Del 05 al 18 de diciembre 2006
Boletín electrónico Nº 179
NÚMERO ESPECIAL
NOTA DE PRENSA
CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El balance que se presenta a continuación es el resumen de un análisis sobre la situación de derechos humanos que Provea presenta en esta 18ª edición de su Informe anual.
Para evaluar la situación de los derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos es imprescindible no solamente describir las violaciones a estos derechos sufridas por personas o sectores de la población, sino también analizar las acciones emprendidas por el Estado. La pretensión no se limita a una recopilación de violaciones ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las faltas por parte del Estado venezolano. Si bien se toman en cuenta estos aspectos, también se presentan los resultados del análisis de las políticas implementadas por las autoridades, con la intención de señalar los errores o aciertos en la responsabilidad estatal en la materia, derivada de las disposiciones contempladas en los diferentes tratados y convenios de derechos humanos y en el derecho interno venezolano.
Las fuentes para este análisis fueron, en parte, testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios, así como el seguimiento, monitoreo y estudios profundizados de estadísticas y medidas estatales efectuado por investigadores especializados en su área.
Al igual que en años anteriores, también en este aspiramos con esta tarea a contribuir a alimentar el debate sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.
En relación con el derecho a la alimentación se reflejaron pocos cambios respecto al lapso anterior. Los datos oficiales disponibles indicaron que hubo un leve descenso de los índices de desnutrición, especialmente en la población infantil. Sin embargo, estos índices no equivalen a una mejoría clara; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sigue ubicando a Venezuela entre los países con el peor desempeño en materia de desnutrición en América Latina con un porcentaje de 18% de personas desnutridas equivalente a 4.700.000 personas, estando muy encima del promedio que existe en América Latina y el Caribe.
Entre 2004 y 2005, los indicadores oficiales de desnutrición en niños menores de 5 años se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,19% a 4,64%, la desnutrición crónica de 12,52% a 11,77%, la desnutrición aguda de 4,05% a 3,77% y el sobrepeso de 3,11% a 3,31%; a excepción de la desnutrición crónica, estas cifra no demuestran un cambio sustancial con relación a lo existente en 1999.
Se mantuvieron las denuncias sobre niños y niñas fallecidos a consecuencia de la desnutrición, particularmente en poblaciones indígenas, aunque la mortalidad por desnutrición mejoró levemente respecto al año 2003: en el grupo de menores de 1 año, de 448 muertes en 2003 pasó a 279 en 2004 y en el grupo entre 1 y 4 años, de 359 muertes en 2003 a 220 en 2004. Cabe señalar que no se pudo acceder a indicadores tradicionales tales como el bajo peso al nacer y los índices de anemia.
En 2005, tanto fuentes públicas como privadas coinciden en el aumento del consumo de proteínas por parte de la población. También reconocen que los venezolanos consumen en general más alimentos (crecimiento del 9%), en parte atribuible a la cobertura del costo de la canasta básica posibilitado por los aumentos del salario mínimo, que mejoró la capacidad adquisitiva, especialmente del sector social perteneciente al estrato E.
Continúa siendo tema de preocupación el crecimiento real de la producción nacional de alimentos, lo que afecta la seguridad alimentaria del país. La producción nacional presentó un comportamiento irregular, creciendo en algunos rubros (raíces y tubérculos, hortalizas etc.) y bajando en otros (cereales, pesquero, sorgo, arroz, etc.). La continua escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se incrementaron en un 31,10% al pasar de 486 millones de dólares a 638 millones.
En torno al derecho al ambiente sano, en el período analizado, siguen siendo muchas las demandas por satisfacer. Los indicadores de la calidad de los distintos medios (aire, agua, suelo) no han registrado mejoras sustanciales.
En materia legislativa se han adelantado discusiones en la AN acerca de la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente pero se desestimaron las observaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, se postergó la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.
Se considera positiva la Misión Árbol como un plan establecido para luchar contra la deforestación (140.000 ha. anualmente) producida por la ampliación de la frontera agrícola y los incendios, así como por la falta de control ambiental.
