Del 05 al 18 de diciembre 2006

Boletín electrónico Nº 179

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, tras la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico «Derechos Humanos y Coyuntura» con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.
Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.
Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/index.html, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
[email protected] o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.

NOTA DE PRENSA

Este viernes 08 de diciembre, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó los resultados del Informe Anual “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Octubre 2005 / Septiembre 2006”, e igualmente, hizo una evaluación general de la primera gestión del presidente Hugo Chávez, identificando cinco ejes prioritarios para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

La Coordinadora del Programa de Exigibilidad de la organización, María Elena Rodríguez, al presentar la situación de los derechos en el período octubre 2005 / noviembre 2006 expresó que el derecho a la salud mostró la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia, especialmente en la atención primaria, mediante la Misión Barrio Adentro. No obstante, esto contrasta con la crisis persistente en los ambulatorios y hospitales de la red tradicional, mostrando fallas que atentan contra su gratuidad y calidad.

En relación a la vivienda expresó que fue un derecho donde se agravó la situación debido a la ineficacia del gobierno para ejecutar los proyectos y planes definidos. El ejecutivo había anunciado la construcción de 150.000 viviendas para el 2006, de las cuales sólo había finalizado 35.000 en el primer semestre del año. Diferentes denuncias de irregularidades rodearon la ejecución de los diferentes proyectos en el sector, y la protesta de personas sin casa fueron una de las causas principales de movilización de los sectores populares.

Rodríguez destacó que en materia de los derechos laborales hubo disminución del desempleo y por tercer año consecutivo, el empleo formal ganó terreno sobre el informal. Evaluó como positivo la implantación de la solvencia laboral y las sucesivas extensiones de la inamovilidad laboral. Sin embargo, recalcó que estos avances no significan un nivel importante en la elevación de la calidad de vida de los sectores trabajadores puesto que un significativo sector laboral se encuentra sin empleo y 43% percibe remuneraciones inferiores al salario mínimo. Asimismo, formuló su preocupación debido a que las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleo en las industrias básicas produjeron la muerte, de al menos, 45 personas, lo cual refleja la desesperación de amplios sectores para obtener empleo.

En el sector educativo se continuaron registrando avances en la cobertura de distintos niveles académicos. Hubo un incremento del 3% en la disponibilidad de los establecimientos educacionales y se incrementó en 7,5% el gasto público real en educación.

La abogada de Provea, resaltó como positivo que se haya continuado con el proceso de reforma agraria, sin embargo razonó que algunas medidas adoptadas contra grandes propietarios se produjeron sin garantizar el debido proceso.

Finalmente, en materia de seguridad social, afirmó que el Ejecutivo Nacional incumplió por tercer año consecutivo su obligación de crear la institucionalidad del Sistema de Seguridad Social y la Asamblea Nacional continuó en mora en la aprobación de la Ley de Pensiones y Jubilaciones, así como la Ley Orgánica de Salud. Sin embargo, destacó como positivo la política del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de continuar reduciendo deudas con los pensionados y jubilados, y la adopción de medidas para garantizar que aquellas personas sin el número de cotizaciones necesarias para el cobro de pensiones puedan regularizar su situación.

Por otra parte Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, al presentar la situación de los derechos civiles y políticos destacó que en materia de derecho a la vida se registraron 169 denuncias de violación al mismo, lo que representa respecto al lapso anterior un incremento de 4,14%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón “ejecución”, 82,84% del total de víctimas conocidas (140). En la mayoría de estos casos la versión oficial fue la del “enfrentamiento”. La Policía Metropolitana (PM) fue el organismo con mayor número de denuncias. Con relación a la situación de las personas privadas de libertad, informó que desde octubre del 2005 a septiembre del 2006 murieron de manera violenta 408 presos y 726 resultaron lesionados.

Alvarado, a su vez, expresó que el informe se presenta en el contexto particular de la finalización de la primera gestión de gobierno del presidente Chávez y al realizar una evaluación general indicó que la gestión arroja luces y sombras. Aunque se produjeron avances, principalmente en el campo de los derechos sociales, Provea expresó su preocupación por las enormes carencias institucionales para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y crear condiciones favorables y de largo alcance para el disfrute y ejercicio de los derechos. Resaltó la falta de voluntad política y la ineficiencia e improvisación por parte de los órganos y entes del Estado para diseñar y ejecutar políticas consistentes, coherentes e integrales orientadas a lograr una mejoría de la situación de los Derechos Humanos en el país.

En palabras de Alvarado, los sectores tradicionalmente excluidos fueron visibilizados mejorando en algunos aspectos su situación. Asimismo se frenaron políticas privatizadoras en el sector salud, educación y seguridad social, en medio de una relativa democratización de la riqueza. Reveló que a su vez fue un período donde el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, por parte de los órganos armados del Estado, produjo un significativo saldo de muertos y heridos. El ejercicio arbitrario y arrogante del poder se ejerció con amplia discriminación política, lo que produjo el despido de miles de trabajadores por pensar distinto a las nuevas elites en el poder, las cuales repitieron prácticas y vicios del pasado. Una época de debilidad institucional, falta de independencia de los poderes públicos que afectó los necesarios contrapesos de todo sistema democrático. Persistieron altos niveles de impunidad que favoreció la violación a los derechos.

La abogada Rodríguez, a su vez, indicó que Chávez deberá trabajar en 5 ejes prioritarios para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, fortalecer la democracia, y afianzar la justicia social y la equidad. Estos cinco desafíos son el combate de la pobreza con políticas integrales y sostenibles en el largo plazo; el fortalecimiento de la institucionalidad democrática garantizando la eficiencia e independencia de los poderes constitucionales; la creación de un clima apropiado para el diálogo, la administración de conflictos de forma democrática y la construcción del consenso en torno a los problemas fundamentales del país y sus soluciones; el combate a la impunidad y la implementación de un Plan Nacional de Derechos Humanos así como la creación de condiciones y mecanismos para garantizar la participación de la población en los asuntos públicos, estimulando una ciudadanía capaz de actuar desde organizaciones sociales con funcionamiento autónomo.

El texto completo del Informe Anual “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Octubre 2005 / Septiembre 2006”, puede consultarse en http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/index.html

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, se presenta en un momento particular: la culminación de la gestión del actual presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías que en diciembre de 2006 cumplirá casi 8 años1. La ocasión es oportuna para presentar el contexto político y social en el que se desarrolló esta gestión, al mismo tiempo que evaluar la misma desde la perspectiva de los derechos humanos, precisar en que condiciones se encuentra y cuáles son los retos que al Estado, al gobierno y a la sociedad se le plantean en los próximos años para consolidar el sistema democrático y garantizar a todas las personas todos los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.

Los tiempos vividos han sido contradictorios. Vividos con esperanzas, con angustias, y plenos de conflictos; años de organización y movilización social por motivaciones políticas y exigencia de todo tipo de derechos. Años donde los sectores tradicionalmente excluídos fueron visibilizados y su situación logró mejorar en algunos aspectos. Años de recuperación económica, de freno a políticas privatizadoras en servicios esenciales y de relativa democratización de la riqueza. A su vez, fue un largo período donde una vez más el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza dejó un significativo saldo de muertos y heridos, la arbitrariedad con que se ejerció el poder produjo presos políticos y miles de trabajadores fueron despedidos por pensar distinto a como piensan y actúan las nuevas élites en el poder. Período con un acentuado discurso de cambio, pero en muchos aspectos con prácticas y vicios del pasado. Ocho años de activa presencia de los militares en la vida institucional y social del país. Años de debilidad institucional, falta de independencia de los poderes públicos e ineficacia en la gestión pública. En síntesis, un período histórico complejo y contradictorio donde la situación de los derechos humanos tuvo sus avances, estancamientos y retrocesos. La voluntad soberana del pueblo venezolano será quien decida el 03.12.06 el contexto político y social de los tiempos por venir.

Persisten dos visiones sobre el país y su destino

La situación general de los derechos humanos durante todo el período, se desarrolló en el marco de una particular confrontación política entre dos visiones acerca del modelo político y social que quieren construir las fuerzas en conflicto. La nueva dirigencia política y principalmente su líder Hugo Chávez, fundamentalmente a través del discurso, pero también con el diseño de algunas políticas, se propuso reivindicar a los pobres, darles más protagonismo en la vida social y política estimulando su organización y movilización: “el proceso bolivariano ha dinamizado la organización social y animado la posibilidad de reconocimiento, inclusión social y construcción de soberanía” 2.

Desarrolló una confrontación contra las élites políticas y sociales del pasado y parcialmente cuestionó y se apartó de las políticas neoliberales en el campo económico y social 3. Se propuso fortalecer el papel del Estado como ente motor de cambios y transformaciones 4 y en el último año de gestión expresó que el país avanzaría hacia el socialismo del siglo XXI 5. Si bien la situación de los pobres no varió estructuralmente y la participación en cierta medida fue dirigida y mediatizada desde el Estado, y en algunos casos ejerciendo coacción 6, en el imaginario de muchos sectores populares se valoró positivamente esta inclusión simbólica. Ello explica en buena parte la alta popularidad con la que el Presidente culmina su gestión. José Virtuoso explicó el fenómeno de la siguiente manera: “los sectores populares no sólo observan en Chávez la esperanza de una dádiva populista. El Presidente se ha convertido en un símbolo que representa la esperanza de la inclusión, del reconocimiento y del protagonismo político para la población marginada del país . Que no se advierta este hecho, es síntoma de una gran ceguera política” 7.

La otra visión fue liderizada por sectores de la clase política y económica 8, que usufructuó el poder desde 1958, quienes se aferraron a las formas tradicionales de hacer política, reivindicaron los dogmas neoliberales y subestimaron la capacidad de organización y movilización de los sectores más pobres. Esgrimieron un discurso conservador en lo político, neoliberal en lo económico y discriminatorio en lo social. Colocaron la defensa de la propiedad privada como tema fundamental y se empeñaron en cuestionar toda iniciativa del gobierno, sin valorar los aspectos positivos o negativos de las mismas 9.

La confrontación se produjo de diversas formas y en variados terrenos, pero tuvo como componente esencial la movilización de la población alrededor de una u otra visión 10. En ese marco de mutuo cuestionamiento y política de calle salieron a relucir expresiones de totalitarismo no sólo desde el gobierno, sino también, desde las fuerzas que lo adversaron. Sectores minoritarios radicales de uno y otro polo le impusieron al país, durante no poco tiempo, una agenda de violencia e intolerancia. La alianza política gubernamental y particularmente el Presidente Chávez contribuyeron a generar dicho clima por la manera arrogante y excluyente como administraron las estructuras del Estado. Una clase media preocupada por su futuro, que en su imaginario sentía amenazada la propiedad privada, influenciada por políticos conservadores y agitada por los medios de comunicación social que se convirtieron en verdaderos actores de la contienda política, desconfiada de las vías electorales para producir cambios 11 y en cierta medida descuidada por las políticas gubernamentales, se lanzó a la calle en abierto reto al gobierno.

Algunos analistas políticos afirmaron en su oportunidad que: “El gobierno está pagando los costosos errores de la conducción política del proceso, la radical desproporción entre el discurso revolucionario y la ausencia de cambios de distribución de poder y de políticas que apunten hacia modificaciones significativas de las condiciones de vida de las mayorías más pobres. Está pagando las consecuencias de un radicalismo verbal confrontacional, intolerante y excluyente -especialmente del propio Presidente- que llevó a sectores empresariales y a la mayor parte de los sectores medios a reaccionar como que si se estuviese llevando a cabo en Venezuela una revolución socialista, cuando éste no era el caso» 12.

