Del 05 al 18 de diciembre 2006

Boletín electrónico Nº 179

NÚMERO ESPECIAL

Como todos los años, tras la presentación del Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, ofrecemos una edición especial del boletín electrónico “Derechos Humanos y Coyuntura” con el Contexto y Balance de la Situación de los Derechos Humanos. Con la entrega de ambos capítulos del Informe, facilitamos a nuestros/as suscriptores/as una perspectiva general del contenido del mismo, esperando despertar su interés.
Adicionalmente les ofrecemos la nota de prensa que presenta una síntesis del trabajo de monitoreo desarrollado.
Finalmente, no queda más que invitarles a consultar o descargar gratuitamente el texto íntegro de esta publicación en el sitio web de Provea, en la dirección:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/index.html, y en caso de estar
interesados/as en adquirirlo en su versión física, puede contactarnos por el correo-e:
publicaciones@derechos.org.ve o a los teléfonos: 0058 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.

NOTA DE PRENSA

Este viernes 08 de diciembre, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó los resultados del Informe Anual “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Octubre 2005 / Septiembre 2006”, e igualmente, hizo una evaluación general de la primera gestión del presidente Hugo Chávez, identificando cinco ejes prioritarios para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.

La Coordinadora del Programa de Exigibilidad de la organización, María Elena Rodríguez, al presentar la situación de los derechos en el período octubre 2005 / noviembre 2006 expresó que el derecho a la salud mostró la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia, especialmente en la atención primaria, mediante la Misión Barrio Adentro. No obstante, esto contrasta con la crisis persistente en los ambulatorios y hospitales de la red tradicional, mostrando fallas que atentan contra su gratuidad y calidad.

En relación a la vivienda expresó que fue un derecho donde se agravó la situación debido a la ineficacia del gobierno para ejecutar los proyectos y planes definidos. El ejecutivo había anunciado la construcción de 150.000 viviendas para el 2006, de las cuales sólo había finalizado 35.000 en el primer semestre del año. Diferentes denuncias de irregularidades rodearon la ejecución de los diferentes proyectos en el sector, y la protesta de personas sin casa fueron una de las causas principales de movilización de los sectores populares.

Rodríguez destacó que en materia de los derechos laborales hubo disminución del desempleo y por tercer año consecutivo, el empleo formal ganó terreno sobre el informal. Evaluó como positivo la implantación de la solvencia laboral y las sucesivas extensiones de la inamovilidad laboral. Sin embargo, recalcó que estos avances no significan un nivel importante en la elevación de la calidad de vida de los sectores trabajadores puesto que un significativo sector laboral se encuentra sin empleo y 43% percibe remuneraciones inferiores al salario mínimo. Asimismo, formuló su preocupación debido a que las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleo en las industrias básicas produjeron la muerte, de al menos, 45 personas, lo cual refleja la desesperación de amplios sectores para obtener empleo.

En el sector educativo se continuaron registrando avances en la cobertura de distintos niveles académicos. Hubo un incremento del 3% en la disponibilidad de los establecimientos educacionales y se incrementó en 7,5% el gasto público real en educación.

La abogada de Provea, resaltó como positivo que se haya continuado con el proceso de reforma agraria, sin embargo razonó que algunas medidas adoptadas contra grandes propietarios se produjeron sin garantizar el debido proceso.

Finalmente, en materia de seguridad social, afirmó que el Ejecutivo Nacional incumplió por tercer año consecutivo su obligación de crear la institucionalidad del Sistema de Seguridad Social y la Asamblea Nacional continuó en mora en la aprobación de la Ley de Pensiones y Jubilaciones, así como la Ley Orgánica de Salud. Sin embargo, destacó como positivo la política del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de continuar reduciendo deudas con los pensionados y jubilados, y la adopción de medidas para garantizar que aquellas personas sin el número de cotizaciones necesarias para el cobro de pensiones puedan regularizar su situación.

Por otra parte Marino Alvarado, Coordinador General de Provea, al presentar la situación de los derechos civiles y políticos destacó que en materia de derecho a la vida se registraron 169 denuncias de violación al mismo, lo que representa respecto al lapso anterior un incremento de 4,14%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón “ejecución”, 82,84% del total de víctimas conocidas (140). En la mayoría de estos casos la versión oficial fue la del “enfrentamiento”. La Policía Metropolitana (PM) fue el organismo con mayor número de denuncias. Con relación a la situación de las personas privadas de libertad, informó que desde octubre del 2005 a septiembre del 2006 murieron de manera violenta 408 presos y 726 resultaron lesionados.

Alvarado, a su vez, expresó que el informe se presenta en el contexto particular de la finalización de la primera gestión de gobierno del presidente Chávez y al realizar una evaluación general indicó que la gestión arroja luces y sombras. Aunque se produjeron avances, principalmente en el campo de los derechos sociales, Provea expresó su preocupación por las enormes carencias institucionales para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y crear condiciones favorables y de largo alcance para el disfrute y ejercicio de los derechos. Resaltó la falta de voluntad política y la ineficiencia e improvisación por parte de los órganos y entes del Estado para diseñar y ejecutar políticas consistentes, coherentes e integrales orientadas a lograr una mejoría de la situación de los Derechos Humanos en el país.

En palabras de Alvarado, los sectores tradicionalmente excluidos fueron visibilizados mejorando en algunos aspectos su situación. Asimismo se frenaron políticas privatizadoras en el sector salud, educación y seguridad social, en medio de una relativa democratización de la riqueza. Reveló que a su vez fue un período donde el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, por parte de los órganos armados del Estado, produjo un significativo saldo de muertos y heridos. El ejercicio arbitrario y arrogante del poder se ejerció con amplia discriminación política, lo que produjo el despido de miles de trabajadores por pensar distinto a las nuevas elites en el poder, las cuales repitieron prácticas y vicios del pasado. Una época de debilidad institucional, falta de independencia de los poderes públicos que afectó los necesarios contrapesos de todo sistema democrático. Persistieron altos niveles de impunidad que favoreció la violación a los derechos.

La abogada Rodríguez, a su vez, indicó que Chávez deberá trabajar en 5 ejes prioritarios para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, fortalecer la democracia, y afianzar la justicia social y la equidad. Estos cinco desafíos son el combate de la pobreza con políticas integrales y sostenibles en el largo plazo; el fortalecimiento de la institucionalidad democrática garantizando la eficiencia e independencia de los poderes constitucionales; la creación de un clima apropiado para el diálogo, la administración de conflictos de forma democrática y la construcción del consenso en torno a los problemas fundamentales del país y sus soluciones; el combate a la impunidad y la implementación de un Plan Nacional de Derechos Humanos así como la creación de condiciones y mecanismos para garantizar la participación de la población en los asuntos públicos, estimulando una ciudadanía capaz de actuar desde organizaciones sociales con funcionamiento autónomo.

El texto completo del Informe Anual “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela: Octubre 2005 / Septiembre 2006”, puede consultarse en http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/index.html

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El presente Informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, se presenta en un momento particular: la culminación de la gestión del actual presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías que en diciembre de 2006 cumplirá casi 8 años1. La ocasión es oportuna para presentar el contexto político y social en el que se desarrolló esta gestión, al mismo tiempo que evaluar la misma desde la perspectiva de los derechos humanos, precisar en que condiciones se encuentra y cuáles son los retos que al Estado, al gobierno y a la sociedad se le plantean en los próximos años para consolidar el sistema democrático y garantizar a todas las personas todos los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación.

Los tiempos vividos han sido contradictorios. Vividos con esperanzas, con angustias, y plenos de conflictos; años de organización y movilización social por motivaciones políticas y exigencia de todo tipo de derechos. Años donde los sectores tradicionalmente excluídos fueron visibilizados y su situación logró mejorar en algunos aspectos. Años de recuperación económica, de freno a políticas privatizadoras en servicios esenciales y de relativa democratización de la riqueza. A su vez, fue un largo período donde una vez más el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza dejó un significativo saldo de muertos y heridos, la arbitrariedad con que se ejerció el poder produjo presos políticos y miles de trabajadores fueron despedidos por pensar distinto a como piensan y actúan las nuevas élites en el poder. Período con un acentuado discurso de cambio, pero en muchos aspectos con prácticas y vicios del pasado. Ocho años de activa presencia de los militares en la vida institucional y social del país. Años de debilidad institucional, falta de independencia de los poderes públicos e ineficacia en la gestión pública. En síntesis, un período histórico complejo y contradictorio donde la situación de los derechos humanos tuvo sus avances, estancamientos y retrocesos. La voluntad soberana del pueblo venezolano será quien decida el 03.12.06 el contexto político y social de los tiempos por venir.

Persisten dos visiones sobre el país y su destino

La situación general de los derechos humanos durante todo el período, se desarrolló en el marco de una particular confrontación política entre dos visiones acerca del modelo político y social que quieren construir las fuerzas en conflicto. La nueva dirigencia política y principalmente su líder Hugo Chávez, fundamentalmente a través del discurso, pero también con el diseño de algunas políticas, se propuso reivindicar a los pobres, darles más protagonismo en la vida social y política estimulando su organización y movilización: “el proceso bolivariano ha dinamizado la organización social y animado la posibilidad de reconocimiento, inclusión social y construcción de soberanía” 2.

Desarrolló una confrontación contra las élites políticas y sociales del pasado y parcialmente cuestionó y se apartó de las políticas neoliberales en el campo económico y social 3. Se propuso fortalecer el papel del Estado como ente motor de cambios y transformaciones 4 y en el último año de gestión expresó que el país avanzaría hacia el socialismo del siglo XXI 5. Si bien la situación de los pobres no varió estructuralmente y la participación en cierta medida fue dirigida y mediatizada desde el Estado, y en algunos casos ejerciendo coacción 6, en el imaginario de muchos sectores populares se valoró positivamente esta inclusión simbólica. Ello explica en buena parte la alta popularidad con la que el Presidente culmina su gestión. José Virtuoso explicó el fenómeno de la siguiente manera: “los sectores populares no sólo observan en Chávez la esperanza de una dádiva populista. El Presidente se ha convertido en un símbolo que representa la esperanza de la inclusión, del reconocimiento y del protagonismo político para la población marginada del país . Que no se advierta este hecho, es síntoma de una gran ceguera política” 7.

La otra visión fue liderizada por sectores de la clase política y económica 8, que usufructuó el poder desde 1958, quienes se aferraron a las formas tradicionales de hacer política, reivindicaron los dogmas neoliberales y subestimaron la capacidad de organización y movilización de los sectores más pobres. Esgrimieron un discurso conservador en lo político, neoliberal en lo económico y discriminatorio en lo social. Colocaron la defensa de la propiedad privada como tema fundamental y se empeñaron en cuestionar toda iniciativa del gobierno, sin valorar los aspectos positivos o negativos de las mismas 9.

La confrontación se produjo de diversas formas y en variados terrenos, pero tuvo como componente esencial la movilización de la población alrededor de una u otra visión 10. En ese marco de mutuo cuestionamiento y política de calle salieron a relucir expresiones de totalitarismo no sólo desde el gobierno, sino también, desde las fuerzas que lo adversaron. Sectores minoritarios radicales de uno y otro polo le impusieron al país, durante no poco tiempo, una agenda de violencia e intolerancia. La alianza política gubernamental y particularmente el Presidente Chávez contribuyeron a generar dicho clima por la manera arrogante y excluyente como administraron las estructuras del Estado. Una clase media preocupada por su futuro, que en su imaginario sentía amenazada la propiedad privada, influenciada por políticos conservadores y agitada por los medios de comunicación social que se convirtieron en verdaderos actores de la contienda política, desconfiada de las vías electorales para producir cambios 11 y en cierta medida descuidada por las políticas gubernamentales, se lanzó a la calle en abierto reto al gobierno.

Algunos analistas políticos afirmaron en su oportunidad que: “El gobierno está pagando los costosos errores de la conducción política del proceso, la radical desproporción entre el discurso revolucionario y la ausencia de cambios de distribución de poder y de políticas que apunten hacia modificaciones significativas de las condiciones de vida de las mayorías más pobres. Está pagando las consecuencias de un radicalismo verbal confrontacional, intolerante y excluyente -especialmente del propio Presidente- que llevó a sectores empresariales y a la mayor parte de los sectores medios a reaccionar como que si se estuviese llevando a cabo en Venezuela una revolución socialista, cuando éste no era el caso” 12.

Desde los primeros meses del 2002, la oposición política incrementó su capacidad movilizadora. Al descontento de la población de clase media se sumaron componentes de la Fuerza Armada Nacional y en una acción conjunta de civiles y militares se produjo un Golpe de Estado el 11.04.02 13. Un gobierno dictatorial se instaló en el país durante 48 horas. La disolución de los poderes por vía de decreto, la destitución ejecutiva de funcionarios de elección popular violando el derecho constitucional a elegir y ser elegido y la persecución y detención de dirigentes, funcionarios y simpatizantes del gobierno derrocado, mostró en breve tiempo el carácter represivo y antipopular del gobierno que se instalaba, presidido por el máximo dirigente de la cámara empresarial del país 14. La corta experiencia del gobierno de Pedro Carmona Estanga demostró que algunos de los sectores que liderizaban la otra visión del país y calificaban al gobierno de Chávez de tirano y totalitario, aspiraban imponer un gobierno con esas características. Los hechos de abril demostraron que quienes liderizaban el movimiento de oposición al gobierno eran sectores conservadores y antidemocráticos.

En un documento que invitaba al país a “envainar la espada y arar por la inclusión social” Provea señalaba en febrero de 2002: “…en Venezuela ningún sector tiene el monopolio del estilo democrático de acción política. Por el contrario, el riesgo del autoritarismo está presente en los sectores radicalizados de ambos bandos” 15.

El Golpe de Estado fue resistido desde los factores políticos desalojados del gobierno y desde amplios sectores de la población que vieron frustrada una esperanza de cambio. Por la acción de civiles movilizados espontáneamente en la calle y de militares simpatizantes e integrantes del gobierno derrocado, se reestableció al Presidente Chávez en el poder y éste pudo culminar su período de gobierno 16.

La ausencia de prácticas democráticas para debatir y canalizar las contradicciones presente en la sociedad venezolana, azuzadas por diversas vías, llevó al país al escabroso camino de la polarización, la intolerancia y la violencia política. Más de 100 muertos fue el saldo del conflicto político 17. Aún después del Golpe de Estado sectores políticos radicalizados e intolerantes continuaron promoviendo la violencia: el 30.09.02, el secretario general del partido Acción Democrática, Rafael Marín expresaba. “son unos ilusos los que aún piensan en la vía del referéndum para salir del gobierno. Esas fórmulas no le dan garantía a nadie, aquí lo que necesitamos es que los militares se sacudan a este gobierno y apoyen al pueblo venezolano, para la formación de un gobierno de transición” 18.

Entre diciembre del año 2002 y enero del año 2003, sectores radicalizados de la oposición promovieron un paro petrolero que se transformó progresivamente en una huelga general, al incorporarse otros sectores laborales y sociales. La suspensión de servicios en la industria petrolera y en servicios públicos, la afectación económica y social que produjo en todos los sectores de la población y en sectores claves de la economía, generó de manera progresiva un rechazo en la población, incluso entre quienes inicialmente lo apoyaron. Con el fracaso del paro, los sectores radicales se debilitaron y el gobierno tomó la iniciativa. 22.000 trabajadores petroleros fueron despedidos, se abrieron juicios y algunos líderes salieron del país.

Entre febrero y marzo de 2004 se produjeron las violentas jornadas convocadas por sectores de la oposición denominadas Guarimbas 19. Los líderes radicales de la oposición condujeron un movimiento social que había acumulado significativa fuerza, a sumar fracasos tras fracasos. El gobierno del Presidente Chávez se fortaleció y radicalizó su discurso y las conductas excluyentes, descalificando toda crítica a su gobierno como proviniendo de las fuerzas que prepararon y apoyaron el golpe de Estado y el paro petrolero.

La intolerancia y la discriminación por razones políticas se desataron principalmente desde el sector gubernamental 20. Pensar en forma distinta al pensamiento oficial o ser crítico de la gestión de gobierno se convirtió en una causa de despido laboral, un motivo para negar una determinada gestión pública o una razón para ser descalificado. La llamada lista Tascón 21 fue un episodio bochornoso en la historia política y social de este período. Y hoy, cientos de hombres y mujeres todavía padecen las consecuencias de esa discriminación 22. Además, en medio de ese clima de terror laboral, en muchos órganos y entes del Estado la participación en actos públicos y marchas a favor del gobierno se hizo obligatoria, ya sea porque expresamente se la ordenaba o porque de no hacerlo se ponía en riesgo la estabilidad laboral.

La confrontación política tuvo otro hito importante, cuando el 05.08.04 se llevó a cabo el referendo revocatorio del mandato presidencial del mandatario Hugo Chávez. El resultado favoreció la continuación del mandato presidencial por un 59,09% contra un 40,63% de quienes optaron por la revocatoria del mandato. A pesar del reconocimiento de los observadores internacionales de los resultados electorales y de la normalidad de los comicios la oposición no validó los resultados y denunció un supuesto fraude 23.

Aún cuando en los años 2005 y 2006 los niveles de intolerancia bajaron, persisten los riesgos de que el totalitarismo surja en uno u otro contendor político, que la discriminación se mantenga y que se recurra a la violencia con la finalidad de intimidar o eliminar al adversario, a quien se le califica como enemigo.

Sin duda que en buena medida la intolerancia y discriminación, así como muchas violaciones a los derechos humanos, fue favorecida por la falta de contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo. La ausencia de independencia de entes públicos fundamentales para la vida democrática del país como lo son la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo (DF) y la Contraloría General de la República (CGR), permitieron que el Ejecutivo Nacional actuara haciendo uso de un desmedido poder.

Finalmente hay que decir, que de la confrontación producida durante todos estos años, paradójicamente surgió un mínimo consenso sobre un problema trascendental: oposición y gobierno coincidieron en que la pobreza es uno de los fundamentales problemas del país y para su erradicación deben priorizarse los recursos y las políticas públicas24. Resta por ver si el consenso en el discurso se traduce en capacidad para converger en iniciativas y esfuerzos. Aunque continúan existiendo dos visiones sobre el país que tenemos, y dentro de ellas una variedad de posiciones e intereses, hoy hay más posibilidades para el encuentro y para el diálogo en la búsqueda de acuerdos mínimos para afianzar una democracia inclusiva en los próximos años.

En el año 2000, en medio del proceso constituyente, Provea advirtió sobre los peligros que encontraba en lo que llamábamos “la arquitectura del poder” en la nueva Constitución y el peso y el lugar otorgado a los militares en la misma. En ese momento afirmábamos: “Los militares se constituyen en un poder que podría atravesar el cuerpo social. Algunos de los elementos que nos permiten realizar tal afirmación son los siguientes: 1) las FAN pierden la característica de ´no deliberantes´ (que es distinto a que hayan ganado el derecho al voto, asunto que valoramos positivamente); 2) más allá de su sometimiento al Presidente no hay ningún señalamiento explícito de sometimiento al poder civil; 3) tienen una seguridad social y una contraloría propias (aunque en este último caso la Contraloría General de la República no pierde toda posibilidad de injerencia sobre las FAN); 4) constitucionaliza la seguridad y defensa en un título distinto al de los Poderes Públicos; 5) establece el antejuicio de mérito realizado en el máximo tribunal para los oficiales Generales y Almirantes; 6) Se otorga a las FAN el monopolio de control, registro, comercio, posesión de las armas (atribución que antes realizaba el poder civil); 7) pasan de estar al servicio de la República (Constitución de 1961) a estar al servicio de la Nación (cambio que puede ser interpretado de maneras riesgosas); 8) Se eliminó la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad militar y civil por un mismo funcionario. Si a todo esto se le suma que la Constitución le cambia el nombre a Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, en un claro intento por ideologizar a Bolívar a favor del partido de gobierno (de composición cívico-militar) que se asume como bolivariano, tenemos que la nueva Constitución establece la posibilidad de un protagonismo militar en la conducción de lo público” 25.

Es decir, advertíamos sobre el riesgo de que progresivamente se impusieran la visión y práctica militar y se debilitara la subordinación que debe tener la Fuerza Armada Nacional (FAN) al poder civil26. Militares activos han ocupado y ocupan altos cargos en la estructura del Estado llegando incluso a ser jueces y magistrados en la jurisdicción ordinaria. Otra porción importante de militares retirados ocupan puestos claves en la estructura nacional, estadal y municipal. Además de ello, el lenguaje de lo militar se ha incorporado a lo público: “misiones”, “batallas”, “unidades”, “brigadas” y otras expresiones se incorporaron al lenguaje cotidiano de quienes sienten alguna afinidad por el gobierno.

La confrontación verbal entre el gobierno de Chávez y el presidente de los Estados Unidos George W. Bush fue un aditamento más para que la militarización avanzara y se consolidara 27.

Conociendo la historia intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de países y gobiernos que son adversos a sus intereses y prácticas hegemónicas, hoy agravada por un fundamentalismo bélico que utiliza el terrorismo como excusa para profundizar esa política, no puede descartarse algún tipo de agresión por parte de ese país. Sin embargo, el gobierno exagera el nivel real de la confrontación aprovechando la ocasión para incrementar el gasto militar 28.

Entrenar a la población en el uso de las armas, reanimar y acrecentar la reserva y realizar ejercicios para enfrentar al enemigo que invadirá al país, fueron parte de los planes gubernamentales y se consideraron prioritarios frente a la prestación del servicio civil. De igual forma, las organizaciones sociales fueron estimuladas a asumir lo militar como parte de su cotidiana actividad 29. En un artículo de opinión el viceministro de Relaciones Exteriores William Izarra afirmó: “las organizaciones populares del proceso revolucionario venezolano (políticas, sociales, culturales) tienen que actuar de inmediato con base en la orden de operaciones emitidas por el Presidente en mayo de 2004. Uno de sus tres objetivos estratégicos es la creación de las estructuras populares de defensa integral” 30.

Los Teatros de Operaciones que se extendieron a lo largo de la frontera venezolana pasaron a constituirse en el poder real en aquellos lugares hasta donde llega su jurisdicción, con actuaciones que en algunos casos degeneraron en graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población civil asentada en la zona.

En contraposición, aunque lo militar copó espacios tradicionalmente administrados y dirigidos por el sector civil, la estructura militar se mantuvo hermética, el acceso a la información de los asuntos militares siguió vedada, el Ministro de la Defensa continúo siendo un militar 31 y los militares pasaron a ser un actor clave en la vida política, económica y social del país sin que la ciudadanía pudiera ejercer control sobre su gestión.

Tras 8 años de gobierno el balance sobre la situación de los derechos humanos arroja luces y sombras. Aunque se produjeron avances, principalmente en el campo de los derechos sociales, preocupan las enormes carencias institucionales para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y crear condiciones favorables y de largo alcance para su disfrute y ejercicio. Resalta la falta de voluntad política en algunos casos y la ineficiencia e improvisación en otros por parte de los órganos y entes del Estado para diseñar y ejecutar políticas consistentes, coherentes e integrales orientadas a lograr una mejor situación.

Debe recordarse que los factores políticos 32 que asumieron el poder en 1998 liderados por Hugo Chávez, venían de una larga trayectoria de cuestionamiento al estatus quo que durante décadas establecieron los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Criticaron y enfrentaron durante años las violaciones a los derechos humanos 33. Prometieron transformar el país, revitalizar las instituciones democráticas, acabar con la pobreza, combatir la corrupción y garantizar condiciones más dignas de vida para todas y todos en el país 34. Con ese propósito convocaron, organizaron y realizaron en 1999 una Asamblea Nacional Constituyente 35. El resultado esencial de la Asamblea fue la aprobación de un nuevo marco jurídico constitucional que el propio gobierno calificó como el programa de acción para construir la nueva Venezuela 36.