Se incrementó la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento de agua, por lo que el Ministerio del Ambiente destinó el 40% de su presupuesto a la ejecución de obras. Sin embargo, ello no impidió nuevamente el incremento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acúatica (lemna) que llegó a cubrir el 20% de la superficie del Lago de Maracaibo, en el Edo. Zulia y la reaparición de la bora en el embalse de La Mariposa, en el Edo. Miranda. Igualmente se registraron muchas denuncias sobre derrames petroleros y sobre contaminación de agua por falta de tratamiento, lo que vuelve a reiterar la necesidad de establecer un plan nacional de inversión para la recuperación y protección integral de los cuerpos de agua más emblemáticos.
Como en años anteriores, siguen siendo temas de preocupación la contaminación atmosférica generada por proyectos energéticos que provocaron lluvias ácidas que acabaron con sembradíos, al igual que el poco mantenimiento del parque automotor, especialmente en las grandes ciudades y la deficiente supervisión de las autoridades sobre este aspecto. El problema de la basura, en particular en la región metropolitana de Caracas, y la prestación del servicio de recolección se agravaron. Persistió el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por el uso de plaguicidas y/o agroquímicos, en particular en la región de los Andes y de los Llanos. Los Parques Nacionales siguieron presentando problemas de control y monitoreo.
Finalmente, destaca también como negativa la limitación que tienen las comunidades para proteger sus derechos ambientales debido a la falta de un plan de controlaría social y de fortalecimiento de organizaciones de base como las Mesas Técnicas de Agua.
Con respecto al derecho a la educación, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementaron en 3 % con respecto al lapso anterior, correspondiente a 727 nuevos planteles. A pesar de este avance sigue registrándose falta de escuelas o secciones, principalmente en el nivel preescolar, en determinadas zonas del país o para ciertos grupos poblacionales discriminados.
También hubo aumento en los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas. No obstante, persiste el déficit en la modalidad de educación especial, reconocido por las mismas autoridades.
En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, creció en 4,1% el gasto público real en educación por habitante con respecto al 2004, muy por debajo del incremento del 31,1% que había tenido en ese período con respecto al 2003; descendió el gasto público en educación como porcentaje del PIB, para ubicarse en 4,2%, mientras que en 2004 fue de 5,3%; también descendió el gasto público en educación como porcentaje del gasto social a 38,3 %, siendo 43,3% en el lapso anterior y el gasto público real en educación creció solo 7,5%, muy por debajo del 33,4% del lapso anterior.
El nivel de preescolar tuvo, por segundo año consecutivo, un incremento de 7,5% en su matrícula, lo cual es considerado positivo dado que se superan las Metas del Milenio (crecimiento interanual de 5%). Sin embargo, según cálculos de estimación, alrededor de 600.000 niños y niñas en edades entre 3 y 5 años están todavía afuera de las aulas.
El nivel de educación básica también creció en términos globales (0,8%) pero a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (1%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II etapa (1° a 6° grado) no logra superar la cifra del período 2001-2002. El nivel de educación media nuevamente observa un incremento importante (9,1%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que el nivel de exclusión sigue siendo alto, con aproximadamente 1.100.000 alumnos de estas edades que estarían desescolarizados.
Los sectores populares continúan siendo la población con menos acceso a la educación superior, según demuestran varias investigaciones. De 500.000 bachilleres que presentaron la Prueba de Aptitud Académica, solo 230.000 entrarán en educación superior. Por otra parte, al igual que años anteriores, se mantuvo la no-discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,6 varones por cada 100 mujeres.
Los porcentajes de repitencia continuaron su tendencia a la disminución. El global descendió de 8,1% a 7,6%. El del 1° grado pasó de 11,9% a 11,1% y el de 7° grado de 13,3% a 12,5%. Cabe señalar que el global y los del 7° grado son los más bajos de la década. En relación con ese tema, el Ministerio de Educación y Deportes (MED), derogó una norma que permitía reparar materias solo a los bachilleres que tenían 50% de las materias aprobadas. Sin embargo, esta nueva disposición no fue comunicada a tiempo a los planteles para ser aplicada este año.
En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró desde una prosecución de 44% para el período 1999-2000 a una prosecución de 61% en el período 2003-2004. Esto significa que actualmente culminan el noveno grado 61 alumnos de los que ingresaron a primero. Destacamos como positivo que para el 28.10.05, 1.485.543 adultos aprendieron a leer y escribir a través de la campaña Misión Robinson I de los cuales 1.452.542 están cursando la Misión Robinson II destinada a que esta población concluya su educación básica.
