio, creando un mecanismo que permita a las familias indagar sobre su solicitud y obtener respuesta oportuna y adecuada.

La ya grave crisis de la vivienda pudiera agudizarse en los próximos meses si desde el Ministerio no se establecen medidas, de corto y mediano plazo, que permitan ordenar todo lo que se traspasa desde Fondur y evitar que se paralicen los urbanismos Desde Provea damos el beneficio de la duda al nuevo equipo que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat para que se corrijan muchas irregularidades y fallas en la gestión gubernamental en el área. Ojala la medida de liquidar a Fondur y otros institutos relacionados con la vivienda sirva para superar la gran dispersión que hay en el sector, aprovechándose la coyuntura para reorientar políticas, diseñando planes integrales de corto y mediano plazo. Asimismo, la designación de personas a los cargos no sólo con los conocimientos técnicos, sino también con la sensibilidad para comprender que tiene en sus manos la posibilidad de culminar con el drama de miles de familias de bajos recursos. (Tal Cual, 01.08.08, marino@derechos.org.ve)

La tarea democrática es desmantelar los mecanismos que promueven la impunidad. Uno de los grandes retos para el actual Gobierno ha sido concretar un modelo de seguridad que promueva un servicio policial tendente a la protección de todos los ciudadanos. Aún persisten estrategias conservadoras asociadas a la militarización de la seguridad ciudadana, utilizadas para demostrar cierta capacidad de acción sobre el problema de la inseguridad, las cuales han estado vinculadas al agravamiento de la violencia policial.

Alarma
Hace dos años, el Ministerio Público dio a conocer una impresionante cifra: 5.591 casos de ajusticiamiento o supuestas muertes en enfrentamiento entre los años 2000-2005, calificados por ese organismo como homicidios cometidos por funcionarios de seguridad. Algunos de esos casos han causado alarma, otros han pasado inadvertidos y otros incluso han gozado de cierta tolerancia por parte de la sociedad. En total, el saldo de ese período fue de 6.010 víctimas y 6.034 funcionarios involucrados. 97% de los casos acumulados durante cinco años se encontraba en la fase preliminar del proceso penal, mientras que un escaso 1% alcanzó la fase intermedia y 2% la fase de juicio. La gran pregunta para este año sería, ¿qué ha pasado con la investigación de esos casos?

Semanalmente se nos ofrecen estadísticas oficiales tendentes a probar la disminución de la violencia delictiva en algunas regiones del país, pero, ¿qué pasa con las estadísticas de la violencia policial?, ¿por qué no se nos informa cuántas personas han sido víctimas de torturas y homicidios cometidos por funcionarios de seguridad?

Invisibles
Tradicionalmente, las violaciones a los derechos humanos han sido invisibilizadas: se ocultan las estadísticas de homicidios institucionales; se descalifica y criminaliza a la víctima, presentándola como un “sujeto peligroso” que se “resistió” a la autoridad; se relativiza el problema, identificándolo como un asunto ajeno a la seguridad ciudadana; institucionalmente se toleran estas violaciones sin considerar que el Estado tiene un poder de coacción limitado y no un cheque en blanco para ejercer el control y la represión; se ponen obstáculos a la investigación penal, entre otras dificultades en el largo camino para determinar la responsabilidad de los involucrados.

La tarea democrática es desmantelar esos mecanismos que promueven la impunidad, y el momento es ahora, rechazando la violencia policial en cualquier escenario, por ser un muy mal pretexto, un altísimo costo que algunos erradamente pueden considerar que hay que pagar para alcanzar la tan ansiada seguridad. La tarea es asegurar las condiciones mínimas para garantizar la imparcialidad de las investigaciones contra los funcionarios de seguridad involucrados, velar por la protección de las víctimas y facilitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos.

Nuestro compromiso como sociedad comienza por preguntarnos ¿dónde están las víctimas de la violencia policial? Y la responsabilidad política del Gobierno comienza por hacerlas visibles. (El Universal, 27.08.08, gildan@hotmail.com)

No hay grandes titulares. Debe ser porque desde hace más de 500 años los están asesinando. La comunidad chaktapa. Está por ahí, en Machiques.

Dice la denuncia que a José Manuel Romero, de 109 años, lo apalearon y parece que, junto con los golpes, la tristeza y la rabia lo mataron, a esta memoria cultural de un pueblo que debería tener un reconocimiento nacional.

Invadieron su comunidad atropellando mujeres y niños.

A sus años no pudo proteger a su pueblo. Vomitando sangre estuvo. Seguramente como muriéndose con los sueños rotos, las tierras fértiles robadas, las antiguas costumbres mancilladas, la familia destrozada, la comunidad disolviéndose. Su hijo, Sabino Romero, el cacique de la tribu, está escondido, pues lo buscan para matarlo.

Dice la denuncia que los responsables directos de este crimen y de los atropellos cometidos son los ganaderos de la zona, y los alcahuetas son la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía de Machiques.