Desde los primeros meses del 2002, la oposición política incrementó su capacidad movilizadora. Al descontento de la población de clase media se sumaron componentes de la Fuerza Armada Nacional y en una acción conjunta de civiles y militares se produjo un Golpe de Estado el 11.04.02 13. Un gobierno dictatorial se instaló en el país durante 48 horas. La disolución de los poderes por vía de decreto, la destitución ejecutiva de funcionarios de elección popular violando el derecho constitucional a elegir y ser elegido y la persecución y detención de dirigentes, funcionarios y simpatizantes del gobierno derrocado, mostró en breve tiempo el carácter represivo y antipopular del gobierno que se instalaba, presidido por el máximo dirigente de la cámara empresarial del país 14. La corta experiencia del gobierno de Pedro Carmona Estanga demostró que algunos de los sectores que liderizaban la otra visión del país y calificaban al gobierno de Chávez de tirano y totalitario, aspiraban imponer un gobierno con esas características. Los hechos de abril demostraron que quienes liderizaban el movimiento de oposición al gobierno eran sectores conservadores y antidemocráticos.

En un documento que invitaba al país a “envainar la espada y arar por la inclusión social” Provea señalaba en febrero de 2002: “…en Venezuela ningún sector tiene el monopolio del estilo democrático de acción política. Por el contrario, el riesgo del autoritarismo está presente en los sectores radicalizados de ambos bandos» 15.

El Golpe de Estado fue resistido desde los factores políticos desalojados del gobierno y desde amplios sectores de la población que vieron frustrada una esperanza de cambio. Por la acción de civiles movilizados espontáneamente en la calle y de militares simpatizantes e integrantes del gobierno derrocado, se reestableció al Presidente Chávez en el poder y éste pudo culminar su período de gobierno 16.

La ausencia de prácticas democráticas para debatir y canalizar las contradicciones presente en la sociedad venezolana, azuzadas por diversas vías, llevó al país al escabroso camino de la polarización, la intolerancia y la violencia política. Más de 100 muertos fue el saldo del conflicto político 17. Aún después del Golpe de Estado sectores políticos radicalizados e intolerantes continuaron promoviendo la violencia: el 30.09.02, el secretario general del partido Acción Democrática, Rafael Marín expresaba. “son unos ilusos los que aún piensan en la vía del referéndum para salir del gobierno. Esas fórmulas no le dan garantía a nadie, aquí lo que necesitamos es que los militares se sacudan a este gobierno y apoyen al pueblo venezolano, para la formación de un gobierno de transición” 18.

Entre diciembre del año 2002 y enero del año 2003, sectores radicalizados de la oposición promovieron un paro petrolero que se transformó progresivamente en una huelga general, al incorporarse otros sectores laborales y sociales. La suspensión de servicios en la industria petrolera y en servicios públicos, la afectación económica y social que produjo en todos los sectores de la población y en sectores claves de la economía, generó de manera progresiva un rechazo en la población, incluso entre quienes inicialmente lo apoyaron. Con el fracaso del paro, los sectores radicales se debilitaron y el gobierno tomó la iniciativa. 22.000 trabajadores petroleros fueron despedidos, se abrieron juicios y algunos líderes salieron del país.

Entre febrero y marzo de 2004 se produjeron las violentas jornadas convocadas por sectores de la oposición denominadas Guarimbas 19. Los líderes radicales de la oposición condujeron un movimiento social que había acumulado significativa fuerza, a sumar fracasos tras fracasos. El gobierno del Presidente Chávez se fortaleció y radicalizó su discurso y las conductas excluyentes, descalificando toda crítica a su gobierno como proviniendo de las fuerzas que prepararon y apoyaron el golpe de Estado y el paro petrolero.

La intolerancia y la discriminación por razones políticas se desataron principalmente desde el sector gubernamental 20. Pensar en forma distinta al pensamiento oficial o ser crítico de la gestión de gobierno se convirtió en una causa de despido laboral, un motivo para negar una determinada gestión pública o una razón para ser descalificado. La llamada lista Tascón 21 fue un episodio bochornoso en la historia política y social de este período. Y hoy, cientos de hombres y mujeres todavía padecen las consecuencias de esa discriminación 22. Además, en medio de ese clima de terror laboral, en muchos órganos y entes del Estado la participación en actos públicos y marchas a favor del gobierno se hizo obligatoria, ya sea porque expresamente se la ordenaba o porque de no hacerlo se ponía en riesgo la estabilidad laboral.

La confrontación política tuvo otro hito importante, cuando el 05.08.04 se llevó a cabo el referendo revocatorio del mandato presidencial del mandatario Hugo Chávez. El resultado favoreció la continuación del mandato presidencial por un 59,09% contra un 40,63% de quienes optaron por la revocatoria del mandato. A pesar del reconocimiento de los observadores internacionales de los resultados electorales y de la normalidad de los comicios la oposición no validó los resultados y denunció un supuesto fraude 23.

Aún cuando en los años 2005 y 2006 los niveles de intolerancia bajaron, persisten los riesgos de que el totalitarismo surja en uno u otro contendor político, que la discriminación se mantenga y que se recurra a la violencia con la finalidad de intimidar o eliminar al adversario, a quien se le califica como enemigo.

Sin duda que en buena medida la intolerancia y discriminación, así como muchas violaciones a los derechos humanos, fue favorecida por la falta de contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo. La ausencia de independencia de entes públicos fundamentales para la vida democrática del país como lo son la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo (DF) y la Contraloría General de la República (CGR), permitieron que el Ejecutivo Nacional actuara haciendo uso de un desmedido poder.

Finalmente hay que decir, que de la confrontación producida durante todos estos años, paradójicamente surgió un mínimo consenso sobre un problema trascendental: oposición y gobierno coincidieron en que la pobreza es uno de los fundamentales problemas del país y para su erradicación deben priorizarse los recursos y las políticas públicas24. Resta por ver si el consenso en el discurso se traduce en capacidad para converger en iniciativas y esfuerzos. Aunque continúan existiendo dos visiones sobre el país que tenemos, y dentro de ellas una variedad de posiciones e intereses, hoy hay más posibilidades para el encuentro y para el diálogo en la búsqueda de acuerdos mínimos para afianzar una democracia inclusiva en los próximos años.

En el año 2000, en medio del proceso constituyente, Provea advirtió sobre los peligros que encontraba en lo que llamábamos “la arquitectura del poder” en la nueva Constitución y el peso y el lugar otorgado a los militares en la misma. En ese momento afirmábamos: “Los militares se constituyen en un poder que podría atravesar el cuerpo social. Algunos de los elementos que nos permiten realizar tal afirmación son los siguientes: 1) las FAN pierden la característica de ´no deliberantes´ (que es distinto a que hayan ganado el derecho al voto, asunto que valoramos positivamente); 2) más allá de su sometimiento al Presidente no hay ningún señalamiento explícito de sometimiento al poder civil; 3) tienen una seguridad social y una contraloría propias (aunque en este último caso la Contraloría General de la República no pierde toda posibilidad de injerencia sobre las FAN); 4) constitucionaliza la seguridad y defensa en un título distinto al de los Poderes Públicos; 5) establece el antejuicio de mérito realizado en el máximo tribunal para los oficiales Generales y Almirantes; 6) Se otorga a las FAN el monopolio de control, registro, comercio, posesión de las armas (atribución que antes realizaba el poder civil); 7) pasan de estar al servicio de la República (Constitución de 1961) a estar al servicio de la Nación (cambio que puede ser interpretado de maneras riesgosas); 8) Se eliminó la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario. Si a todo esto se le suma que la Constitución le cambia el nombre a Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, en un claro intento por ideologizar a Bolívar a favor del partido de gobierno (de composición cívico-militar) que se asume como bolivariano, tenemos que la nueva Constitución establece la posibilidad de un protagonismo militar en la conducción de lo público” 25.

Es decir, advertíamos sobre el riesgo de que progresivamente se impusieran la visión y práctica militar y se debilitara la subordinación que debe tener la Fuerza Armada Nacional (FAN) al poder civil26. Militares activos han ocupado y ocupan altos cargos en la estructura del Estado llegando incluso a ser jueces y magistrados en la jurisdicción ordinaria. Otra porción importante de militares retirados ocupan puestos claves en la estructura nacional, estadal y municipal. Además de ello, el lenguaje de lo militar se ha incorporado a lo público: “misiones”, “batallas”, “unidades”, “brigadas” y otras expresiones se incorporaron al lenguaje cotidiano de quienes sienten alguna afinidad por el gobierno.

La confrontación verbal entre el gobierno de Chávez y el presidente de los Estados Unidos George W. Bush fue un aditamento más para que la militarización avanzara y se consolidara 27.

Conociendo la historia intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de países y gobiernos que son adversos a sus intereses y prácticas hegemónicas, hoy agravada por un fundamentalismo bélico que utiliza el terrorismo como excusa para profundizar esa política, no puede descartarse algún tipo de agresión por parte de ese país. Sin embargo, el gobierno exagera el nivel real de la confrontación aprovechando la ocasión para incrementar el gasto militar 28.

Entrenar a la población en el uso de las armas, reanimar y acrecentar la reserva y realizar ejercicios para enfrentar al enemigo que invadirá al país, fueron parte de los planes gubernamentales y se consideraron prioritarios frente a la prestación del servicio civil. De igual forma, las organizaciones sociales fueron estimuladas a asumir lo militar como parte de su cotidiana actividad 29. En un artículo de opinión el viceministro de Relaciones Exteriores William Izarra afirmó: “las organizaciones populares del proceso revolucionario venezolano (políticas, sociales, culturales) tienen que actuar de inmediato con base en la orden de operaciones emitidas por el Presidente en mayo de 2004. Uno de sus tres objetivos estratégicos es la creación de las estructuras populares de defensa integral” 30.

Los Teatros de Operaciones que se extendieron a lo largo de la frontera venezolana pasaron a constituirse en el poder real en aquellos lugares hasta donde llega su jurisdicción, con actuaciones que en algunos casos degeneraron en graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población civil asentada en la zona.

En contraposición, aunque lo militar copó espacios tradicionalmente administrados y dirigidos por el sector civil, la estructura militar se mantuvo hermética, el acceso a la información de los asuntos militares siguió vedada, el Ministro de la Defensa continúo siendo un militar 31 y los militares pasaron a ser un actor clave en la vida política, económica y social del país sin que la ciudadanía pudiera ejercer control sobre su gestión.

Tras 8 años de gobierno el balance sobre la situación de los derechos humanos arroja luces y sombras. Aunque se produjeron avances, principalmente en el campo de los derechos sociales, preocupan las enormes carencias institucionales para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y crear condiciones favorables y de largo alcance para su disfrute y ejercicio. Resalta la falta de voluntad política en algunos casos y la ineficiencia e improvisación en otros por parte de los órganos y entes del Estado para diseñar y ejecutar políticas consistentes, coherentes e integrales orientadas a lograr una mejor situación.

Debe recordarse que los factores políticos 32 que asumieron el poder en 1998 liderados por Hugo Chávez, venían de una larga trayectoria de cuestionamiento al estatus quo que durante décadas establecieron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Criticaron y enfrentaron durante años las violaciones a los derechos humanos 33. Prometieron transformar el país, revitalizar las instituciones democráticas, acabar con la pobreza, combatir la corrupción y garantizar condiciones más dignas de vida para todas y todos en el país 34. Con ese propósito convocaron, organizaron y realizaron en 1999 una Asamblea Nacional Constituyente 35. El resultado esencial de la Asamblea fue la aprobación de un nuevo marco jurídico constitucional que el propio gobierno calificó como el programa de acción para construir la nueva Venezuela 36.

Del proceso constituyente surgió un andamiaje jurídico cónsono con los derechos humanos 37. Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 38 en medio de grandes expectativas en cuanto a las posibilidades de que se produjeran significativas transformaciones en la sociedad venezolana. Una de ellas era lograr una mejora sustancial en el campo de los derechos humanos. En su programa de gobierno al electorado Chávez expresó: “se requiere de un conjunto de políticas a corto, mediano y largo plazo pero que, por encima de todo, sancionen efectivamente la trasgresión de la Ley, respetando los derechos humanos de las víctimas y sus victimarios” 39. El discurso del nuevo Presidente cuestionando las masacres del pasado, los abusos policiales, las torturas y anunciando el compromiso de que durante su gobierno nunca la Fuerza Armada usaría las armas contra el pueblo, constituyeron, en su momento, señales de una posible gestión que adoptaría políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones para el ejercicio y disfrute de los derechos. Además, el discurso presidencial proclive a promover y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), fortaleció la esperanza de que se avanzaría en la reducción de la pobreza, se revertiría la línea privatizadora de servicios públicos adelantada por el anterior gobierno y se adoptarían medidas oportunas y adecuadas para atender los graves déficit existentes en el sector educativo, salud, seguridad social, vivienda y otras áreas sociales. También en su programa de gobierno Chávez expresó: “la pobreza abarca múltiples dimensiones: éticas, sociales, económicas, culturales, políticas y de derechos humanos. Por esta razón, el enfrentamiento a la pobreza es prioritario y fundamental para el Estado democrático” 40.