En relación con los derechos laborales, durante el período 2005-2006, continuó la tendencia a la disminución del desempleo. Para julio del 2005, la tasa de desempleo se ubicaba en 12,6% mientras que en el mismo periodo en 2006 era de 9,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 66% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.280.195 personas, lo cual corresponde a un leve aumento de 0,2%.
La economía informal (46,5% en julio 2006 en contraposición con 47,3% en julio 2005) viene, por tercer año consecutivo, cediendo terreno a la economía formal (53,5% en julio 2006 y 52,7%). Parte del retroceso observado desde 2005 se debe a un cambio en el método de cálculo, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye en su cálculo del sector formal a las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados.
Estos avances no corresponden en gran parte al disfrute de un empleo decente. Fuentes privadas estiman que el desempleo abierto se estima en 70% de la población; según fuentes oficiales, el 43% de los trabajadores percibían remuneraciones inferiores al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó en dos oportunidades un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 7% el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN).
Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 61,8% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres que buscan trabajo, 4 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres en iguales circunstancias, lo están 7.
Destaca como medida positiva la implantación de la solvencia laboral implementada por decreto del Ejecutivo Nacional del 02.02.06. La misma es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno nacional extendió por 9ª y 10ª vez la inamovilidad laboral hasta el 31.03.07, ofreciendo mayores garantías jurídicas para defender el derecho al empleo.
Durante el período analizado, se intensificaron los conflictos laborales principalmente relacionados con el otorgamiento de puestos de empleo en el sector petrolero y en las industrias básicas. Las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleos en esas industrias cobraron hasta diciembre 2005 la vida de al menos 45 personas, lo que da cuenta de la desesperación de amplios sectores para obtener un empleo y la falta de transparencia en la adjudicación de los mismos.
En relación con la libertad sindical, se observaron algunas medidas declarativas positivas por parte del Estado sobre el tema de la interferencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, siendo esto considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una violación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical. Estas fueron las declaraciones del Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Director General del Minfra admitiendo la legitimidad de la organización de las elecciones sindicales sin la supervisión del CNE. Sin embargo, no se produjo hasta la fecha del cierre de este Informe ningún pronunciamiento judicial sobre ese tópico. En los hechos, se manifestó una injerencia indebida del CNE, la cual tuvo una repercusión negativa en la celebración de algunos convenios colectivos, especialmente con organizaciones sindicales no alineadas con el gobierno. A pesar del incremento del registro de sindicatos, se produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales quienes tuvieron poca participación e impacto en el diseño de políticas asociadas al mundo laboral. El debate sobre el diálogo tripartito se ha trasladado a los espacios de la OIT, la cual a través del Comité de la Libertad Sindical, exhortó al Estado a reanudar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales más representativas en los distintos sectores.
Se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar y mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo, aunque se registraron accidentes laborales en el sector petrolero que no han sido debidamente investigados. En lo referente al trabajo infantil, no se han registrado avances significativos.
La diferencia entre el discurso y la realidad continuó caracterizando la actuación de las autoridades en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Poco fueron los impactos positivos, salvo algunas excepciones. El 08.12.05, el gobierno aprobó la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas (LOPCI) que establece las normas para la demarcación del hábitat y de las tierras indígenas, pero el retraso en esta demarcación persistió y tuvo que ser paralizada a raíz de una petición de los mismos indígenas para revisar algunas de estas normas. El Estado permanece ineficiente en la resolución de conflictos entre indígenas y pisatarios, o entre indígenas y ganaderos y persiste el otorgamiento de concesiones mineras, forestales o petroleras en territorios indígenas que ponen en peligro su supervivencia, así como los anuncios de planes que afectarán territorios indígenas sin la debida consulta con estos pueblos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó que alrededor de 90% de la población indígena en Venezuela vive en condiciones de pobreza, víctima de la ausencia de servicios básicos. Esta situación se agravó con el resurgimiento de enfermedades como la malaria, tuberculosis, hepatitis B, diarrea y cólera así como desnutrición infantil.
El traslado de la Misión Guaicaipuro en noviembre 2005 al Minpades, así como la cantidad de instituciones creadas desde hace 7 años para encargarse de los derechos de estos pueblos, impiden predecir o evaluar con eficiencia la articulación de políticas en materia de salud y educación.