Los yukpas están en una zona geoestratégica clave: minas de carbón, tierras fértiles, caminos de toda clase de contrabando, cerca de la frontera con Colombia, del Golfo de Venezuela, del Lago de Maracaibo, del petróleo, del separatismo transnacional y sus aliados regionales, de los paramilitares, los sicarios, los hacendados que extienden cada vez más los cercados, las empresas asociadas a Carbozulia y cierta ausencia (¿o complicidad?) de las instituciones venezolanas.

Los dioses de la razón, del desarrollismo, del racismo, del etnocidio, del geocidio, han triunfado sobre los dioses del agua, de los bosques, de las estrellas, de la Luna, de la luz, del amor. Es el triunfo del capital, del dios del dinero. Son los mismos que están triunfando en la Amazonia, la cual pronto podría estar cruzada por carreteras; que pugnan por convertir el Polo Norte en campo petrolífero, que impulsan la guerra. Si los yukpas y las civilizaciones primigenias continúan muriendo, seguramente no quedará planeta donde construir utopías. La palabra iría perdiendo su poder como fuerza creadora y los dioses del viento podrían enterrarla.

No harían falta los misiles de la IV Flota. Aún hay tiempo.

Hay un pueblo que vibra con esperanza. Le toca a él decir basta y echarse a andar. Más fuerte es la luz de la esperanza.

Un tiempo de pueblo nos aguarda. Amén (Últimas Noticias, 05.08.08)

DOCUMENTOS

“Llamamos a fortalecer la resistencia indígena continental para defender nuestros patrimonios territoriales y recursos naturales. Proclamamos nuestra autonomía política, jurídica y administrativa, para decidir sobre el uso y beneficio de nuestros territorios y sus recursos naturales.”
Foro Latinoamericano “por la pervivencia de los pueblos indígenas resistencia y autonomía”

Las autoridades y delegados de los pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Canadá y Suecia, reunidos en el Foro Latinoamericano de Valledupar, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, Sección Indígena, Colombia, Reafirmando que la tierra es nuestra madre y que un hijo no vende o negocia con el ser que le da la vida y le garantiza el sustento y la pervivencia de sus generaciones,

Demandando de los Estados Nacionales y del sistema internacional de los Derechos humanos protección para nuestras culturas, familias y generaciones indígenas; así como para nuestros territorios y recursos biológicos de biodiversidad y genéticos que constituyen nuestro patrimonio colectivo,

Manifestando que la resistencia y la unidad entre los pueblos es la forma de defender nuestros territorios, recursos y patrimonios,

Llamamos a fortalecer la resistencia indígena continental para defender nuestros patrimonios territoriales y recursos naturales.

Proclamamos nuestra autonomía política, jurídica y administrativa, para decidir sobre el uso y beneficio de nuestros territorios y sus recursos naturales.

Demandando también que cese la colonización de las multinacionales, los estados y los particulares a los territorios y los pueblos indígenas.

Proclamando que somos pueblos originarios y por tanto tenemos derechos colectivos, especiales, humanos y ancestrales y no renunciamos a ellos a favor de terceros.

Valorando las experiencias de los pueblos indígenas que han hecho frente a las políticas e intereses económicos de las trasnacionales,

Demandando también, la necesidad de proteger nuestras culturas, familia y generaciones indígena; así como para los territorios de nuestras futuras generaciones.

Reclamando la ayuda, cooperación y solidaridad de la comunidad nacional e internacional para defender nuestros territorios y recursos. Rechazando la violación de nuestros derechos humanos para satisfacer los intereses de las multinacionales,