Entre las luces de esta gestión hay que reconocer en primer lugar dos logros de las políticas implementadas por el gobierno del Presidente Chávez que atañen a los Desc. La primera, haber detenido los procesos de privatización de la educación, salud y seguridad social, que avanzaban aceleradamente durante el gobierno de Rafael Caldera y que de no haber sido frenados hubiesen desmejorado aún más las condiciones de vida de la población excluida 41. La segunda, haber promovido reformas jurídicas en el tema agrario, en el área de la vivienda 42 y en la seguridad social, coherentes con la garantía de los derechos.

En cuanto a los avances en la situación de los derechos, en junio de 1999, el salario mínimo era de Bs.120.000 (185U$S) y cubría el 95% de la canasta alimentaria. En 2005 se situaba en Bs. 405.000 (188,37$) y cubría el 115 % de dicha canasta. En cuanto al desempleo, según cifras oficiales en 1999 era de 14,5% de la población económicamente activa. En 2005, era de 11,4%. Es importante destacar que desde 1999 se inició una línea descendente del desempleo, la cual se interrumpió en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la conflictividad política y el paro petrolero. Si consideramos los dos aspectos anteriores, el salario y el nivel de empleo, podemos concluir que hubo una leve mejora en la situación de los trabajadores del país.

En el derecho a la educación se produjo un aumentó de la cobertura, que se tradujo, entre otros índices, en la mejora de las tasas de escolaridad neta en todos los niveles del sistema educativo dependientes del Ministerio de Educación y Deporte: en preescolar pasó de 46,6 % en 1998-99 a 63,6 % en 2004-05; en educación básica -1º a 6º- grado de 90% a 93,1% en igual período; en educación básica -7º a 9º grado- de 46,9% a 62,3%; y en educación media de 21,57% a 30,62%) 43. También destacan positivamente las políticas sociales llamadas Misiones destinadas a combatir el analfabetismo y a incluir a las personas excluidas de la educación fundamental, básica, media y universitaria 44. También creció la inversión en educación 45.

En 1999 miles de campesinos sin tierra aspiraban por una reforma agraria y el Estado acaparaba millones de hectáreas en buena parte improductivas. El gobierno emprendió un interesante proceso de reforma agraria. Al 2005, más de 3.000.000 de hectáreas habían sido adjudicadas a cooperativas y familias campesinas y contra varios latifundistas se habían iniciado procedimientos de expropiación. Aún cuando hubo denuncias sobre irregularidades e ineficiencias en el proceso, sin duda se avanzó en la democratización de la propiedad de la tierra.

Con respecto al derecho a la salud, la implementación del programa llamado Barrio Adentro amplió considerablemente la cobertura de los servicios de atención primaria 46.

En relación con el derecho a la seguridad social el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales continuó cumpliendo durante el año 2005 con el pago a tiempo de las pensiones de vejez homologadas al salario mínimo, como viene ocurriendo de manera regular desde el año 2000. Cabe recordar que esta fue una histórica reivindicación del movimiento a favor de los derechos de las personas jubiladas y pensionadas.

El gobierno también logró democratizar relativamente la distribución de la riqueza a través de los planes sociales llamados misiones y de otras medidas de carácter social. Solamente en el 2006, el gobierno destinó por la vía de recursos especiales 14,8 billones de bolívares para las misiones 47. Ello permitió que los sectores más vulnerables aumentaran temporalmente su capacidad de consumo 48 y percibieran que su situación económica había mejorado 49.

Por el contrario, entre las sombras de la gestión en relación con los DESC persisten elevados índices de pobreza extrema y pobreza 50; no se ha avanzado en un plan nacional de educación en derechos humanos ni hay indicios comprobables de mejoras sustantivas en la calidad de la educación; no mejoraron tampoco significativamente los índices de desnutrición; no se logró todavía estructurar el sistema de seguridad social aprobado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) 51; el déficit habitacional es mayor que el recibido 52; en relación con el derecho a la salud, el desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas listas de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados; en relación con los derechos de los pueblos indígenas y el derecho al ambiente sano se siguen impulsando planes y proyectos de “desarrollo”, la mayoría de las veces inconsultos, que podrían generar daños irreversibles en el hábitat y en la cultura indígena, e incluso comprometer su futuro como pueblos, en flagrante contradicción con lo establecido en la Constitución de 1999 53; y a lo largo de su gestión el Estado mantuvo una línea antisindical respecto de los sindicatos y centrales obreras identificadas con la oposición política, violando de manera permanente los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo 54 sobre libertad sindical y contratación colectiva.

En buena medida los limitados resultados en el campo social, a pesar de los recursos disponibles 55, de los años de gobierno y del nivel de jerarquía que se le dio en el lenguaje oficial a los temas de la pobreza, están relacionados con la ineficacia del gobierno para ejecutar las políticas y los presupuestos asignados 56. Ya en 1999 Provea advertía sobre esta situación y constataba “que el Gobierno Nacional carece de una política coherente que se plasme en un plan de acción que oriente y guíe la actuación de los distintos entes gubernamentales y que vincule a los demás poderes públicos” 57.

En el campo de los derechos civiles y políticos, el panorama es menos alentador. A pesar de que durante la gestión se garantizó la libertad de información y en general se mantuvo una actitud tolerante ante la protesta social 58 y se promovió e impulsó el surgimiento de muy diversas formas de organización de los sectores populares 59, otros derechos civiles y políticos se vieron afectados e incluso hubo retrocesos.

En 1999, cuando el Presidente Chávez inició su gestión, las violaciones al derecho a la vida contabilizadas por Provea fueron 101. En el 2005 se registraron 162. En los 7 años se produjeron 1.245 60 violaciones a un promedio anual de 177 61. En 1999 murieron en las cárceles del país de manera violenta 471 presos. En el 2005, 408. Aunque hubo un descenso, en los 7 años fallecieron 2.358 personas a un promedio anual de 336, es decir, casi un preso por día. En 1999 las victimas por violaciones a la libertad personal fueron de 6.716. En el año 2005 de 2.731. Bajaron significativamente. Sin embargo, en los 7 años se produjeron 33.296 violaciones a un promedio de 5.546 anuales. Bien puede observarse que por lo menos en lo que respecta a estos tres derechos, 7 años después persiste una realidad muy similar a la que encontró el presidente Chávez al iniciar su gestión.

Como en épocas pasadas, el gobierno también mantiene presos y procesados políticos 62, a los que les ha negado sistemáticamente su condición, recurriendo al discurso de descalificarlos como “terroristas” o “delincuentes comunes”, tal y como durante años lo hizo la dirigencia política de los gobiernos anteriores con sus opositores 63. A pesar de que desde el alto gobierno se mantuvo un discurso que condenó las masacres ocurridas en gobiernos anteriores, entre ellas las de Yumare (Edo. Yaracuy) 64, El Amparo (Edo. Apure) 65, Cantaura (Edo. Anzoátegui) 66, esta gestión tiene en su haber sus propias masacres: las del Alto Apure 67, de La Paragua (Edo. Bolívar) 68, del barrio Kennedy en Caracas 69, de la Calle Páez, en Barcelona (Edo. Anzoátegui) 70.

Declaraciones como las siguientes fueron frecuentes: “se acabaron las desapariciones y las muertes al estilo de Alberto Lovera, se acabaron las torturas, se acabó la represión en las calles. Eso tiene que entenderlo el país para poder establecer la diferencia entre el pasado y el presente. Nosotros lo que tenemos que hacer es no permitir repetir el pasado de la IV República” 71. Sin embargo, se produjeron desapariciones forzadas durante el mandato del Presidente Chávez. Tan solo en el 2005 se produjeron 17 72, aunque cabe señalar que a diferencia del pasado no afectaron a opositores o disidentes políticos, sino a presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la propiedad o las personas. El Estado venezolano en el 2005 tuvo que admitir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por la desaparición de 3 personas detenidas y desaparecidas en 1999 73. Por otra parte, los organismos policiales continuaron aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes, practicando la tortura y sus funcionarios fueron involucrados en otros cientos de violaciones a los derechos humanos y delitos, sin que haya un número significativo de investigaciones que condujeran al castigo de los responsables.

El deterioro de los cuerpos policiales constituyó un elemento de constante preocupación en la población produciendo un alto nivel de desconfianza en la institución policial 74 y fue un factor que favoreció el incremento del delito 75. La inseguridad ciudadana se convirtió así en la principal preocupación de la población 76.

El Sistema de Administración de Justicia se caracterizó por su ineficiencia, falta de independencia y por excluir a los sectores sociales de menores ingresos. Si bien se produjeron algunos avances 77, el acceso a la justicia continúo negado para los más pobres y los criterios político partidistas prevalecieron en los mecanismos para designar magistrados y jueces, afectando la independencia de los órganos judiciales. La influencia de las viejas elites políticas en el Poder Judicial y en otros entes del Estado fue sustituida por la influencia de las nuevas elites 78.

Por último, en relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos también hay luces y sombras. Por un lado es cierto que en términos generales -salvo excepciones 79 las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tuvieron dificultades para realizar su trabajo y no sufrieron serios obstáculos por parte del Estado para ejercer su labor. Tampoco fueron objeto de persecuciones, allanamientos ni apertura de juicios, esto último también con una excepción 80. Lamentablemente, en este período fue asesinado el primer defensor de derechos humanos venezolano 81, Joe Castillo, Coordinador del Vicariato Apostólico de Machiques, por parte de presuntos paramilitares colombianos, permaneciendo hasta ahora el caso en la impunidad. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que siguen siendo acosados luego de realizar denuncias, aumentando progresivamente los riesgos para ellos 82. La intolerancia política de factores afectos al gobierno y a la oposición, la intolerancia del gobierno frente a la crítica y los deseos de acallar toda opinión de quien no avale las acciones y políticas gubernamentales, conllevaron a que se presentaran riesgos cada día más frecuentes y persistentes 83.

Por otra parte, en el marco del proceso de reforma agraria más de 50 dirigentes o miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados. Si bien en estos asesinatos presuntamente no están vinculados directamente funcionarios estatales, sino particulares al servicio de terratenientes, la responsabilidad del Estado radica en la impunidad en la que permanece la mayoría de estos asesinatos, lo que favorece a su vez que sigan ocurriendo. Así mismo, entre octubre de 2005 a septiembre 2006, 60 personas 84, muchas de ellas líderes sociales, fueron procesadas en tribunales nacionales por participar en actividades vinculadas a la exigibilidad de sus derechos 85, gracias a una reforma regresiva del Código Penal que criminaliza la protesta social.

En el último semestre de esta gestión factores de la alianza de gobierno promovieron una ley que de ser dictada pudiera afectar el funcionamiento de muchas organizaciones sociales que recurren al financiamiento de fuentes externas para promover y realizar sus actividades 86. Según voceros oficiales el objetivo es controlar a las organizaciones no gubernamentales 87. El negativo precedente de imputar por delito de traición a la patria a directivos de la organización Súmate por haber recibido fondos del exterior y destinarlos a actividades lícitas 88, es un antecedente negativo ya que se pudieran entablar en el futuro procesos judiciales contra miembros de organizaciones no gubernamentales que reciban fondos de fuente internacional.