Del proceso constituyente surgió un andamiaje jurídico cónsono con los derechos humanos 37. Hugo Chávez asumió la Presidencia de la República en 1999 38 en medio de grandes expectativas en cuanto a las posibilidades de que se produjeran significativas transformaciones en la sociedad venezolana. Una de ellas era lograr una mejora sustancial en el campo de los derechos humanos. En su programa de gobierno al electorado Chávez expresó: “se requiere de un conjunto de políticas a corto, mediano y largo plazo pero que, por encima de todo, sancionen efectivamente la trasgresión de la Ley, respetando los derechos humanos de las víctimas y sus victimarios” 39. El discurso del nuevo Presidente cuestionando las masacres del pasado, los abusos policiales, las torturas y anunciando el compromiso de que durante su gobierno nunca la Fuerza Armada usaría las armas contra el pueblo, constituyeron, en su momento, señales de una posible gestión que adoptaría políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones para el ejercicio y disfrute de los derechos. Además, el discurso presidencial proclive a promover y satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), fortaleció la esperanza de que se avanzaría en la reducción de la pobreza, se revertiría la línea privatizadora de servicios públicos adelantada por el anterior gobierno y se adoptarían medidas oportunas y adecuadas para atender los graves déficit existentes en el sector educativo, salud, seguridad social, vivienda y otras áreas sociales. También en su programa de gobierno Chávez expresó: “la pobreza abarca múltiples dimensiones: éticas, sociales, económicas, culturales, políticas y de derechos humanos. Por esta razón, el enfrentamiento a la pobreza es prioritario y fundamental para el Estado democrático” 40.

Entre las luces de esta gestión hay que reconocer en primer lugar dos logros de las políticas implementadas por el gobierno del Presidente Chávez que atañen a los Desc. La primera, haber detenido los procesos de privatización de la educación, salud y seguridad social, que avanzaban aceleradamente durante el gobierno de Rafael Caldera y que de no haber sido frenados hubiesen desmejorado aún más las condiciones de vida de la población excluida 41. La segunda, haber promovido reformas jurídicas en el tema agrario, en el área de la vivienda 42 y en la seguridad social, coherentes con la garantía de los derechos.

En cuanto a los avances en la situación de los derechos, en junio de 1999, el salario mínimo era de Bs.120.000 (185U$S) y cubría el 95% de la canasta alimentaria. En 2005 se situaba en Bs. 405.000 (188,37$) y cubría el 115 % de dicha canasta. En cuanto al desempleo, según cifras oficiales en 1999 era de 14,5% de la población económicamente activa. En 2005, era de 11,4%. Es importante destacar que desde 1999 se inició una línea descendente del desempleo, la cual se interrumpió en los años 2002 y 2003 como consecuencia de la conflictividad política y el paro petrolero. Si consideramos los dos aspectos anteriores, el salario y el nivel de empleo, podemos concluir que hubo una leve mejora en la situación de los trabajadores del país.

En el derecho a la educación se produjo un aumentó de la cobertura, que se tradujo, entre otros índices, en la mejora de las tasas de escolaridad neta en todos los niveles del sistema educativo dependientes del Ministerio de Educación y Deporte: en preescolar pasó de 46,6 % en 1998-99 a 63,6 % en 2004-05; en educación básica -1º a 6º- grado de 90% a 93,1% en igual período; en educación básica -7º a 9º grado- de 46,9% a 62,3%; y en educación media de 21,57% a 30,62%) 43. También destacan positivamente las políticas sociales llamadas Misiones destinadas a combatir el analfabetismo y a incluir a las personas excluidas de la educación fundamental, básica, media y universitaria 44. También creció la inversión en educación 45.

En 1999 miles de campesinos sin tierra aspiraban por una reforma agraria y el Estado acaparaba millones de hectáreas en buena parte improductivas. El gobierno emprendió un interesante proceso de reforma agraria. Al 2005, más de 3.000.000 de hectáreas habían sido adjudicadas a cooperativas y familias campesinas y contra varios latifundistas se habían iniciado procedimientos de expropiación. Aún cuando hubo denuncias sobre irregularidades e ineficiencias en el proceso, sin duda se avanzó en la democratización de la propiedad de la tierra.

Con respecto al derecho a la salud, la implementación del programa llamado Barrio Adentro amplió considerablemente la cobertura de los servicios de atención primaria 46.

En relación con el derecho a la seguridad social el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales continuó cumpliendo durante el año 2005 con el pago a tiempo de las pensiones de vejez homologadas al salario mínimo, como viene ocurriendo de manera regular desde el año 2000. Cabe recordar que esta fue una histórica reivindicación del movimiento a favor de los derechos de las personas jubiladas y pensionadas.

El gobierno también logró democratizar relativamente la distribución de la riqueza a través de los planes sociales llamados misiones y de otras medidas de carácter social. Solamente en el 2006, el gobierno destinó por la vía de recursos especiales 14,8 billones de bolívares para las misiones 47. Ello permitió que los sectores más vulnerables aumentaran temporalmente su capacidad de consumo 48 y percibieran que su situación económica había mejorado 49.

Por el contrario, entre las sombras de la gestión en relación con los DESC persisten elevados índices de pobreza extrema y pobreza 50; no se ha avanzado en un plan nacional de educación en derechos humanos ni hay indicios comprobables de mejoras sustantivas en la calidad de la educación; no mejoraron tampoco significativamente los índices de desnutrición; no se logró todavía estructurar el sistema de seguridad social aprobado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) 51; el déficit habitacional es mayor que el recibido 52; en relación con el derecho a la salud, el desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas listas de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados; en relación con los derechos de los pueblos indígenas y el derecho al ambiente sano se siguen impulsando planes y proyectos de “desarrollo”, la mayoría de las veces inconsultos, que podrían generar daños irreversibles en el hábitat y en la cultura indígena, e incluso comprometer su futuro como pueblos, en flagrante contradicción con lo establecido en la Constitución de 1999 53; y a lo largo de su gestión el Estado mantuvo una línea antisindical respecto de los sindicatos y centrales obreras identificadas con la oposición política, violando de manera permanente los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo 54 sobre libertad sindical y contratación colectiva.

En buena medida los limitados resultados en el campo social, a pesar de los recursos disponibles 55, de los años de gobierno y del nivel de jerarquía que se le dio en el lenguaje oficial a los temas de la pobreza, están relacionados con la ineficacia del gobierno para ejecutar las políticas y los presupuestos asignados 56. Ya en 1999 Provea advertía sobre esta situación y constataba “que el Gobierno Nacional carece de una política coherente que se plasme en un plan de acción que oriente y guíe la actuación de los distintos entes gubernamentales y que vincule a los demás poderes públicos” 57.

En el campo de los derechos civiles y políticos, el panorama es menos alentador. A pesar de que durante la gestión se garantizó la libertad de información y en general se mantuvo una actitud tolerante ante la protesta social 58 y se promovió e impulsó el surgimiento de muy diversas formas de organización de los sectores populares 59, otros derechos civiles y políticos se vieron afectados e incluso hubo retrocesos.

En 1999, cuando el Presidente Chávez inició su gestión, las violaciones al derecho a la vida contabilizadas por Provea fueron 101. En el 2005 se registraron 162. En los 7 años se produjeron 1.245 60 violaciones a un promedio anual de 177 61. En 1999 murieron en las cárceles del país de manera violenta 471 presos. En el 2005, 408. Aunque hubo un descenso, en los 7 años fallecieron 2.358 personas a un promedio anual de 336, es decir, casi un preso por día. En 1999 las victimas por violaciones a la libertad personal fueron de 6.716. En el año 2005 de 2.731. Bajaron significativamente. Sin embargo, en los 7 años se produjeron 33.296 violaciones a un promedio de 5.546 anuales. Bien puede observarse que por lo menos en lo que respecta a estos tres derechos, 7 años después persiste una realidad muy similar a la que encontró el presidente Chávez al iniciar su gestión.

Como en épocas pasadas, el gobierno también mantiene presos y procesados políticos 62, a los que les ha negado sistemáticamente su condición, recurriendo al discurso de descalificarlos como “terroristas” o “delincuentes comunes”, tal y como durante años lo hizo la dirigencia política de los gobiernos anteriores con sus opositores 63. A pesar de que desde el alto gobierno se mantuvo un discurso que condenó las masacres ocurridas en gobiernos anteriores, entre ellas las de Yumare (Edo. Yaracuy) 64, El Amparo (Edo. Apure) 65, Cantaura (Edo. Anzoátegui) 66, esta gestión tiene en su haber sus propias masacres: las del Alto Apure 67, de La Paragua (Edo. Bolívar) 68, del barrio Kennedy en Caracas 69, de la Calle Páez, en Barcelona (Edo. Anzoátegui) 70.

Declaraciones como las siguientes fueron frecuentes: “se acabaron las desapariciones y las muertes al estilo de Alberto Lovera, se acabaron las torturas, se acabó la represión en las calles. Eso tiene que entenderlo el país para poder establecer la diferencia entre el pasado y el presente. Nosotros lo que tenemos que hacer es no permitir repetir el pasado de la IV República” 71. Sin embargo, se produjeron desapariciones forzadas durante el mandato del Presidente Chávez. Tan solo en el 2005 se produjeron 17 72, aunque cabe señalar que a diferencia del pasado no afectaron a opositores o disidentes políticos, sino a presuntos delincuentes acusados de cometer delitos contra la propiedad o las personas. El Estado venezolano en el 2005 tuvo que admitir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por la desaparición de 3 personas detenidas y desaparecidas en 1999 73. Por otra parte, los organismos policiales continuaron aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes, practicando la tortura y sus funcionarios fueron involucrados en otros cientos de violaciones a los derechos humanos y delitos, sin que haya un número significativo de investigaciones que condujeran al castigo de los responsables.

El deterioro de los cuerpos policiales constituyó un elemento de constante preocupación en la población produciendo un alto nivel de desconfianza en la institución policial 74 y fue un factor que favoreció el incremento del delito 75. La inseguridad ciudadana se convirtió así en la principal preocupación de la población 76.

El Sistema de Administración de Justicia se caracterizó por su ineficiencia, falta de independencia y por excluir a los sectores sociales de menores ingresos. Si bien se produjeron algunos avances 77, el acceso a la justicia continúo negado para los más pobres y los criterios político partidistas prevalecieron en los mecanismos para designar magistrados y jueces, afectando la independencia de los órganos judiciales. La influencia de las viejas elites políticas en el Poder Judicial y en otros entes del Estado fue sustituida por la influencia de las nuevas elites 78.

Por último, en relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos también hay luces y sombras. Por un lado es cierto que en términos generales -salvo excepciones 79 las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tuvieron dificultades para realizar su trabajo y no sufrieron serios obstáculos por parte del Estado para ejercer su labor. Tampoco fueron objeto de persecuciones, allanamientos ni apertura de juicios, esto último también con una excepción 80. Lamentablemente, en este período fue asesinado el primer defensor de derechos humanos venezolano 81, Joe Castillo, Coordinador del Vicariato Apostólico de Machiques, por parte de presuntos paramilitares colombianos, permaneciendo hasta ahora el caso en la impunidad. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos que siguen siendo acosados luego de realizar denuncias, aumentando progresivamente los riesgos para ellos 82. La intolerancia política de factores afectos al gobierno y a la oposición, la intolerancia del gobierno frente a la crítica y los deseos de acallar toda opinión de quien no avale las acciones y políticas gubernamentales, conllevaron a que se presentaran riesgos cada día más frecuentes y persistentes 83.

Por otra parte, en el marco del proceso de reforma agraria más de 50 dirigentes o miembros de organizaciones campesinas fueron asesinados. Si bien en estos asesinatos presuntamente no están vinculados directamente funcionarios estatales, sino particulares al servicio de terratenientes, la responsabilidad del Estado radica en la impunidad en la que permanece la mayoría de estos asesinatos, lo que favorece a su vez que sigan ocurriendo. Así mismo, entre octubre de 2005 a septiembre 2006, 60 personas 84, muchas de ellas líderes sociales, fueron procesadas en tribunales nacionales por participar en actividades vinculadas a la exigibilidad de sus derechos 85, gracias a una reforma regresiva del Código Penal que criminaliza la protesta social.

En el último semestre de esta gestión factores de la alianza de gobierno promovieron una ley que de ser dictada pudiera afectar el funcionamiento de muchas organizaciones sociales que recurren al financiamiento de fuentes externas para promover y realizar sus actividades 86. Según voceros oficiales el objetivo es controlar a las organizaciones no gubernamentales 87. El negativo precedente de imputar por delito de traición a la patria a directivos de la organización Súmate por haber recibido fondos del exterior y destinarlos a actividades lícitas 88, es un antecedente negativo ya que se pudieran entablar en el futuro procesos judiciales contra miembros de organizaciones no gubernamentales que reciban fondos de fuente internacional.

El nuevo gobierno que surja de la voluntad popular el 03.12.06 se encontrará un país con contradicciones y dificultades, pero también con oportunidades y posibilidades para profundizar la inclusión y la democracia sustantiva. El año 2006 termina con un crecimiento económico sostenido en los últimos 11 trimestres, hecho que no ocurría desde 1990. Las reservas internacionales sobrepasan los 30 mil millones de dólares americanos 89; muy probablemente se mantendrán en los próximos años los altos precios petroleros 90 y continuará una alta recaudación tributaria. Hay indicios de que el crecimiento económico se sostendrá por varios años. En contraste con esa situación, el país se encuentra más endeudado que hace 8 años 91, el gasto público crece a ritmo acelerado y persiste el déficit fiscal 92 y ascienden las importaciones de manufacturas y alimentos. Además, habrá que esperar los efectos de la integración al Mercosur 93. Por otra parte, la corrupción continúa desvíando recursos destinados a lo social y la ineficiencia de la gestión pública genera malestar, sobre todo en los sectores más pobres que empiezan a cansarse del incumplimiento de las promesas y cuestionan la falta de resultados 94. El nuevo gobierno tendrá que afrontar una inmensa presión popular y seguramente sean tiempos de mayores acciones de exigibilidad de derechos y tal vez de radicalización de conflictos.

En nuestra opinión, el próximo gobierno tendrá que trabajar en 5 ejes prioritarios para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, fortalecer la democracia, y afianzar la justicia social y la equidad:

1.-Combatir la pobreza con políticas integrales y sostenibles en el largo plazo.

La democratización de la riqueza tiene que ser la principal misión del futuro gobierno. Ello es el componente fundamental si se pretende consolidar un sistema democrático. Mientras millones de personas sigan excluidas de los beneficios de la riqueza nacional, el sistema democrático seguirá débil y con riesgos de debilitarse aún más. Las condiciones de pobreza en las que viven sectores importantes de la población constituye la mayor violación de sus derechos humanos. Atacar con celeridad, certeza y con políticas y programas sostenibles en el largo plazo las causas de esta pobreza, es la principal meta de los próximos años. Se debe avanzar igualmente en el cumplimiento de las metas del milenio.

Se requiere acabar con el desorden en las fuentes de financiamiento de las políticas y programas sociales95. Se debe mantener la alta inversión, pero canalizándola por la vía del presupuesto ordinario. Debe cesar la práctica de realizar la inversión social a través del presupuesto paralelo. Además de ser inconstitucional 96, favorece los manejos irregulares en la administración de los recursos públicos y dificulta las evaluaciones sobre los resultados y la contraloría social.

Deben evaluarse los programas sociales llamados misiones, potenciar lo positivo y corregir sus fallas, eliminar las que sean necesarias, y sobre todo integrarlas con metas de corto, mediano y largo plazo a la institucionalidad ordinaria. La producción de datos confiables, verificables y públicos es un imperativo para ejercer el derecho a la participación y a la contraloría social que garantizan la Constitución.

Urge construir un sólido sistema de seguridad social. Es una manera de mejorar la calidad de vida de un importante sector de la población. El Estado no puede seguir fortaleciendo las empresas privadas de seguros, mientras la institucionalidad de la seguridad social según mandato constitucional sigue sin construirse.

Se requiere fortalecer la institucionalidad estatal. Un Estado con tales características es fundamental para la garantía de la lucha contra la pobreza. Debe priorizarse la participación del Estado en aquellas áreas que directa o indirectamente favorezcan la satisfacción de los Desc.

Debe cesar el endeudamiento público y los dineros que hoy se destinan al pago de los intereses de la deuda deben invertirse en los programas sociales.

Hay que continuar y profundizar la reforma agraria, pero debe mejorarse. Además de entregar tierra al campesino, hay que titularizar su propiedad y se debe mejorar el financiamiento a través de créditos y hacer efectiva la asesoría técnica.

Sin dejar de promover y facilitar la organización de los ciudadanos en cooperativas, debe priorizarse la creación de fuentes de trabajo formal, reducir el empleo informal y llevar a bajos niveles el desempleo.
Finalmente, el gobierno debe controlar la inflación, y mantener la recuperación del salario.

Todas estas medidas desarrolladas de manera coherente pueden permitir a mediano plazo reducir de manera considerable los niveles de pobreza.

2.-Fortalecer la institucionalidad democrática garantizando una acción eficiente e independiente de los poderes constitucionales.

Se requiere dar muestras inequívocas de una real división de poderes que sin dejar de colaborar mutuamente entre sí, actúen con autonomía y sean capaces de establecer los contrapesos necesarios para una administración adecuada del Estado.

El Poder Ejecutivo en los próximos años debe reducir el excesivo protagonismo del presidencialismo ya que el mismo no resulta conveniente para una administración democrática de la institucionalidad del Estado.

De llegarse a dar un proceso de reforma a la Constitución se debe establecer expresamente el carácter no deliberante de la FAN y la prohibición de ejercer simultáneamente la autoridad civil y militar. Hay que reducir la incidencia del factor militar en la vida institucional del país.

Se debe exigir a los funcionarios que cumplan con el mandato constitucional de ser servidores públicos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y no de una corriente o partido político, y el Presidente de la República deber ser quien dé el ejemplo.

3.-Crear un clima apropiado para el diálogo, para administrar los conflictos de forma democrática y para construir consenso en torno a los problemas fundamentales del país y sus soluciones.

Hay que crear espacios y condiciones para la reconciliación del país. Sin dejar de reconocer las diferencias ni de saludar la sana confrontación, se deben crear espacios y mecanismos para dirimir los conflictos y viabilizar propuestas de manera democrática La mayoría del país quiere paz y reconciliación. Superar los graves problemas que aquejan hoy a la sociedad venezolana requiere de un esfuerzo colectivo y de consensos básicos. Quien dirija los destinos del país debe crear un clima que favorezca el diálogo entre los diversos actores, que se salude y se reconozca la diversidad y que sin aplastarla se construya un accionar común para el diseño y ejecución de políticas públicas.

Para que ese clima se logre hay que empezar por acabar con la discriminación política y dejar de ver al que piensa diferente como un enemigo a derrotar.

Se debe garantizar la libre expresión de las ideas y la libertad de asociación sin que ello signifique un riesgo para la continuidad laboral o para obtener un trámite en un órgano o ente público.

4.- Combatir la impunidad e implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos.

La impunidad es la principal aliada de las violaciones a los derechos humanos. Deben adoptarse medidas institucionales, presupuestarias y educativas para prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar las que ocurren y sancionar a los responsables.

El desarrollo de políticas consistentes, coherentes e integrales por parte de los órganos y entes del Estado para prevenir las violaciones y crear condiciones para el ejercicio y satisfacción de los derechos humanos puede facilitarse si se elabora, con participación ciudadana un Plan Nacional de Derechos Humanos. Ello permitirá coordinar a los distintos órganos y entes del Estado, definir políticas integrales y establecer metas de corto, mediano y largo plazo que guíen la acción del Estado.

Debe continuar el proceso de reforma policial iniciado para lograr una profunda transformación de los cuerpos policiales. El futuro gobierno debe trazarse como una de sus metas esenciales la disminución del delito en el marco de una acción contundente e integral de seguridad ciudadana democrática y por lo tanto respetuosa de los derechos humanos.

5.-Crear condiciones y mecanismos para garantizar la participación de la población en los asuntos públicos; crear ciudadanía y garantizar el funcionamiento autónomo de las organizaciones sociales.

Se requiere recuperar la confianza de la población en el sistema electoral tanto para ejercer el derecho al voto como para los diferentes mecanismos referendarios previstos en la Constitución.

Debe mejorarse el acceso a la información pública y las estadísticas del país. Garantizar de diversas maneras el ejercicio de la contraloría social sobre la gestión pública.

Cesar toda intervención del Estado en las organizaciones sindicales, comunales, ONG, abstenerse de crear obstáculos para su funcionamiento y crear espacios para que desde sus intereses y necesidades presenten sus propuestas y exigencias. Garantizar un trato no discriminatorio para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran, en el marco de la ley, establecer formas organizativas que consideren más adecuadas y cesar toda coacción que obligue a las personas a participar a favor o en contra de un determinado factor político.

Quien gobierne en los próximos seis años tiene el reto de construir una democracia con justicia social, con instituciones sólidas y eficientes, con menos pobres, con ciudadanos más concientes de sus derechos y con una significativa disminución de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, así como crear condiciones adecuadas para el ejercicio y disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación.

Estas u otras políticas y medidas permitirán producir transformaciones estructurales en el país para el bien de todos, principalmente de los sectores históricamente excluidos.