Resalta como positivo el impulso desde la Oficina de Salud Indígena de Minsalud, la creación de oficinas en los principales hospitales del país de los estados con población indígenas, así como la implementación de las misiones Selva Adentro, Caño Adentro, Sabana Adentro y Laguna Adentro, pero continúa la necesidad de implementar políticas para impedir la desaparición de los idiomas ancestrales, a pesar de que se adelantan algunos programas y una serie de actividades para fortalecer la educación indígena. Al menos 4 indígenas murieron ejecutados por militares en un operativo del Teatro de Operación N°5 destinado a poner fin a las actividades de los mineros en la zona de La Paragua, en el Edo. Bolívar. Las comunidades indígenas denuncian la actuación de los efectivos del TO N°5 pues además de los atropellos en su contra no responden a las denuncias de daños ambientales que afectan sus territorios.
La situación del derecho a la salud no mostró variaciones relevantes salvo la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia de salud y especialmente del servicio de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro.
El Ministerio de Salud y de Desarrollo Social (MSDS) nuevamente efectuó cambios en su organigrama por lo que se conformó el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), revelándose falta de claridad política en torno al modelo de gestión del Sistema Público Nacional de Salud (SNPS). Cabe señalar que la inversión pública en salud como porcentaje del PIB creció levemente pero disminuyó el porcentaje de ella en relación con el gasto público social pasando de 13,3% a 12,8%. En cuanto al presupuesto del MINSA en relación al presupuesto nacional, se confirmó la tendencia al descenso observada desde 2000 para ubicarse a su nivel más bajo con 5,07% en los últimos 7 años. A esta negativa tendencia debe sumarse la disparidad de la distribución de los recursos existentes entre las entidades federales.
En el ámbito legislativo preocupa la mora de 6 años en la aprobación de la Ley Orgánica de Salud así como la variedad de proyectos que se intentó aprobar, todos elaborados con poca consulta social.
Como se viene señalando en informes anteriores, la ampliación de la cobertura de los servicios de asistencia a la salud y en particular de los servicios de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro, es el componente del derecho a la salud que presenta más avances. No obstante, preocupa que la construcción de la red de medicina familiar, de medicina diagnóstica y de medicina clínica hospitalaria de Barrio Adentro avance en paralelo al mantenimiento de la red pública asistencial. Los ambulatorios y hospitales de la red tradicional siguen en crisis, con fallas persistentes que afectan las garantías de gratuidad y calidad de los servicios. El desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, los factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas lista de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados.
La morbilidad continuó afectando a los sectores de la población expuestos a malas condiciones de vida, hábitat y medio ambiente, especialmente en zonas urbanizadas sin infraestructura de servicios y zonas rurales donde la distribución de agua potable es deficitaria, siendo los sectores más vulnerables la población infantil y de adultos mayores y afectando gravemente a los pueblos indígenas. La prevención de enfermedades infecciosas presentó avances y reveses. Entre los avances se encuentra un descenso en los casos de malaria: de 46.244 en 2004 se registraron 45.328 casos a finales de 2005; en contraste, el dengue presenta un repunte; y pese a un leve retroceso (de 25,1 casos por 100.000 habitantes en 2004 a 24,9 en 2005) la tuberculosis se ha convertido en una enfermedad emergente, especialmente en el Distrito Federal, en el Edo. Delta Amacuro y en el Edo. Amazonas, siendo nuevamente las más afectadas las poblaciones indígenas (168,5 por 100.000 habitantes). En la prevención de estas enfermedades, la cobertura de vacunación no logró alcanzar los 95% necesarios para evitar el resurgimiento de brotes pasados.
La mortalidad infantil presentó una disminución de 1 punto al presentar en 2004 17,5 por 100 nacidos vivos registrados (NVR) en contraste con los 18,5 de 2003.