El nuevo gobierno que surja de la voluntad popular el 03.12.06 se encontrará un país con contradicciones y dificultades, pero también con oportunidades y posibilidades para profundizar la inclusión y la democracia sustantiva. El año 2006 termina con un crecimiento económico sostenido en los últimos 11 trimestres, hecho que no ocurría desde 1990. Las reservas internacionales sobrepasan los 30 mil millones de dólares americanos 89; muy probablemente se mantendrán en los próximos años los altos precios petroleros 90 y continuará una alta recaudación tributaria. Hay indicios de que el crecimiento económico se sostendrá por varios años. En contraste con esa situación, el país se encuentra más endeudado que hace 8 años 91, el gasto público crece a ritmo acelerado y persiste el déficit fiscal 92 y ascienden las importaciones de manufacturas y alimentos. Además, habrá que esperar los efectos de la integración al Mercosur 93. Por otra parte, la corrupción continúa desvíando recursos destinados a lo social y la ineficiencia de la gestión pública genera malestar, sobre todo en los sectores más pobres que empiezan a cansarse del incumplimiento de las promesas y cuestionan la falta de resultados 94. El nuevo gobierno tendrá que afrontar una inmensa presión popular y seguramente sean tiempos de mayores acciones de exigibilidad de derechos y tal vez de radicalización de conflictos.

En nuestra opinión, el próximo gobierno tendrá que trabajar en 5 ejes prioritarios para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, fortalecer la democracia, y afianzar la justicia social y la equidad:

1.-Combatir la pobreza con políticas integrales y sostenibles en el largo plazo.

La democratización de la riqueza tiene que ser la principal misión del futuro gobierno. Ello es el componente fundamental si se pretende consolidar un sistema democrático. Mientras millones de personas sigan excluidas de los beneficios de la riqueza nacional, el sistema democrático seguirá débil y con riesgos de debilitarse aún más. Las condiciones de pobreza en las que viven sectores importantes de la población constituye la mayor violación de sus derechos humanos. Atacar con celeridad, certeza y con políticas y programas sostenibles en el largo plazo las causas de esta pobreza, es la principal meta de los próximos años. Se debe avanzar igualmente en el cumplimiento de las metas del milenio.

Se requiere acabar con el desorden en las fuentes de financiamiento de las políticas y programas sociales95. Se debe mantener la alta inversión, pero canalizándola por la vía del presupuesto ordinario. Debe cesar la práctica de realizar la inversión social a través del presupuesto paralelo. Además de ser inconstitucional 96, favorece los manejos irregulares en la administración de los recursos públicos y dificulta las evaluaciones sobre los resultados y la contraloría social.

Deben evaluarse los programas sociales llamados misiones, potenciar lo positivo y corregir sus fallas, eliminar las que sean necesarias, y sobre todo integrarlas con metas de corto, mediano y largo plazo a la institucionalidad ordinaria. La producción de datos confiables, verificables y públicos es un imperativo para ejercer el derecho a la participación y a la contraloría social que garantizan la Constitución.

Urge construir un sólido sistema de seguridad social. Es una manera de mejorar la calidad de vida de un importante sector de la población. El Estado no puede seguir fortaleciendo las empresas privadas de seguros, mientras la institucionalidad de la seguridad social según mandato constitucional sigue sin construirse.

Se requiere fortalecer la institucionalidad estatal. Un Estado con tales características es fundamental para la garantía de la lucha contra la pobreza. Debe priorizarse la participación del Estado en aquellas áreas que directa o indirectamente favorezcan la satisfacción de los Desc.

Debe cesar el endeudamiento público y los dineros que hoy se destinan al pago de los intereses de la deuda deben invertirse en los programas sociales.

Hay que continuar y profundizar la reforma agraria, pero debe mejorarse. Además de entregar tierra al campesino, hay que titularizar su propiedad y se debe mejorar el financiamiento a través de créditos y hacer efectiva la asesoría técnica.

Sin dejar de promover y facilitar la organización de los ciudadanos en cooperativas, debe priorizarse la creación de fuentes de trabajo formal, reducir el empleo informal y llevar a bajos niveles el desempleo.
Finalmente, el gobierno debe controlar la inflación, y mantener la recuperación del salario.

Todas estas medidas desarrolladas de manera coherente pueden permitir a mediano plazo reducir de manera considerable los niveles de pobreza.

2.-Fortalecer la institucionalidad democrática garantizando una acción eficiente e independiente de los poderes constitucionales.

Se requiere dar muestras inequívocas de una real división de poderes que sin dejar de colaborar mutuamente entre sí, actúen con autonomía y sean capaces de establecer los contrapesos necesarios para una administración adecuada del Estado.

El Poder Ejecutivo en los próximos años debe reducir el excesivo protagonismo del presidencialismo ya que el mismo no resulta conveniente para una administración democrática de la institucionalidad del Estado.

De llegarse a dar un proceso de reforma a la Constitución se debe establecer expresamente el carácter no deliberante de la FAN y la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad civil y militar. Hay que reducir la incidencia del factor militar en la vida institucional del país.

Se debe exigir a los funcionarios que cumplan con el mandato constitucional de ser servidores públicos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y no de una corriente o partido político, y el Presidente de la República deber ser quien dé el ejemplo.

3.-Crear un clima apropiado para el diálogo, para administrar los conflictos de forma democrática y para construir consenso en torno a los problemas fundamentales del país y sus soluciones.

Hay que crear espacios y condiciones para la reconciliación del país. Sin dejar de reconocer las diferencias ni de saludar la sana confrontación, se deben crear espacios y mecanismos para dirimir los conflictos y viabilizar propuestas de manera democrática La mayoría del país quiere paz y reconciliación. Superar los graves problemas que aquejan hoy a la sociedad venezolana requiere de un esfuerzo colectivo y de consensos básicos. Quien dirija los destinos del país debe crear un clima que favorezca el diálogo entre los diversos actores, que se salude y se reconozca la diversidad y que sin aplastarla se construya un accionar común para el diseño y ejecución de políticas públicas.

Para que ese clima se logre hay que empezar por acabar con la discriminación política y dejar de ver al que piensa diferente como un enemigo a derrotar.

Se debe garantizar la libre expresión de las ideas y la libertad de asociación sin que ello signifique un riesgo para la continuidad laboral o para obtener un trámite en un órgano o ente público.

4.- Combatir la impunidad e implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

La impunidad es la principal aliada de las violaciones a los derechos humanos. Deben adoptarse medidas institucionales, presupuestarias y educativas para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar las que ocurren y sancionar a los responsables.

El desarrollo de políticas consistentes, coherentes e integrales por parte de los órganos y entes del Estado para prevenir las violaciones y crear condiciones para el ejercicio y satisfacción de los derechos humanos puede facilitarse si se elabora, con participación ciudadana un Plan Nacional de Derechos Humanos. Ello permitirá coordinar a los distintos órganos y entes del Estado, definir políticas integrales y establecer metas de corto, mediano y largo plazo que guíen la acción del Estado.

Debe continuar el proceso de reforma policial iniciado para lograr una profunda transformación de los cuerpos policiales. El futuro gobierno debe trazarse como una de sus metas esenciales la disminución del delito en el marco de una acción contundente e integral de seguridad ciudadana democrática y por lo tanto respetuosa de los derechos humanos.

5.-Crear condiciones y mecanismos para garantizar la participación de la población en los asuntos públicos; crear ciudadanía y garantizar el funcionamiento autónomo de las organizaciones sociales.

Se requiere recuperar la confianza de la población en el sistema electoral tanto para ejercer el derecho al voto como para los diferentes mecanismos referendarios previstos en la Constitución.

Debe mejorarse el acceso a la información pública y las estadísticas del país. Garantizar de diversas maneras el ejercicio de la contraloría social sobre la gestión pública.

Cesar toda intervención del Estado en las organizaciones sindicales, comunales, ONG, abstenerse de crear obstáculos para su funcionamiento y crear espacios para que desde sus intereses y necesidades presenten sus propuestas y exigencias. Garantizar un trato no discriminatorio para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran, en el marco de la ley, establecer formas organizativas que consideren más adecuadas y cesar toda coacción que obligue a las personas a participar a favor o en contra de un determinado factor político.

Quien gobierne en los próximos seis años tiene el reto de construir una democracia con justicia social, con instituciones sólidas y eficientes, con menos pobres, con ciudadanos más concientes de sus derechos y con una significativa disminución de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, así como crear condiciones adecuadas para el ejercicio y disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación.

Estas u otras políticas y medidas permitirán producir transformaciones estructurales en el país para el bien de todos, principalmente de los sectores históricamente excluidos.