  1. Chávez fue electo presidente el 06.12.98 con el 56,20 % de los votos para un período de 5 años y asumió la presidencia el 02.02.99. Al realizarse el proceso constituyente en 1999 se acordó que debían relegitimarse todos los poderes, incluyendo el Poder Ejecutivo. El 30.07.00 se convocó a una nueva elección presidencial ganando Chávez con el 59,5% de los votos, pero esta vez para un período de 6 años de acuerdo con la nueva Constitución.
  2. Entrevista realizada por Boris Muñoz a Margarita López Maya: Aquí no hemos superado el discurso ramplón. El Nacional. Siete Días. 29.01.06, pág. D-6.
  3. Cabe destacar que algunas políticas y proyectos del gobierno son claramente neoliberales. Tal es el caso de los megaproyectos de explotación gasífera, petrolera y minera en territorios indígenas o el mantenimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es un impuesto regresivo que afecta a los sectores más pobres.
  4. Se fortaleció la participación del sector público en la economía del país y en el área social, sin embargo, se excedió al intervenir en áreas no esenciales de la economía y querer ejercer control sobre las organizaciones sociales.
  5. Según el presidente Chávez el contenido de ese socialismo está por construirse; es una idea y debe irse perfilando en la teoría y en la práctica.
  6. Provea recibió denuncias de empleados públicos que fueron obligados participar en actos y movilizaciones a favor del gobierno a riesgo de ser despedidos. Ver anexo: Participación obligatoria en “Alo Presidente”.
  7. El Nacional, 21.04.02, pág. H-1.
  8. Ello no incluye a toda la oposición política, sino a la alta dirigencia empresarial y a la dirección política de Acción Democrática y COPEI.
  9. Uno de los casos más resaltante fue el cuestionamiento abierto a las programas sociales del gobierno denominados misiones y particularmente al programa de salud “Barrio Adentro”. Con el pasar de los años algunos sectores de la oposición rectificaron y valoraron de manera positiva las misiones.
  10. Principalmente durante los años 2002 y 2003 se recurrió a la convocatoria de la población a la calle u a otro tipo de acciones para respaldar al gobierno o para cuestionarlo.
  11. El fraude electoral fue una denuncia permanente de los sectores que adversaron a Chávez, denuncia que se realizó con mayor intensidad con relación al referéndum revocatorio que se produjo en el 2004.
  12. LANDER, Edgardo: El Diálogo después del golpe. Question. Caracas, agosto 2002, pág. 5.
  13. La Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en una inusual alianza y con el respaldo de la cúpula de la iglesia católica, habían previamente convocado a un paro nacional y a la toma de la calle logrando movilizar a miles de personas en todo el país exigiendo que el Presidente Chávez abandonara el poder.
  14. El Decreto Nº 1 de Pedro Carmona Estanga, contenía entre otros aspectos lo siguiente: En su Artículo 3, “suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional ”; el 7 le otorga al “Presidente de la República en Consejo de Ministros” la potestad de “renovar y designar transitoriamente a los titulares de los poderes públicos, nacionales, estadales y municipales”; el 8 destituye de sus cargos “al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral” y otorga al “Presidente de la República en Consejo de Ministros previa consulta con el Consejo Consultivo” la potestad de designar “a los ciudadanos que ejercerán transitoriamente esos poderes públicos”; el 10 señala que “se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición democrática”.
  15. PROVEA: Mitos que obstaculizan el diálogo y la profundización de los cambios democráticos. 27.02.02. www.derechos.org.ve.
  16. La madrugada del 14.04.02 el Presidente Chávez retomó el poder. Durante los días 12 y 13, miles de personas en todo el país, principalmente de los sectores más pobres de la población, protestaron en la calle al gobierno de facto y exigieron el regreso de Hugo Chávez a la Presidencia.
  17. Desde octubre del 2001 hasta septiembre de 2004 Provea había contabilizado la muerte de 107 personas en hechos vinculados a la confrontación política.
  18. El Nacional
  19. Modalidad de protesta impulsada por la oposición que consistía en cerrar calles y avenidas en sectores urbanos para impedir el tránsito y la movilidad de personas. Muchas de las “guarimbas” degeneraron en acciones violentas donde fallecieron varias personas, otras resultaron heridas por civiles que hicieron uso de armas de fuego o por cuerpos armados del Estado.
  20. Provea pudo constatar que en el sector privado y en órganos y entes del Estado controlados por factores políticos de la oposición se produjeron también despidos de simpatizantes del gobierno.
  21. El diputado Luis Tascón publicó en una página web la identificación de las personaron que firmaron en contra de la ratificación de Chávez en el poder y a partir de ese momento se produjeron miles de despidos en el sector públicos de presuntos simpatizantes de la oposición.
  22. Para el momento de redactar este informe en Ministro de Energía y Minas Rafael Ramírez en una intervención pública afirmó: “¿que pasa aquí? ¿es que aquí se volvieron locos, es que es verdad entonces que tenemos infiltraciones de los escuálidos, de los enemigos de esta revolución , a nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros sacamos de esta empresa a diecinueve mil quinientos enemigos de este país y estamos dispuestos a seguirlo haciendo”. Globovisión: Transcripción del discurso del Ministro Rafael Ramírez. http://www.globovisión.com/print.php?nid=417308origen=1.
  23. Al respecto, Cesar Gaviria, para entonces secretario general de la OEA, señaló en su informe a la Asamblea de esa organización que: “…la actitud de la oposición, de no abrir siquiera un pequeño espacio para reconocer el triunfo del presidente Chávez, la ha colocado en una situación compleja frente a la comunidad Internacional que no alcanza a comprender como el referendo no contribuyó más a resolver la conflictividad política y, hasta donde hemos podido observar, no entiende sus razones para desconocer el resultado”. PROVEA: Informe Anual octubre 2003-septiembre 2004. .
  24. En el marco del proceso eleccionario del 03.12.06, tanto Hugo Chávez como el principal candidato de la oposición Manuel Rosales, destacaron en su campaña los temas relacionados con el combate a la pobreza.
  25. PROVEA: Sí o no. Pistas para un voto razonado. 1999 http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/1999.
  26. Esa excesiva intervención de lo militar en los asuntos públicos fue, entre otras, una de las condiciones favorables para que ocurriera el Golpe de Estado de 2002.
  27. José Luis Carrillo: La única guerra posible será contra la invasión de EEUU. Últimas Noticias, 11.01.06, pág.14.
  28. Elizabeth Núñez: Venezuela gastó en el 2005 más de 4 billones en equipos militares. El Nacional, 02.01.06, pág. A-2.
  29. Cenovia Casas: Frente Francisco de Miranda recibirá fusiles Kalashnikov. El Nacional, 01.07.06, pág. A-4. Laura Weffer: Chávez: Cada núcleo endógeno debe convenirse en una unidad militar. El Nacional, 18.01.06, pág. A-2.
  30. William E. Izarra: Comandos Populares. Panorama, 20.02.06, pág. 1-4.
  31. No hay ninguna norma que diga que un militar debe ser Ministro de la Defensa. Es una costumbre institucional que se rompió transitoriamente en el 2001 cuando el Presidente Chávez nombró al abogado y periodista José Vicente Rangel en ese cargo. Los posteriores ministros de la defensa fueron militares.
  32. La Plataforma política que se núcleo en torno a la candidatura de Hugo Chávez se denominó Polo Patriótico y fue integrado, entre otros partidos, por el Movimiento V República, el Partido Patria para Todos, el Movimiento Al Socialismo y el Partido Comunista.
  33. Una buena parte de los dirigentes que ocupan altos cargos en el gobierno fueron víctimas de violaciones a sus derechos y otros se destacaron por su permanente denuncia, como es el caso del Vicepresidente de la República José Vicente Rangel o del Ministro del Trabajo Ricardo Dorado.
  34. POLO PATRIOTICO: Propuesta constitucional http://www.analitica.com/constituyente/civil/polo.asp#Presentación.
  35. El proyecto de Constitución que surgió fue sometido a un referéndum el 15.12.99. Un total de 3.301.475 electores se pronunciaron a favor del texto y 1.298.105 votaron en contra.
  36. En su programa Aló Presidente Nº 158 del 03.08.03 el Presidente Chávez reafirmó: “La Asamblea Constituyente fue sólo una etapa para transitar nuevos caminos, ahora el reto más grande que tenemos nosotros y lo he dicho hermanos y hermanas y en eso se nos irá toda la vida, es hacer realidad los postulados, más que los postulados el proyecto nacional que está aquí recogido, aquí hay un proyecto político, aquí hay un proyecto económico, hay un proyecto social, un proyecto cultural, un proyecto endógeno, un proyecto incluso con ramificaciones internacionales, es el proyecto nacional que lleva el nombre de Simón Bolívar y por eso la República Bolivariana de Venezuela…”.
  37. Provea resumió los avances en los siguientes términos: “ esta Constitución plasma de un modo realmente progresivo y vanguardista los ddhh, pero la arquitectura de poder (también plasmada en la Constitución) supone un riesgo potencial para la concreción de los mismos”. Las organizaciones de ddhh logramos avances sustantivos en la materia. Algunos de ellos son: 1) constitucionalización de los tratados sobre ddhh; 2) exclusión de la justicia militar (histórica fuente de impunidad) para juzgar delitos de ddhh; 3) imprescriptibilidad de los delitos graves de violación a los ddhh; 4) prohibición del indulto o la amnistía a personas que hubieran violado los ddhh; 5) obligación estatal de investigar y sancionar los delitos de ddhh; 6) reconocimiento de la legitimidad de denunciar al Estado ante instancias internacionales de ddhh y obligación del Estado de darle cumplimiento a las decisiones de esas instancias; 7) obligación del Estado de reparar los daños causados a las víctimas de violaciones a los ddhh; 8) prohibición expresa de la desaparición forzada de personas; 9) progresividad en materia de derechos sociales; 10) reconocimiento de los derechos originarios de los pueblos indígenas; 11) reconocimiento de nuevos derechos (como el ambiente sano, los derechos de las personas con necesidades especiales, entre otros); 12) reconocimiento de los derechos o intereses colectivos y difusos; 13) reconocimiento de la posibilidad de un servicio social distinto al militar; 14) creación de una Sala Constitucional en el máximo tribunal; 15) creación del Defensor del Pueblo (figura conocida también como defensor de los ddhh); 16) creación del Comité de Postulaciones Judiciales; 17) excelente regulación de los Estados de Excepción; y 18) inclusión de temas fundamentales de ddhh en las disposiciones transitorias.
  38. El 02.02.99 se produjo el acto de transmisión de cargo. Rafael Caldera culminaba así su segundo mandato presidencial y Chávez iniciaba su primera gestión.
  39. CHAVEZ FRIAS, Hugo Rafael: La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela, Mímeo. Caracas, Octubre 1998. Pág. 15.
  40. Ídem.
  41. En materia del derecho a la educación por ejemplo, se proponía eliminar la educación gratuita en el sector universitario. En cuanto a la seguridad social, las políticas se perfilaban a desmantelar el seguro social y en el sector salud, a promover las empresas privadas de servicios de salud y la formalización del cobro en los hospitales públicos.
  42. En el sector vivienda por ejemplo se promulgaron tres leyes con un adecuado contenido en materia del derecho humano a la vivienda: La ley del Subsistema de Vivienda y Hábitat, la Ley de Titularidad de Tierra Urbana y la Ley de Protección al Deudor Hipotecario.
  43. Cálculos propios con datos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación de los años correspondientes y de población según el Instituto Nacional de Estadísticas.
  44. Los objetivos, alcances cuantitativos, así como las dificultades y debilidades de cada una de ellas se analizaron en los respectivos informes anuales de estos años y también en el presente.
  45. Según cifras oficiales, en 1998 la inversión en educación era equivalente al 3,4 % del Producto Interno Bruto y en 2005 era 4,2 del PIB. http://www.sisov.mpd.gov.ve/indicadores.
  46. El balance oficial hasta marzo de 2006, señala que Barrio Adentro I mantiene presencia en todo el territorio nacional, en unas entidades federales más que en otras, con una cobertura de 17 millones de habitantes, en tanto que el sistema de salud tradicional mantiene una cobertura de 3,5 millones de personas. En: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Y MINISTERIO DE SALUD: Estrategia de Cooperación de OPS/OMS con Venezuela 2006-2008. Caracas, junio 2006. Pág. 52
  47. Según el Viceministro de Finanzas Eudomar Tovar desde 2003 el gobierno ha destinado 25,8 billones de bolívares
  48. Algunas de estas misiones incluyen una beca o pago a quienes participan en ella. Por esta vía personas sin empleo obtienen algunos ingresos y personas con empleo incrementan los propios. Raquel Barreiro: Pobres recuperan poder adquisitivo. El Universal, 08.09.06. http://economia.eluniversal.com/2006/09/08/eco_art_08201A.shtml.
  49. Raquel Barreiro: 56% de la población satisfecha con su situación de bienestar. El Universal, 23.08.06, pág. 2-5.
  50. Según el Instituto Nacional de Estadísticas para el segundo semestre de 2005 la pobreza era de 39,7% y la pobreza extrema de 15,3%, es decir más de 4 millones de personas viven en extrema pobreza. En 1999 era de 42.8% la pobreza y la pobreza extrema era 16.9%. http://www.ine.gov.ve/indicadores sociales.
  51. Aún cuando se aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, todavía no se ha logrado implementar el sistema de seguridad social creado por la misma, con lo cual la mayoría de la población está excluida de los beneficios que el sistema brinda a los trabajadores cotizantes.
  52. En cuanto a la construcción de nuevas viviendas la gestión de gobierno ha sido negativa y en siete años construyó menos del 50% de las metas establecidas. De 1999 a 2005 el gobierno sólo construyó 110.000 viviendas. El Presidente Chávez se comprometió en el 2005 a construir 120.000 viviendas y sólo se construyó el 13% de esa meta.
  53. Entre ellos destacan: 1. Los planes de explotación petrolera y gasífera del Delta del Orinoco y de la Costa de Paria en el Edo. Sucre; el proyecto del Gasoducto al Sur (Venezuela-Brasil -Argentina); el proyecto del gasoducto transguajiro entre Colombia y Venezuela; la exploración de gas en el Edo. Falcón con el Proyecto Rafael Urdaneta, y la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco; todo esto como parte de la política impulsada por el gobierno, de convertir a Venezuela en la mayor potencia energética del planeta; 2. Los planes mineros, entre los que encontramos la apertura minera de oro y diamante en la Reserva Forestal de Imataca; el crecimiento acelerado de la explotación minera ilegal en la Cuenca Alta del Río Carona y la explotación del carbón en la Sierra de Perijá, a contrapelo de la perseverante posición asumida en contra de esta actividad por parte de los indígenas afectados. 3. La explotación forestal en las reservas forestales y las plantaciones de monocultivos de pinos, melinas y eucaliptos en extensas áreas del territorio, principalmente en los estados Anzoátegui y Monagas.
  54. Durante cinco años consecutivos la Organización Internacional del Trabajo ha llamado la atención al Estado venezolano por su injerencia en los asuntos sindicales.
  55. De los 7 años de gestión, durante cinco hubo altos ingresos petroleros, que le permitieron pasar de un gasto público de 15 billones de bolívares en el 2003 a un gasto de más de 100 billones en el 2006.
  56. En el sector vivienda, por ejemplo, para el año 2003, el Inavi, quien resultó el ente con mayor número de viviendas programadas entre los organismos nacionales, presentó el nivel de ejecución física menor (sólo 13%). Por su parte, los entes regionales, cuya asignación varía en función de los proyectos que presentan ante el Conavi, ejecutaron el 14% de las viviendas programadas. Ver PROVEA: Trabajo Especial: Derecho a la vivienda y hábitat dignos en Venezuela. Balance 1999-2005. Informe Anual octubre 2004-septiembre 2005. Caracas 2005.
  57. Ver PROVEA: Informe anual 1999-2000. Caracas, noviembre 2000. Capítulo Contexto.
  58. Según cálculos propios a partir de la base de datos de Provea en los siete años se produjeron 10.558 protestas y ha sido bajo el porcentaje de movilizaciones reprimidas.
  59. Tales como cooperativas, comités de tierra, mesas técnicas de agua, círculos bolivarianos, entre otras.
  60. El 21.07.00, ya Provea advertía al gobierno y a la sociedad el incremento alarmante de violaciones al derecho a la vida. http;//www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_de prensa.
  61. En los gobiernos anteriores el número de violaciones al derecho a la vida fue también alto. Entre 1989 y 1997 el promedio anual de violaciones fue de 140 casos http://www.derechos.org.ve/comunicados/notas_prensa.21.07.00.
  62. Algunos militares opuestos al gobierno fueron juzgados y condenados por distintas causas, se abrieron procesos judiciales contra varios civiles presuntamente involucrados en el Golpe de Estado y algunos luchadores sociales fueron encarcelados luego de realizar acciones de exigibilidad de derechos.
  63. Los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, nunca reconocieron como presos políticos a los opositores y dirigentes sociales encarcelados que eran calificados de “guerrilleros” o “comunistas”.
  64. El 08.05.86 durante el gobierno de Jaime Lusinchi fueron asesinadas 9 personas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en la población de Yumare, Distrito Bolívar, Edo. Yaracuy.
  65. El 29.10.88, durante el gobierno de Jaime Lusinchi 14 pescadores fueron asesinados en el Edo. Apure por la acción de funcionarios militares y policiales que integraban el Comando Específico José Antonio Páez
  66. El 04.10.92 durante el gobierno de Luís Herrera fuerzas militares y policiales atacaron a un grupo de guerrilleros de la organización Bandera Roja, dando muerte a 23 personas, la mayoría de ellas después de haber sido capturadas vivas.
  67. Ocho personas fueron asesinados el 20.07.06, cerca de la población de la Victoria, Edo. Apure entre ellos dos adolescentes. Un soldado asumió la responsabilidad de los hechos y acusó a 10 efectivos más de haber participado en ese asesinato colectivo.
  68. 10 personas dedicadas a actividades mineras murieron el 22.09.06 como consecuencia de la presunta actuación de efectivos del ejército adscritos al Teatro de Operaciones Nº 5.
  69. El 27.06.05 tres estudiantes universitarios luego de haber sido detenidos vivos, fueron asesinados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar y de la Policía de Caracas. Un año después, los funcionarios fueron sentenciados a penas entre 10 y 30 años.
  70. En junio de 2005, 11 personas fueron asesinadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en una misma vivienda, ubicada en la calle Páez en Barcelona, Edo. Anzoátegui luego de haber sido detenidas vivas.
  71. Vicepresidente: Es necesario darle una paliza al pasado, a la derecha y al imperialismo el 3D. http://www.vicepresidencia.gov.ve.
  72. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual. Octubre 2004-septiembre 2005. Caracas 2005. Pág. 295.
  73. Durante la tragedia natural ocurrida en el Edo. Vargas en diciembre de 1999 se desplegaron funcionarios policiales y militares en la zona quienes procedieron a detener a 4 personas de quienes nunca más se supo el paradero. Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos el caso fue presentado en las instancias interamericanas de protección de los derechos humanos
  74. Según una encuesta realizada en agosto de 2006 por la empresa Hinterlaces 74% de la población opinaba que la corrupción policial había aumentado y 71% desaprobaba la labor de la policía.
  75. Los homicidios en el país tuvieron una línea de ascenso desde el 2000 pasando de 8022 a 11.136 en el 2004.
  76. Según una encuesta realizada en agosto de 2006 por la empresa Hinterlaces 85% de la población opinaba que el principal problema del país era la inseguridad
  77. El más importante se produjo con la reforma del proceso laboral que permitió celeridad en la solución de las controversias y mayor transparencia en los procesos.
  78. Dirigentes o simpatizantes políticos de la alianza gubernamental, se convirtieron de un momento a otros en jueces “independientes”. El caso más resaltante es el de Luis Velásquez Alvaray quien pasó en pocos meses de ser dirigente del Movimiento V República a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  79. La organización Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) se vio obligada a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como consecuencia de las reiteradas amenazas recibidas por presuntos simpatizantes del gobierno.
  80. Una excepción la constituyó la investigación que inició el Ministerio Público contra el abogado Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien se le pretendió vincular con el Golpe de Estado de 2002.
  81. Joe Castillo fue asesinado el 27.08.03 en la Urbanización Tinaquillo de Machiques (Edo. Zulia).
  82. Durante el último año de gestión se produjo un atentado contra la activista María del Rosario Guerrero Galucci siendo presuntamente autor intelectual el gobernador del Edo. Guárico Eduardo Mannuit. También el activista Humberto Prado fue atacado de manera pública por la dirigente de la alianza gobernante Lina Ron; la activista Sara Mier recibió amenazas en el Edo. Aragua y contra el activista Rafael Escobar se inició un juicio por solicitar la investigación de una desaparición forzada.
  83. Cuando se inició el gobierno del presidente Chávez ningún activista de derechos humanos se había visto obligado a solicitar medidas de protección en instancias internacionales. En 7 años, 8 activistas de derechos humanos tuvieron que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  84. Ver al final de este Informe Anexo: “Personas afectadas por restricciones legales al derecho a manifestar”.
  85. Paradójicamente buena parte de estos líderes y luchadores sociales procesados en tribunales se identifican con el proceso político que dirige el Presidente Chávez.
  86. Según el proyecto de ley las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales para poder actuar tendrán que registrarse nuevamente ante un organismo dependiente del Ejecutivo y deberán exponer sus fuentes de financiamiento e informar sobre las actividades que realizan.
  87. Pedro Pablo Peñaloza: Claro que controlaremos a las ONG. El universal, 14.06.06, pág.1-5
  88. Vanesa Gómez Quiroz: Súmate: enfrentamos un proceso político. El Nacional, 08.02.06, pág. A-2.
  89. BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Reservas. http://www.bcv.gov.ve.
  90. El promedio de los precios del petróleo durante el 2005 fue de 53,52 dólares por barril.
  91. Según cifras del Ministerio de Fianzas, a marzo de 2006 la deuda pública externa era de 31.063 millones de dólares.
  92. Mayela Armas: Las arcas del fisco están rebosantes de ingresos. El Universal, 16.04.06, pág.2-1.
  93. Algunos sectores económicos han expresado que el ingreso al Mercosur pudiera perjudicar a sectores importantes de la economía. Otros, por el contrario, han manifestado que se abre una oportunidad para crecer en lo económico y lo social.
  94. El propio Presidente Chávez en su programa Alo Presidente Nº 246 reconoció la ineficiencia de funcionarios de gobierno y la existencia de hechos de corrupción y llamó a combatir “esos mecanismos perversos de la administración”. http://www.alopresidente.com.ve.
  95. Además del presupuesto ordinario el gobierno asumió la práctica de ejecutar una parte del gasto social a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social; el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Fondo de Desarrollo Nacional y otras fuentes de financiamiento.
  96. El artículo 314 de la Constitución establece; “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.

BALANCE DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El balance que se presenta a continuación es el resumen de un análisis sobre la situación de derechos humanos que Provea presenta en esta 18ª edición de su Informe anual.

Para evaluar la situación de los derechos humanos, tanto de los derechos económicos, sociales y culturales, como de los derechos civiles y políticos es imprescindible no solamente describir las violaciones a estos derechos sufridas por personas o sectores de la población, sino también analizar las acciones emprendidas por el Estado. La pretensión no se limita a una recopilación de violaciones ni tampoco pretende abarcar de manera exhaustiva la totalidad de las faltas por parte del Estado venezolano. Si bien se toman en cuenta estos aspectos, también se presentan los resultados del análisis de las políticas implementadas por las autoridades, con la intención de señalar los errores o aciertos en la responsabilidad estatal en la materia, derivada de las disposiciones contempladas en los diferentes tratados y convenios de derechos humanos y en el derecho interno venezolano.

Las fuentes para este análisis fueron, en parte, testimonios de víctimas y familiares e incluso en algunos casos de victimarios, así como el seguimiento, monitoreo y estudios profundizados de estadísticas y medidas estatales efectuado por investigadores especializados en su área.

Al igual que en años anteriores, también en este aspiramos con esta tarea a contribuir a alimentar el debate sobre la real vigencia de los derechos humanos en el país.

En relación con el derecho a la alimentación se reflejaron pocos cambios respecto al lapso anterior. Los datos oficiales disponibles indicaron que hubo un leve descenso de los índices de desnutrición, especialmente en la población infantil. Sin embargo, estos índices no equivalen a una mejoría clara; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sigue ubicando a Venezuela entre los países con el peor desempeño en materia de desnutrición en América Latina con un porcentaje de 18% de personas desnutridas equivalente a 4.700.000 personas, estando muy encima del promedio que existe en América Latina y el Caribe.

Entre 2004 y 2005, los indicadores oficiales de desnutrición en niños menores de 5 años se comportaron de la siguiente manera: la desnutrición global varió de 5,19% a 4,64%, la desnutrición crónica de 12,52% a 11,77%, la desnutrición aguda de 4,05% a 3,77% y el sobrepeso de 3,11% a 3,31%; a excepción de la desnutrición crónica, estas cifra no demuestran un cambio sustancial con relación a lo existente en 1999.

Se mantuvieron las denuncias sobre niños y niñas fallecidos a consecuencia de la desnutrición, particularmente en poblaciones indígenas, aunque la mortalidad por desnutrición mejoró levemente respecto al año 2003: en el grupo de menores de 1 año, de 448 muertes en 2003 pasó a 279 en 2004 y en el grupo entre 1 y 4 años, de 359 muertes en 2003 a 220 en 2004. Cabe señalar que no se pudo acceder a indicadores tradicionales tales como el bajo peso al nacer y los índices de anemia.
En 2005, tanto fuentes públicas como privadas coinciden en el aumento del consumo de proteínas por parte de la población. También reconocen que los venezolanos consumen en general más alimentos (crecimiento del 9%), en parte atribuible a la cobertura del costo de la canasta básica posibilitado por los aumentos del salario mínimo, que mejoró la capacidad adquisitiva, especialmente del sector social perteneciente al estrato E.

Continúa siendo tema de preocupación el crecimiento real de la producción nacional de alimentos, lo que afecta la seguridad alimentaria del país. La producción nacional presentó un comportamiento irregular, creciendo en algunos rubros (raíces y tubérculos, hortalizas etc.) y bajando en otros (cereales, pesquero, sorgo, arroz, etc.). La continua escasez de algunos alimentos obligó a acudir a las importaciones, las cuales se incrementaron en un 31,10% al pasar de 486 millones de dólares a 638 millones.