En cuanto a la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó cancelando a tiempo las pensiones de vejez y reduciendo el total de las deudas a los pensionados y jubilados. En 2006, el presupuesto del IVSS se incrementó de 1,3 billones de bolívares, lo cual confirma la tendencia hacia el aumento observada desde 1999. Este incremento puede explicarse por la exigencia establecida a todas las empresas de estar al día con la cancelación de las cotizaciones, si deseaban obtener la solvencia laboral. Esto impulsó en un año las empresas afiliadas al IVSS de 296.700 a 322.380 y el número de personas afiliadas de 2.471.523 a 3.154.336. Pese a estos aspectos positivos, el Plan de Contingencia establecido en 2003 para incluir mensualmente un promedio de 30.000 pensionados no fue alcanzado en estos dos últimos años, obligando a la institución a disminuir drásticamente su meta para todo el año 2005, en solo 50.000 pensionados, que sí fue alcanzada.
En el terreno judicial, el gobierno de Venezuela honró su acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estipulaba el pago de la nueva deuda acumulada a los pensionados y jubilados de Viasa, es decir 2,95 billones de bolívares. Sin embargo, más de 3.500 ex-trabajadores de la CANTV siguen esperando la cuantificación de sus retroactivos pese a que el 14.07.06 el juzgado V de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la área metropolitana de Caracas ordenó a esta empresa cancelar a partir del 01.09.06 el equivalente del salario mínimo a los pensionados.
La Asamblea Nacional (AN) continúa en mora en su deber de adoptar e implementar las disposiciones legales destinadas a desarrollar las instituciones regidas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la cual fue aprobada en diciembre de 2002, quedando pendientes las leyes de salud y pensiones y otras asignaciones económicas. Como medida positiva, con el decreto N° 4.269 se establecen las condiciones mediante las cuales las personas que no tienen el número de cotizaciones necesarias para cobrar sus pensiones puedan regularizar su situación.
En relación con el derecho a la tierra, en el período se profundizó el proceso de reforma agraria a través de la distribución de cartas agrarias, si bien a veces fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron creados 76 Fundos Zamoranos. Con respecto al combate contra el latifundio, el Inti aumentó entre agosto 2005 y mayo 2006 a 500 los procesos de rescate de tierras para un total de 1.316.000 ha.. Hubo manifestaciones de voluntad política de llegar a acuerdos con los presuntos propietarios, pero en pocos casos se concretó el diálogo, y fueron escasos los resultados positivos para los afectados. Fueron tomadas varias medidas en contra de los terratenientes en procesos algunas veces inconstitucionales y algunos gobernadores sobrepasaron sus competencias, lo que incluyó a veces el uso de la fuerza pública, para ayudar el Inti a implementar aquellas medidas.
El gobierno reconoció el relativo fracaso de los Fundos Zamoranos, principal bandera de la reforma agraria, evidenciándose una mala gestión en esta materia, así como la poca transparencia de las políticas y la falta de seguimiento a los proyectos agrícolas. Muchos de los beneficiarios se quejaron del pesado aparato administrativo y denunciaron irregularidades en la adjudicación de tierras, así como cuestionaron el destino final de algunos recursos financieros. Se abrieron procesos judiciales y se adelantaron algunas investigaciones al respecto. 19 personas fueron responsabilizadas en el caso de corrupción en el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAEEZ) y la directiva de Fondafa presentó 402 denuncias contra productores por desvío de fondos que se destinaron a otros usos distintos a las actividades agrícolas.
Pese a la importante inversión del Estado en la reforma agraria, la creación de miles de cooperativas y la importancia acordada por el gobierno a esta iniciativa, la superficie de las tierras cosechadas aumentó solo en un 9% en los últimos 5 años y la producción nacional sigue siendo insuficiente.
Con respecto al marco legislativo, se reformó la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. El Seniat sugirió reformar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola (LTDA) a raíz de la imposibilidad de cobrar los impuestos sobre las tierras ociosas dadas las condiciones actuales, pese a observarse algunas mejoras en el Registro Tributario de Tierras. La permanencia de las políticas y proyectos se dificulta a raíz de los cambios de ministros en el Ministerio de Agricultura y Tierra, y de directores en el Fondafa y en el Inti. Continuaron sin cumplirse algunas sentencias favorables a los propietarios de tierras afectados por el Inti contra quien se interpusieron en 2005 61 acciones judiciales tanto en el TSJ como en tribunales superiores agrarios.
5 campesinos fueron asesinados en actos de sicariato. El gobierno no honró su compromiso con las organizaciones campesinas de investigar y sancionar estos crímenes y la impunidad sigue vigente con respecto a los asesinatos anteriores.