  1. Chávez fue electo presidente el 06.12.98 con el 56,20 % de los votos para un período de 5 años y asumió la presidencia el 02.02.99. Al realizarse el proceso constituyente en 1999 se acordó que debían relegitimarse todos los poderes, incluyendo el Poder Ejecutivo. El 30.07.00 se convocó a una nueva elección presidencial ganando Chávez con el 59,5% de los votos, pero esta vez para un período de 6 años de acuerdo con la nueva Constitución.
  2. Entrevista realizada por Boris Muñoz a Margarita López Maya: Aquí no hemos superado el discurso ramplón. El Nacional. Siete Días. 29.01.06, pág. D-6.
  3. Cabe destacar que algunas políticas y proyectos del gobierno son claramente neoliberales. Tal es el caso de los megaproyectos de explotación gasífera, petrolera y minera en territorios indígenas o el mantenimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es un impuesto regresivo que afecta a los sectores más pobres.
  4. Se fortaleció la participación del sector público en la economía del país y en el área social, sin embargo, se excedió al intervenir en áreas no esenciales de la economía y querer ejercer control sobre las organizaciones sociales.
  5. Según el presidente Chávez el contenido de ese socialismo está por construirse; es una idea y debe irse perfilando en la teoría y en la práctica.
  6. Provea recibió denuncias de empleados públicos que fueron obligados participar en actos y movilizaciones a favor del gobierno a riesgo de ser despedidos. Ver anexo: Participación obligatoria en “Alo Presidente”.
  7. El Nacional, 21.04.02, pág. H-1.
  8. Ello no incluye a toda la oposición política, sino a la alta dirigencia empresarial y a la dirección política de Acción Democrática y COPEI.
  9. Uno de los casos más resaltante fue el cuestionamiento abierto a las programas sociales del gobierno denominados misiones y particularmente al programa de salud “Barrio Adentro”. Con el pasar de los años algunos sectores de la oposición rectificaron y valoraron de manera positiva las misiones.
  10. Principalmente durante los años 2002 y 2003 se recurrió a la convocatoria de la población a la calle u a otro tipo de acciones para respaldar al gobierno o para cuestionarlo.
  11. El fraude electoral fue una denuncia permanente de los sectores que adversaron a Chávez, denuncia que se realizó con mayor intensidad con relación al referéndum revocatorio que se produjo en el 2004.
  12. LANDER, Edgardo: El Diálogo después del golpe. Question. Caracas, agosto 2002, pág. 5.
  13. La Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en una inusual alianza y con el respaldo de la cúpula de la iglesia católica, habían previamente convocado a un paro nacional y a la toma de la calle logrando movilizar a miles de personas en todo el país exigiendo que el Presidente Chávez abandonara el poder.
  14. El Decreto Nº 1 de Pedro Carmona Estanga, contenía entre otros aspectos lo siguiente: En su Artículo 3, “suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional ”; el 7 le otorga al “Presidente de la República en Consejo de Ministros” la potestad de “renovar y designar transitoriamente a los titulares de los poderes públicos, nacionales, estadales y municipales”; el 8 destituye de sus cargos “al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral” y otorga al “Presidente de la República en Consejo de Ministros previa consulta con el Consejo Consultivo” la potestad de designar “a los ciudadanos que ejercerán transitoriamente esos poderes públicos”; el 10 señala que “se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática”.
  15. PROVEA: Mitos que obstaculizan el diálogo y la profundización de los cambios democráticos. 27.02.02. www.derechos.org.ve.
  16. La madrugada del 14.04.02 el Presidente Chávez retomó el poder. Durante los días 12 y 13, miles de personas en todo el país, principalmente de los sectores más pobres de la población, protestaron en la calle al gobierno de facto y exigieron el regreso de Hugo Chávez a la Presidencia.
  17. Desde octubre del 2001 hasta septiembre de 2004 Provea había contabilizado la muerte de 107 personas en hechos vinculados a la confrontación política.
  18. El Nacional
  19. Modalidad de protesta impulsada por la oposición que consistía en cerrar calles y avenidas en sectores urbanos para impedir el tránsito y la movilidad de personas. Muchas de las “guarimbas” degeneraron en acciones violentas donde fallecieron varias personas, otras resultaron heridas por civiles que hicieron uso de armas de fuego o por cuerpos armados del Estado.
  20. Provea pudo constatar que en el sector privado y en órganos y entes del Estado controlados por factores políticos de la oposición se produjeron también despidos de simpatizantes del gobierno.
  21. El diputado Luis Tascón publicó en una página web la identificación de las personaron que firmaron en contra de la ratificación de Chávez en el poder y a partir de ese momento se produjeron miles de despidos en el sector públicos de presuntos simpatizantes de la oposición.
  22. Para el momento de redactar este informe en Ministro de Energía y Minas Rafael Ramírez en una intervención pública afirmó: “¿que pasa aquí? ¿es que aquí se volvieron locos, es que es verdad entonces que tenemos infiltraciones de los escuálidos, de los enemigos de esta revolución , a nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros sacamos de esta empresa a diecinueve mil quinientos enemigos de este país y estamos dispuestos a seguirlo haciendo”. Globovisión: Transcripción del discurso del Ministro Rafael Ramírez. http://www.globovisión.com/print.php?nid=417308origen=1.
  23. Al respecto, Cesar Gaviria, para entonces secretario general de la OEA, señaló en su informe a la Asamblea de esa organización que: “…la actitud de la oposición, de no abrir siquiera un pequeño espacio para reconocer el triunfo del presidente Chávez, la ha colocado en una situación compleja frente a la comunidad Internacional que no alcanza a comprender como el referendo no contribuyó más a resolver la conflictividad política y, hasta donde hemos podido observar, no entiende sus razones para desconocer el resultado”. PROVEA: Informe Anual octubre 2003-septiembre 2004. .
  24. En el marco del proceso eleccionario del 03.12.06, tanto Hugo Chávez como el principal candidato de la oposición Manuel Rosales, destacaron en su campaña los temas relacionados con el combate a la pobreza.
  25. PROVEA: Sí o no. Pistas para un voto razonado. 1999 http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/1999.
  26. Esa excesiva intervención de lo militar en los asuntos públicos fue, entre otras, una de las condiciones favorables para que ocurriera el Golpe de Estado de 2002.
  27. José Luis Carrillo: La única guerra posible será contra la invasión de EEUU. Últimas Noticias, 11.01.06, pág.14.
  28. Elizabeth Núñez: Venezuela gastó en el 2005 más de 4 billones en equipos militares. El Nacional, 02.01.06, pág. A-2.
  29. Cenovia Casas: Frente Francisco de Miranda recibirá fusiles Kalashnikov. El Nacional, 01.07.06, pág. A-4. Laura Weffer: Chávez: Cada núcleo endógeno debe convenirse en una unidad militar. El Nacional, 18.01.06, pág. A-2.
  30. William E. Izarra: Comandos Populares. Panorama, 20.02.06, pág. 1-4.
  31. No hay ninguna norma que diga que un militar debe ser Ministro de la Defensa. Es una costumbre institucional que se rompió transitoriamente en el 2001 cuando el Presidente Chávez nombró al abogado y periodista José Vicente Rangel en ese cargo. Los posteriores ministros de la defensa fueron militares.
  32. La Plataforma política que se núcleo en torno a la candidatura de Hugo Chávez se denominó Polo Patriótico y fue integrado, entre otros partidos, por el Movimiento V República, el Partido Patria para Todos, el Movimiento Al Socialismo y el Partido Comunista.
  33. Una buena parte de los dirigentes que ocupan altos cargos en el gobierno fueron víctimas de violaciones a sus derechos y otros se destacaron por su permanente denuncia, como es el caso del Vicepresidente de la República José Vicente Rangel o del Ministro del Trabajo Ricardo Dorado.
  34. POLO PATRIOTICO: Propuesta constitucional http://www.analitica.com/constituyente/civil/polo.asp#Presentación.
  35. El proyecto de Constitución que surgió fue sometido a un referéndum el 15.12.99. Un total de 3.301.475 electores se pronunciaron a favor del texto y 1.298.105 votaron en contra.
  36. En su programa Aló Presidente Nº 158 del 03.08.03 el Presidente Chávez reafirmó: “La Asamblea Constituyente fue sólo una etapa para transitar nuevos caminos, ahora el reto más grande que tenemos nosotros y lo he dicho hermanos y hermanas y en eso se nos irá toda la vida, es hacer realidad los postulados, más que los postulados el proyecto nacional que está aquí recogido, aquí hay un proyecto político, aquí hay un proyecto económico, hay un proyecto social, un proyecto cultural, un proyecto endógeno, un proyecto incluso con ramificaciones internacionales, es el proyecto nacional que lleva el nombre de Simón Bolívar y por eso la República Bolivariana de Venezuela…”.
  37. Provea resumió los avances en los siguientes términos: “ esta Constitución plasma de un modo realmente progresivo y vanguardista los ddhh, pero la arquitectura de poder (también plasmada en la Constitución) supone un riesgo potencial para la concreción de los mismos”. Las organizaciones de ddhh logramos avances sustantivos en la materia. Algunos de ellos son: 1) constitucionalización de los tratados sobre ddhh; 2) exclusión de la justicia militar (histórica fuente de impunidad) para juzgar delitos de ddhh; 3) imprescriptibilidad de los delitos graves de violación a los ddhh; 4) prohibición del indulto o la amnistía a personas que hubieran violado los ddhh; 5) obligación estatal de investigar y sancionar los delitos de ddhh; 6) reconocimiento de la legitimidad de denunciar al Estado ante instancias internacionales de ddhh y obligación del Estado de darle cumplimiento a las decisiones de esas instancias; 7) obligación del Estado de reparar los daños causados a las víctimas de violaciones a los ddhh; 8) prohibición expresa de la desaparición forzada de personas; 9) progresividad en materia de derechos sociales; 10) reconocimiento de los derechos originarios de los pueblos indígenas; 11) reconocimiento de nuevos derechos (como el ambiente sano, los derechos de las personas con necesidades especiales, entre otros); 12) reconocimiento de los derechos o intereses colectivos y difusos; 13) reconocimiento de la posibilidad de un servicio social distinto al militar; 14) creación de una Sala Constitucional en el máximo tribunal; 15) creación del Defensor del Pueblo (figura conocida también como defensor de los ddhh); 16) creación del Comité de Postulaciones Judiciales; 17) excelente regulación de los Estados de Excepción; y 18) inclusión de temas fundamentales de ddhh en las disposiciones transitorias.
  38. El 02.02.99 se produjo el acto de transmisión de cargo. Rafael Caldera culminaba así su segundo mandato presidencial y Chávez iniciaba su primera gestión.
  39. CHAVEZ FRIAS, Hugo Rafael: La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, Mímeo. Caracas, Octubre 1998. Pág. 15.
  40. Ídem.
  41. En materia del derecho a la educación por ejemplo, se proponía eliminar la educación gratuita en el sector universitario. En cuanto a la seguridad social, las políticas se perfilaban a desmantelar el seguro social y en el sector salud, a promover las empresas privadas de servicios de salud y la formalización del cobro en los hospitales públicos.
  42. En el sector vivienda por ejemplo se promulgaron tres leyes con un adecuado contenido en materia del derecho humano a la vivienda: La ley del Subsistema de Vivienda y Hábitat, la Ley de Titularidad de Tierra Urbana y la Ley de Protección al Deudor Hipotecario.
  43. Cálculos propios con datos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación de los años correspondientes y de población según el Instituto Nacional de Estadísticas.
  44. Los objetivos, alcances cuantitativos, así como las dificultades y debilidades de cada una de ellas se analizaron en los respectivos informes anuales de estos años y también en el presente.
  45. Según cifras oficiales, en 1998 la inversión en educación era equivalente al 3,4 % del Producto Interno Bruto y en 2005 era 4,2 del PIB. http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores.
  46. El balance oficial hasta marzo de 2006, señala que Barrio Adentro I mantiene presencia en todo el territorio nacional, en unas entidades federales más que en otras, con una cobertura de 17 millones de habitantes, en tanto que el sistema de salud tradicional mantiene una cobertura de 3,5 millones de personas. En: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y MINISTERIO DE SALUD: Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Venezuela 2006-2008. Caracas, junio 2006. Pág. 52
  47. Según el Viceministro de Finanzas Eudomar Tovar desde 2003 el gobierno ha destinado 25,8 billones de bolívares
  48. Algunas de estas misiones incluyen una beca o pago a quienes participan en ella. Por esta vía personas sin empleo obtienen algunos ingresos y personas con empleo incrementan los propios. Raquel Barreiro: Pobres recuperan poder adquisitivo. El Universal, 08.09.06. http://economia.eluniversal.com/2006/09/08/eco_art_08201A.shtml.
  49. Raquel Barreiro: 56% de la población satisfecha con su situación de bienestar. El Universal, 23.08.06, pág. 2-5.
  50. Según el Instituto Nacional de Estadísticas para el segundo semestre de 2005 la pobreza era de 39,7% y la pobreza extrema de 15,3%, es decir más de 4 millones de personas viven en extrema pobreza. En 1999 era de 42.8% la pobreza y la pobreza extrema era 16.9%. http://www.ine.gov.ve/indicadores sociales.
  51. Aún cuando se aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, todavía no se ha logrado implementar el sistema de seguridad social creado por la misma, con lo cual la mayoría de la población está excluida de los beneficios que el sistema brinda a los trabajadores cotizantes.
  52. En cuanto a la construcción de nuevas viviendas la gestión de gobierno ha sido negativa y en siete años construyó menos del 50% de las metas establecidas. De 1999 a 2005 el gobierno sólo construyó 110.000 viviendas. El Presidente Chávez se comprometió en el 2005 a construir 120.000 viviendas y sólo se construyó el 13% de esa meta.
  53. Entre ellos destacan: 1. Los planes de explotación petrolera y gasífera del Delta del Orinoco y de la Costa de Paria en el Edo. Sucre; el proyecto del Gasoducto al Sur (Venezuela-Brasil -Argentina); el proyecto del gasoducto transguajiro entre Colombia y Venezuela; la exploración de gas en el Edo. Falcón con el Proyecto Rafael Urdaneta, y la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco; todo esto como parte de la política impulsada por el gobierno, de convertir a Venezuela en la mayor potencia energética del planeta; 2. Los planes mineros, entre los que encontramos la apertura minera de oro y diamante en la Reserva Forestal de Imataca; el crecimiento acelerado de la explotación minera ilegal en la Cuenca Alta del Río Carona y la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, a contrapelo de la perseverante posición asumida en contra de esta actividad por parte de los indígenas afectados. 3. La explotación forestal en las reservas forestales y las plantaciones de monocultivos de pinos, melinas y eucaliptos en extensas áreas del territorio, principalmente en los estados Anzoátegui y Monagas.
  54. Durante cinco años consecutivos la Organización Internacional del Trabajo ha llamado la atención al Estado venezolano por su injerencia en los asuntos sindicales.
  55. De los 7 años de gestión, durante cinco hubo altos ingresos petroleros, que le permitieron pasar de un gasto público de 15 billones de bolívares en el 2003 a un gasto de más de 100 billones en el 2006.
  56. En el sector vivienda, por ejemplo, para el año 2003, el Inavi, quien resultó el ente con mayor número de viviendas programadas entre los organismos nacionales, presentó el nivel de ejecución física menor (sólo 13%). Por su parte, los entes regionales, cuya asignación varía en función de los proyectos que presentan ante el Conavi, ejecutaron el 14% de las viviendas programadas. Ver PROVEA: Trabajo Especial: Derecho a la vivienda y hábitat dignos en Venezuela. Balance 1999-2005. Informe Anual octubre 2004-septiembre 2005. Caracas 2005.
  57. Ver PROVEA: Informe anual 1999-2000. Caracas, noviembre 2000. Capítulo Contexto.
  58. Según cálculos propios a partir de la base de datos de Provea en los siete años se produjeron 10.558 protestas y ha sido bajo el porcentaje de movilizaciones reprimidas.
  59. Tales como cooperativas, comités de tierra, mesas técnicas de agua, círculos bolivarianos, entre otras.
  60. El 21.07.00, ya Provea advertía al gobierno y a la sociedad el incremento alarmante de violaciones al derecho a la vida. http;//www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_de prensa.
  61. En los gobiernos anteriores el número de violaciones al derecho a la vida fue también alto. Entre 1989 y 1997 el promedio anual de violaciones fue de 140 casos http://www.derechos.org.ve/comunicados/notas_prensa.21.07.00.
  62. Algunos militares opuestos al gobierno fueron juzgados y condenados por distintas causas, se abrieron procesos judiciales contra varios civiles presuntamente involucrados en el Golpe de Estado y algunos luchadores sociales fueron encarcelados luego de realizar acciones de exigibilidad de derechos.
  63. Los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, nunca reconocieron como presos políticos a los opositores y dirigentes sociales encarcelados que eran calificados de “guerrilleros” o “comunistas”.
  64. El 08.05.86 durante el gobierno de Jaime Lusinchi fueron asesinadas 9 personas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en la población de Yumare, Distrito Bolívar, Edo. Yaracuy.
  65. El 29.10.88, durante el gobierno de Jaime Lusinchi 14 pescadores fueron asesinados en el Edo. Apure por la acción de funcionarios militares y policiales que integraban el Comando Específico José Antonio Páez
  66. El 04.10.92 durante el gobierno de Luís Herrera fuerzas militares y policiales atacaron a un grupo de guerrilleros de la organización Bandera Roja, dando muerte a 23 personas, la mayoría de ellas después de haber sido capturadas vivas.
  67. Ocho personas fueron asesinados el 20.07.06, cerca de la población de la Victoria, Edo. Apure entre ellos dos adolescentes. Un soldado asumió la responsabilidad de los hechos y acusó a 10 efectivos más de haber participado en ese asesinato colectivo.
  68. 10 personas dedicadas a actividades mineras murieron el 22.09.06 como consecuencia de la presunta actuación de efectivos del ejército adscritos al Teatro de Operaciones Nº 5.
  69. El 27.06.05 tres estudiantes universitarios luego de haber sido detenidos vivos, fueron asesinados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar y de la Policía de Caracas. Un año después, los funcionarios fueron sentenciados a penas entre 10 y 30 años.
  70. En junio de 2005, 11 personas fueron asesinadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en una misma vivienda, ubicada en la calle Páez en Barcelona, Edo. Anzoátegui luego de haber sido detenidas vivas.
  71. Vicepresidente: Es necesario darle una paliza al pasado, a la derecha y al imperialismo el 3D. http://www.vicepresidencia.gov.ve.
  72. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. Octubre 2004-septiembre 2005. Caracas 2005. Pág. 295.
  73. Durante la tragedia natural ocurrida en el Edo. Vargas en diciembre de 1999 se desplegaron funcionarios policiales y militares en la zona quienes procedieron a detener a 4 personas de quienes nunca más se supo el paradero. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos el caso fue presentado en las instancias interamericanas de protección de los derechos humanos
  74. Según una encuesta realizada en agosto de 2006 por la empresa Hinterlaces 74% de la población opinaba que la corrupción policial había aumentado y 71% desaprobaba la labor de la policía.
  75. Los homicidios en el país tuvieron una línea de ascenso desde el 2000 pasando de 8022 a 11.136 en el 2004.
  76. Según una encuesta realizada en agosto de 2006 por la empresa Hinterlaces 85% de la población opinaba que el principal problema del país era la inseguridad
  77. El más importante se produjo con la reforma del proceso laboral que permitió celeridad en la solución de las controversias y mayor transparencia en los procesos.
  78. Dirigentes o simpatizantes políticos de la alianza gubernamental, se convirtieron de un momento a otros en jueces “independientes”. El caso más resaltante es el de Luis Velásquez Alvaray quien pasó en pocos meses de ser dirigente del Movimiento V República a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  79. La organización Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) se vio obligada a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de las reiteradas amenazas recibidas por presuntos simpatizantes del gobierno.
  80. Una excepción la constituyó la investigación que inició el Ministerio Público contra el abogado Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien se le pretendió vincular con el Golpe de Estado de 2002.
  81. Joe Castillo fue asesinado el 27.08.03 en la Urbanización Tinaquillo de Machiques (Edo. Zulia).
  82. Durante el último año de gestión se produjo un atentado contra la activista María del Rosario Guerrero Galucci siendo presuntamente autor intelectual el gobernador del Edo. Guárico Eduardo Mannuit. También el activista Humberto Prado fue atacado de manera pública por la dirigente de la alianza gobernante Lina Ron; la activista Sara Mier recibió amenazas en el Edo. Aragua y contra el activista Rafael Escobar se inició un juicio por solicitar la investigación de una desaparición forzada.
  83. Cuando se inició el gobierno del presidente Chávez ningún activista de derechos humanos se había visto obligado a solicitar medidas de protección en instancias internacionales. En 7 años, 8 activistas de derechos humanos tuvieron que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  84. Ver al final de este Informe Anexo: “Personas afectadas por restricciones legales al derecho a manifestar”.
  85. Paradójicamente buena parte de estos líderes y luchadores sociales procesados en tribunales se identifican con el proceso político que dirige el Presidente Chávez.
  86. Según el proyecto de ley las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para poder actuar tendrán que registrarse nuevamente ante un organismo dependiente del Ejecutivo y deberán exponer sus fuentes de financiamiento e informar sobre las actividades que realizan.
  87. Pedro Pablo Peñaloza: Claro que controlaremos a las ONG. El universal, 14.06.06, pág.1-5
  88. Vanesa Gómez Quiroz: Súmate: enfrentamos un proceso político. El Nacional, 08.02.06, pág. A-2.
  89. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Reservas. http://www.bcv.gov.ve.
  90. El promedio de los precios del petróleo durante el 2005 fue de 53,52 dólares por barril.
  91. Según cifras del Ministerio de Fianzas, a marzo de 2006 la deuda pública externa era de 31.063 millones de dólares.
  92. Mayela Armas: Las arcas del fisco están rebosantes de ingresos. El Universal, 16.04.06, pág.2-1.
  93. Algunos sectores económicos han expresado que el ingreso al Mercosur pudiera perjudicar a sectores importantes de la economía. Otros, por el contrario, han manifestado que se abre una oportunidad para crecer en lo económico y lo social.
  94. El propio Presidente Chávez en su programa Alo Presidente Nº 246 reconoció la ineficiencia de funcionarios de gobierno y la existencia de hechos de corrupción y llamó a combatir “esos mecanismos perversos de la administración”. http://www.alopresidente.com.ve.
  95. Además del presupuesto ordinario el gobierno asumió la práctica de ejecutar una parte del gasto social a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social; el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Fondo de Desarrollo Nacional y otras fuentes de financiamiento.
  96. El artículo 314 de la Constitución establece; “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es el resumen de un análisis sobre la situación de derechos humanos que Provea presenta en esta 18ª edición de su Informe anual.