DECLARAMOS

  1. Los intereses económicos de compañías multinacionales, trasnacionales y de terceros no pueden estar por encima de las Constituciones Políticas Nacionales y de las leyes propias de nuestros pueblos indígenas.
  2. Ninguna forma administrativa del estado puede suplir a nuestras autoridades tradicionales y la voluntad autónoma de nuestros pueblos.
  3. La expropiación de los recursos naturales es el exterminio de nuestros pueblos-
  4. Desconoceremos los acuerdos que realicen autoridades y lideres indígenas corruptos con multinacionales y empresarios inescrupulosos que atenten contra nuestra integridad cultural e integralidad étnica y que vulneren nuestros derechos ancestrales, especiales y colectivos; además que no cuenten con procesos participativos y autonómicos de consulta previa.
  5. Líder indígena que traicione nuestros principios debe será castigado de acuerdo con nuestras propias leyes y los acuerdos que haya suscrito con quienes pretenden nuestro exterminio no tendrán ninguna validez, ni legitimidad para nuestros pueblos. Desconocemos las conciliaciones y a las mentiras en privado para la implementación de megaproyectos.
  6. Rechazamos las calumnias y componendas de los Estados y sus instituciones para desprestigiar a nuestros dirigentes en tanto le hacen el favor a las multinacionales de abriles ilegalmente nuestros territorios al mercado capitalista. Así como la corrupción que imponen las multinacionales para dividir a nuestras autoridades, pueblos y comunidades.
  7. Rechazamos la militarización de los territorios indígenas para proteger los intereses de las multinacionales y de extraños ajenos a nuestros pueblos y comunidades.
  8. Rechazamos el terrorismo y las presiones de los estados contra las comunidades y pueblos indígenas para satisfacer las demandas económicas de las multinacionales.
  9. Rechazamos la violación de nuestros derechos humanos para satisfacer los intereses económicos de las multinacionales.
  10. Rechazamos la siembra de minas antipersonal en nuestros territorios y comunidades por parte de organismos estatales, insurgentes e ilegales, como una forma de control territorial y de amenaza terrorista a nuestra vida e integridad física.
  11. Rechazamos la privatización estatal de los recursos naturales. El agua es un bien común que beneficia a todas las formas de vida de la naturaleza.
  12. Demandamos de nuestros pueblos mayores esfuerzos para proteger nuestros recursos naturales, biológicos y genéticos y `para proteger, recuperar y exigir la unidad integridad territorial de nuestros pueblos.
  13. Trabajaremos por la transformación de nuestros estados en estados plurinacionales que incorporen los derechos de todos, sin exclusiones, ni discriminación.
  14. Articular a nuestros sabios y ancianos a nuestros procesos de resistencia y lucha para fortalecer nuestra espiritualidad y conocimientos ancestrales.
  15. Nuestro proyecto político es defender nuestras culturas y pueblos indígenas y establecer la coordinadora continental de pueblos indígenas con una agenda continental de resistencia a las trasnacionales y multinacionales que nos invaden.
  16. Rechazamos las políticas migratorias de la Unión Europea que califica a nuestros desplazados en sus países como delincuentes. Recordando que la población emigrante ha sido afectada en su mayoría por los impactos que generan los macroproyectos que estos estados establecen en nuestros países.
  17. Nuestra solidaridad con la huelga del sindicato minero de la Drommont.
  18. Que los actores armados del conflicto interno liberen de manera incondicional todos los secuestrados en su poder.

(Valledupar, 17 de julio de 2008. Oilwatch Sudamérica)

Del 01 al 17 de julio 2008

Boletín electrónico Nº 203

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

Con motivo a su 20º aniversario, El Programa Venezolano en Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) organiza un concurso fotográfico acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El mismo tendrá una duración del 1 de julio al 15 de septiembre de 2008, sobre los temas: “Derecho a la vivienda”, “Derecho a la salud”, “Derecho a la seguridad social”, Derecho a un ambiente sano” y “Derecho a la alimentación”. Los participantes deben enviar una foto en al menos tres temas y un máximo de diez fotografías. La selección se efectuará en base a criterios de creatividad, originalidad, estética, relación con el tema tratado y calidad técnica. Los laureados pueden llevarse un premio de hasta Bs. F. 1.000 y la garantía que su fotografía sea la portada del 20º Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos, a presentarse en diciembre de este año. Las mejores fotos se expondrán el 15 de octubre, fecha del 20º Aniversario de Provea. Haz clic aquí y verás las condiciones de participación, así como todos los premios. Para mayor información, escribir a lorenzo@derechos.org.ve

Según informó la ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, María León, Venezuela cuenta con importantes avances en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer y lograr la equidad y la igualdad de género. La funcionaria destacó los avances de Venezuela en esta materia, en el contexto de la II Conferencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém Do Pará, realizada en Caracas el 03 y 04 de julio pasado.

Precisó que en el país cuenta con una constitución, aprobada en 1999, “que ha hecho norma constitucional, los postulados de esta convención”. Asimismo, indicó que la Asamblea Nacional, aprobó el 25 de noviembre de 2007, la Ley Orgánica sobre del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, mediante la cual se sancionan diversos tipos de violencia contra la mujer como física, doméstica, sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, violencia laboral, patrimonial y económica; obstétrica, esterilización forzada, violencia médica e institucional, violencia simbólica y tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes.

Recordó que este año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició la creación de los tribunales especiales en diversos estados del país para atender los casos de violencia contra la mujer. Del mismo modo, refirió que el Estado ha creado instituciones destinadas a desarrollar programas para las mujeres en situación de pobreza o exclusión social como el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) y su red de mujeres y la Misión Madres del Barrio. (Agencia Bolivariana de Noticias, 07.07.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=140000&lee=Array[0])

Según cifras recopiladas difundidas por Amnistía Internacional, durante el año 2005 36.777 mujeres denunciaron ante ONG haber sufrido abusos a manos de sus parejas o ex parejas, es decir, una media de una mujer cada 15 minutos. Por ello, las organizaciones locales calculan que sólo una de cada nueve mujeres denuncia los actos de violencia ante las autoridades.

