Todas las personas tienen derecho a la justicia, especialmente cuando sean violados sus derechos humanos. El sistema de administración de justicia de cada país debe ofrecer una reparación a las personas que son víctimas tanto de delitos como de violaciones de derechos humanos, sancionando a los responsables.
1- Punitivas cuando el culpable es privado de su libertad;
2- Compensatorias cuando el afectado recibe algún tipo de indemnización monetaria;
3- Restaurativas diseñadas para devolver a la víctima a la posición en que habría estado si no se hubiera cometido el acto en su contra y;
4- De no repetición cuando se toman medidas para evitar que los abusos se repitan en el futuro.
El derecho a obtener justicia debe garantizar todos los recursos efectivos posibles para que las personas afectadas, independientemente de su condición económica, creencias políticas o religiosas, puedan tener un juicio justo con derecho a la defensa y respeto al debido proceso.
El derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción.
Cuando un país está gobernado por un sistema autoritario y no democrático se habla de justicia transicional al conjunto de medidas utilizadas para abordar violaciones de derechos humanos, masivas y sistemáticas, cuando el sistema de justicia existente no puede darles una respuesta adecuada. Las medidas de justicia transicional se realizan paralelamente al proceso social y político que permite el regreso y profundización de la democracia, estimulando la reconciliación del país.
1- Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más graves;
2- Procesos de “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las violaciones, no sólo enfocadas en los acontecimientos, sino en sus causas y consecuencias.
3- Reparaciones de diversas formas—individuales, colectivas, materiales y simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos y;
4- Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, los tribunales, el ejército y los servicios de inteligencia del país.
- Promover la reforma estructural del sistema de administración de justicia para que ofrezca respuesta oportuna y efectiva, sin discriminación, a todos los ciudadanos.
- Procesos penales contra los responsables materiales e intelectuales de violación a los derechos humanos.
- Medidas de asistencia psicológica y social, especialmente en el caso de víctimas que sufrido torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias.
- Disolución de los grupos armados paramilitares, acompañado de medidas de reinserción para sus integrantes.
- Derogación o reforma de todas las leyes, normativas y sentencias que favorezcan la impunidad y sean contrarias al disfrute pleno de los DDHH.
- Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que han sido cometidas.
- Demandar y presentar propuestas de nulidad de futuras amnistías, indultos o conmutación de penas sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de DDHH.
- Revisar y reformar a la Defensoría del Pueblo para que sea una institución independiente al servicio de todas las personas, sin discriminación.
- Promover la aprobación legislativa de una ley para indemnizar a los ex detenidos por razones políticas.
- Promover la aprobación legislativa de una ley que prohíba la discriminación ideológica y que indemnice y reincorpore a todos los empleados públicos despedidos por razones políticas.
- Evaluar el desempeño de las instituciones policiales y militares involucradas en violaciones sistemáticas a los DDHH, promoviendo su reforma y/o eliminación.
- Demandar al Ejecutivo Nacional que todos aquellos funcionarios estatales civiles, policiales o militares., que sean identificados y comprobada suficientemente su participación en violaciones a los DDHH, por la Comisión de la Verdad o por las instancias judiciales, se les impida el acceso a cargos públicos.
- Generar e institucionalizar programas de capacitación en DDHH a funcionarios policiales y militares.
- Proponer la inclusión de la materia de “Educación en DDHH” en el pensum de la educación pública y privada.