Para evaluar la situación de los derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos es imprescindible no solamente describir las violaciones a estos derechos sufridas por personas o sectores de la población, sino también analizar las acciones emprendidas por el Estado. La pretensión no se limita a una recopilación de violaciones ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las faltas por parte del Estado venezolano. Si bien se toman en cuenta estos aspectos, también se presentan los resultados del análisis de las políticas implementadas por las autoridades, con la intención de señalar los errores o aciertos en la responsabilidad estatal en la materia, derivada de las disposiciones contempladas en los diferentes tratados y convenios de derechos humanos y en el derecho interno venezolano.

Las fuentes para este análisis fueron, en parte, testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios, así como el seguimiento, monitoreo y estudios profundizados de estadísticas y medidas estatales efectuado por investigadores especializados en su área.

Al igual que en años anteriores, también en este aspiramos con esta tarea a contribuir a alimentar el debate sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.

En relación con el derecho a la alimentación se reflejaron pocos cambios respecto al lapso anterior. Los datos oficiales disponibles indicaron que hubo un leve descenso de los índices de desnutrición, especialmente en la población infantil. Sin embargo, estos índices no equivalen a una mejoría clara; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sigue ubicando a Venezuela entre los países con el peor desempeño en materia de desnutrición en América Latina con un porcentaje de 18% de personas desnutridas equivalente a 4.700.000 personas, estando muy encima del promedio que existe en América Latina y el Caribe.

Entre 2004 y 2005, los indicadores oficiales de desnutrición en niños menores de 5 años se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,19% a 4,64%, la desnutrición crónica de 12,52% a 11,77%, la desnutrición aguda de 4,05% a 3,77% y el sobrepeso de 3,11% a 3,31%; a excepción de la desnutrición crónica, estas cifra no demuestran un cambio sustancial con relación a lo existente en 1999.

Se mantuvieron las denuncias sobre niños y niñas fallecidos a consecuencia de la desnutrición, particularmente en poblaciones indígenas, aunque la mortalidad por desnutrición mejoró levemente respecto al año 2003: en el grupo de menores de 1 año, de 448 muertes en 2003 pasó a 279 en 2004 y en el grupo entre 1 y 4 años, de 359 muertes en 2003 a 220 en 2004. Cabe señalar que no se pudo acceder a indicadores tradicionales tales como el bajo peso al nacer y los índices de anemia.
En 2005, tanto fuentes públicas como privadas coinciden en el aumento del consumo de proteínas por parte de la población. También reconocen que los venezolanos consumen en general más alimentos (crecimiento del 9%), en parte atribuible a la cobertura del costo de la canasta básica posibilitado por los aumentos del salario mínimo, que mejoró la capacidad adquisitiva, especialmente del sector social perteneciente al estrato E.

Continúa siendo tema de preocupación el crecimiento real de la producción nacional de alimentos, lo que afecta la seguridad alimentaria del país. La producción nacional presentó un comportamiento irregular, creciendo en algunos rubros (raíces y tubérculos, hortalizas etc.) y bajando en otros (cereales, pesquero, sorgo, arroz, etc.). La continua escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se incrementaron en un 31,10% al pasar de 486 millones de dólares a 638 millones.

En torno al derecho al ambiente sano, en el período analizado, siguen siendo muchas las demandas por satisfacer. Los indicadores de la calidad de los distintos medios (aire, agua, suelo) no han registrado mejoras sustanciales.

En materia legislativa se han adelantado discusiones en la AN acerca de la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente pero se desestimaron las observaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, se postergó la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.

Se considera positiva la Misión Árbol como un plan establecido para luchar contra la deforestación (140.000 ha. anualmente) producida por la ampliación de la frontera agrícola y los incendios, así como por la falta de control ambiental.

Se incrementó la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento de agua, por lo que el Ministerio del Ambiente destinó el 40% de su presupuesto a la ejecución de obras. Sin embargo, ello no impidió nuevamente el incremento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acúatica (lemna) que llegó a cubrir el 20% de la superficie del Lago de Maracaibo, en el Edo. Zulia y la reaparición de la bora en el embalse de La Mariposa, en el Edo. Miranda. Igualmente se registraron muchas denuncias sobre derrames petroleros y sobre contaminación de agua por falta de tratamiento, lo que vuelve a reiterar la necesidad de establecer un plan nacional de inversión para la recuperación y protección integral de los cuerpos de agua más emblemáticos.

Como en años anteriores, siguen siendo temas de preocupación la contaminación atmosférica generada por proyectos energéticos que provocaron lluvias ácidas que acabaron con sembradíos, al igual que el poco mantenimiento del parque automotor, especialmente en las grandes ciudades y la deficiente supervisión de las autoridades sobre este aspecto. El problema de la basura, en particular en la región metropolitana de Caracas, y la prestación del servicio de recolección se agravaron. Persistió el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por el uso de plaguicidas y/o agroquímicos, en particular en la región de los Andes y de los Llanos. Los Parques Nacionales siguieron presentando problemas de control y monitoreo.