En los seis primeros meses de 2007 se abrieron 490 expedientes sobre denuncias de violencia contra las mujeres. (División de Investigación y Protección en Materia de Niños, Adolescentes, Mujer y Familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Entre enero y diciembre de 2007, la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres fueron perpetrados por sus esposos o parejas actuales (31,95% y 36,57%, respectivamente) y, en menor medida, por sus ex parejas u otros familiares. (INAMUJER). En 1999, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) estableció un teléfono de emergencia, confidencial y de alcance nacional –0800Mujeres– que proporciona asesoramiento gratuito a las mujeres que sufren violencia de género. Desde 1999 a diciembre de 2007, esta línea recibió 29.168 llamadas de todo el país, de las cuales 4. 484 de produjeron en 2007. Venezuela, un país de más de 27 millones de habitantes, sólo cuenta con dos refugios para mujeres víctimas de violencia.

Ante esta situación Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a demostrar su voluntad política y proporcionar los recursos necesarios para garantizar que la nueva ley sobre violencia contra las mujeres no existe sólo sobre el papel. “La ley venezolana promulgada en 2007 para proteger a las mujeres constituye un ejemplo para el resto de la región, pero no servirá de nada a menos que se aplique plenamente”, manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “Para aplicar la ley se necesitan más refugios, tribunales especiales y formación para las personas que se ocupan de estos delitos.”

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Existe la ley, toca aplicarla”. Erradicar la violencia doméstica en Venezuela, analiza la violencia doméstica contra las mujeres en Venezuela. Este documento puede ser descargado de la siguiente dirección:

http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/002/2008/es

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El estudio “El trabajo infantil y los problemas de la inserción en el trabajo de la juventud en América Central, Panamá y República Dominicana: restricciones al desarrollo de trayectorias laborales positivas” reveló la realidad con la cual conviven miles de jóvenes en toda América Latina. Presentado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y de la Adolescencia, realizada en junio, en El Salvador, el estudio fue elaborado por diversas organizaciones que tratan acerca de las cuestiones laborales.
De acuerdo con el estudio, la juventud enfrenta además muchas dificultades para conseguir una trayectoria de trabajo positiva. Uno de los motivos señalados es la precoz inserción en el trabajo, limitando la permanencia en las escuelas. En América Latina, cerca de 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años enfrentan problemas de desempleo u ocupación precaria, totalizando más de 40 millones de jóvenes en esa situación; 2 de cada 20 no estudien ni trabajan, lo que corresponde a 22 millones.

En América Central y República Dominicana, de una población de aproximadamente 10 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, cerca de 3,3 millones están desempleados o en ocupación precaria. Son 2,3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Encuestas realizadas con jóvenes de varios países de América Latina señalaron que el trabajo es una de las cuestiones más importantes para su desarrollo como persona y que la falta de empleo decente se encuentra entre los problemas que más preocupan.

La problemática de la falta de empleo hace que la confianza en el futuro personal sea muy baja. En 2005, datos del Latinobarómetro indicaron que 4 de cada 10 jóvenes, entre 18 y 29 años, expresaban indiferencia en relación con el régimen de gobierno o apoyaban a un gobierno autoritario. En América Central, Panamá y República Dominicana, en 2006, la población juvenil económicamente activa era de 4,4 millones de ocupados y 640 mil desempleados. La juventud desempleada representaba el 45% de la población total desempleada

El estudio fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina Sub-regional de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, el Programa Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, el proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL) de la OIT y el proyecto Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (Adital, 15.07.08, http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=34001)

De manera conjunta con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Provea realizó dos eventos sobre dos derechos económicos sociales y culturales: seguridad social y vivienda, con la finalidad de realizar un diagnóstico y compartir posibilidades con diferentes actores vinculados las problemáticas.

El evento sobre Seguridad Social se realizó el pasado 22.05.07 en las instalaciones del Hotel Altamira Suites, en el que más de 70 personas, entre representantes de gremios empresariales y laborales, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, partidos políticos y movimientos estudiantiles, evaluaron las debilidades de la seguridad social venezolana y formularon propuestas jurídicas, políticas, financieras, administrativas e institucionales destinadas a su mitigación. Las ponencias del evento estuvieron a cargo de reconocidos especialistas en la materia, como la/os Profesora/es Absalón Méndez, Ana Mercedes Salcedo (ambos del Post-grado en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela) y Marino González (Universidad Simón Bolívar).

Por su parte, el evento en vivienda se realizó el 10.07.08 en las mismas instalaciones del anterior. Más de 50 personas, entre dirigentes políticos y sindicales, líderes comunitarios y representantes de ONG vinculadas con el tema, deliberaron sobre las causas político-institucionales, culturales y sociales de la problemática planteada y aportaron ideas-propuestas destinadas a su mitigación. Las ponencias estuvieron a cargo del profesor (UCV) Carlos Genatios y Rafael Uzcátegui de Provea.