En torno al derecho al ambiente sano, en el período analizado, siguen siendo muchas las demandas por satisfacer. Los indicadores de la calidad de los distintos medios (aire, agua, suelo) no han registrado mejoras sustanciales.

En materia legislativa se han adelantado discusiones en la AN acerca de la Ley Orgánica de Conservación del Ambiente pero se desestimaron las observaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, se postergó la Ley Orgánica de Planificación y Gestión del Territorio.

Se considera positiva la Misión Árbol como un plan establecido para luchar contra la deforestación (140.000 ha. anualmente) producida por la ampliación de la frontera agrícola y los incendios, así como por la falta de control ambiental.

Se incrementó la inversión pública destinada a los proyectos de saneamiento de agua, por lo que el Ministerio del Ambiente destinó el 40% de su presupuesto a la ejecución de obras. Sin embargo, ello no impidió nuevamente el incremento incontrolado de la especie vegetal Lenteja Acúatica (lemna) que llegó a cubrir el 20% de la superficie del Lago de Maracaibo, en el Edo. Zulia y la reaparición de la bora en el embalse de La Mariposa, en el Edo. Miranda. Igualmente se registraron muchas denuncias sobre derrames petroleros y sobre contaminación de agua por falta de tratamiento, lo que vuelve a reiterar la necesidad de establecer un plan nacional de inversión para la recuperación y protección integral de los cuerpos de agua más emblemáticos.

Como en años anteriores, siguen siendo temas de preocupación la contaminación atmosférica generada por proyectos energéticos que provocaron lluvias ácidas que acabaron con sembradíos, al igual que el poco mantenimiento del parque automotor, especialmente en las grandes ciudades y la deficiente supervisión de las autoridades sobre este aspecto. El problema de la basura, en particular en la región metropolitana de Caracas, y la prestación del servicio de recolección se agravaron. Persistió el problema de la contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por el uso de plaguicidas y/o agroquímicos, en particular en la región de los Andes y de los Llanos. Los Parques Nacionales siguieron presentando problemas de control y monitoreo.

Finalmente, destaca también como negativa la limitación que tienen las comunidades para proteger sus derechos ambientales debido a la falta de un plan de controlaría social y de fortalecimiento de organizaciones de base como las Mesas Técnicas de Agua.

Con respecto al derecho a la educación, la disponibilidad de establecimientos educativos, se incrementaron en 3 % con respecto al lapso anterior, correspondiente a 727 nuevos planteles. A pesar de este avance sigue registrándose falta de escuelas o secciones, principalmente en el nivel preescolar, en determinadas zonas del país o para ciertos grupos poblacionales discriminados.

También hubo aumento en los planteles y servicios destinados a los alumnos con condiciones de salud especial, necesidades especiales o condiciones étnicas. No obstante, persiste el déficit en la modalidad de educación especial, reconocido por las mismas autoridades.

En relación con los indicadores que dan cuenta de la inversión educativa, creció en 4,1% el gasto público real en educación por habitante con respecto al 2004, muy por debajo del incremento del 31,1% que había tenido en ese período con respecto al 2003; descendió el gasto público en educación como porcentaje del PIB, para ubicarse en 4,2%, mientras que en 2004 fue de 5,3%; también descendió el gasto público en educación como porcentaje del gasto social a 38,3 %, siendo 43,3% en el lapso anterior y el gasto público real en educación creció solo 7,5%, muy por debajo del 33,4% del lapso anterior.

El nivel de preescolar tuvo, por segundo año consecutivo, un incremento de 7,5% en su matrícula, lo cual es considerado positivo dado que se superan las Metas del Milenio (crecimiento interanual de 5%). Sin embargo, según cálculos de estimación, alrededor de 600.000 niños y niñas en edades entre 3 y 5 años están todavía afuera de las aulas.

El nivel de educación básica también creció en términos globales (0,8%) pero a un ritmo menos elevado que en el lapso anterior (1%). Adicionalmente, la matrícula de la I y II etapa (1° a 6° grado) no logra superar la cifra del período 2001-2002. El nivel de educación media nuevamente observa un incremento importante (9,1%) de la matrícula en términos absolutos. A pesar de representar un importante avance, no se debe olvidar que el nivel de exclusión sigue siendo alto, con aproximadamente 1.100.000 alumnos de estas edades que estarían desescolarizados.

Los sectores populares continúan siendo la población con menos acceso a la educación superior, según demuestran varias investigaciones. De 500.000 bachilleres que presentaron la Prueba de Aptitud Académica, solo 230.000 entrarán en educación superior. Por otra parte, al igual que años anteriores, se mantuvo la no-discriminación por razones de sexo hasta la educación media, a partir de la cual la proporción de matriculados varones con respecto a las mujeres es de 73,6 varones por cada 100 mujeres.

Los porcentajes de repitencia continuaron su tendencia a la disminución. El global descendió de 8,1% a 7,6%. El del 1° grado pasó de 11,9% a 11,1% y el de 7° grado de 13,3% a 12,5%. Cabe señalar que el global y los del 7° grado son los más bajos de la década. En relación con ese tema, el Ministerio de Educación y Deportes (MED), derogó una norma que permitía reparar materias solo a los bachilleres que tenían 50% de las materias aprobadas. Sin embargo, esta nueva disposición no fue comunicada a tiempo a los planteles para ser aplicada este año.

En relación con la prosecución escolar, al considerar el lapso desde 1er grado hasta 9°, este índice mejoró desde una prosecución de 44% para el período 1999-2000 a una prosecución de 61% en el período 2003-2004. Esto significa que actualmente culminan el noveno grado 61 alumnos de los que ingresaron a primero. Destacamos como positivo que para el 28.10.05, 1.485.543 adultos aprendieron a leer y escribir a través de la campaña Misión Robinson I de los cuales 1.452.542 están cursando la Misión Robinson II destinada a que esta población concluya su educación básica.

En relación con los derechos laborales, durante el período 2005-2006, continuó la tendencia a la disminución del desempleo. Para julio del 2005, la tasa de desempleo se ubicaba en 12,6% mientras que en el mismo periodo en 2006 era de 9,6%. La Población Económicamente Activa (PEA) de Venezuela representa 66% de la población total mayor de 15 años, es decir 12.280.195 personas, lo cual corresponde a un leve aumento de 0,2%.

La economía informal (46,5% en julio 2006 en contraposición con 47,3% en julio 2005) viene, por tercer año consecutivo, cediendo terreno a la economía formal (53,5% en julio 2006 y 52,7%). Parte del retroceso observado desde 2005 se debe a un cambio en el método de cálculo, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) incluye en su cálculo del sector formal a las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados.

Estos avances no corresponden en gran parte al disfrute de un empleo decente. Fuentes privadas estiman que el desempleo abierto se estima en 70% de la población; según fuentes oficiales, el 43% de los trabajadores percibían remuneraciones inferiores al salario mínimo (SM). Mediante decreto presidencial se dictó en dos oportunidades un aumento salarial. Con ello, el SM excede en 7% el valor de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN).

Continúa presentándose discriminación por género. Por un lado, el 61,8% de las mujeres perciben un sueldo inferior al SM; por el otro, de cada 10 mujeres que buscan trabajo, 4 están efectivamente trabajando; mientras que de cada 10 hombres en iguales circunstancias, lo están 7.
Destaca como medida positiva la implantación de la solvencia laboral implementada por decreto del Ejecutivo Nacional del 02.02.06. La misma es un documento que indica que el patrono cumple con sus obligaciones legales relacionadas con los derechos laborales de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno nacional extendió por 9ª y 10ª vez la inamovilidad laboral hasta el 31.03.07, ofreciendo mayores garantías jurídicas para defender el derecho al empleo.

Durante el período analizado, se intensificaron los conflictos laborales principalmente relacionados con el otorgamiento de puestos de empleo en el sector petrolero y en las industrias básicas. Las pugnas entre sindicatos para la obtención de empleos en esas industrias cobraron hasta diciembre 2005 la vida de al menos 45 personas, lo que da cuenta de la desesperación de amplios sectores para obtener un empleo y la falta de transparencia en la adjudicación de los mismos.

En relación con la libertad sindical, se observaron algunas medidas declarativas positivas por parte del Estado sobre el tema de la interferencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones sindicales, siendo esto considerado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una violación del Convenio N° 87 sobre Libertad Sindical. Estas fueron las declaraciones del Presidente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Director General del Minfra admitiendo la legitimidad de la organización de las elecciones sindicales sin la supervisión del CNE. Sin embargo, no se produjo hasta la fecha del cierre de este Informe ningún pronunciamiento judicial sobre ese tópico. En los hechos, se manifestó una injerencia indebida del CNE, la cual tuvo una repercusión negativa en la celebración de algunos convenios colectivos, especialmente con organizaciones sindicales no alineadas con el gobierno. A pesar del incremento del registro de sindicatos, se produjo un debilitamiento de las organizaciones sindicales quienes tuvieron poca participación e impacto en el diseño de políticas asociadas al mundo laboral. El debate sobre el diálogo tripartito se ha trasladado a los espacios de la OIT, la cual a través del Comité de la Libertad Sindical, exhortó al Estado a reanudar el proceso de negociación con las organizaciones sindicales más representativas en los distintos sectores.

Se constataron avances en la estructura gubernamental encargada de supervisar y mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo, aunque se registraron accidentes laborales en el sector petrolero que no han sido debidamente investigados. En lo referente al trabajo infantil, no se han registrado avances significativos.

La diferencia entre el discurso y la realidad continuó caracterizando la actuación de las autoridades en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Poco fueron los impactos positivos, salvo algunas excepciones. El 08.12.05, el gobierno aprobó la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas (LOPCI) que establece las normas para la demarcación del hábitat y de las tierras indígenas, pero el retraso en esta demarcación persistió y tuvo que ser paralizada a raíz de una petición de los mismos indígenas para revisar algunas de estas normas. El Estado permanece ineficiente en la resolución de conflictos entre indígenas y pisatarios, o entre indígenas y ganaderos y persiste el otorgamiento de concesiones mineras, forestales o petroleras en territorios indígenas que ponen en peligro su supervivencia, así como los anuncios de planes que afectarán territorios indígenas sin la debida consulta con estos pueblos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó que alrededor de 90% de la población indígena en Venezuela vive en condiciones de pobreza, víctima de la ausencia de servicios básicos. Esta situación se agravó con el resurgimiento de enfermedades como la malaria, tuberculosis, hepatitis B, diarrea y cólera así como desnutrición infantil.

El traslado de la Misión Guaicaipuro en noviembre 2005 al Minpades, así como la cantidad de instituciones creadas desde hace 7 años para encargarse de los derechos de estos pueblos, impiden predecir o evaluar con eficiencia la articulación de políticas en materia de salud y educación.

Resalta como positivo el impulso desde la Oficina de Salud Indígena de Minsalud, la creación de oficinas en los principales hospitales del país de los estados con población indígenas, así como la implementación de las misiones Selva Adentro, Caño Adentro, Sabana Adentro y Laguna Adentro, pero continúa la necesidad de implementar políticas para impedir la desaparición de los idiomas ancestrales, a pesar de que se adelantan algunos programas y una serie de actividades para fortalecer la educación indígena. Al menos 4 indígenas murieron ejecutados por militares en un operativo del Teatro de Operación N°5 destinado a poner fin a las actividades de los mineros en la zona de La Paragua, en el Edo. Bolívar. Las comunidades indígenas denuncian la actuación de los efectivos del TO N°5 pues además de los atropellos en su contra no responden a las denuncias de daños ambientales que afectan sus territorios.

La situación del derecho a la salud no mostró variaciones relevantes salvo la ampliación de la cobertura y universalización de los servicios de asistencia de salud y especialmente del servicio de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro.

El Ministerio de Salud y de Desarrollo Social (MSDS) nuevamente efectuó cambios en su organigrama por lo que se conformó el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (Minpades), revelándose falta de claridad política en torno al modelo de gestión del Sistema Público Nacional de Salud (SNPS). Cabe señalar que la inversión pública en salud como porcentaje del PIB creció levemente pero disminuyó el porcentaje de ella en relación con el gasto público social pasando de 13,3% a 12,8%. En cuanto al presupuesto del MINSA en relación al presupuesto nacional, se confirmó la tendencia al descenso observada desde 2000 para ubicarse a su nivel más bajo con 5,07% en los últimos 7 años. A esta negativa tendencia debe sumarse la disparidad de la distribución de los recursos existentes entre las entidades federales.

En el ámbito legislativo preocupa la mora de 6 años en la aprobación de la Ley Orgánica de Salud así como la variedad de proyectos que se intentó aprobar, todos elaborados con poca consulta social.

Como se viene señalando en informes anteriores, la ampliación de la cobertura de los servicios de asistencia a la salud y en particular de los servicios de atención primaria mediante la Misión Barrio Adentro, es el componente del derecho a la salud que presenta más avances. No obstante, preocupa que la construcción de la red de medicina familiar, de medicina diagnóstica y de medicina clínica hospitalaria de Barrio Adentro avance en paralelo al mantenimiento de la red pública asistencial. Los ambulatorios y hospitales de la red tradicional siguen en crisis, con fallas persistentes que afectan las garantías de gratuidad y calidad de los servicios. El desabastecimiento de los insumos básicos e insumos médico-quirúrgicos, la falta de medicamentos, el deterioro de los equipos médicos o la carencia de ellos son, entre otros, los factores que siguen propiciando el cobro indirecto de los servicios y el mantenimiento de largas lista de espera para optar a intervenciones quirúrgicas y/o realización de exámenes médicos especializados.

La morbilidad continuó afectando a los sectores de la población expuestos a malas condiciones de vida, hábitat y medio ambiente, especialmente en zonas urbanizadas sin infraestructura de servicios y zonas rurales donde la distribución de agua potable es deficitaria, siendo los sectores más vulnerables la población infantil y de adultos mayores y afectando gravemente a los pueblos indígenas. La prevención de enfermedades infecciosas presentó avances y reveses. Entre los avances se encuentra un descenso en los casos de malaria: de 46.244 en 2004 se registraron 45.328 casos a finales de 2005; en contraste, el dengue presenta un repunte; y pese a un leve retroceso (de 25,1 casos por 100.000 habitantes en 2004 a 24,9 en 2005) la tuberculosis se ha convertido en una enfermedad emergente, especialmente en el Distrito Federal, en el Edo. Delta Amacuro y en el Edo. Amazonas, siendo nuevamente las más afectadas las poblaciones indígenas (168,5 por 100.000 habitantes). En la prevención de estas enfermedades, la cobertura de vacunación no logró alcanzar los 95% necesarios para evitar el resurgimiento de brotes pasados.

La mortalidad infantil presentó una disminución de 1 punto al presentar en 2004 17,5 por 100 nacidos vivos registrados (NVR) en contraste con los 18,5 de 2003.

En cuanto a la obligación del Estado de satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) continuó cancelando a tiempo las pensiones de vejez y reduciendo el total de las deudas a los pensionados y jubilados. En 2006, el presupuesto del IVSS se incrementó de 1,3 billones de bolívares, lo cual confirma la tendencia hacia el aumento observada desde 1999. Este incremento puede explicarse por la exigencia establecida a todas las empresas de estar al día con la cancelación de las cotizaciones, si deseaban obtener la solvencia laboral. Esto impulsó en un año las empresas afiliadas al IVSS de 296.700 a 322.380 y el número de personas afiliadas de 2.471.523 a 3.154.336. Pese a estos aspectos positivos, el Plan de Contingencia establecido en 2003 para incluir mensualmente un promedio de 30.000 pensionados no fue alcanzado en estos dos últimos años, obligando a la institución a disminuir drásticamente su meta para todo el año 2005, en solo 50.000 pensionados, que sí fue alcanzada.

En el terreno judicial, el gobierno de Venezuela honró su acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estipulaba el pago de la nueva deuda acumulada a los pensionados y jubilados de Viasa, es decir 2,95 billones de bolívares. Sin embargo, más de 3.500 ex-trabajadores de la CANTV siguen esperando la cuantificación de sus retroactivos pese a que el 14.07.06 el juzgado V de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la área metropolitana de Caracas ordenó a esta empresa cancelar a partir del 01.09.06 el equivalente del salario mínimo a los pensionados.

La Asamblea Nacional (AN) continúa en mora en su deber de adoptar e implementar las disposiciones legales destinadas a desarrollar las instituciones regidas por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la cual fue aprobada en diciembre de 2002, quedando pendientes las leyes de salud y pensiones y otras asignaciones económicas. Como medida positiva, con el decreto N° 4.269 se establecen las condiciones mediante las cuales las personas que no tienen el número de cotizaciones necesarias para cobrar sus pensiones puedan regularizar su situación.

En relación con el derecho a la tierra, en el período se profundizó el proceso de reforma agraria a través de la distribución de cartas agrarias, si bien a veces fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron otorgadas arbitrariamente por el Instituto Nacional de Tierra (Inti), aumentando los conflictos relativos a la tierra. Fueron entregadas 3.000 cartas agrarias por un total de 256.386,24 ha., beneficiando a 139.831 productores y fueron creados 76 Fundos Zamoranos. Con respecto al combate contra el latifundio, el Inti aumentó entre agosto 2005 y mayo 2006 a 500 los procesos de rescate de tierras para un total de 1.316.000 ha.. Hubo manifestaciones de voluntad política de llegar a acuerdos con los presuntos propietarios, pero en pocos casos se concretó el diálogo, y fueron escasos los resultados positivos para los afectados. Fueron tomadas varias medidas en contra de los terratenientes en procesos algunas veces inconstitucionales y algunos gobernadores sobrepasaron sus competencias, lo que incluyó a veces el uso de la fuerza pública, para ayudar el Inti a implementar aquellas medidas.

El gobierno reconoció el relativo fracaso de los Fundos Zamoranos, principal bandera de la reforma agraria, evidenciándose una mala gestión en esta materia, así como la poca transparencia de las políticas y la falta de seguimiento a los proyectos agrícolas. Muchos de los beneficiarios se quejaron del pesado aparato administrativo y denunciaron irregularidades en la adjudicación de tierras, así como cuestionaron el destino final de algunos recursos financieros. Se abrieron procesos judiciales y se adelantaron algunas investigaciones al respecto. 19 personas fueron responsabilizadas en el caso de corrupción en el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAEEZ) y la directiva de Fondafa presentó 402 denuncias contra productores por desvío de fondos que se destinaron a otros usos distintos a las actividades agrícolas.

Pese a la importante inversión del Estado en la reforma agraria, la creación de miles de cooperativas y la importancia acordada por el gobierno a esta iniciativa, la superficie de las tierras cosechadas aumentó solo en un 9% en los últimos 5 años y la producción nacional sigue siendo insuficiente.
Con respecto al marco legislativo, se reformó la Ley de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas. El Seniat sugirió reformar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola (LTDA) a raíz de la imposibilidad de cobrar los impuestos sobre las tierras ociosas dadas las condiciones actuales, pese a observarse algunas mejoras en el Registro Tributario de Tierras. La permanencia de las políticas y proyectos se dificulta a raíz de los cambios de ministros en el Ministerio de Agricultura y Tierra, y de directores en el Fondafa y en el Inti. Continuaron sin cumplirse algunas sentencias favorables a los propietarios de tierras afectados por el Inti contra quien se interpusieron en 2005 61 acciones judiciales tanto en el TSJ como en tribunales superiores agrarios.

5 campesinos fueron asesinados en actos de sicariato. El gobierno no honró su compromiso con las organizaciones campesinas de investigar y sancionar estos crímenes y la impunidad sigue vigente con respecto a los asesinatos anteriores.

Con respecto al derecho a una vivienda adecuada, los problemas existentes se agravaron en el presente lapso. El déficit de vivienda aumentó a raíz de las fuertes lluvias afectando principalmente a las construcciones ubicadas en terrenos inestables. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el déficit supera la cantidad de 1.800.000 viviendas, mientras que 60 % de las viviendas existentes necesitan una ampliación o una remodelación. Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas UN-Hábitat calcula el déficit en 3 millones de viviendas, incluyendo las viviendas en necesidad de mejoramiento, lo que afecta a 13 millones de habitantes. Para paliar esta carencia, el gobierno ha previsto la construcción de 150.000 viviendas para el año 2006, pero a final del primer semestre, tan sólo habían sido construidas 35.000. Las cifras del INE indican que de las 5.175.130 viviendas existentes en Venezuela, 3,3% no tienen servicio eléctrico, a 14,5% no se le abastece con agua potable y 31,9% no tiene poceta conectada a las cloacas. En las viviendas tipo rancho, este porcentaje se convierte respectivamente en 18, 4%, 41,9% y 81,5%.

Destaca la constitución de los Comités de Tierras Urbanas (CTU), como un proceso organizativo que propicia la participación protagónica de las comunidades para la producción de vivienda, a quienes les fueron otorgados 40.833 títulos de propiedad urbana. Sin embargo, se conocieron varias denuncias importantes con respecto a la seguridad jurídica de la tenencia. En los casos de Ciudad Miranda y Juan Crisóstomo Falcón se presentaron irregularidades en la adjudicación de inmuebles y casos de corrupción en la entrega de los mismos. El caso de la Urbanización Nueva Tacagua manifiesta la inseguridad jurídica en la que se encuentran las personas que tienen certificado de adjudicación pero no poseen los títulos de propiedad.

Continuaron presentándose desalojos, muchas veces nocturnos, sin que se ofrezcan alternativas a los ocupantes y en algunos casos haciendo uso excesivo y abusivo de las fuerza por parte de los efectivos policiales. El TSJ declaró inadmisible por ininteligible un amparo constitucional interpuesto por la Fundación Nacional de los Sin Techo sin pronunciarse sobre el fondo, en un caso donde se denunciaba una práctica de desalojo nocturno.

En cuanto a las normas legislativas, cabe señalar como un avance significativo la aprobación de la Ley Especial de Regularización de la Tierra Urbana y Cogestión Integral, en la medida en que asegura la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra donde las familias construyeron sus viviendas.

En relación con los alquileres, se extendió por 6 meses la congelación de los mismos. Esta medida, aunque percibida como una política pública positiva tuvo efectos contradictorios, pues los propietarios prefirieron retirar los inmuebles del mercado, lo cual impulsó la suba de los precios de los alquileres de las nuevas unidades ofertadas.

Respecto a los derechos al asilo y al refugio, la situación de violencia en la frontera colombiana por la presencia de actores armados y el comercio ilícito entre otras causas, generaron discriminación y criminalización de las Personas en Situación de Refugio (PSR).

El Estado brindó como respuesta la militarización de las fronteras a través de los Teatros de Operaciones la cual conllevó a violaciones de derechos humanos, aumentando las presiones sobre las autoridades para reactivar la suspensión de las garantías como solución a los problemas de inseguridad que afectaron a los pobladores. En relación a ello, cabe señalar como positivo el reconocimiento por parte de algunas autoridades, de su negativa a aplicar estas medidas.

Se han evidenciado avances en el funcionamiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR) con respecto a sus secretarías técnicas, así como se ha demostrado un mayor acceso de los solicitantes al procedimiento y la organización de jornadas de recepción de solicitudes y operativos en zonas alejadas de las ciudades facilitó también este acceso.

No obstante, llama la atención la diferencia entre las cifras de la CNR y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) quienes estiman en 13.316 los solicitantes de refugio desde 2005 hasta el cierre del presente Informe mientras según la CNR se recibieron 2.060 solicitudes, de las cuales 1.561 están en estudio.

También preocupa la acumulación de solicitudes, con una decisión sólo en el 23% de los casos registrados. También persiste la demora en la entrega adecuada de documentos a estas personas en el plazo legal, lo que entre otras causas impidió el acceso de varias de ellas a las misiones implementadas en materia educacional. La consecuente vulnerabilidad puso a los supuestos indocumentados en situaciones de extrema explotación laboral, en especial en los casos de los indígenas de la etnia Wayuu procedentes de Colombia que pese a estar en su tierra ancestral son considerados extranjeros.