Con respecto al derecho a una vivienda adecuada, los problemas existentes se agravaron en el presente lapso. El déficit de vivienda aumentó a raíz de las fuertes lluvias afectando principalmente a las construcciones ubicadas en terrenos inestables. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el déficit supera la cantidad de 1.800.000 viviendas, mientras que 60 % de las viviendas existentes necesitan una ampliación o una remodelación. Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas UN-Hábitat calcula el déficit en 3 millones de viviendas, incluyendo las viviendas en necesidad de mejoramiento, lo que afecta a 13 millones de habitantes. Para paliar esta carencia, el gobierno ha previsto la construcción de 150.000 viviendas para el año 2006, pero a final del primer semestre, tan sólo habían sido construidas 35.000. Las cifras del INE indican que de las 5.175.130 viviendas existentes en Venezuela, 3,3% no tienen servicio eléctrico, a 14,5% no se le abastece con agua potable y 31,9% no tiene poceta conectada a las cloacas. En las viviendas tipo rancho, este porcentaje se convierte respectivamente en 18, 4%, 41,9% y 81,5%.
Destaca la constitución de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), como un proceso organizativo que propicia la participación protagónica de las comunidades para la producción de vivienda, a quienes les fueron otorgados 40.833 títulos de propiedad urbana. Sin embargo, se conocieron varias denuncias importantes con respecto a la seguridad jurídica de la tenencia. En los casos de Ciudad Miranda y Juan Crisóstomo Falcón se presentaron irregularidades en la adjudicación de inmuebles y casos de corrupción en la entrega de los mismos. El caso de la Urbanización Nueva Tacagua manifiesta la inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas que tienen certificado de adjudicación pero no poseen los títulos de propiedad.
Continuaron presentándose desalojos, muchas veces nocturnos, sin que se ofrezcan alternativas a los ocupantes y en algunos casos haciendo uso excesivo y abusivo de las fuerza por parte de los efectivos policiales. El TSJ declaró inadmisible por ininteligible un amparo constitucional interpuesto por la Fundación Nacional de los Sin Techo sin pronunciarse sobre el fondo, en un caso donde se denunciaba una práctica de desalojo nocturno.
En cuanto a las normas legislativas, cabe señalar como un avance significativo la aprobación de la Ley Especial de Regularización de la Tierra Urbana y Cogestión Integral, en la medida en que asegura la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra donde las familias construyeron sus viviendas.
En relación con los alquileres, se extendió por 6 meses la congelación de los mismos. Esta medida, aunque percibida como una política pública positiva tuvo efectos contradictorios, pues los propietarios prefirieron retirar los inmuebles del mercado, lo cual impulsó la suba de los precios de los alquileres de las nuevas unidades ofertadas.
Respecto a los derechos al asilo y al refugio, la situación de violencia en la frontera colombiana por la presencia de actores armados y el comercio ilícito entre otras causas, generaron discriminación y criminalización de las Personas en Situación de Refugio (PSR).
El Estado brindó como respuesta la militarización de las fronteras a través de los Teatros de Operaciones la cual conllevó a violaciones de derechos humanos, aumentando las presiones sobre las autoridades para reactivar la suspensión de las garantías como solución a los problemas de inseguridad que afectaron a los pobladores. En relación a ello, cabe señalar como positivo el reconocimiento por parte de algunas autoridades, de su negativa a aplicar estas medidas.
Se han evidenciado avances en el funcionamiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) con respecto a sus secretarías técnicas, así como se ha demostrado un mayor acceso de los solicitantes al procedimiento y la organización de jornadas de recepción de solicitudes y operativos en zonas alejadas de las ciudades facilitó también este acceso.
No obstante, llama la atención la diferencia entre las cifras de la CNR y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) quienes estiman en 13.316 los solicitantes de refugio desde 2005 hasta el cierre del presente Informe mientras según la CNR se recibieron 2.060 solicitudes, de las cuales 1.561 están en estudio.
También preocupa la acumulación de solicitudes, con una decisión sólo en el 23% de los casos registrados. También persiste la demora en la entrega adecuada de documentos a estas personas en el plazo legal, lo que entre otras causas impidió el acceso de varias de ellas a las misiones implementadas en materia educacional. La consecuente vulnerabilidad puso a los supuestos indocumentados en situaciones de extrema explotación laboral, en especial en los casos de los indígenas de la etnia Wayuu procedentes de Colombia que pese a estar en su tierra ancestral son considerados extranjeros.