Finalmente, destaca también como negativa la limitación que tienen las comunidades para proteger sus derechos ambientales debido a la falta de un plan de controlaría social y de fortalecimiento de organizaciones de base como las Mesas Técnicas de Agua.

Con respecto al derecho a la educación, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementaron en 3 % con respecto al lapso anterior, correspondiente a 727 nuevos planteles. A pesar de este avance sigue registrándose falta de escuelas o secciones, principalmente en el nivel preescolar, en determinadas zonas del país o para ciertos grupos poblacionales discriminados.

También hubo aumento en los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas. No obstante, persiste el déficit en la modalidad de educación especial, reconocido por las mismas autoridades.

En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, creció en 4,1% el gasto público real en educación por habitante con respecto al 2004, muy por debajo del incremento del 31,1% que había tenido en ese período con respecto al 2003; descendió el gasto público en educación como porcentaje del PIB, para ubicarse en 4,2%, mientras que en 2004 fue de 5,3%; también descendió el gasto público en educación como porcentaje del gasto social a 38,3 %, siendo 43,3% en el lapso anterior y el gasto público real en educación creció solo 7,5%, muy por debajo del 33,4% del lapso anterior.

El nivel de preescolar tuvo, por segundo año consecutivo, un incremento de 7,5% en su matrícula, lo cual es considerado positivo dado que se superan las Metas del Milenio (crecimiento interanual de 5%). Sin embargo, según cálculos de estimación, alrededor de 600.000 niños y niñas en edades entre 3 y 5 años están todavía afuera de las aulas.

El nivel de educación básica también creció en términos globales (0,8%) pero a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (1%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II etapa (1° a 6° grado) no logra superar la cifra del período 2001-2002. El nivel de educación media nuevamente observa un incremento importante (9,1%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que el nivel de exclusión sigue siendo alto, con aproximadamente 1.100.000 alumnos de estas edades que estarían desescolarizados.

Los sectores populares continúan siendo la población con menos acceso a la educación superior, según demuestran varias investigaciones. De 500.000 bachilleres que presentaron la Prueba de Aptitud Académica, solo 230.000 entrarán en educación superior. Por otra parte, al igual que años anteriores, se mantuvo la no-discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,6 varones por cada 100 mujeres.

Los porcentajes de repitencia continuaron su tendencia a la disminución. El global descendió de 8,1% a 7,6%. El del 1° grado pasó de 11,9% a 11,1% y el de 7° grado de 13,3% a 12,5%. Cabe señalar que el global y los del 7° grado son los más bajos de la década. En relación con ese tema, el Ministerio de Educación y Deportes (MED), derogó una norma que permitía reparar materias solo a los bachilleres que tenían 50% de las materias aprobadas. Sin embargo, esta nueva disposición no fue comunicada a tiempo a los planteles para ser aplicada este año.

En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró desde una prosecución de 44% para el período 1999-2000 a una prosecución de 61% en el período 2003-2004. Esto significa que actualmente culminan el noveno grado 61 alumnos de los que ingresaron a primero. Destacamos como positivo que para el 28.10.05, 1.485.543 adultos aprendieron a leer y escribir a través de la campaña Misión Robinson I de los cuales 1.452.542 están cursando la Misión Robinson II destinada a que esta población concluya su educación básica.

En relación con los derechos laborales, durante el período 2005-2006, continuó la tendencia a la disminución del desempleo. Para julio del 2005, la tasa de desempleo se ubicaba en 12,6% mientras que en el mismo periodo en 2006 era de 9,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 66% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.280.195 personas, lo cual corresponde a un leve aumento de 0,2%.

La economía informal (46,5% en julio 2006 en contraposición con 47,3% en julio 2005) viene, por tercer año consecutivo, cediendo terreno a la economía formal (53,5% en julio 2006 y 52,7%). Parte del retroceso observado desde 2005 se debe a un cambio en el método de cálculo, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye en su cálculo del sector formal a las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados.

Estos avances no corresponden en gran parte al disfrute de un empleo decente. Fuentes privadas estiman que el desempleo abierto se estima en 70% de la población; según fuentes oficiales, el 43% de los trabajadores percibían remuneraciones inferiores al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó en dos oportunidades un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 7% el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN).

Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 61,8% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres que buscan trabajo, 4 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres en iguales circunstancias, lo están 7.
Destaca como medida positiva la implantación de la solvencia laboral implementada por decreto del Ejecutivo Nacional del 02.02.06. La misma es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno nacional extendió por 9ª y 10ª vez la inamovilidad laboral hasta el 31.03.07, ofreciendo mayores garantías jurídicas para defender el derecho al empleo.

Durante el período analizado, se intensificaron los conflictos laborales principalmente relacionados con el otorgamiento de puestos de empleo en el sector petrolero y en las industrias básicas. Las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleos en esas industrias cobraron hasta diciembre 2005 la vida de al menos 45 personas, lo que da cuenta de la desesperación de amplios sectores para obtener un empleo y la falta de transparencia en la adjudicación de los mismos.

En relación con la libertad sindical, se observaron algunas medidas declarativas positivas por parte del Estado sobre el tema de la interferencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, siendo esto considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una violación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical. Estas fueron las declaraciones del Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Director General del Minfra admitiendo la legitimidad de la organización de las elecciones sindicales sin la supervisión del CNE. Sin embargo, no se produjo hasta la fecha del cierre de este Informe ningún pronunciamiento judicial sobre ese tópico. En los hechos, se manifestó una injerencia indebida del CNE, la cual tuvo una repercusión negativa en la celebración de algunos convenios colectivos, especialmente con organizaciones sindicales no alineadas con el gobierno. A pesar del incremento del registro de sindicatos, se produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales quienes tuvieron poca participación e impacto en el diseño de políticas asociadas al mundo laboral. El debate sobre el diálogo tripartito se ha trasladado a los espacios de la OIT, la cual a través del Comité de la Libertad Sindical, exhortó al Estado a reanudar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales más representativas en los distintos sectores.

Se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar y mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo, aunque se registraron accidentes laborales en el sector petrolero que no han sido debidamente investigados. En lo referente al trabajo infantil, no se han registrado avances significativos.

La diferencia entre el discurso y la realidad continuó caracterizando la actuación de las autoridades en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Poco fueron los impactos positivos, salvo algunas excepciones. El 08.12.05, el gobierno aprobó la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas (LOPCI) que establece las normas para la demarcación del hábitat y de las tierras indígenas, pero el retraso en esta demarcación persistió y tuvo que ser paralizada a raíz de una petición de los mismos indígenas para revisar algunas de estas normas. El Estado permanece ineficiente en la resolución de conflictos entre indígenas y pisatarios, o entre indígenas y ganaderos y persiste el otorgamiento de concesiones mineras, forestales o petroleras en territorios indígenas que ponen en peligro su supervivencia, así como los anuncios de planes que afectarán territorios indígenas sin la debida consulta con estos pueblos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó que alrededor de 90% de la población indígena en Venezuela vive en condiciones de pobreza, víctima de la ausencia de servicios básicos. Esta situación se agravó con el resurgimiento de enfermedades como la malaria, tuberculosis, hepatitis B, diarrea y cólera así como desnutrición infantil.

El traslado de la Misión Guaicaipuro en noviembre 2005 al Minpades, así como la cantidad de instituciones creadas desde hace 7 años para encargarse de los derechos de estos pueblos, impiden predecir o evaluar con eficiencia la articulación de políticas en materia de salud y educación.

Resalta como positivo el impulso desde la Oficina de Salud Indígena de Minsalud, la creación de oficinas en los principales hospitales del país de los estados con población indígenas, así como la implementación de las misiones Selva Adentro, Caño Adentro, Sabana Adentro y Laguna Adentro, pero continúa la necesidad de implementar políticas para impedir la desaparición de los idiomas ancestrales, a pesar de que se adelantan algunos programas y una serie de actividades para fortalecer la educación indígena. Al menos 4 indígenas murieron ejecutados por militares en un operativo del Teatro de Operación N°5 destinado a poner fin a las actividades de los mineros en la zona de La Paragua, en el Edo. Bolívar. Las comunidades indígenas denuncian la actuación de los efectivos del TO N°5 pues además de los atropellos en su contra no responden a las denuncias de daños ambientales que afectan sus territorios.

La situación del derecho a la salud no mostró variaciones relevantes salvo la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia de salud y especialmente del servicio de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro.

El Ministerio de Salud y de Desarrollo Social (MSDS) nuevamente efectuó cambios en su organigrama por lo que se conformó el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), revelándose falta de claridad política en torno al modelo de gestión del Sistema Público Nacional de Salud (SNPS). Cabe señalar que la inversión pública en salud como porcentaje del PIB creció levemente pero disminuyó el porcentaje de ella en relación con el gasto público social pasando de 13,3% a 12,8%. En cuanto al presupuesto del MINSA en relación al presupuesto nacional, se confirmó la tendencia al descenso observada desde 2000 para ubicarse a su nivel más bajo con 5,07% en los últimos 7 años. A esta negativa tendencia debe sumarse la disparidad de la distribución de los recursos existentes entre las entidades federales.

En el ámbito legislativo preocupa la mora de 6 años en la aprobación de la Ley Orgánica de Salud así como la variedad de proyectos que se intentó aprobar, todos elaborados con poca consulta social.

Como se viene señalando en informes anteriores, la ampliación de la cobertura de los servicios de asistencia a la salud y en particular de los servicios de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro, es el componente del derecho a la salud que presenta más avances. No obstante, preocupa que la construcción de la red de medicina familiar, de medicina diagnóstica y de medicina clínica hospitalaria de Barrio Adentro avance en paralelo al mantenimiento de la red pública asistencial. Los ambulatorios y hospitales de la red tradicional siguen en crisis, con fallas persistentes que afectan las garantías de gratuidad y calidad de los servicios. El desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, los factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas lista de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados.

La morbilidad continuó afectando a los sectores de la población expuestos a malas condiciones de vida, hábitat y medio ambiente, especialmente en zonas urbanizadas sin infraestructura de servicios y zonas rurales donde la distribución de agua potable es deficitaria, siendo los sectores más vulnerables la población infantil y de adultos mayores y afectando gravemente a los pueblos indígenas. La prevención de enfermedades infecciosas presentó avances y reveses. Entre los avances se encuentra un descenso en los casos de malaria: de 46.244 en 2004 se registraron 45.328 casos a finales de 2005; en contraste, el dengue presenta un repunte; y pese a un leve retroceso (de 25,1 casos por 100.000 habitantes en 2004 a 24,9 en 2005) la tuberculosis se ha convertido en una enfermedad emergente, especialmente en el Distrito Federal, en el Edo. Delta Amacuro y en el Edo. Amazonas, siendo nuevamente las más afectadas las poblaciones indígenas (168,5 por 100.000 habitantes). En la prevención de estas enfermedades, la cobertura de vacunación no logró alcanzar los 95% necesarios para evitar el resurgimiento de brotes pasados.

La mortalidad infantil presentó una disminución de 1 punto al presentar en 2004 17,5 por 100 nacidos vivos registrados (NVR) en contraste con los 18,5 de 2003.

En cuanto a la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó cancelando a tiempo las pensiones de vejez y reduciendo el total de las deudas a los pensionados y jubilados. En 2006, el presupuesto del IVSS se incrementó de 1,3 billones de bolívares, lo cual confirma la tendencia hacia el aumento observada desde 1999. Este incremento puede explicarse por la exigencia establecida a todas las empresas de estar al día con la cancelación de las cotizaciones, si deseaban obtener la solvencia laboral. Esto impulsó en un año las empresas afiliadas al IVSS de 296.700 a 322.380 y el número de personas afiliadas de 2.471.523 a 3.154.336. Pese a estos aspectos positivos, el Plan de Contingencia establecido en 2003 para incluir mensualmente un promedio de 30.000 pensionados no fue alcanzado en estos dos últimos años, obligando a la institución a disminuir drásticamente su meta para todo el año 2005, en solo 50.000 pensionados, que sí fue alcanzada.