Finalmente, se conocieron varios planes, tales como el acuerdo con ACNUR para la creación de una red en el Edo. Zulia que busca integrar los solicitantes de refugio en los programas existentes y la existencia de un plan de atención en casos de afluencia masiva.

En relación con el derecho a la integridad, Provea registró un total de 201 denuncias de casos, colectivos e individuales, de violaciones a este derecho, que afectaron a 1.478 personas, lo cual denota un aumento del 84,75% en comparación con los 293 casos del período pasado, cuando fueron afectadas 800 personas.

Este aumento sólo se presentó en uno de los cinco patrones analizados. El patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes registró un incremento alarmante del 177,13% mientras el patrón de tortura disminuyó en un 38,71%, el de heridos por armas de fuego en un 48,33%, el de allanamientos ilegales en un 70,27% y finalmente el de amenazas y hostigamientos en un 79,55%.

Se reportaron 2 casos donde las víctimas fallecieron a consecuencia de las torturas recibidas sumándose a las cinco personas que perecieron como consecuencia de los malos tratos recibidos.

46 de los 126 cuerpos de seguridad existentes en Venezuela fueron denunciados. Los cuerpos del ámbito nacional son responsables del 31,34% del total, y destaca la GN con 883 víctimas. Las policías regionales agruparon responsabilidad en 93 casos (46,27%). Entre ellas, la PE de Aragua presentó el mayor número de denuncias con 46 víctimas, y repite por cuarto año consecutivo como el organismo policial más denunciado. Las policías municipales fueron señaladas en el 13,93% de los casos registrados y las acciones conjuntas con la GN y otros cuerpos de seguridad arrojaron un saldo de 66 víctimas.

Las tres entidades federales que concentraron el mayor número de víctimas fueron Caracas con 481 (32,54%), el Edo. Zulia con 370 (25,03%) y Aragua con 135 (9,13%).

Con respecto al derecho a la justicia, a un año y medio de la aplicación del Plan Para la Transformación Estructural y Modernización del Poder Judicial, no se han revertido los problemas estructurales que afectan el Sistema de Administración Judicial (SAJ) siendo esta institución del Estado venezolano la segunda peor evaluada subjetivamente por los venezolanos.

Nuevamente se respetó la asignación mínima del 2% del Presupuesto Ordinario Nacional al presupuesto del SAJ, incrementándose a 2,67% en relación al lapso anterior (2,49%), Sin embargo, esto no trajo mejoras sustanciales en los servicios pues los recursos se concentraron en los gastos recurrentes de personal y mantenimiento.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del TSJ, se incrementó el número de magistrados de 20 a 32, pero 50% de las nuevas designaciones recayeron en personas que habían desempeñado cargos previos en posiciones alineadas con el gobierno, tenían sanciones previas de destitución de otros cargos o habían sido reprobadas en otros concursos, poniéndose en tela de juicio la independencia del Poder Judicial y los estrictos criterios de selección para ocupar cargos en el máximo tribunal. Destaca como positivo que a finales del cierre de este Informe la provisionalidad de los jueces se redujo a un 33,3% en comparación con el 80% a principios de enero 2005. Sin embargo, parece difícil cumplir con las metas de titularidad de 90% a fin del 2006. Preocupa que el Programa de capacitación para la regularización de la titularidad resulte en un curso de capacitación de 72 horas.

No se produjeron mayores avances en relación con el retardo procesal, especialmente en los tribunales de primera instancia en función de control en materia penal (761,7 asuntos ingresados por juez), en la primera instancia de las jurisdicciones civiles (450,5 por juez) y en materia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (567,8 por juez). Preocupa que los planes de reforma del Poder Judicial se dedicaran más a adquirir sedes en lugar de aumentar el número de jueces.

Se aprobó en segunda discusión en la AN la Ley de Defensa Pública, que adscribe el Servicio Autónoma de Defensa a la Defensoría del Pueblo conculcando la independencia y la autonomía de esta institución y como tal, las garantías procesales. Persistieron las dilaciones de los juicios denunciados por su connotación política, especialmente a dirigentes de la oposición política.

Para garantizar el acceso de la justicia se contempló el Proyecto «Casas de Justicia» pero al cierre de este Informe no se había construido ninguna de ellas.

Se sigue cuestionando la actuación del Defensor del Pueblo, quien en varias oportunidades volvió a asumir un rol de justificación y de defensa de actos de gobierno y de desdescalificación de la oposición en lugar de presentar una clara y firme actuación frente a casos de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, la corrupción del SAJ se evidenció con la pugna ocurrida entre el Ministro de Interior y Justicia y el magistrado Velásquez Alvaray, antiguo miembro del partido de gobierno, en la licitación ilegal de unos terrenos de Ciudad Lebrun (Caracas), pero que no culminó en ninguna investigación a pesar de las denuncias que originaron la remoción del magistrado.

En el período investigado, se observó un deterioro del ejercicio de la libertad de expresión e información con el agravante de que se produjo la muerte de 3 trabajadores de la prensa. Hubo un aumento del 56,67% en el número de violaciones. Se conocieron 142 casos, 65,12% más que en el período anterior (86). Registramos igualmente un aumento en las víctimas contabilizadas en estos casos: 205 víctimas en este período en relación con las 111 registradas en el período anterior, para un incremento del 84,68%. Entre éstas, el 48,29%, correspondió a periodistas de calle. También fueron más frecuentes los ataques a los medios de comunicación como ente colectivo y hubo medidas de censura, tal como la prohibición de exposición de las actas del expediente sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson.

El patrón que se observó con mayor incidencia, intimidación, ocurrió en 51 oportunidades, empleado por gobernadores, alcaldes, concejos legislativos y hasta por el Presidente de la República. Con respecto a los victimarios, el 70% de los casos corresponden a acciones ejecutadas por agentes estatales, encabezada por las instancias judiciales quienes fueron los medios privilegiados para acusar a algún trabajador por delito de opinión, obviando los mecanismos de réplica y respuesta.

Destaca este año que las agresiones no son consecuencia exclusiva de la polarización política.

Nuevamente, las prohibiciones o limitaciones, especialmente en los hospitales y tribunales, a la circulación de periodistas restringieron e intimidaron la labor de los periodistas. Por otra parte, 7 fueron los medios cerrados temporalmente en el Edo.Bolívar por el Seniat con medidas consideradas discriminatorias en tanto afectaron exclusivamente a medios independientes o de oposición.

En el derecho a la libertad personal se registraron 1.928 detenciones arbitrarias, lo que representa una disminución del 30,02% en relación al período anterior. Entre las víctimas de detención arbitraria destacan 156 estudiantes, 32 campesinos, 13 sindicalistas y 9 simpatizantes de la oposición.

Al igual que en años anteriores, el mayor número de denuncias se concentró bajo el patrón de detenciones masivas: 77,8% (1.501 casos), con una disminución del 39,20% con respecto al lapso anterior (2.541). Las detenciones individualizadas también presentaron un retroceso al pasar de 116 a 91 hasta septiembre de 2006. En contraste con esta disminución, las detenciones en manifestaciones registraron un incremento del 241,98% al pasar de 81 a 277, siendo esta cifra la más alta observada en los últimos 6 años.

Las víctimas de desaparición forzada (15) presentaron un leve descenso: 11,76% frente a los 17 del lapso anterior, por lo que ese patrón continúa siendo calificado como grave. El cuerpo más denunciado por este delito fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con 6 y las Policías Estadales registraron 6 (donde destaca la Policía del Edo. Portuguesa con 2). Las policías municipales fueron responsables de 2, todas realizadas por funcionarios de la Pol. Mcpal. de Lagunillas (Edo. Zulia).

En cuanto a la responsabilidad de los cuerpos de seguridad según patrón, las policías regionales fueron las más denunciadas por detenciones masivas (69,97%), ocupando el primer lugar la PE Carabobo con 521 víctimas. En detenciones individuales también las policías regionales registraron la mayor cantidad de denuncias (42,86% del total ocurridas bajo este patrón); la PE Aragua fue la más denunciada con 23 (25,27%). Los cuerpos de seguridad del ámbito nacional detuvieron a 68 personas (24,55%) en el contexto de manifestaciones, donde todos los casos son atribuidos a la Guardia nacional (GN).

Nuevamente el retardo en los procedimientos judiciales generó hacinamiento en los calabozos y retenes policiales, convirtiéndolos en lugares extremadamente insalubres y con condiciones inhumanas para albergar personas.

En relación al derecho a la manifestación pacífica, se revirtió la tendencia al descenso observado en los períodos anteriores. De 1.280 manifestaciones de carácter pacífico, 58 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado (4,5%). Esta cifra representa el mayor porcentaje registrado en los últimos 8 años. Las acciones de funcionarios de organismos de seguridad arrojaron saldos lamentables: en el período, murió un estudiante mientras ejercía su derecho a manifestar pacíficamente mientras otro estudiante falleció a consecuencia del uso abusivo de las armas de fuego de los cuerpos de seguridad durante una manifestación violenta.

Al menos 113 personas resultaron lesionadas, 1 por herida de bala y el resto con perdigones, golpes, asfixia y otros maltratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta cifra es 130,6% superior a la del año pasado con 49 personas. En el mismo sentido, el número de violaciones a la libertad personal en el contexto de manifestaciones reprimidas (166) se incrementó en un 130,9%, lo que denota un aumento preocupante de las violaciones durante manifestaciones.

Nuevamente el sector más reprimido fue el de los vecinos (41,4%), seguido de los trabajadores (24,1%). La entidad federal con más violaciones fue el Edo. Aragua (14), seguido por Anzoátegui, Vargas y Zulia con 5.

Por cuarto año consecutivo, la GN fue el organismo que presentó mayor número de violaciones (18 reprimidas y 3 impedidas), y en el período analizado tuvo la mayor cantidad de manifestaciones reprimidas desde hace 8 años. En 8 de esas 21 intervenciones, la GN actuó acompañada de cuerpos de seguridad regionales o locales. Cabe destacar que las policías estadales fueron responsables, sin embargo, del 65,5% de las manifestaciones reprimidas o impedidas.

La modalidad de protesta más reprimida fue la concentración, pues de 377, 20 fueron reprimidas y 1 obstaculizada, lo que representa 1 de cada 18 concentraciones. Cabe destacar que en el período anterior, sólo una concentración de cada 218 fue reprimida. También resalta que 1 de cada 23 cierres de calles fue reprimido en comparación a 1 de cada 51 en el período anterior, siendo esta modalidad la más reprimida.

La AN sigue en mora con la aprobación de la legislación destinada a implementar el Artículo 332 de la Constitución, en el que se contempla una fuerza policial a nivel nacional.

En torno a los derechos de las personas privadas de libertad, la población de internos diminuyó en un 8,6% correspondiendo para marzo de 2006 a 18.147 personas. Aun con ese descenso, ello no corresponde a una política sostenida en la reducción en el uso de la prisión, sino a razones circunstanciales por lo que se estima que la población penitenciaria podría ascender a 30.000 personas.

Para marzo de 2006, 8.572 presos (47,2% del total) habían recibido sentencia mientras 9.575 (52,8%) estaban en calidad de procesados.

El índice de hacinamiento para marzo de 2006 era 7,32%, representando un excedente de 1.238 presos por encima de la capacidad de atención, más agudo aún en algunos penales, lo que se suma a las pésimas condiciones de las instalaciones. Según cifras de la Defensoría del Pueblo se debería demoler el 75% de las cárceles del país. Este problema se agudiza en el caso de los Centros de Tratamiento Comunitario (CTC) donde la sobrepoblación supera al 270%.

Persisten como problemas cruciales el retardo procesal y el uso de la prisión preventiva, siendo ambos causas que provocaron conflictos en diversos penales. Como intentos de solución, se anunciaron planes para aumentar el número de jueces de control o se iniciaron operativos especiales para evaluar la postulación de reclusos a medidas alternativas de prisión pero ello más como decisiones de tipo coyuntural que luego no se concretaron o sostuvieron en el tiempo.

Destacan como medidas positivas los programas de capacitación laboral y de acceso a la educación. Se atendieron 12.983 internos en alfabetización y en el año 2005, se capacitaron a 2.500 reclusos con la Misión Vuelvan Caras. Sin embargo, el grave déficit en atención médica ha sido el blanco de numerosas denuncias.

Aunque el MIJ no dio acceso a la información sobre situación de salud y sobre el número de muertos en las cárceles, se presentan altos índices de violencia letal dentro de las cárceles. Según datos hemerográficos y recibidos por otras Ong especializadas en la materia, en 2005 ocurrieron 408 decesos y 726 reclusos resultaron lesionados, lo que representa un incremento importante en relación al año anterior. En el primer semestre de 2006, hubo 194 víctimas mortales.

Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 09.01.06 en una sentencia sin precedentes para Venezuela un conjunto de medidas provisionales para garantizar la vida y la integridad personal de los internos del Internado Judicial de Monagas (La Pica). En marzo, la CIDH recomendó una medida similar para proteger los presos del Centro Penitenciario de la Región Capital (Yare I y Yare II).

Respecto al derecho a la seguridad ciudadana, los indicadores importantes de criminalidad y delincuencia presentan en el lapso estudiado avances y retrocesos: mientras los robos y robos de vehículos registran un descenso, la situación de los homicidios se mantuvo igual en relación al lapso año anterior al tiempo que las lesiones personales mostraron un importante incremento.

Entre los años 2004 y 2005, se observó un incremento de 2,52% en el caso de los delitos fatales con 9.964 fallecimientos en contraste a los 9.719 del lapso anterior pero la tasa de 37 por cien mil habitantes (pcmh) se mantuvo. Estas cifras oficiales no incluyen las categorías «averiguación de muerte» y muertes por «resistencia a la autoridad», que si se incluyen totalizan 5.513 muertes adicionales. La segunda categoría, en especial, favorece la impunidad de muchos crímenes que podrían ser claras violaciones del derecho a la vida.

Siendo el tema percibido por la ciudadanía como el problema más importante, el derecho a la seguridad ciudadana se convirtió en tema de campaña en la contienda electoral de diciembre 2006, pero ello no fue articulado desde el ámbito gubernamental en una política pública integral de seguridad ciudadana democrática sino que se insistió en la ejecución de medidas a muy corto plazo y netamente efectistas, privilegiando las soluciones de control y fuerza con el aumento del despliegue policial y con cada vez mayor presencia militar, teniendo un impacto negativo sobre el respeto de los derechos humanos. Como excepción, cabe destacar positivamente la iniciativa del despacho del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) quien el 10.04.06 activó la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL) la cual consiste en un proceso de diagnóstico y consulta amplio y participativo cuyo objetivo es la construcción de un nuevo modelo policial.

En el período analizado se registraron 169 denuncias de violación del derecho a la vida, lo que representa respecto al lapso anterior (162 víctimas) un incremento de 4,14%. Como viene ocurriendo desde 1989, la mayoría de las víctimas se concentró bajo el patrón «ejecución», 82,84% del total de víctimas conocidas (140).

Nuevamente, en la mayoría de estos casos se mantuvo la versión oficial de «enfrentamientos», siendo éste un mecanismo frecuentemente utilizado para mantener en la impunidad muertes que son violaciones al derecho a la vida.

Los organismos estadales agruparon la mayor responsabilidad, con 71 víctimas (42,01%), teniendo la Policía Metropolitana (PM) la mayor cantidad de denuncias (24). Al sumar las actuaciones en las que estuvo junto a otros organismos, el total de sus víctimas se eleva a 32.

Entre las entidades federales con mayor incidencia destacan: el Distrito metropolitano con el 28,40% (48 víctimas), el Edo. Anzoátegui con el 14,2% (24 víctimas) y el Edo. Bolívar con el 12,42% (21 víctimas).

Destaca como un avance positivo el reconocimiento efectuado por el Ministerio Público de que las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales sobre violaciones al derecho a la vida son inferiores a las reales, al afirmar que entre los años 2000 a 2005 en todo el país se produjeron 6.377 víctimas

Del 02 al 23 de noviembre 2006

Boletín electrónico Nº 178

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE

01 Día Mundial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
02 Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
03 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
04 Día Internacional del Voluntariado
10 Día Internacional de los Derechos Humanos
18 Día Internacional de los Migrantes
19 Inicio de primera Huelga de Obreros Petroleros organizada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (1936)
30 Entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

CONTEXTO

Provea presentará públicamente el próximo 11.12.05, un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos, su más reciente edición del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2005/Septiembre 2006. La misma se realizará en un foro de acceso libre en la Sala A del piso 3 del Ateneo de Caracas (Metro de Bellas Artes), a las 5:30 PM. En ese momento se presentará la versión impresa del anuario que registra el comportamiento estatal con respecto a 18 derechos humanos agrupados entre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y Derechos Civiles y Políticos (DCP), acompañados de un análisis coyuntural tanto del 2006 como de la gesti’on gubernamental del presidente Chávez, un reporte de las acciones emprendidas por el movimiento nacional de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y una serie de ilustrativos anexos.

La invitación es para todas las personas interesadas en esta perspectiva de la situación del país. Asimismo, a partir de esa fecha, invitamos a consultar y/o descargar esta publicación en el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, abre el concurso para la selección de su afiche en Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Titulo del Afiche:
La salud, vivienda, seguridad social, educación, trabajo… son tus derechos humanos ¡EXIGELOS!

Texto secundario:
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) están consagrados en la Constitución, leyes internas y en convenios internacionales suscritos por Venezuela. El Estado está en el deber de garantizarlos con equidad, igualdad, gratuidad, accesibilidad y promoviendo la participación, sin discriminación, de todos los venezolanos y venezolanas.

Objetivo del afiche:
Informar sobre cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales y qué podemos hacer para exigirlos frente al Estado.

Población destinataria:
Comunidades organizadas, a colectivos y personas en general que no tienen mucha formación en los DESC como derechos humanos.

El afiche debe sugerir:

  • Cuáles son los DESC (derecho a la salud , al agua, a la educación , vivienda, trabajo, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, alimentación, ambiente sano, derecho a la cultura, propiedad, etc.). No es necesario abarcar todos estos derechos pero si es importante que salud y vivienda queden reflejados, ya que son los ejes prioritarios de Provea.
  • Qué los DESC son exigibles. El afiche debe ilustrar al lector sobre las formas de hacer exigibles los DESC. Por ejemplo, a través de una denuncia en prensa, radio o TV, ante el Ministerio Público ó Defensoría del Pueblo u otro organismo, solicitar información o apertura de investigación ante la Asamblea Nacional , hacer un plantón frente a un organismo del Estado responsable de dar respuesta o de la violación de algún derecho.
  • Que el estado es el garante de los DESC. El afiche debe reflejar que el Estado (Ministerios, Institutos, Asamblea Nacional, Tribunales de justicia, gobernaciones, municipalidades, etc.) es responsable de respetar, proteger y cumplir los DESC.
  • La unión del grupo o comunidad como ingrediente indispensable para la exigibilidad
  • La creatividad como herramienta dinámica es fundamental en el uso alternativo del derecho.

Criterios a considerar para la elaboración del afiche:

  • Colores fuertes que demuestren el optimismo que caracteriza a los movimientos reivindicatorios de derechos humanos.
  • Equidad de género en su estructura.
  • Multiculturalidad
  • Poca utilización de textos
  • Claridad en los conceptos
  • Logo de la Organización (Provea) y ente financista (Embajada de Holanda, sólo en letras arial)

Características del afiche

  • Tamaño medio pliego (63 x 44 cm )
  • Full color
  • Entrega final en una resolución de 300 dpi
  • Técnica de diseño libre

El proyecto seleccionado recibirá una remuneración de 800.000 Bs, además de los créditos en la publicación y (05) copias del afiche impreso. La propiedad intelectual del diseño ganador pasaría a ser de Provea. El jurado del afiche esta conformado por el equipo coordinador de Provea: Marino González, Maria Elena Rodríguez y Lorenzo Labrique.

Los bocetos deben enviarse vía digital en baja resolución a la siguiente dirección: marino@derechos.org.ve , con copia al email uzcategui.rafael@gmail.com , hasta el día 11 de diciembre de 2006. El envío de bocetos no tiene limitación, y cada persona puede enviar la cantidad que desee. Se seleccionarán los dos mejores bocetos, y sus autores serán contactados para entregar una versión final, de donde se seleccionará la definitiva.

En virtud de las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre, Provea llama a los diferentes actores políticos, poderes públicos y ciudadanía en general para que con sentido de responsabilidad y ejercitando la tolerancia y la administración democrática de los conflictos, contribuyan a la realización de una jornada electoral libre de violencia.

Insistimos en la necesidad de una visión de país y un acuerdo en el que “quepamos todas y todos”, incluyendo a quienes social y políticamente han sufrido las consecuencias de la exclusión. Reafirmamos que la pobreza, la desigualdad y la violencia continúan siendo los principales problemas del país, y los planes diseñados para erradicarlos deben ser instrumentalizados por vías democráticas.

Provea reconoce la legitimidad de cada una de las tendencias en pugna, y rechaza las expresiones y rumores que de cada bando, pretenden deshumanizar, peyoratizar y criminalizar al otro como estrategia política. En este sentido, reiteramos que una garantía democrática es el ejercicio responsable de la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados.

Ratificamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser respetada por todos los actores , especialmente el día de las elecciones presidenciales pero también, al mismo tiempo, exigimos al árbitro una actuación célere y transparente, que despeje cualquier duda sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la voluntad popular.

Es importante que los candidatos presidenciales, así como las organizaciones políticas y sociales que los respaldan, estén dispuestos a aceptar los resultados proclamados por el CNE como lo han manifestado durante su campaña y, en el caso de no estar de acuerdo, invoquen las garantías y procedimientos administrativos y judiciales pertinentes para que sus reclamos sean procesados. Solicitamos a los partidarios del gobierno y de la oposición que se abstengan de realizar actos de cualquier naturaleza que se orienten a desconocer el marco legislativo vigente, especialmente, en avanzar resultados antes de lo pautado por la institución electoral.

Consideramos como una medida inadecuada la decisión del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), en su objetivo de mantener la seguridad y el orden público en todo el país, de impedir manifestaciones públicas durante la jornada comicial. El Ministerio ha realizado de hecho la suspensión de un derecho sin que se haya recurrido al mecanismo establecido para la suspensión de las garantías constitucionales. Provea recuerda que el derecho a la manifestación pacífica se encuentra normado en la Constitución , por lo que es legítima cualquier manifestación popular que se realice si cumple con el carácter pacífico y sin armamento estipulado en el artículo 68 de la Constitución. Sin embargo, exhortamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a evitar todo acto que signifique estimular por vía directa o indirecta la violencia , la intolerancia y el desconocimiento de la voluntad de las mayorías en el proceso electoral.

Rechazamos los llamados que líderes oficialistas han efectuado para que civiles participen en labores de control del orden público. Provea enfatiza que las actividades de control del orden público son de la exclusiva responsabilidad de los cuerpos policiales y sólo si estos se ven desbordados pudiera actuar la Guardia Nacional. Personas que no pertenecen a los organismos policiales no pueden ejercer las funciones que estos deben cumplir, pues ello solo crea condiciones favorables para la violencia política.

Reivindicamos el ejercicio democrático de la participación electoral y la concurrencia a las urnas, como una vía para que la soberanía popular definan el rumbo del país en los próximos años. El candidato que resulte vencedor tendrá entre otras obligaciones, en su carácter de Presidente de la República crear mecanismos y condiciones para la reconciliación del país, desarrollar medidas de avance en el combate a la pobreza, mejorar la situación de los derechos humanos y contribuir con fortalecimiento de las instituciones democráticas

Amnistía Internacional es una organización independiente dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Como parte de sus actividades, Amnistía Internacional sigue de cerca la situación de los diversos países y elabora recomendaciones que contribuyan a incidir en una mayor y mejor protección de los derechos humanos.