Descargue a continuación los siguientes documentos presentados en ambos eventos:

Un nutrido grupo de habitantes de Nueva Tacagua, se trasladó el pasado 17.08.08 hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, ubicado en la urbanización Las Mercedes del sureste capitalino, para protestar porque no han sido reubicados en nuevas viviendas. Como se recordará, los habitantes de Nueva Tacagua esperan una reubicación desde hace más de una década tras adquirir una serie de casas y apartamentos al INAVI, los cuales fueron construidos en una zona de alto riesgo, por lo que comenzaron a deteriorarse por los movimientos de tierra.

Cerca del mediodía, el grupo de manifestantes fue atendido por el Ministro de Vivienda, Farruco Sesto, el cual recibió a una comisión de seis coordinadores y un abogado de Provea, para conocer las razones de la protesta, después de dialogar con los coordinadores, les prometió que supuestamente la próxima semana realizaría un recorrido por la zona para estudiar los casos, y que en menos de un mes les daría respuesta. También se comprometió a evaluar la situación de complejos urbanísticos como Bosques del Ingenio. Sin embargo, destacó que en este momento no hay viviendas disponibles.

El grupo de manifestantes después de entrevistarse con el Ministro, realizo una asamblea informal en la calle, donde el grupo coordinador expuso a los demás asistentes las conclusiones de la reunión con el ministro. Después de esto se retiraron de manera pacifica.

Según informaciones provenientes del sector privado durante el primer semestre del año 2008 se habría construido 40.000 viviendas en todo el país. La información fue revelada por Fernando Azpúrua, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), disgregando la cifra de las correspondientes al sector público en 15.000 unidades y al sector privado 25.000 soluciones. Según el vocero, la meta de construcción para este año está calculada en 100.000 unidades.

Los representantes de la Cámara en días pasados se reunieron con el ministro de la Vivienda, Farruco Sesto y el presidente del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, Eugenio Vázquez justamente para revisar el tema de los insumos y los financiamientos al sector. En ese encuentro los miembros del gobierno le garantizaron a los constructores que existen suficientes recursos para atender la demanda habitacional, y se señaló que se ha incrementado la disponibilidad del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda. Los voceros del sector privado plantearon nuevamente la titularización de la cartera hipotecaria a fin de incrementar los fondos. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/eco_art_mas-de-40.000-vivien_939455.shtml).

En un comunicado, difundido el 01.07.08, la Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana junto con otras organizaciones sociales se solidarizaron con la Red de Inquilinos. Según el texto de la declaración el 30.06.08 se realizó un desalojo a 9 familias inquilinas mediante acciones represivas ejecutadas por la Policía Metropolitana y la Policía de Baruta. Asimismo, exigieron la libertad de Hernán Cortez, Ricardo Medina, detenidos en la Zona 7 de la Policía Metropolitana y de Asdrúbal Ugas detenido en la Policía de Baruta, todos integrantes de la Red de Inquilinos del poder Popular.

Según la Asamblea firmante “Cuarenta años de malas políticas en materia de vivienda han dejado en la esclavitud de un alquiler perenne a miles de familias donde sus miembros han envejecido viviendo bajo la figura de arrendatarios, siempre bajo las ordenes de un propietario omnipotente al que hay que obedecer y agachar la cabeza, para evitar un desalojo. Hoy LOS INQUILINOS se organizan, son más de 5.000 familias de clase media organizadas en una red de solidaridad y apoyo mutuo, para evitar que sus hogares sean violados por la más salvaje demostración del capitalismo, “EL DESALOJO”.

Si desea conocer el texto completo del comunicado, visitar

http://provea.blogspot.com/2008/07/caracas-comunicado-de-solidaridad-con.html

El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, reiteró su rechazo al proceso de invasiones que se han producido en Caracas, la mayoría de ellas en zonas inestables, situación que, señala, genera hechos tan lamentables como el que se vive en la zona de Las Mayas, con la muerte de un niño tapiado.”Mantengo mi posición yo prefiero sacar a los invasores con la policía y no con el Cuerpo de Bomberos. Siempre hemos advertido que tarde o temprano estas zonas que son invadidas, sin ningún tipo de planificación al pasar del tiempo terminarán deslizándose, por las filtraciones o la lluvia”, dijo Bernal. Exhorto a la comisión de alto nivel que se encarga del problema de las invasiones, a tomar acciones contundentes. (Últimas Noticias, 05.07.08)

El alcalde Bernal realizó estas declaraciones tras la muerte de un niño de dos años producto de un deslizamiento de tierras en el sector Las Mayas de la ciudad capital. Los vecinos de la invasión Terrazas de Turmerito dijeron que desde hace dos años la Alcaldía Mayor les prometió viviendas y al momento no se han materializado las primeras construcciones. Por esta situación unas veinte familias talaron un área situada en unas terrazas, tras lo cual se sumaron otras familias. Los vecinos notaron que el terreno comenzaba a ceder y decidieron salir de las casas, pero en horas de la mañana observaron que una vivienda se venía abajo, con las consecuencias fatales: El alud sepultó al infante y provocó lesiones a uno de sus parientes. Posteriormente, los vecinos y vecinas realizaron una manifestación por la muerte del infante. La protesta, que incluyó quema de cauchos y colocación de barricadas, tuvo que ser dispersada por los efectivos de la Guardia Nacional quienes con bombas lacrimógenas hicieron replegar a los manifestantes. (El Universal, 04.07.08, http://caracas.eluniversal.com/2008/07/04/sucgc_art_nino-murio-tapiado-e_932041.shtml).