Finalmente, se conocieron varios planes, tales como el acuerdo con ACNUR para la creación de una red en el Edo. Zulia que busca integrar los solicitantes de refugio en los programas existentes y la existencia de un plan de atención en casos de afluencia masiva.
En relación con el derecho a la integridad, Provea registró un total de 201 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones a este derecho, que afectaron a 1.478 personas, lo cual denota un aumento del 84,75% en comparación con los 293 casos del período pasado, cuando fueron afectadas 800 personas.
Este aumento sólo se presentó en uno de los cinco patrones analizados. El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registró un incremento alarmante del 177,13% mientras el patrón de tortura disminuyó en un 38,71%, el de heridos por armas de fuego en un 48,33%, el de allanamientos ilegales en un 70,27% y finalmente el de amenazas y hostigamientos en un 79,55%.
Se reportaron 2 casos donde las víctimas fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas sumándose a las cinco personas que perecieron como consecuencia de los malos tratos recibidos.
46 de los 126 cuerpos de seguridad existentes en Venezuela fueron denunciados. Los cuerpos del ámbito nacional son responsables del 31,34% del total, y destaca la GN con 883 víctimas. Las policías regionales agruparon responsabilidad en 93 casos (46,27%). Entre ellas, la PE de Aragua presentó el mayor número de denuncias con 46 víctimas, y repite por cuarto año consecutivo como el organismo policial más denunciado. Las policías municipales fueron señaladas en el 13,93% de los casos registrados y las acciones conjuntas con la GN y otros cuerpos de seguridad arrojaron un saldo de 66 víctimas.
Las tres entidades federales que concentraron el mayor número de víctimas fueron Caracas con 481 (32,54%), el Edo. Zulia con 370 (25,03%) y Aragua con 135 (9,13%).
Con respecto al derecho a la justicia, a un año y medio de la aplicación del Plan Para la Transformación Estructural y Modernización del Poder Judicial, no se han revertido los problemas estructurales que afectan el Sistema de Administración Judicial (SAJ) siendo esta institución del Estado venezolano la segunda peor evaluada subjetivamente por los venezolanos.
Nuevamente se respetó la asignación mínima del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional al presupuesto del SAJ, incrementándose a 2,67% en relación al lapso anterior (2,49%), Sin embargo, esto no trajo mejoras sustanciales en los servicios pues los recursos se concentraron en los gastos recurrentes de personal y mantenimiento.
Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del TSJ, se incrementó el número de magistrados de 20 a 32, pero 50% de las nuevas designaciones recayeron en personas que habían desempeñado cargos previos en posiciones alineadas con el gobierno, tenían sanciones previas de destitución de otros cargos o habían sido reprobadas en otros concursos, poniéndose en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y los estrictos criterios de selección para ocupar cargos en el máximo tribunal. Destaca como positivo que a finales del cierre de este Informe la provisionalidad de los jueces se redujo a un 33,3% en comparación con el 80% a principios de enero 2005. Sin embargo, parece difícil cumplir con las metas de titularidad de 90% a fin del 2006. Preocupa que el Programa de capacitación para la regularización de la titularidad resulte en un curso de capacitación de 72 horas.
No se produjeron mayores avances en relación con el retardo procesal, especialmente en los tribunales de primera instancia en función de control en materia penal (761,7 asuntos ingresados por juez), en la primera instancia de las jurisdicciones civiles (450,5 por juez) y en materia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (567,8 por juez). Preocupa que los planes de reforma del Poder Judicial se dedicaran más a adquirir sedes en lugar de aumentar el número de jueces.
Se aprobó en segunda discusión en la AN la Ley de Defensa Pública, que adscribe el Servicio Autónoma de Defensa a la Defensoría del Pueblo conculcando la independencia y la autonomía de esta institución y como tal, las garantías procesales. Persistieron las dilaciones de los juicios denunciados por su connotación política, especialmente a dirigentes de la oposición política.
Para garantizar el acceso de la justicia se contempló el Proyecto «Casas de Justicia» pero al cierre de este Informe no se había construido ninguna de ellas.
Se sigue cuestionando la