Amnistía Internacional se dirige a los candidatos a la presidencia de la República con el fin de hacerles algunos planteamientos, exhortándoles a incorporarlos en sus programas de gobierno con la prioridad que requieren.

Venezuela posee un amplio marco legal de protección a los derechos humanos que incluye numerosos instrumentos internacionales en la materia, que hoy gozan de rango constitucional. En este sentido, Amnistía Internacional considera que quien resulte electo en este proceso electoral, está obligado a mostrar su ineludible compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos , mediante el cumplimiento de las disposiciones contenidas en estos instrumentos y de las leyes internas que los desarrollan. Igualmente, debe garantizar una protección y promoción integral de todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Todas y todos tenemos el derecho de vivir sin miedo a ser torturados y maltratados por cualquier persona, ya sea por las fuerzas de seguridad o por nuestros maridos, a vivir sin miedo a ser prisioneros de la pobreza, a vivir sin miedo a ser encarcelados o amenazados por nuestras ideas, a vivir sin miedo a que nuestros hijos no tengan que comer o no sean atendidos por un médico, a vivir sin miedo a ser acosadas en nuestros trabajos o en la calle, a vivir sin miedo a denunciar todas estas violaciones y a que nuestras denuncias sean atendidas. Es por esto que es imperante que se adopten medidas y políticas de corto, mediano y largo plazo para que los derechos humanos de todos y todas sean respetados en la práctica.

A los fines de dar cumplimiento a esta voluntad de compromiso y respeto con los derechos humanos y con las obligaciones internacionales que en este campo ha contraído Venezuela, Amnistía Internacional exhorta a los candidatos presidenciales a prestar atención sobre los siguientes temas y adoptar las medidas que se sugieren.

Combatir y erradicar la impunidad

Es conocido que la mayoría de las violaciones a derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad como maltrato, tortura seguida de muerte y ejecuciones extrajudiciales, no son investigadas con la debida diligencia y mucho menos sancionadas y reparadas. Las cifras del Ministerio Público muestran que entre los años 2000 y 2005, de 6.034 funcionarios presuntamente involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, solamente 531 (8,8%) han sido acusados y apenas 87 (1,44%) han sido condenados. En este sentido el próximo gobierno deberá:

  • Investigar y establecer las responsabilidades a las que hubiere lugar en estos casos.
  • Asegurar que las víctimas y familiares de víctimas tanto de violaciones a los derechos humanos como de otros delitos, reciban reparación integral que contemple desde la indemnización económica hasta la atención médica, psicológica, social y de cualquier otra índole que sea necesaria, tal y como lo establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para las Víctimas de Delitos y Abusos de los Derechos Humanos.
  • Contribuir, con apego a la separación de poderes, al fortalecimiento y capacidad de funcionamiento de las distintas instancias que conforman el Sistema de Administración de Justicia venezolano y de sus instituciones, cumpliendo con los estándares internacionales recomendados por la ONU para Jueces, Fiscales, Abogados y Funcionarios Policiales, de manera de fortalecer la independencia y autonomía de los jueces y demás funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, respetando una clara y transparente división de los poderes públicos.
  • Realizar con prontitud una reforma policial, que tenga en cuenta las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , así como de la normativa internacional en este materia y garantice un efectivo sistema de selección, entrenamiento, capacitación y seguimiento para los funcionarios policiales de todo el país, que les faculte para actuar de manera eficaz en la reducción de la violencia común y de los abusos de poder, con apego a los derechos humanos.
  • Fortalecer, coordinar, entrenar e incentivar las inspectorías y oficinas de asuntos internos de los Cuerpos Policiales de todo el país, de manera de garantizar la inmediata atención a víctimas de abusos de poder, la erradicación de la corrupción policial y el procesamiento de denuncias de violaciones de derechos humanos.
  • Cumplir y hacer cumplir las medidas emanadas de los organismos internacionales de derechos humanos a los que Venezuela ha reconocido competencia, tales como las sentencias y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones y resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas.
  • Elevar propuestas legislativas a la Asamblea Nacional que permitan atender la protección de los derechos humanos acorde con los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, suscribir y/o impulsar la aprobación de algunos tratados internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que vendrían a completar el marco normativo de protección a los derechos humanos.
  • Investigar, sancionar y eliminar el índice de homicidios ilegales en los retenes y penales.
  • Asegurar que los funcionarios policiales al igual que todos los otros funcionarios públicos reciban una remuneración justa que les garantice tanto a ellos como a sus familias vivir en condiciones de vida dignas a la vez que constituya un estímulo y una compensación para la difícil tarea que todos realizan como servidores públicos.
  • Evitar la adopción de medidas restrictivas de los derechos humanos , como los decretos de toque de queda para las personas menores de 18 años o la suspensión de las garantías constitucionales en el tratamiento de la situación fronteriza. Este tipo de medidas suele favorecer violaciones masivas de los derechos humanos , afecta a las comunidades más pobres y no resuelve las situaciones por las que son adoptadas.

Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar – la violencia doméstica- constituye una violación fundamental de los derechos humanos. Es una realidad generalizada, diaria, que experimentan las mujeres. Sus efectos son devastadores para ellas, su vida, su salud, su trabajo y el bienestar de sus familias.

Si bien Venezuela ha desarrollado un marco legal que busca proteger de manera específica a las víctimas de este tipo de violencia, su aplicación es aún insuficiente y no está respaldada por una política integral de atención a esta realidad. En este sentido, sugerimos al próximo gobierno que tome en cuenta, para la construcción de una política nacional en esta área, el Programa de 14 puntos para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito familiar elaborado por Amnistía Internacional. Estos puntos comprenden lo siguiente:

  1. Condenar la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional
  2. Aumentar el conocimiento público de la violencia doméstica
  3. Utilizar el sistema educativo para cuestionar los prejuicios sobre este tema
  4. Abolir la legislación que discrimina a las mujeres
  5. Asegurar que la violencia doméstica constituya un delito
  6. Investigar las denuncias de violencia doméstica y castigar a los responsables
  7. Eliminar los obstáculos que impiden los procesamientos por actos de violencia doméstica
  8. Proporcionar formación obligatoria a funcionarios en materia de violencia doméstica
  9. Proporcionar fondos adecuados
  10. Proporcionar refugios seguros a las mujeres que huyen de la violencia
  11. Proporcionar servicios de apoyo a las mujeres
  12. Reducir el riesgo de violencia armada
  13. Recoger y publicar información sobre la violencia doméstica
  14. Informar a las mujeres sus derechos

Asegurar la protección progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas también son fundamentales. Su privación en la mayor parte del mundo no se puede atribuir únicamente a la falta de recursos, invariablemente, también es consecuencia de la falta de equidad en la distribución de la riqueza, la corrupción y la discriminación. Por otra parte, la inexistencia de mecanismos legales para exigirlos contribuye a debilitar su justiciabilidad.

Por lo tanto, el próximo gobierno debe asegurar que los programas y políticas sociales destinados a protegerlos tengan un carácter inclusivo –teniendo especial atención hacia los sectores más marginados y sin vulnerar los derechos de otros sectores de la población-. Igualmente, debe asegurarse que se creen las condiciones necesarias para alcanzar su eficaz protección en el ámbito legal, que no se adopten medidas regresivas que pongan en riesgo su continuidad y que cuenten con un presupuesto suficiente y permanente. Sin derechos económicos, sociales y culturales lo más seguro es que se violen también los derechos civiles y políticos y viceversa pues los derechos humanos son indivisibles y universales.

Protección a los defensores y defensoras de derechos humanos

La labor de monitoreo, denuncia y educación que los defensores y defensoras de derechos humanos realizan constituye una garantía para la protección de los derechos humanos en cualquier país del mundo. A los fines que estos defensores y defensores ejerzan su legítima e importante labor a plenitud, el próximo gobierno deberá:

  • Adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos.
  • Investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial y sancionar de acuerdo a normas internacionales del debido proceso, a los responsables de ataques a los defensores y defensoras de derechos humanos; así como dar estricto cumplimiento de las medidas cautelares y/o provisionales destinadas a su protección.
  • Asegurar que los defensores y defensoras de derechos humanos continúen gozando de la libertad y autonomía que han tenido hasta ahora, evitando la aprobación de marcos legales que pudieran ser restrictivos a sus labores, como algunas disposiciones contenidas en el proyecto Ley de Cooperación Internacional actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.
  • Realizar campañas de difusión en torno al rol e importancia de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.

El derecho a la libertad de expresión

El próximo gobierno deberá asegurar que el ejercicio de la libertad de expresión goce de plenas garantías como se establece en los distintos instrumentos internacionales suscritos por la República en esta materia, en especial en cuanto a la protección a la integridad física de los comunicadores sociales y en el reconocimiento explícito de la importante labor que desempeñan para el disfrute de los derechos humanos por parte de la población; reformar y evitar la promulgación de leyes que pueden ser restrictivas para la libertad de expresión; condenar los ataques, hostigamientos, detenciones e intimidaciones a periodistas, el uso de mecanismos tributarios y de otros operativos administrativos como medidas de presión para la censura hacia los medios.

Control de las Armas

Según informes de la UNESCO, Latinoamérica es la región del mundo que actualmente experimenta los peores indicadores de violencia interpersonal y garantía efectiva del derecho a la vida. La mayor parte de los homicidios que se cometen en la región están relacionados con armas de fuego y en su mayoría afectan diariamente y de forma directa a jóvenes en comunidades populares. Otros delitos violentos vinculados con el uso de armas de fuego pequeñas impactan a todos los estratos poblacionales. La proliferación de armas pequeñas está dando lugar a un aumento de la delincuencia y a la violencia común en todo el mundo, factores que sin duda actúan en contra del desarrollo y la gobernabilidad.

Las cifras del total de homicidios publicadas por el Ministerio del Interior y Justicia-MIJ (11.342 en el año 2.003; 9.719 en el 2.004; y 9.412 en el 2.005) muestran que Venezuela no escapa de esta realidad. Por su parte, la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) ha estimado en 6 millones el número de armas pequeñas que circulan en su país. A este respecto el próximo gobierno deberá:

  • Poner en práctica un programa nacional de control de armas que regularice la tenencia ilegal, permita el registro balístico y control de las armas legales y municiones, facilite la investigación criminalística, reduzca la impunidad y promueva programas de entregas voluntarias, que sean transparentes y verificables por la población y la sociedad civil.
  • Asegurar que la reforma de la Ley sobre Armas y Explosivos que discute la Asamblea Nacional contenga las disposiciones de los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela como la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, (suscrita y ratificada por Venezuela en el mes de mayo de 2002); las recomendaciones de mecanismos de coordinación sub-regional como el Grupo de Trabajo de Armas de MERCOSUR y la Ley Marco sobre Armas que ha sido desarrollada por el Parlamento Latinoamericano para facilitar la armonización legislativa en la Región.
  • Realizar el eficaz control de armas en las cárceles, con medidas de investigación, control, sanción e incentivos a los funcionarios encargados de la custodia carcelaria.
  • Garantizar que la fabricación, adquisición, venta y desincorporación de las armas del Estado, se haga con transparencia, con suficiente consulta, información y aceptación por parte de la ciudadanía y con estricto apego a las normas internacionales que rigen esta materia, por lo menos en cuanto a lograr el registro y el marcaje de todas armas y municiones; tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los depósitos; destruir las armas que hayan salido de circulación ya sea por estar obsoletas o porque han sido decomisadas; asegurar que las armas y municiones adquiridas o fabricadas por el Estado venezolano no lleguen a manos de menores de edad, de violadores o potenciales violadores de los derechos humanos ni a sectores o personas que puedan utilizarlos con fines distintos a los de seguridad y convivencia ciudadana.
  • Promover la adopción por parte de la ONU de un Tratado para el Control del Comercio Ilegal de Armas Pequeñas y Ligeras.

Amnistía Internacional permanecerá a la espera de que los candidatos presidenciales se comprometan a poner en práctica las medidas enumeradas en esta comunicación y otras que sirvan para la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.

Atentamente,
Susan Lee
Directora
Programa Regional para América

Ref.: TG AMR 53/206/003
Londres, 7 de noviembre de 2006

Fiscalía General de la República. Informe Anual. Año 2005. Pág. 182
AI ha observado con interés la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional para la Reforma Policial.
Para más detalles de este programa ver: http://web.amnesty.org/actforwomen/index-esl
AI ha observado con interés la propuesta de Plan Nacional de Control de Armas del Ministerio del Interior y Justicia

(Amnistía Internacional, 22.11.06, http://www.amnistia.org.ve/index_noticias.html?sh_itm=37e12248ba40d90d40e6fc13a69b19d2)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera preocupante la grave situación de violencia y discriminación que sufren las mujeres en la región, así como los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia. La CIDH ha constatado la prevalencia alarmante y persistente de distintas formas de discriminación y de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres de diferentes razas, etnias, edades y condiciones socioeconómicas, la proliferación de los contextos y escenarios públicos y privados en donde ocurren, y los contextos sociopolíticos en donde se desarrolla. Esta situación se potencia debido a los obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a recursos judiciales efectivos e idóneos para remediar estos hechos, que no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que además genera un contexto de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.

A pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta estatal ofrecida. La CIDH reconoce los esfuerzos de los Estados en la adopción de un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres, pero persiste a pesar de esto una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva.

CIDH dará a conocer informes sobre derechos de las mujeres

Dada su profunda preocupación sobre este tema, la Comisión ha trabajado y continúa trabajando en la elaboración de informes que abordan la situación de los derechos de las mujeres. La CIDH hará públicos próximamente dos de ellos. Uno formula recomendaciones específicas para que los Estados adopten políticas públicas para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. El otro analiza el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas y discute cómo los actores del conflicto emplean diversas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, a fin de avanzar en el control de territorios y recursos. El informe estipula recomendaciones orientadas al diseño de una política estatal integral que tome en cuenta las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres y que se ven agravadas por el conflicto armado a fin de lograr avances en el diagnóstico, la prevención y la respuesta a estos problemas y de avanzar hacia la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres en la agenda pública.

Presencia récord del tema en el 126° período de sesiones

La preocupación de la CIDH sobre este tema se vio reflejada en su último período ordinario de sesiones, que incluyó un número récord de audiencias y reuniones de trabajo sobre la protección de los derechos de las mujeres. En este marco, se celebraron audiencias sobre la situación de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, sobre tendencias de interpretación judicial sobre derechos de las mujeres, sobre la situación general de las mujeres en Ciudad Juárez (Chihuahua, México), sobre mujeres indígenas, y sobre mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La situación particularmente crítica de estos dos grupos, mujeres indígenas y mujeres privadas de libertad, preocupa a la Comisión.

La discriminación, en sus distintas manifestaciones, no siempre afecta en igual medida a todas las mujeres. Hay mujeres que están expuestas aún en mayor medida a la violación de sus derechos, como las mujeres indígenas, que confrontan varias formas de discriminación desde que nacen, lo que incrementa su vulnerabilidad y exposición a ser abusadas en base a más de un factor. En la audiencia sobre este tema, la CIDH recibió información sobre los efectos agravados de la doble discriminación de la cual son víctimas. En México, por ejemplo, se alegó que las fallas en los servicios de salud afectan de manera particularmente grave a las mujeres indígenas, y se describieron casos de esterilización forzada. Sobre Argentina, se enfatizó la falta de accesibilidad y adecuación cultural de la educación y la necesidad de educación intercultural bilingüe en el país. En torno a Canadá, se presentaron ejemplos de la discriminación de jure y de facto hacia las mujeres indígenas. En el caso de Colombia, la exposición se centró en torno a la situación particularmente crítica de las mujeres indígenas en ese país, quienes, en el marco del conflicto armado, son víctimas de múltiples formas de discriminación y violencia por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres.

En la audiencia sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay la CIDH recibió información acerca de las prácticas discriminatorias contra las mujeres al interior de las cárceles, las deficiencias en los servicios de salud penitenciarios, las barreras en el acceso a actividades formativas, educativas y laborales, y las diversas formas de violencia contra las mujeres y obstáculos para que ellas puedan denunciar los abusos que sufren por parte del personal penitenciario y otras reclusas.

En cambio, la CIDH observó complacida el progreso registrado en las reuniones de trabajo, entre los cuales destacan especialmente los avances trascendentales en el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa entre el Gobierno de México y los representantes de las víctimas en la petición de Paulina Ramírez Jacinto , en donde los peticionarios alegaron que Paulina Ramírez, de 13 años, fue impedida en su derecho de efectuar un aborto permitido por ley al ser víctima ella y su madre de intimidación y retrasos por parte de agentes del Estado.

La CIDH continuará siguiendo de cerca la evolución de los derechos de las mujeres en la región y la implementación de medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar que las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos en el continente americano.

(CIDH, 15.11.06, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2006/45.06esp.htm)

El empresario Jovino Padrón de nacionalidad Española a través de dos de sus representantes solicitó formalmente a Provea un derecho de réplica el cual procedemos a realizar.

En el año 2005 Provea a través de su boletín Derechos Humanos y Coyuntura , publicó un listado de campesinos y cooperativistas asesinados. Este listado elaborado por organizaciones campesinas señalaba a presuntos responsables de los asesinatos. Al revisar el listado aparece en la columna 17 la información del asesinato del campesino Tulio Peñaloza, hecho acaecido según el listado el 19.02.02, en el asentamiento campesino de Botala, estado Miranda. De esta muerte se responsabiliza al empresario señor Jovino Padrón.

Provea al realizar la investigación de caso consiguió que sobre el asesinato de Tulio Peñaloza, el Ministerio Público imputó el 19.03.04 por ante el Tribunal Primero de Control , extensión Barlovento, del estado Miranda a los ciudadanos DAVID GONZALEZ DANNY Y JOSÉ ALBERTO MADRIZ por coautoría en el delito de homicidio calificado cometido en ejecución de un robo agravado. En el proceso judicial se indica que el asesinato ocurrió el 05 de septiembre de 2002 en Botala, Santa Rosalía Municipio Buroz Estado Miranda.

Provea no encontró ninguna información judicial o de otro tipo en la cual se indique que el señor Jovino Padrón haya sido imputado por el homicidio de Tulio Peñaloza.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

En una rueda de prensa realizada en el Ateneo de Caracas, se realizó la presentación del Manifiesto Latinoamericano de Hombres contra la Violencia hacia las Mujeres, en la cual figuraban las primeros 120 firmas de venezolanos. Este manifiesto, cuyo texto puede ser consultado en http://www.redtolerancia.org/noticias.php?id_noticia=93 , hace explícito el rechazo a toda forma de violencia hacia las mujeres, asumiendo el compromiso de establecer relaciones igualitarias con las mujeres y con otros hombres. Asimismo, acuerda romper el silencio y la complicidad con otros hombres que actúan violentamente contra las mujeres. El texto, a su vez, establece que el comportamiento violento comprende golpes, gritos, burlas, menosprecios, agresiones sexuales y coacción hacia les féminas de cualquier tipo. Los hombres tienen la capacidad de relacionarnos de manera respetuosa, democrática y no violenta con las mujeres, buscando responsablemente, resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación.

En la rueda de prensa se difundieron datos desprendidos de un estudio realizado por la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Red Tolerancia. El mismo establece que durante el 2005, las organizaciones no gubernamentales y Casas de la Mujer recibieron 36.777 denuncias de mujeres violentadas por sus esposas, compañeros o ex parejas. Estas cifras sugieren que una mujer denuncia cada hora violencia en su contra, y que una mujer es maltratada por su pareja cada 15 minutos.

Los presentadores del documento convocaron a otros hombres a adherirse al mismo enviando un correo electrónico a redtolerancia@gmail.com o avesa1@cantv.net

El instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizó por primera vez una encuesta con indicadores por género revelando que el ingreso promedio de las mujeres trabajadoras era 20% menor que el de los hombres.

El estudio basado en la Encuesta de Hogares por Muestreo del INE, develó asimismo, que los cargos de dirección en la administración pública, los ejercen mayormente el sector masculino. En contraste, en el sector privado, en el ramo financiero y de seguros, las mujeres son las que ocupan cargos gerenciales y directivos. En ingresos, los hombres superan a las mujeres, tanto en el sector público como privado, dado que el ingreso promedio de las mujeres trabajadoras venezolanas representó 79,12% del ingreso promedio de los hombres, en el primer semestre de 2006.

Con respecto a los estratos de la población, el estudio del INE demostró que en los hogares en pobreza extrema son las mujeres (18,09%) las encargadas de los gastos y manutención de la casa, y en este estrato apenas 14,06% de los hombres asume como jefes del hogar. Los resultados de la encuesta por género, fue presentada por el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías Eljuri, quien aprovechó para reiterar, que la tasa de desempleo de este año, cerrará en 7%. (Ultimas Noticias, 21.11.06, pág. 34).

En lo que va de año, en el Hospital General del Sur, en Maracaibo, se han contabilizado cuatro mil 700 casos de agresiones contra mujeres. Este registro corresponde a una investigación realizada en los diferentes servicios médicos del centro hospitalario. Gerardo Fernández, pediatra del mismo, acotó que el municipio San Francisco es el que registra la mayor tasa de violencia, con un 60%, seguido por los de Maracaibo y Machiques. ( La Verdad del Zulia, 21..11.06, 1/D). En Petare, Caracas, cerca de 10 denuncias al mes recibe y tramita la Comisión Permanente de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del Concejo Municipal de Sucre por parte de damas que han sido maltratadas físicamente por sus parejas, según informó la coordinadora administrativa de la Asesoría Legal , Mary Rondón. (Ultimas Noticias, 22.11.06, pag. 2). En la Guaira , durante todo el 2006 se han atendido 159 denuncias por violencia doméstica y se han realizado 402 asesorías jurídicas y sociales sobre el tema en el Instituto Regional de la Mujer (Iremujer). Maria Gabriela Croes, directora del organismo, reveló que durante el 2005 recibieron 213 denuncias, 55 mujeres por trimestre. ( La Verdad de la Guaira , 9.11.06, pág. 5).

Ante esta situación, la Asamblea Nacional anunció la realización el 25.11.06 de una sesión especial en el Teatro Teresa Carreño para aprobar el proyecto de ley de Protección al derecho de la Mujer a una Vida sin Violencia. “Esta sesión especial –informó Lusbelia Marín, presidenta de la Comisión Permanente de Políticas de la Mujer y Participación Protagónica del Concejo Municipal de Sucre- contará con la presencia de los movimientos sociales, mujeres organizadas, autoridades del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y del Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz”. ( La Verdad del Zulia, Ídem).

La normativa posee 135 artículos y es producto de los aportes de diferentes sectores. Gabriela Ramírez, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia y Juventud del Parlamento, declaró que “el anteproyecto le da un gran peso a la parte procesal y mayor severidad en las penas a los agresores, pero en el marco de la Constitución ”. (El Nacional, 03.11.06, B/22). Algunos aspectos del anteproyecto son el acceso rápido, transparente y eficaz a la justicia; el derecho a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita y expedita, así como a servicios sociales de atención, emergencia, protección, apoyo, acogida y recuperación integral; la existencia de fiscales del Ministerio Público especializados en violencia contra la mujer; sanciones como 12 a 15 meses de prisión por amenazas, 2 a 8 años por violencia física, 1 a 5 años por acoso sexual y 2 a 8 años por violencia psicológica. (El Nacional, 02.11.06, B/20).

A pesar de la propaganda sobre la conformación de un instrumento normativo consensuado por amplios sectores, organizaciones de mujeres denunciaron que desconocían la versión definitiva a debatirse en el Parlamento. Elida Aponte, coordinadora de la red Venezolana sobre la violencia contra la Mujer , afirmó que “no conocemos su redacción final, no sabemos que dice la ley, y eso crea un problema. El tema de la justicia y mujeres es muy delicado y no se maneja solamente por ser abogada o abogado”. (El Nacional, 04.11.06, B/18).