En otra noticia se conoció que unas 100 familias invadieron unos terrenos baldíos, ubicados en el sector Colinas de El Paso de Los Teques, estado Miranda. En su mayoría son mujeres con niños, quienes ayer desmalezaban y demarcaban las tierras para luego esperar a que la Gobernación, a través del Instituto de Vivienda, apruebe la construcción de “inmuebles dignos”. Una de las ocupantes, Carmen Ortega, informó que ellos son personas que viven en casas de alto riesgo y tomaron la decisión de ocupar la parcela ante la actitud indiferente de las autoridades que hasta el presente no las han reubicado en viviendas seguras. También hay grupos familiares que viven arrimados y no pueden pagar alquiler, y otros damnificados. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/grccs_art_100-familias-invaden_937955.shtml)

En el estado Aragua, mediante el uso de bombas lacrimógenas, más de 600 familias fueron desalojadas en la mañana del 07.06.08 luego de invadir un terreno privado ubicado en el barrio San Rafael, al sur de Maracay. Una comisión antimotín de la Policía de Aragua procedió a sacar a los ciudadanos que desde las 11:00 de la noche del domingo ingresaron al terreno, tras abrir enormes boquetes en las paredes perimetrales. Pedro Alvarado, integrante de la OCV Campo Alegre, explicó que las familias realizaron la acción pues no tienen un techo propio y deben brindarles cobijo y protección a sus niños. (El Carabobeño, 07.06.08, http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a080708c09&id=t080708-c09)

Provea desea recordar al Alcalde Freddy Bernal y al resto de las autoridades que deben intermediar en el caso de las ocupaciones de terrenos que el Estado venezolano ha suscrito una serie de compromisos con instituciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, las cuales incluyen obligaciones de abstenerse de realizar desalojos forzosos; la adopción de medidas legislativas para promover y garantizar el derecho a la vivienda digna; la realización de desalojos en estricto cumplimiento de la ley; la adopción de medidas justas para minimizar daños, realizando consultas, recursos, procedimientos legales e indemnización; la adopción de medidas necesarias para los afectados que no disponen de recursos así como el cumplimiento de las directrices en materia de reubicación y reasentamientos.

Los trabajadores y trabajadoras de la Maternidad Negra Hipólita, ubicada en San Félix, acordaron cesar las acciones de protesta que venían realizando ante la necesidad de designar cargos al personal suplente, mejorar las condiciones contractuales de los galenos del centro y la construcción de un banco de sangre en la Maternidad, reclamos que provocaron una extensa huelga de hambre y reiteradas protestas por parte del personal.

El ministro de Salud, Jesús Mantilla, visitó el centro asistencial para intentar resolver las demandas de los empleados y empleadas. Santiago Astudillo, delegado de los trabajadores, informó que “El ministro nos prometió que la semana que viene debe venir una comisión de Caracas para evaluar nuestra situación y hacer un levantamiento de la información labora, pero si no vienen la semana que viene reiniciaremos la protesta”.

Por su parte Francia Álvarez, delegada sindical de la Maternidad Negra Hipólita, fue enfática al expresar que el gobierno regional no ha sido bueno en su gerencia. “He ido por años a Caracas, para decirle al Presidente la aberración tan grande de salud que ha pasado aquí en el estado Bolívar, porque el sector salud ha estado decadente”. (Correo del Caroní, 08.07.08, http://www.correodelcaroni.com/content/view/101935/149)

Una comisión del Ministerio del Ambiente inspeccionó el área interna del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, seccional Aragua, (Ipasme) con el propósito de verificar la supuesta contaminación de mercurio y residuos de plomo que se había denunciado en el lugar. La información fue confirmada por el presidente del Colegio de Profesores en la entidad, Richard Rivas, quien denunció la reciente afectación de treinta y cuatro trabajadores del recinto médico a causa de la exposición a sustancias contaminantes; corroboradas a través de exámenes toxicológicos. Estas personas presentan conjuntivitis, tos alérgica, broncoespasmos y erupciones en la piel. Ante esta situación, el recinto se encontraba cerrado desde hace diez días. (El Universal, 01.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/01/pol_art_realizan-inspeccion_927701.shtml)