En el terreno judicial, el gobierno de Venezuela honró su acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estipulaba el pago de la nueva deuda acumulada a los pensionados y jubilados de Viasa, es decir 2,95 billones de bolívares. Sin embargo, más de 3.500 ex-trabajadores de la CANTV siguen esperando la cuantificación de sus retroactivos pese a que el 14.07.06 el juzgado V de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la área metropolitana de Caracas ordenó a esta empresa cancelar a partir del 01.09.06 el equivalente del salario mínimo a los pensionados.

La Asamblea Nacional (AN) continúa en mora en su deber de adoptar e implementar las disposiciones legales destinadas a desarrollar las instituciones regidas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la cual fue aprobada en diciembre de 2002, quedando pendientes las leyes de salud y pensiones y otras asignaciones económicas. Como medida positiva, con el decreto N° 4.269 se establecen las condiciones mediante las cuales las personas que no tienen el número de cotizaciones necesarias para cobrar sus pensiones puedan regularizar su situación.

En relación con el derecho a la tierra, en el período se profundizó el proceso de reforma agraria a través de la distribución de cartas agrarias, si bien a veces fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron creados 76 Fundos Zamoranos. Con respecto al combate contra el latifundio, el Inti aumentó entre agosto 2005 y mayo 2006 a 500 los procesos de rescate de tierras para un total de 1.316.000 ha.. Hubo manifestaciones de voluntad política de llegar a acuerdos con los presuntos propietarios, pero en pocos casos se concretó el diálogo, y fueron escasos los resultados positivos para los afectados. Fueron tomadas varias medidas en contra de los terratenientes en procesos algunas veces inconstitucionales y algunos gobernadores sobrepasaron sus competencias, lo que incluyó a veces el uso de la fuerza pública, para ayudar el Inti a implementar aquellas medidas.

El gobierno reconoció el relativo fracaso de los Fundos Zamoranos, principal bandera de la reforma agraria, evidenciándose una mala gestión en esta materia, así como la poca transparencia de las políticas y la falta de seguimiento a los proyectos agrícolas. Muchos de los beneficiarios se quejaron del pesado aparato administrativo y denunciaron irregularidades en la adjudicación de tierras, así como cuestionaron el destino final de algunos recursos financieros. Se abrieron procesos judiciales y se adelantaron algunas investigaciones al respecto. 19 personas fueron responsabilizadas en el caso de corrupción en el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAEEZ) y la directiva de Fondafa presentó 402 denuncias contra productores por desvío de fondos que se destinaron a otros usos distintos a las actividades agrícolas.

Pese a la importante inversión del Estado en la reforma agraria, la creación de miles de cooperativas y la importancia acordada por el gobierno a esta iniciativa, la superficie de las tierras cosechadas aumentó solo en un 9% en los últimos 5 años y la producción nacional sigue siendo insuficiente.
Con respecto al marco legislativo, se reformó la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. El Seniat sugirió reformar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola (LTDA) a raíz de la imposibilidad de cobrar los impuestos sobre las tierras ociosas dadas las condiciones actuales, pese a observarse algunas mejoras en el Registro Tributario de Tierras. La permanencia de las políticas y proyectos se dificulta a raíz de los cambios de ministros en el Ministerio de Agricultura y Tierra, y de directores en el Fondafa y en el Inti. Continuaron sin cumplirse algunas sentencias favorables a los propietarios de tierras afectados por el Inti contra quien se interpusieron en 2005 61 acciones judiciales tanto en el TSJ como en tribunales superiores agrarios.

5 campesinos fueron asesinados en actos de sicariato. El gobierno no honró su compromiso con las organizaciones campesinas de investigar y sancionar estos crímenes y la impunidad sigue vigente con respecto a los asesinatos anteriores.

Con respecto al derecho a una vivienda adecuada, los problemas existentes se agravaron en el presente lapso. El déficit de vivienda aumentó a raíz de las fuertes lluvias afectando principalmente a las construcciones ubicadas en terrenos inestables. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el déficit supera la cantidad de 1.800.000 viviendas, mientras que 60 % de las viviendas existentes necesitan una ampliación o una remodelación. Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas UN-Hábitat calcula el déficit en 3 millones de viviendas, incluyendo las viviendas en necesidad de mejoramiento, lo que afecta a 13 millones de habitantes. Para paliar esta carencia, el gobierno ha previsto la construcción de 150.000 viviendas para el año 2006, pero a final del primer semestre, tan sólo habían sido construidas 35.000. Las cifras del INE indican que de las 5.175.130 viviendas existentes en Venezuela, 3,3% no tienen servicio eléctrico, a 14,5% no se le abastece con agua potable y 31,9% no tiene poceta conectada a las cloacas. En las viviendas tipo rancho, este porcentaje se convierte respectivamente en 18, 4%, 41,9% y 81,5%.

Destaca la constitución de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), como un proceso organizativo que propicia la participación protagónica de las comunidades para la producción de vivienda, a quienes les fueron otorgados 40.833 títulos de propiedad urbana. Sin embargo, se conocieron varias denuncias importantes con respecto a la seguridad jurídica de la tenencia. En los casos de Ciudad Miranda y Juan Crisóstomo Falcón se presentaron irregularidades en la adjudicación de inmuebles y casos de corrupción en la entrega de los mismos. El caso de la Urbanización Nueva Tacagua manifiesta la inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas que tienen certificado de adjudicación pero no poseen los títulos de propiedad.

Continuaron presentándose desalojos, muchas veces nocturnos, sin que se ofrezcan alternativas a los ocupantes y en algunos casos haciendo uso excesivo y abusivo de las fuerza por parte de los efectivos policiales. El TSJ declaró inadmisible por ininteligible un amparo constitucional interpuesto por la Fundación Nacional de los Sin Techo sin pronunciarse sobre el fondo, en un caso donde se denunciaba una práctica de desalojo nocturno.

En cuanto a las normas legislativas, cabe señalar como un avance significativo la aprobación de la Ley Especial de Regularización de la Tierra Urbana y Cogestión Integral, en la medida en que asegura la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra donde las familias construyeron sus viviendas.

En relación con los alquileres, se extendió por 6 meses la congelación de los mismos. Esta medida, aunque percibida como una política pública positiva tuvo efectos contradictorios, pues los propietarios prefirieron retirar los inmuebles del mercado, lo cual impulsó la suba de los precios de los alquileres de las nuevas unidades ofertadas.

Respecto a los derechos al asilo y al refugio, la situación de violencia en la frontera colombiana por la presencia de actores armados y el comercio ilícito entre otras causas, generaron discriminación y criminalización de las Personas en Situación de Refugio (PSR).

El Estado brindó como respuesta la militarización de las fronteras a través de los Teatros de Operaciones la cual conllevó a violaciones de derechos humanos, aumentando las presiones sobre las autoridades para reactivar la suspensión de las garantías como solución a los problemas de inseguridad que afectaron a los pobladores. En relación a ello, cabe señalar como positivo el reconocimiento por parte de algunas autoridades, de su negativa a aplicar estas medidas.

Se han evidenciado avances en el funcionamiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) con respecto a sus secretarías técnicas, así como se ha demostrado un mayor acceso de los solicitantes al procedimiento y la organización de jornadas de recepción de solicitudes y operativos en zonas alejadas de las ciudades facilitó también este acceso.

No obstante, llama la atención la diferencia entre las cifras de la CNR y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) quienes estiman en 13.316 los solicitantes de refugio desde 2005 hasta el cierre del presente Informe mientras según la CNR se recibieron 2.060 solicitudes, de las cuales 1.561 están en estudio.

También preocupa la acumulación de solicitudes, con una decisión sólo en el 23% de los casos registrados. También persiste la demora en la entrega adecuada de documentos a estas personas en el plazo legal, lo que entre otras causas impidió el acceso de varias de ellas a las misiones implementadas en materia educacional. La consecuente vulnerabilidad puso a los supuestos indocumentados en situaciones de extrema explotación laboral, en especial en los casos de los indígenas de la etnia Wayuu procedentes de Colombia que pese a estar en su tierra ancestral son considerados extranjeros.

Finalmente, se conocieron varios planes, tales como el acuerdo con ACNUR para la creación de una red en el Edo. Zulia que busca integrar los solicitantes de refugio en los programas existentes y la existencia de un plan de atención en casos de afluencia masiva.

En relación con el derecho a la integridad, Provea registró un total de 201 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones a este derecho, que afectaron a 1.478 personas, lo cual denota un aumento del 84,75% en comparación con los 293 casos del período pasado, cuando fueron afectadas 800 personas.

Este aumento sólo se presentó en uno de los cinco patrones analizados. El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registró un incremento alarmante del 177,13% mientras el patrón de tortura disminuyó en un 38,71%, el de heridos por armas de fuego en un 48,33%, el de allanamientos ilegales en un 70,27% y finalmente el de amenazas y hostigamientos en un 79,55%.

Se reportaron 2 casos donde las víctimas fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas sumándose a las cinco personas que perecieron como consecuencia de los malos tratos recibidos.

46 de los 126 cuerpos de seguridad existentes en Venezuela fueron denunciados. Los cuerpos del ámbito nacional son responsables del 31,34% del total, y destaca la GN con 883 víctimas. Las policías regionales agruparon responsabilidad en 93 casos (46,27%). Entre ellas, la PE de Aragua presentó el mayor número de denuncias con 46 víctimas, y repite por cuarto año consecutivo como el organismo policial más denunciado. Las policías municipales fueron señaladas en el 13,93% de los casos registrados y las acciones conjuntas con la GN y otros cuerpos de seguridad arrojaron un saldo de 66 víctimas.

Las tres entidades federales que concentraron el mayor número de víctimas fueron Caracas con 481 (32,54%), el Edo. Zulia con 370 (25,03%) y Aragua con 135 (9,13%).

Con respecto al derecho a la justicia, a un año y medio de la aplicación del Plan Para la Transformación Estructural y Modernización del Poder Judicial, no se han revertido los problemas estructurales que afectan el Sistema de Administración Judicial (SAJ) siendo esta institución del Estado venezolano la segunda peor evaluada subjetivamente por los venezolanos.

Nuevamente se respetó la asignación mínima del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional al presupuesto del SAJ, incrementándose a 2,67% en relación al lapso anterior (2,49%), Sin embargo, esto no trajo mejoras sustanciales en los servicios pues los recursos se concentraron en los gastos recurrentes de personal y mantenimiento.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del TSJ, se incrementó el número de magistrados de 20 a 32, pero 50% de las nuevas designaciones recayeron en personas que habían desempeñado cargos previos en posiciones alineadas con el gobierno, tenían sanciones previas de destitución de otros cargos o habían sido reprobadas en otros concursos, poniéndose en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y los estrictos criterios de selección para ocupar cargos en el máximo tribunal. Destaca como positivo que a finales del cierre de este Informe la provisionalidad de los jueces se redujo a un 33,3% en comparación con el 80% a principios de enero 2005. Sin embargo, parece difícil cumplir con las metas de titularidad de 90% a fin del 2006. Preocupa que el Programa de capacitación para la regularización de la titularidad resulte en un curso de capacitación de 72 horas.

No se produjeron mayores avances en relación con el retardo procesal, especialmente en los tribunales de primera instancia en función de control en materia penal (761,7 asuntos ingresados por juez), en la primera instancia de las jurisdicciones civiles (450,5 por juez) y en materia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (567,8 por juez). Preocupa que los planes de reforma del Poder Judicial se dedicaran más a adquirir sedes en lugar de aumentar el número de jueces.

Se aprobó en segunda discusión en la AN la Ley de Defensa Pública, que adscribe el Servicio Autónoma de Defensa a la Defensoría del Pueblo conculcando la independencia y la autonomía de esta institución y como tal, las garantías procesales. Persistieron las dilaciones de los juicios denunciados por su connotación política, especialmente a dirigentes de la oposición política.

Para garantizar el acceso de la justicia se contempló el Proyec