El 21.11.06 se informó de la inauguración del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, con la participación de diferentes organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan por la erradicación de la violencia y la igualdad de género. La información fue suministrada por Hisvet Fernández, presidenta del Centro de Educación y Capacitación para la Vida de Lara (Cecavit) e integrante de la Red de Población y Desarrollo Sustentable de Venezuela, así como del Foro por la Equidad de Género. “Esta idea surge en el 2005 cuando un grupo de ONGs, dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, entregó un informe llamado “Sombra” ante la Convención Interamericana contra todas las formas de violencia contra la mujer (Cedaw)”, explicó. Al detallar los objetivos del Observatorio , afirmó que “inicialmente vamos a vigilar todos los derechos políticos de las féminas en el país: su ejercicio, su posibilidad de desarrollo, su vulnerabilidad, la violación de la cual es objeto y cuáles instituciones se convierten en cómplice de esa realidad y cuál es el papel de los medios de comunicación social frente a los problemas que afectan a las mujeres”. Según Fernández, Cecavit será la institución encargada de dirigir el trabajo, creando una red que comenzará en Lara, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y Zulia. ( El Impulso , 21.11.06, A/6).

En otra información, la organización no gubernamental Venezuela Segura difundió la existencia de la campaña ¡Paren la bala!, la cual cuenta con el apoyo de la Embajada Británica. El objetivo de la campaña es concienciar a la comunidad acerca del uso de armas, por lo que, en palabras de su vocero Marcos Tarre , para atacar las consecuencias del problema de violencia en las zonas populares es necesario irse a la raíz: la formación cultural y educativa de los niños. Tras un mes de su implementación, ¡Paren la bala! ha beneficiado a 1.700 niños, niñas y adolescentes que habitan en los sectores de El Calvario, El Hatillo, Sucre y Baruta. Psicólogos, sociólogos y docentes ofrecen orientación acerca de cómo manejar la rabia, ira y miedo que se generan como consecuencia de vivir en una cultura que ha normalizado el uso de armas de fuego. Toda la información sobre la campaña está disponible en su sitio web: http://www.parenlabala.org.ve ( El Nacional, 23.11.06, B/27).

En un informe difundido por la ONU el 21.11.06 se establece que América Latina suma en su conjunto 140.000 nuevas infecciones por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) y 65.000 muertes por sida en el 2006. Para nuestro país, el estudio apunta que existen 110.000 contagiados, de los cuales la mayoría son de sexo masculino. Durante el 2005, la UNICEF divulgó que 2.500 niños y niñas venezolanas estaban contagiados con VIH.

Miriam Sotolongo, médica inmunóloga adscrita al Ministerio de Salud en el Zulia, declaró que muchos pacientes solicitaban asistencia médica en etapa terminal, “esto significa que estamos fallando en el diagnóstico y en otorgarle la debida información a la comunidad”, declaró. A su juicio “no se justifica este comportamiento, hay tratamientos, incluso, la prueba del VIH se hace de forma gratuita en los centros asistenciales”. (Panorama, 22.11.06, 3/14).

El Ministro para la Vivienda y el Hábitat, Ramón Carrizalez, anunció que se habían realizado un total de 132 mil intervenciones en el país en el primer año de funcionamiento de la Misión Milagro. El Ministro, quien es uno de los coordinadores del programa social, declaró que han sido ejecutadas 42 mil intervenciones por médicos venezolanos y 90 mil hechas en el país por especialistas cubanos. “Hemos alcanzado ocho veces la cifra promedio por año con médicos, hospitales venezolanos y el equipamiento de estos centros de salud”, afirmó el funcionario recordando que anteriormente se hacía un promedio de 5 mil intervenciones al año en todo el sistema de salud público nacional.

Explicó que más de 5 mil del total de intervenciones realizadas por médicos venezolanos corresponden a pacientes latinoamericanos y mencionó que actualmente, se encuentran en el hospital militar de Caracas 96 pacientes procedentes de Nicaragua que ya fueron atendidos. Informó, igualmente, que en octubre de 2005, se implementó la Misión Milagro en Venezuela para atender a pacientes venezolanos y demás latinoamericanos con médicos locales, en instituciones hospitalarias del país.

Refirió que de manera progresiva se fueron incorporando distintos centros de salud y “hoy tenemos más de 50 hospitales en el ámbito nacional que participan en la Misión Milagro”. En el programa social están participando el Ministerio de Salud y por medio de los hospitales militares, el Ministerio de la Defensa ; además, el Seguro Social y los servicios de salud regionales de Lara, Aragua y Miranda , entre otros. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 22.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71453&lee=Array[0])

De acuerdo con cifras recopiladas por el cooperativista e investigador social Oscar Bastidas-Delgado, tras un estudio extraoficial del censo realizado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), un total de 117.448 cooperativas han desaparecido, lo que a su juicio implica en promedio más de 1.6 millones de asociados “frustrados”. (Tal Cual, 10.11.06, pág. 10).

El también coordinador general del Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (Cepac) de la UCV , afirmo que “Venezuela pasó de ser el primer país del mundo en constituir un mayor número de cooperativas, pero al mismo tiempo tiene el cementerio de cooperativas más grande del mundo”. Bastidas explicó que sólo se censaron 37.552 asociaciones, y de acuerdo con las cooperativas que se crearon con la Misión Vuelvan Caras I y II, consejos comunales y de manera individual, en el país se contabilizaban 155.000 asociaciones. ( El Nacional, 10.11.06, A/25).

Desde el 2001 , el gobierno ha impulsado la creación de asociaciones de economía social en todos los sectores y regiones del país. Antes de ese año, existían aproximadamente 900 cooperativas, pero la cifra llegó a 155 mil en octubre y el gobierno anunció que esperaba a remontar más de 177 mil en diciembre de 2006.

Los círculos bolivarianos fueron los primeros modelos de organización comunitaria practicados por el gobierno, pero poco tiempo después se designaron a estos grupos como integrantes de las nuevas cooperativas. Según el sociólogo de la UCV , el fracaso de ambas iniciativas derivó en la creación de Vuelvan Caracas, las Empresas de Producción Social, y más recientemente los consejos comunales. “Todas esas cooperativas están destinadas a ir al cementerio de cooperativas”.

El cooperativismo local fracasó por la desviación política, dijo Bastidas-Delgado. “El proyecto cooperativo estuvo orientado para encapsular a la gente en función de intereses políticos, para saber quiénes estén conmigo y orientarlos en función de mis intereses”.

El investigador, con una maestría en Ciencias Sociales en el Colegio Cooperativo de París, indicó que todas las cooperativas deben apuntar a la autogestión, pero “no todo el mundo tiene que estar en lo mismo ni todo el mundo tiene que ganar lo mismo”, pues eso dependerá de la cantidad de trabajo asignado y los niveles de formación adquiridos por los miembros. (Tal Cual, Ídem).

Por su parte, la Asamblea de Electores con la Revolución en Nueva Esparta (Aserne), afirmó que “el apoyo técnico y profesional así como la fiscalización y supervisión a las cooperativas son deficientes o inexistentes. La gran mayoría de las cooperativas registradas están inactivas, sus integrantes frustrados y dispersos deambulan por los portones de las empresas privadas y públicas, en busca de oportunidades de trabajo que les garanticen la seguridad social necesaria que las cooperativas no les provee.” (Aserne, 01.11.06, http://aserne.blogspot.com/2006_11_01_archive.html ).

Pablo Castro , directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), denunció que las cooperativas forman parte de más de un millón de empleos precarios contabilizados por el ejecutivo nacional para reducir, de forma artificial, la tasa de desempleo a 7%.

Castro refirió que a la fecha, las misiones, las cooperativas y las Empresas de Producción Social (EPS) ocupan a más de 650.000 personas, precisando que “en las cooperativas sanas la totalidad de sus miembros son socios y comparten equitativamente los beneficios. En el caso venezolano la mayoría subcontratan trabajadores con jornadas de sobretiempo a cambio del un salario mínimo y no cuentan con la seguridad social”. ( El Nacional, 14.11.06, A/20).

El 15.11.06 salió publicado en la Gaceta Oficial el anuncio que prórroga por séptima vez la medida de mantener los alquileres congelados, desde el año 2002. El decreto establece que “se pretende garantizar el bienestar de la población en general y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios en materia de vivienda”.
Cuando se decretó la medida por primera vez se determinó que los juicios entre arrendatarios y propietarios de inmuebles continuarán su curso, pero sus efectos quedarán suspendidos durante la vigencia de la medida.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Luis Emilio Vegas , informó que con la prórroga de congelación de los cánones de alquiler, para finales de este año se espera que el precio de los alquileres y la compra de viviendas registren un incremento promedio de 35% con relación a 2005. Este aumento obedecería al déficit de nuevas construcciones en el país, al encarecimiento de los materiales de construcción y al comportamiento en general de la inflación, que se prevé cerrará el año entre 12% y 15%.

Según las cifras, en el país existe un déficit de 1,8 millones de viviendas y anualmente se contabiliza una demanda tradicional de 100.000 unidades. Ante la escasa oferta de proyectos residenciales y la baja capacidad adquisitiva del venezolano para adquirir una vivienda nueva , muchas familias optan por alquilar, “pero esta tarea también se puso difícil porque ningún propietario quiere arrendar debido al control”, explicó Vegas.

Los precios de los alquileres de los apartamentos ubicados en el área metropolitana de Caracas que no están sujetos a regulación, se sitúan entre 700.000 y 8 millones de bolívares, dependiendo de la zona y del número de habitaciones. ( El Nacional, 17.11.06, A/28)

El pasado 05.11.06 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Hugo Chávez, anunció el inminente inicio de la Misión Alma Mater, la cual tiene el propósito de consolidar el sistema educativo universitario y ofrecer más oportunidades para la capacitación. Esta misión construirá un total de 38 nuevas instituciones: 16 universidades politécnicas, 14 institutos tecnológicos y 8 universidades. Para este proyecto, el presidente Chávez dispondría de un billón de bolívares que serian invertidos en la primera etapa de ejecución de las obras que se desarrollarán de forma simultánea; recursos que provienen de la política petrolera y fiscal del Gobierno Bolivariano. (Ministerio de Comunicación e Información : “ Misión Alma Máter construirá 38 nuevas instituciones de educación superior ”. . Mensaje electrónico enviado a Provea el 05.11.06).

Para el 21.11.06, fecha de inicio de la misión, la cifra había aumentado a 50 instituciones. El viceministro de Políticas Estudiantiles, Temir Porras , especificó que “25 universidades ya existentes van a convertirse en instituciones de mayor alcance, es decir, los tecnológicos pasarán a formarse con un perfil más profundo”. Las 25 casas de estudios restantes se edificarán desde “cero” y tendrán un perfil diferente, que dará paso a la formación en áreas como siderúrgica y energía. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71416&lee=Array[0]).

En el acto de entrega de más de 2 mil 800 becas de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) a jóvenes del Distrito Capital y de los estados Miranda y Vargas, con motivo del Día del Estudiante, el Jefe de Estado explicó que la meta de Alma Mater es atender a 100 mil nuevos estudiantes en dos años. Asimismo, que más de 12 mil estudiantes se verán beneficiados con la inauguración de las 15 aldeas universitarias, espacios educativos coordinados por la Fundación Misión Sucre, conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71438&lee=4). Por su parte Samuel Moncada, Ministro de Educación Superior, afirmó que la Misión Alma Mater es un proyecto popular mayoritario “progresista, justiciero, anti oligárquico y anti imperialista que busca transformar las bases de la sociedad para hacerla más justa y más prospera. Es un proyecto donde todos tiene un puesto, donde nadie debe quedarse por fuera”. (Agencia Bolivariana de Noticias , 21.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=71422&lee=Array[0])

Estado de la matrícula universitaria

En una alocución anterior, el Presidente de la República afirmó que la matrícula estudiantil universitaria en Venezuela ascendía actualmente a un millón 121 estudiantes, cifra que se encontraba en 366 mil en el año 1998. Explicó que la cifra mencionada corresponde hasta al año 2005, y representa la sumatoria de 774 mil estudiantes en etapa universitaria, más los 347 mil de la Misión Sucre. “Ya la Misión Sucre alcanza o casi iguala a la matrícula toda que había en 1998” , sostuvo el Jefe de Estado. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 05.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=69027&lee=4 ).

A pesar de estos anuncios gubernamentales, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) convocó a una huelga de un día el pasado 22.11.06, día en el que realizarían una marcha en la ciudad de Caracas. El rector de la UCV dijo que el ministro Moncada sigue manejando el problema presupuestario como un asunto político, “exponiéndonos al escarnio público, y no estamos dispuestos a seguir con este enfrentamiento”. Asimismo afirmó que el Gobierno Nacional tiene centralizados Bs. 6,7 billones, que se niega a desembolsar con el propósito de entorpecer el proceso de enseñanza de las universidades para después decir que fue “porque estamos malversando los fondos”. (Ultimas Noticias, 23.11.06, pág. 2)

200 familias denunciaron el pasado 20.11.06 que tras pagar la inicial y cumplir con los requisitos exigidos por el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), fueron excluidas de las listas de adjudicatarios del organismo. Las familias habían realizado los trámites para optar por apartamentos ubicados en el Desarrollo Habitacional Bosque Valle, en la autopista Coche-Tejerías, del sector Tazón de la capital. Según los denunciantes, Fondur les ha dicho que no puede hacer nada al respecto debido a que el caso había sido transferido al Ministerio de Vivienda y Hábitat, pero que en dicho organismo no consiguen ningún tipo de respuesta. Carmen Alicia González , una de las denunciantes, afirmó que Fondur había solicitado el pago de una inicial por cuatro millones 50 mil bolívares, además de 945 mil por gastos legales. Este monto lo cancelaron en el año 2001, tras lo cual debían esperar un año a la entrega de la vivienda. González asegura que han llevado la denuncia a diversas instancias –Defensoría del Pueblo y Fiscalía- sin lograr apoyo. (Ultimas Noticias, 20.11.06, pág. 8).

El 13.11.06 damnificados de diferentes partes el país protestaron frente al Palacio de Miraflores para denunciar irregularidades en el Ministerio de Vivienda y Hábitat en la adjudicación de cheques para la compra de casas. Vecinos del barrio Ojo de Agua, de la carretera vieja Caracas-La Guaira, llegaron al lugar durante la noche del domingo para comenzar a protestar el día siguiente. Afirmaron que en enero recibieron los certificados de alto riesgo y las autoridades les dieron oportunidad hasta abril para salir del lugar. “Esta es la fecha y ahí seguimos porque los cheques nada que los entregan”, comentó una de las manifestantes. Paralelamente, en las aceras cercanas al Palacio de Gobierno un grupo de personas dormían en el lugar: damnificados de los estados Vargas, Aragua, Miranda y el Distrito Capital que fueron trasladados al refugio del Fuerte Guaicaipuro pero que decidieron irse debido a las malas condiciones del recinto, según explicaron.

“Hay gusanos, los baños están podridos y los niños se enferman de diarrea y amibiasis; ahí no cabe más gente”, declararon a un medio de comunicación. (Ultimas Noticias, 14.11.06, pág. 3)

En el estado Aragua , por su parte, el 08.11.06 decenas de personas sin casa realizaron una toma simbólica de casas multifamiliares pertenecientes a la base aérea de Sucre. Los manifestantes pertenecían a la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) “Luchar, vencer y ganar”, y realizaron la acción para denunciar una serie de irregularidades cometidas por Fondur, entre ellas el cobro de 20 millones de bolívares para la adjudicación d viviendas. Pedro Alfonso , vocero de la OCV, afirmó que las casas construidas en terrenos militares eran cedidas a militares “que no las necesitan”, dejando de lado las organizaciones sociales que esperan adjudicaciones desde hace más de un año. Asimismo, denunció que el anterior ministro de Vivienda les había adjudicado, mediante un documento escrito, 100 casas de la Base Sucre, y tras realizar un inventario se han percatado de que ya no quedan viviendas disponibles en ese sector. (El Universal, 09.11.06, 1/7).

Por su parte, 200 familias protestaron el 15.11.06 en la avenida Urdaneta de Caracas una estafa en su contra con casas inconclusas. Nunil Jáuregui, afectada, aseguró que hace más de cuatro años una empresa dedicada a la venta de inmuebles ofreció proyectos habitacionales en la carretera La Raiza, frente al Fuerte Guaicaipuro. “Las casas costaban entre 38 y 52 millones de bolívares; muchos ya han cancelado más de la mitad y algunos 90% pero no recibimos nada a cambio “. Explicó que esta situación irregular se presentó en tres proyectos habitacionales, llamados “Springfields Villas”; Condominios “Las Villas” en Cúa y proyecto Adonay en Higuerote.

Rita Sánchez explicó que en noviembre de 2004 la empresa fue cerrada por el Indecu, por lo que muchos de los asociados dejaron de cancelar por temor a que los dejara sin su casa. “Desde hace un año el caso está en manos de la Fiscalía, pero no nos han dado respuesta”. Emilio Contreras , otro afectado, indicó que están exigiendo pago de los intereses del dinero “porque 32 millones de hace cuatro años no son los mismos de ahora. Además la empresa cambió de nombre y continúa promoviendo casas “. (El Universal, 15.11.06, http://www.eluniversal.com/2006/11/15/ccs_art_70102.shtml)

  • Establecer una política de desarrollo sustentada en la variable ambiental y la participación ciudadana.
  • Revisar las concesiones y contratos o convenios petroleros concedidos en el marco de la apertura petrolera, anulando aquellos que se encuentren en áreas de alta fragilidad ambiental y social.
  • Dar efectiva vigencia a la Ley Penal del Ambiente.
  • Revisar todas las concesiones mineras, permitiendo esta actividad solo en aquellas zonas que no estén en áreas protegidas (Abrae) o en territorios indígenas, ni en zonas de alta diversidad biológica, en bosques nativos y cuencas.
  • Revisar y formular la política de concesiones y manejo forestal. Establecer un nuevo Plan Nacional Forestal dentro de cuyos objetivos esté el descongelamiento y eliminación de las plantaciones forestales industriales que se están desarrollando a expensas del bosque nativo natural y de otras formaciones vegetales de gran valor biológico.
  • Sustituir los objetivos de explotación económica por objetivos de aprovechamiento sostenible de los recursos.
  • Excluir el uso minero en la Reserva Forestal de Imataca, por ser esta, área de protección especial, y privilegiar las explotaciones en otros renglones que no constituyan amenaza para el hábitat.
  • Sanear la Reserva Forestal de Imataca de focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la Reserva Forestal.
  • Desarrollar planes efectivos de recuperación de cuencas y embalses y el establecimiento y ejecución coordinada de un Programa Nacional de Descontaminación de los Litorales Marinos.
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de todas las empresas e industrias que operan en el país.
  • Reformar las Normas Reglamentarias sobre parámetros de calidad de agua y aire.
  • Confeccionar un plan nacional para la reubicación y construcción de rellenos sanitarios, con apoyo de las gobernaciones y los municipios, que impida la improvisación y establezca criterios unificados al respecto.
  • Impulsar y fortalecer, por parte de las municipalidades y las empresas privadas, los sistemas de recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas domésticas e industriales.
  • Desarrollar un Plan de Educación Ambiental que incluya la educación al consumidor y a los productores sobre los riesgos para la salud y el ambiente del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) y de miles de sustancias químicas sintéticas empleadas por la industria moderna, todo con miras a un mayor control o incluso a la sustitución por productos naturales no dañinos.
  • Desarrollar una política de desconcentración de plantas industriales y negociación de plazos cortos para la adecuación de empresas generadoras de desechos y contaminantes, el tratamiento adecuado de sus efluentes y residuos, así como la instalación de correctos dispositivos que eviten la inadecuada disposición de los mismos.
  • Declarar una moratoria a la exploración y explotación de petróleo y gas en el Delta del Orinoco y el Golfo de Paria. Declarar la moratoria a la explotación del carbón en la Sierra de Perijá.

(Provea, 30.10.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

La siguiente cronología ha sido realizada con datos encontrados durante la elaboración del boletín “Derechos Humanos y Coyuntura” en la prensa nacional y regional durante el período reseñado. Incluyen casos de vulneración del derecho a la protesta en acciones de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales.

NOVIEMBRE

El 21.11.06 habitantes del sector de La Yaguara, ubicada en el municipio Libertador trancaron la Autopista Valencia-Campo Carabobo en ambos sentidos, en protesta por la falta de servicios públicos. La Unidad Táctica de Apoyo Operacional de la Policía de Valencia dispersó la manifestación utilizando bombas lacrimógenas y perdigones plásticos, deteniendo a una persona. Ese mismo día, en Caracas, la Guardia Nacional agredió a las personas que se encontraban frente al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat con saldo de varios detenidos.

El jueves 09.11.06 la Policía del Estado Bolívar disolvió con bombas lacrimógenas, perdigones y armas de fuego una protesta protagonizada en Ciudad Guayana por trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con un saldo de seis de ellos detenidos y otros seis heridos.

El 08.11.06 entre 10 y 25 personas, pertenecientes a la OCV La Guzmanera, fueron lesionadas cuando la Policía de Aragua impidió el paso de una manifestación que pretendía llegar a Caracas a solicitar recursos para la construcción de viviendas.

El 01.11.06 28 adolescentes y 11 adultos fueron detenidos en San Félix, estado Bolívar, cuando protestaban en las afueras del Banco del Libro exigiendo servicios básicos y la incorporación en la Misión Sucre.

OCTUBRE

El 30.10.06 20 personas fueron detenidas cuando un grupo de personas sin empleo intentó entrar en la refinería de Puerto La Cruz como medida de presión para recibir los cupos de trabajo prometidos. En la acción, la GN utilizó lacrimógenas y peinillas.

El 24.10.06 aproximadamente 40 personas fueron detenidas en Coloncito, estado Táchira, en el cuarto día de protestas por falta de servicios públicos.

El 23.10.06 cuatro manifestantes fueron detenidos y otros resultaron asfixiados cuando la GN disolvió una manifestación con lacrimógenas y perdigones en la autopista Caracas-Guarenas. 100 personas habían cerrado la vía para solicitar reparaciones a sus viviendas tras las recientes lluvias. Ese mismo día, 12 personas fueron heridas y 30 detenidas en Coloncito, estado Táchira, cuando la GN reprimió una protesta por falta de agua y servicios públicos.

El 20.10.06 una toma de la carretera nacional Barinas-San Cristóbal dejó un saldo de cuatro manifestantes heridos por la Policía de Barinas. Los habitantes protestaban por la falta de servicio eléctrico y agua potable.

El 19.10.06 dos personas fueron heridas de bala y seis más por perdigones cuando un grupo de pescadores artesanales protestaban en el Puerto Internacional de Guiria solicitando que el mismo fuera convertido en un núcleo endógeno.

El 14.10.06 la Policía de Carabobo dispersó una manifestación con lacrimógenas cuando empleados de la salud de Carabobo manifestaban por sus derechos laborales.

El 13.10.06 dos vecinos recibieron perdigonazos en el pie cuando los vecinos de barrio Jacinto Lara , en Barquisimeto, solicitaban la construcción de una pasarela. La Policía de Lara y la GN utilizaron lacrimógenas y perdigones para dispersar al centenar de manifestantes.

El 12.10.06 Patrulleros del Caroní realizaron disparos al aire para dispersar a vendedores informales que protestaban el desalojo de una feria artesanal en Puerto Ordaz.

El 10.10.06 efectivos militares tomaron la población de Coloncito, estado Táchira, tras el incendio de una patrulla y daños a edificios públicos por una poblada que protestaba abusos policiales por parte de la Policía del Táchira.

El 04.10.06 el Grupo de Reacciones Inmediatas de Polianzoategui dispersó con perdigones y lacrimógenas una manifestación de vecinos de la comunidad de Punto Lindo, municipio San Juan de Capistrano, Boca de Uchire.