Por su parte la directiva del Ipasme-Aragua, desmintió que el cierre haya sido motivado a problemas de contaminación. Nelsa Hernández, directora, señaló que la restricción del personal médico, administrativo y obrero al lugar se debió a la rehabilitación de ductos de aire acondicionado en los laboratorios así como a la reparación en los ascensores. (El Universal, 02.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/02/pol_art_desmienten-cierre-po_929304.shtml)

Ante esta afirmación personal médico, administrativo y obrero adscrito a Ipasme Aragua, expresaron su temor de regresar a sus puestos trabajos. Leida Noguera, representante del sindicato de trabajadores del Ipasme Maracay, refirió que los trabajadores no están dispuestos a volver a sus labores diarias hasta que no haya seguridad de que el centro de salud “esté limpio” de fibra de vidrio. Destacó su preocupación debido a que por la irregularidad ambiental se han visto afectados al menos cien trabajadores con problemas de tos alérgica, prurito en el cuerpo, erupciones en la piel, broncoespamos y conjuntivitis.

Ante esta situación, el cúmulo de trabajadores exige al Ministerio del Ambiente, organismo que recientemente hizo una inspección en el lugar y determinó la presencia del elemento contaminante utilizado para la reparación que se hacen en los ductos de aire acondicionado en el área de laboratorio clínico, la entrega por escrito de un documento que garantice que el recinto médico está en óptimas condiciones para laboral. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/pol_art_personal-de-ipasme-e_933945.shtml)

Un nuevo llamado al ministro del Poder Popular para la Salud (MS), Jesús Mantilla, para que retome la mesa de discusión del contrato colectivo del sector hicieron, éste lunes, más de 260 mil trabajadores organizados en la Federación Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Salud (Fenasitrasalud).

Durante una rueda de prensa, realizada en la sede del ese despacho, el presidente de la organización, Octavio Solórzano, explicó que están solicitando la pronta aprobación de un contrato colectivo único, que agrupa cerca de 60 contrataciones colectivas del sector salud. “Nosotros teníamos cerca de siete meses en mesas de debate con el ministro y representantes del despacho, pero desde hace un mes estamos esperando la respuesta definitiva sobre la aprobación del documento. Nosotros lo que queremos es un beneficio laboral para todos por igual”, agregó.

Opina Solórzano que, no es posible que empleados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) tengan condiciones distintas a los trabajadores del Ministerio de Salud. “Nuestra lucha es por un contrato único que dará paso al Sistema Único de Salud, que quiere lograr este Gobierno”, afirmó el presidente de Fenasitrasalud.

El sector pide, entre otros beneficios laborales, obtener la jubilación a los 28 años de servicio con el 100% de su sueldo (actualmente reciben 80% del suelo que percibían al momento de su retiro), la normalización de la situación de 45 mil empleados que permanecen contratados y el pago de las prestaciones sociales a 20 mil trabajadores que ya fueron jubilados. (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.06.08, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=139075&lee=Array[0])

De acuerdo con el informe Inmunización en las Américas 2007, de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela cubrió 40,8% de los municipios del país en la aplicación de la vacuna trivalente viral (sarampión, rubéola y parotiditis) en 2006. Una de las causas de la aparición del brote de parotiditis en los últimos 7 meses –de acuerdo con los especialistas- es precisamente la disminución de la severidad en la aplicación de los esquemas de vacunación contra esa enfermedad.

Amando Martín, infectólogo y presidente de la Asociación Venezolana de Vacunología, explicó que el Gobierno nacional, durante las campañas de inmunización emprendidas en 2001 y 2006 (para controlar el sarampión y erradicar la rubéola, respectivamente), utilizó mayormente la vacuna bivalente viral, lo que aumentó el número de susceptibles a la enfermedad.

En el informe Venezuela está por debajo del promedio de vacunación contra la parotiditis de los países del continente, pues en las naciones de América Latina y el Caribe se habría alcanzado una cobertura de 64,4% en ese mismo año. (El Nacional, 01.07.08, Pág. C-2)

Durante el año 2008 el dengue ha enfermado a 27.049 personas, 1.826 de los cuales han sido hemorrágicos. El número total supera en 17% lo registrado durante el mismo período de 2007 cuando reportaron 23.062.

Zulia con 5.761 casos es el estado con mayor incidencia de dengue en el país; le siguen Mérida (1.895), Lara (1.591) y Monagas (1.537).

Las cifras aparecen reflejadas en el boletín epidemiológico que corresponde a la semana 25 del año (del 15 al 21 de junio). Este informe revela que, en promedio, a la semana Venezuela registra unos 1.082 casos y que mensualmente ascienden a 4.704. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/pol_art_once-estados-del-pai_933688.shtml)

De acuerdo con los datos que maneja el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), órgano adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, el gasto en el pago a los pensionados ha aumentado 32% entre 2006 y 2007.

Las cifras indican que al cierre del año pasado los egresos ascendieron a 7.064 millones de bolívares fuertes, lo que contrasta con el nivel registrado en 2006, cuando el pago de pensiones significó para las arcas gubernamentales una erogación de 5.353 millones de bolívares fuertes.

Según los datos oficiales que maneja el Sisov al cierre del año pasado, 74,9% de las personas accede a las pensiones por vejez, mientras que 13,5% de los beneficiarios cobran ayudas por sobrevivencia, 10,3% lo hacen por las pensiones por invalidez y 1,1% por incapacidad.

Cerca de 1,3 millones de personas están entre la población objetivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente encargado de cancelar las pensiones por vejez de los trabajadores jubilados. Sin embargo, no todas las personas que están en edad de jubilación pueden acceder a este beneficio. Según las cifras suministradas por el ente gubernamental, sólo 40% de la población mayor de 60 años de edad es beneficiaria del IVSS. (El Universal, 05.07.08, http://www.eluniversal.com/2008/07/05/eco_art_gasto-del-gobierno-e_933550.shtml)

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami, hizo el ofrecimiento de otorgar seguridad social a los transportistas, quienes inmediatamente, comenzaron a llenar listas para definir cuántos gozarían de la jubilación.

De acuerdo con los primeros cálculos, hay cerca de 350.000 chóferes y administradores de transporte en espera de la medida, que solicitaron desde 1987. Todavía no se conoce el mecanismo que aplicarán para incorporarlos al sistema de seguridad social. Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, propondrá que se efectúe por medio de la figura de continuidad facultativa, es decir, que el Estado dé un aporte superior a la contribución mensual de los beneficiados.

En la mesa de trabajo realizada con representación de los despachos de Infraestructura, Industrias Ligeras y Comercio y Seguridad Ciudadana, el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, se comprometió a incluir en una resolución especial una vía de gracia para beneficio de los conductores con alguna discapacidad física.

Por su parte José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puesto, informó que los conductores de taxis también solicitarán ser incorporados en la resolución. Ese universo podría ampliar la cifra de los beneficiados, pues sólo en Caracas hay 193 líneas de taxis registradas sin incluir a “los piratas”.

En cuanto a la renovación de las unidades, voceros del Gobierno señalaron que a finales de julio comenzará la sustitución, para la cual se firmarán convenios de cooperación con España, China, Belarus y Brasil. (El Nacional, 09.07.08)

Las importaciones de alimentos aumentaron 40,5% en 2007, según el Informe Económico 2007, elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV). Dentro de los rubros resaltaron las de maíz (375%), carne de ganado bovino (318,1%), leche cruda (156,9%), azúcar (154,9%) y pescados y crustáceos (110,7%), debido a que se compraron mayores cantidades pese al aumento en los precios internacionales de algunos productos. Sin embargo, precisa el informe, los alimentos sólo representaron 8,3% ($3.773,4 millones) de las importaciones totales del país ($45.463 millones) en 2007. (Ultimas Noticias, 04.07.08)

El Banco Central de Venezuela registró que las familias más humildes han padecido una inflación de 37,5% en los últimos doce meses, mientras que en el sector de mayores ingresos, el impacto es de 29,9%.

Los bienes y servicios que devoran buena parte del salario de los hogares pobres, como los alimentos y el transporte, se han encarecido notablemente, esto explica por qué la inflación golpea con mayor fuerza al estrato de menos ingreso. Entre junio de 2007 y junio de este año, el precio de los alimentos en Caracas aumenta 49,6% y de acuerdo con las estadísticas oficiales, el 25% más pobre del país destina 45 de cada 100 bolívares a la compra de comida, mientras que en el estrato de mayor ingreso la proporción es sólo de 15.

El cambio en los precios de supermercados y abastos es notable. En los últimos doce meses, los productos agrícolas han aumentado 51,5%, los pesqueros 35,8% y los provenientes de la agroindustria 46,1%, mientras que el costo de transportarse se eleva 32,1%.

Otro factor a tomar en cuenta es que el sector de menor poder de compra obtiene, en el caso de estar empleado en el sector formal de la economía, sueldo mínimo y no cuenta con la posibilidad de invertir en inmuebles, terrenos o automóviles, para protegerse de la inflación.

El desajuste inflacionario de Venezuela supera con creces al de las principales economías de la región. Por ejemplo, en Colombia, entre junio de 2007 y junio de este año, los más pobres han padecido un alza de precios de 8,83%. (El Universal, 10.07.08, http://noticias.eluniversal.com/2008/07/10/eco_art_familias-mas-pobres_939453.shtml)

• Garantizar que la Asamblea Nacional genere una amplia consulta y participación de los sectores interesados y apruebe definitivamente en las sesiones legislativas del 2008, las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones.

• Garantizar que el Ejecutivo Nacional desarrolle un intensivo programa de difusión de los derechos, requisitos y obligaciones de los distintos subsistemas de seguridad social, a fin de promover la inclusión de las poblaciones hasta ahora excluidas. En este sentido deberá promover mecanismos idóneos, ágiles y transparentes para que la población meta se inscriba en el sistema de seguri