SEPTIEMBRE

El 16.09.06 la Policía Estadal de Barinas detuvo a tres personas, pertenecientes a un grupo de 600 familias, que protestaban por la falta de agua potable en la urbanización Agustín Codazzi en Barinas. Varias personas más resultaron heridas por perdigones y golpes.

El 11.09.06 una persona fue detenida por la Policía de Aragua cuando un grupo de familias del sector El Campito, La Cabrera , en Maracay protestaban por el incumplimiento de promesas de entrega de viviendas.

AGOSTO

El 17.08.06 un centenar de familias campesinas fueron desalojadas por la Policía Estatal de Guanare tras ocupar un terreno en el barrio “ Paraíso bolivariano”. El desalojo forzado dejó como saldo varias personas lesionadas, entre ellas, una mujer embarazada.

El 16.08.06 una protesta en el estacionamiento del Ayuntamiento de Valencia terminó con dos concejales y tres policías heridos, cuando dos grupos protagonizaban una protesta por falta de recolección de basura y ausencia de cupos en el estacionamiento.

El 14.08.06 Damnificados del sector Las Casitas de Guatire protestaban frente a la sede del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat fueron dispersados con lacrimógenas por la GN, deteniendo a la presunta líder de la protesta, Vilma Macías.

El 10.08.06 dos trabajadores afiliados a la UNT resultaron heridos en una protesta frente a los tribunales laborales en Maracay. Ese día, un grupo de 500 vecinos de Catia la mar trancaron la calle pidiendo reparación de tuberías. Tras la actuación de la Policía de Vargas dos salieron heridos con perdigonazos.

El 09.08.06 cinco personas fueron detenidas por la GN cuando se realizó un desalojo en el sector Ojo de Agua en Baruta. Se informó que 20 infantes habían sido afectados por los gases lacrimógenos. Tres días después, 11 personas recibirían una medida privativa de libertad por “invasión y resistencia a la autoridad”. Ese día dos personas fueron detenidas cuando un grupo de 200 manifestantes por viviendas intentaron movilizarse desde Miraflores a los medios de comunicación.

JULIO

El 28.07.06 un grupo de mineros de El Callao intentó realizar una manifestación contra la empresa de origen chino Jin Yan cuando uno de los directivos del sindicato fue detenido por la GN. Los trabajadores denunciaron uso de peinillas y lacrimógenas por parte de los uniformados.

El Ministerio Público presentó, el 15.11.06, ante el Tribunal 2° de Control de Bolívar formal acusación contra diez militares del Teatro de Operaciones 5 (TO5), por presunta participación en la muerte de seis mineros y heridas a otro, hecho ocurrido el pasado 22.09.06 en la población La Paragua. Los fiscales acusaron al subteniente José Rodríguez y al sargento I Santiago Hernández por homicidio calificado con alevosía; al mayor Leonidas Fernández, subteniente José Rodríguez, sargento técnico de II César Rodríguez, los sargentos José Azócar, Emilio García y Santiago Hernández, José Perdomo y Gustavo Quintero , y a los cabos II José Rojas y Gabriel Ramos, por homicidio calificado con alevosía continuado en grado de complicidad correspectiva. (Ultimas Noticias, 16.11.06, pág. 38). El Ministerio Público anunció que archivó los casos contra el sargento primero Ronald Marcano , y los cabos segundos Jose Muñoz, Erad Bolívar y Freddy Narváez, por considerar que no existen elementos probatorios de su participación. (El Universal, 16.11.06, 3/25).

En un giro inusitado de las versiones sobre los sucesos, (acceda a la petición de las organizaciones de Derechos Humanos venezolanas sobre este caso en el enlace en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_176.htm#02 ), la diputada a la Asamblea Nacional por el Movimiento Quinta República, Berkis Solís, aseguró el pasado 21.11.06 que el principal responsable de la masacre de La Paragua era el dirigente opositor Andrés Velásquez , situación que sería comprobada tras la presentación de un informe del caso en el parlamento nacional. La diputada aseguró que “allí hubo enfrentamiento, hubieron (sic) armas que no eran las de los militares y se encontraron allí. Ustedes verán en el desarrollo de la investigación lo que va a salir una vez que se descubra todo lo que hubo allí y el saboteo que hubo y las manos que están metidas en ese enfrentamiento”. Solís aseguró que la presunta manipulación de las evidencias se produjo para tratar de involucrar a los militares , “porque esto es un complot. Nosotros venimos denunciando un complot de la oposición, aquí lo que se quiere es armar este despelote para que la gente entre en zozobra. Comienzan por los mineros, comienzan por los sindicatos, su grupito porque sí tienen gente”. El dirigente político Andrés Velásquez respondió que “El reclamo de justicia por los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos, no puede ser que reciba como repuesta las locuras de esta diputada”, aseguró. (Correo del Caroní, 22.11.06, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=50190).

Esta versión contradice la sostenida por otros parlamentarios de la Asamblea Nacional , los cuales ratificaron que tanto en los hechos de La Paragua como en los sucedidos en Güiria (información en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_177.htm#07) hubo violación a los derechos humanos. El presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional , Reinaldo García, explicó que aun cuando los informes de ambos casos ya están listos para ser remitidos a la plenaria, no los han enviado porque se está dando prioridad a los proyectos de ley orgánica de la defensa pública, ley de policía nacional y reforma al código del régimen penitenciario. ( El Nacional, 09.11.06, B/22)

En cuanto al caso de la llamada Masacre de Alto Apure (más información en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_174.htm#14 ), el 17.11.06 se informó que el distinguido del Ejército, Luis Yeferson Lira Rodríguez, principal sospechoso del asesinato de ocho personas en el sector Los Pajaros de Apure el pasado 20 de julio, deberá enfrentar, por petición del Ministerio Público y como lo ordenó el Tribunal 1º de Control del ese estado, un juicio en el que se le acusa de homicidio calificado. ( El Nacional, 17.11.06, B/29). 10 soldados y un subteniente del Ejército serán llamados a declarar en el proceso , para que ofrezcan su testimonio. Lira Rodríguez no admitió los delitos endilgados en la audiencia preliminar cumplida en los tribunales de control de Guasdualito, entre ellos, uso indebido de arma de reglamento. ( El Nacional, 22.11.06, B/24). Provea recibió de manos del propio imputado un testimonio en el que involucra a otros funcionarios militares en el crimen (ver en http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2006/testimonio_apure.htm), por lo que ha solicitado una investigación que corrobore o descarte esta hipótesis.

En otra información, se conoció que los familiares de las víctimas de la Masacre de Yumare solicitaron ante la Fiscalía Segunda del estado Yaracuy, una medida privativa de libertad contra el ex comisario de la Disip , Henry López Sisco , acusado como principal responsable del hecho. Merlyn Morales, abogada de los familiares , denunció que “el imputado va a seguir evadiendo la investigación de la que está siendo objeto por esta jurisdicción del estado”. Asimismo, denunció que los familiares estaban recibiendo amenazas telefónicas para desistir de la acusación. ( El Informador , 11.11.06, A/4).

En otro sonado caso de violación de derechos humanos se divulgó que el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, anunció el 17.11.06 que el Estado buscará un mecanismo para indemnizar a víctimas del Caracazo, pues muchos de los familiares no tuvieron acceso a instancias internacionales. ( El Nacional, 18.11.06, A/4).

El pasado 27.10.06 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la admisibilidad de la petición de víctimas del 11A contra el Estado venezolano, presentada por la Organización No Gubernamental VIVE en su sesión realizada seis días antes.

El 12.10.02, la CIDH recibió una petición presentada por Eduardo Meier , Alfredo Romero, Juan Carlos Sosa, Gonzalo Himiob y Antonio Rosich, en la cual alegaban la violación por parte del Estado venezolano de varios derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los peticionarios alegaban que 7 de las presuntas víctimas de los hechos del 11.04.02 en Caracas ( MOHAMAD Jesús , PALENCIA Johnny, ARELLANO Jesús, QUERALES Juan David, GAMALIO José, ROJAS Orlando y REINOSO Víctor) habían muerto como consecuencia de disparos recibidos por acción y omisión de agentes de seguridad del Estado. La CIDH afirma en la petición de admisibilidad de la causa que el Estado venezolano ha reconocido la muerte de las siete personas, alegando que tales hechos no pueden serle imputables debido a que ha procedido al inicio de investigaciones. Las mismas se encuentran en etapa preliminar debido a la complejidad circunstancial de los hechos, por lo que el Estado alega que los peticionarios no han agotado los recursos internos. (Santiago Cantón: “Andrés Trujillo. Caso 12.582 Venezuela” . Mensaje electrónico enviado a Provea el 12.11.06).

En la comunicación enviada por el CIDH a la ONG VIVE, se indica que la sesión de la Comisión concluyó que el caso satisfacía los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como declarar admisible la petición bajo estudio con relación a sus artículos 4, 5, 15 8.1 y 25, referidos a la obligación de los Estados de respetar y garantizar el derecho a la vida , integridad personal, derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y el derecho a la reunión pacífica. La CIDH ordena notificar la decisión al Estado venezolano a los fines del inicio de los trámites de fondo del asunto.

Mohamad Merhi, vocero de VIVE, declaró que “seguirá en sus luchas hasta que todas las causas internacionales sean decididas y los responsables de los hechos de violencia y discriminación sean castigados”. (A.C. VIVE: “Admisión CIDH”. . Mensaje electrónico enviado a Provea el 03.11.06).

El Fiscal General de la República , Isaías Rodríguez, criticó la solicitud por considerarla sesgada, calificando a los miembros de VIVE de “cínicos, desvergonzados y caraduras”, cuya intención sería hacer una campaña electoral sucia contra el presidente Hugo Chávez. (El Universal, 15.11.06, 1/6). En esta intervención, Rodríguez afirmó que los convenios de derechos humanos buscaban “quitarle la credibilidad al Estado”, para “producir su derrumbe”. (El Universal, Ídem). Al día siguiente, el funcionario reiteró su posición durante su participación en el III Encuentro Nacional de Derechos Humanos, realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. En la misma, abogó por “ideologizar” y repensar la actual concepción de los Derechos Humanos, pues la misma era un instrumento de los Estados Unidos para “penetrar nuestra soberanía”. Aseguró que los organismos internacionales que se encargan de velar por el respeto de las garantías fundamentales están siendo utilizados para “producir el derrumbe del estado democrático , soberano y autónomo”. (El Universal, 16.11.06, 1/6).

El informe “Mapa de la Violencia 2006. Los jóvenes de Brasil” afirma que, entre los 84 países con una tasa mayor de 27 homicidios por casa 100.000 habitantes, Venezuela ocupa el segundo lugar, detrás de Colombia y por encima de Brasil, quien registró en 2004 la cifra de 57,7 homicidios por cada 100.000 jóvenes. El informe fue presentado el 16.11.06 en Brasilia y fue realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos con el objetivo de recomendar acciones públicas y privadas para combatir las muertes adolescentes. El coordinador del estudio, Julio Jacobo Waiselfisz, afirmó que el índice de los países latinoamericanos es de 30 a 40 veces mayor que las tasas de muertes juveniles de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y Egipto. (El Universal, 17.11.06, http://noticias.eluniversal.com/2006/11/17/int_art_71515.shtml).

Estas cifras se corresponderían con las arrojadas por el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, presentado el 12.10.06, en el que se establece que América latina y el Caribe encabeza las tasas de homicidios de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Las cifras, recogidas en el 2002, revelan que el rango de edad con mayor exposición a los homicidios es el comprendido entre 15 y 17 años con un promedio de 37.66 asesinados por cada 100.000 habitantes. Detrás de la región latinoamericana se encuentra África, con 15.64 homicidios por cada 100.000 habitantes. (UNICEF, 20.11.06, http://www.unicef.org/violencestudy/). La violencia acaba con la vida de 80.000 menores por año en América Latina y el Caribe, y sus consecuencias le cuestan a la región $us 145.000 millones anuales, el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) de sus sociedades. (El Deber, 17.11.06, http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=11303&SE=SN)

Un estudio local, recientemente divulgado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ( IIES-UCAB), “Análisis de la situación de la mujer y la niñez en Venezuela en 2005” , expresa que la población en edad adolescente ha experimentado un incremento en la evolución de su mortalidad. La misma muestra un incremento para el trienio 1992-1994 del 18% con relación al principio de período. Durante los años siguientes la frecuencia de muertes se mantiene en un nivel 6% más bajo, para luego acusar un aumento en el orden del 25% en el último trienio (2001-2003); así, la tasa arribó a 145,7 por cada cien mil adolescentes, valor 39% más elevado si se compara con el registrado a inicios de los 90. Estas cifras tienen su principal sustento en el aumento de las muertes en la población masculina. En el conjunto del período considerado su tasa específica varió de 148,6 a 232,4 defunciones en promedio por cada cien mil, lo que representa un aumento del 56%. Durante los años 1989 al 2003 la tasa específica de muertes violentas por homicidios aumentó 1,5 veces, al pasar de 19,4 por cada cien mil a 48,3; las muertes por accidentes observaron más bien un descenso del orden del 20 % para ubicarse en 27,5 por cada cien mil. El cáncer, las enfermedades del corazón y los padecimientos congénitos son, en este orden, el resto de las principales causales de muerte entre los adolescentes de ambos sexos. (Venescopio, 19.11.06, http://www.venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=1090).

Durante los días 8 y 10 de noviembre se realizó en Porlamar, estado Nueva Esparta, en las instalaciones de la Universidad de Margarita un encuentro para la creación de un espacio común para las organizaciones latinoamericanas que velan por los derechos de las personas privadas de libertad. El evento contó con la participación de activistas de 13 países, sirviendo como punto de partida para la creación del Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLP). Según Humberto Prado , director del Observatorio Venezolano de Prisiones , el encuentro tenía tres puntos principales: la supervisión de los sistemas judiciales y estadales de cada país en la aplicación de sus funciones en materia carcelaria; el apoyo a los reclusos y privados de libertad en todas sus situaciones; y por último, la movilización de la sociedad civil haciendo públicas las condiciones de la población carcelaria y eventuales atropellos a sus derechos. ( La Voz de Guarenas , 04.11.06, pag. 44). En declaraciones de prensa, Prado destacó que comparando la situación con otros países latinoamericanos, considera que las prisiones venezolanas son las más violentas del continente. Asimismo, agregó que le ofrecerían a los otros países “talento venezolano”, al referirse a los más de 600 egresados del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, de los cuales hay empleados menos del 5%. ( El Nacional, 04.11.06, B/25).

El Rector de la Universidad de Margarita , Pedro Cabello Poleo , dio la bienvenida a los representantes de los 13 países asistentes al evento y destacó la labor que ejerce Unimar como centro de capacitación de los futuros profesionales del Derecho: “ La Universidad de Margarita se siente complacida con la presencia de todos ustedes en este evento de carácter internacional, queremos que se sientan como en casa, con nuestro mayor deseo porque estas reuniones sean altamente fructíferas en la búsqueda de soluciones a la problemática de las prisiones”. ( Universidad de Margarita , 08.11.06, http://www.unimar.edu.ve/portal/noticiasyeventos/200604/2006110901_obs_lat_pris1.htm ). El evento designó a Humberto Prado como secretario ejecutivo del OLP.

Provea expresa su preocupación por las declaraciones, realizadas por diferentes voceros oficialistas, sobre la activación de planes de seguridad e inteligencia paralelos en el marco del proceso electoral a realizarse el 3 D.

Ismael García, secretario general del partido Podemos, informó de la activación de una red de inteligencia social “integrada por todo el pueblo de Venezuela” (…) para responder a las eventualidades que se presenten en la víspera y luego de los comicios”. (El Universal, 12.11.06, http://www.eluniversal.com/2006/11/12/elecc_art_64862.shtml ). Por su parte, la agencia de noticias del Estado venezolano difundió declaraciones del Frente Cívico Militar Bolivariano acerca de la activación del Plan Soberanía para “contrarrestar las intenciones de sectores de la oposición de desestabilizar y desacreditar el desempeño de las instituciones del Estado, de cara a contienda electoral del próximo 3 de diciembre”. Héctor Herrera Jiménez , presidente de dicha organización, afirmó que entre sus funciones estaba monitorear acciones de “guarimberos” y “detener a quien busque cometer algún delito en contra de la soberanía y tranquilidad de la nación”. ( Agencia Bolivariana de Noticias , 14.11.06, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=70363&lee=1 ).

Provea quiere ser enfático en su exigencia a los poderes públicos sobre la ejecución de planes de seguridad durante el proceso electoral. El resguardo del orden público, apegado a los principios constitucionales, es una tarea que compete exclusivamente a los organismos de seguridad, tanto como policiales como militares. La cesión de labores policiales por parte del Estado a organizaciones civiles es inconstitucional y puede propiciar una potencial violación a los derechos humanos.

  • Respetar la voluntad popular expresada mediante cualquier medio de participación y expresión de la soberanía, así como investigar y sancionar a quienes cometan fraudes orientados a desconocerla.
  • Estimular la organización social y el protagonismo popular en el diseño, control y evaluación de las políticas públicas, en un marco de respeto y promoción de la autonomía de las organizaciones.
  • Abstenerse de reprimir u obstaculizar las protestas pacíficas realizadas por cualquier grupo o sector social.
  • Derogar los 8 decretos que crean igual número de zonas de seguridad en la ciudad de Caracas.
  • Responder de manera adecuada y oportuna a las demandas de información y otros datos que presente la ciudadanía ante las instituciones del Estado, tal y como lo garantiza el artículo 51 de la CRBV. Las solicitudes que se dirigen a los organismos públicos hacen parte, entre otro conjunto posible de acciones, del ejercicio de contraloría social y participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que se considera un derecho necesario y transversal, tanto en la exigibilidad de los derechos humanos , como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

(Provea, 30.10.06. http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2004_05/Propuestas.pdf)

ARTÍCULOS

En alguno de los casos, ya han transcurrido cuatro años desde que los adjudicatarios(as) en Ciudad Miranda iniciaron la lucha por la exigencia del Derecho a una Vivienda adecuada. Durante este período ni FONDUR ni el Ministerio de Vivienda y Hábitat han tomado medidas adecuadas para garantizarle seguridad a los/as propietarios/as, ante las apropiaciones indebidas que han venido sucediéndose en el Urbanismo. A pesar de que hoy, podemos sentir gran satisfacción al señalar que 04 de las 25 familias que acompaña Provea han sido reubicadas, aún hay un largo camino que recorrer para poder cantar victoria. Estos pequeños pasos hacia el éxito se han dado gracias a la organización del grupo de afectados/as y el proceso del diálogo político que han emprendido con FONDUR. Sin duda alguna un elemento clave ha sido el proceso de organización que ha venido construyendo este grupo, donde los pilares fundamentales han sido la apropiación del Derecho a la Vivienda como derecho humano y la práctica de herramientas extrajudiciales para su exigibilidad.

Cabe destacar que el logro radica en el liderazgo que los/as afectados/afectadas han asumido, capacitándose en materia del derecho humano a la vivienda y conociendo las obligaciones que el estado tiene al respecto. Este proceso es un alentador indicador que nos demuestra cómo es posible, a través de la apropiación del derecho y la organización como herramienta para su exigibilidad, conseguir logros como este que nos permitan disfrutar de una mayor calidad de vida.

En ese sentido hacemos un llamado a la continuidad de estos procesos, a la exigencia al Estado de nuestros Derechos. Aún son más de 400 familias afectadas en Ciudad Miranda, aún continúa la lucha…. (Provea, 20.11.06, son@derechos.org.ve)

Un amigo me asegura que ya no resiste, que tiró la toalla, que ya se integró al club del perrito de Pavlov. Suena el teléfono y de inmediato está, con la cartera en la mano, junto a la puerta, preparándose para salir al mercado. Suena el teléfono y en vez de decir aló pregunta cuántas latas de atún más debe ir a comprar. Suena el teléfono y ya espera una nueva lista con nuevos productos, definitivamente necesarios, para poder sobrevivir al 3 de diciembre. Suena el teléfono: velones amarillos, tamaño altarcito de la Virgen del Valle. Repica de nuevo el rin: cómprate uno o dos frasquitos de bicarbonato, varios bombillos de esos de piquito y de paso tráete seis bolsas más de harina pan.

Eso nunca está de más. Otra vez suena el dichoso teléfono: dice tu tía Belinda que compres linaza.

Que luego ella te explica. Que hay cosas así: nunca se sabe para qué sirven hasta que hacen falta.

Un vecino, que ya ha agotado todo el segmento alimenticio y de limpieza, se encuentra ahora en un estadio superior. El miércoles pasado lo mandaron a comprar una caja de ramplús color naranja y media bolsita de yeso.

Su familia, en esta semana, transita por lo que podríamos llamar una ansiedad ferretera.

Hace dos días estaba buscando un cuñete de solución antioxidante para metales. Uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿No oíste lo que dijeron en la radio? También tengo otro amigo que ya está conformando una Brigada Maiakovsky para combatir al imperio. Han entrenado un par de sábados, con más joda que disciplina, pero con mucha fe en el enemigo, eso sí. Están seguros de que algo va a pasar el 3 de diciembre. Aunque sea una guarimba. Aunque sea un martillito descuidado sobre una acera. Ya se sabe: la guerra asimétrica también es una caja de pandora.

Hay que estar preparados para lo que sea. Lo que sea somos nosotros mismos.

No hay epidemia más veloz y fulminante que el miedo. Diciembre, de pronto, se nos ha vuelto un vacío, un vértigo. Se ha instalado entre nosotros la idea de que el día de las elecciones se acaba la historia. Tanto el gobierno como la oposición parecen estar convirtiendo estas elecciones en una épica que huele a eternidad. Confieso que a mí me cuesta creer que ahora o nunca nos jugamos todo el siglo XXI. Pienso, más bien, que tal vez esta sea otra de las consecuencias del combate feroz que ambos tienen entre sí y en contra de un gran adversario común: la abstención. Si no votas, tu futuro desaparece.

Pero probablemente, esto también sea el resultado de la manera en que el país ha venido practicando la política en los últimos años: excluyendo siempre al adversario. Porque para el gobierno, la oposición no existe. Cada vez que se asoma, la golpean desesperadamente. Le tienen tanto miedo que, al parecer, ni siquiera están dispuestos a soportar un simple rumor, un presentimiento. Desde el principio de la campaña, el gobierno se ha empeñado en descalificar a la oposición, en no reconocer su presencia, en deslegitimarla incluso en un aspecto tan básico como la nacionalidad: Rosales no es Rosales, no es nuestro, no es uno de nosotros. Rosales es Bush.

Pero también hay un sector de la oposición que, por su parte, parece empeñado en desconocer la presencia y la legitimidad del candidato oficial.

Para ellos, el Presidente tampoco existe. No tiene popularidad, no ha hecho nada bueno. Chávez no es Chávez, no es nuestro, no es uno de nosotros.Chávez es Fidel.

Dentro de este contexto, nada más emblemático que constatar cómo, hasta el momento, ninguno de los dos candidatos llama al otro por su nombre. Chávez habla del “aspirante a frijolito” y Rosales se refiere a “ese tipo”. Más allá de cualquier estrategia publicitaria, estamos ante otro síntoma de la nueva cultura política que se desarrolla en el país. La diferencia ni siquiera se pronuncia. No se reconoce. No se acepta ni en el lenguaje.

Para el gobierno, el triunfo está asegurado y es necesario estar alertas y preparados para el saboteo. Para la oposición, el triunfo está asegurado y es necesario estar alertas y preparados para el fraude. La política es un ejercicio preventivo. En ambos casos, la votación parece ser sólo el perfomance de un acto que ya se realizó. Como si el país entero ya hubiera votado antes del 3 de diciembre. Como si el día de elecciones sólo tuviéramos que ir a disimular frente a las autoridades, frente a los corresponsales extranjeros y frente a los observadores internacionales. La lógica, en los dos bandos, luce sin embargo bastante idéntica: la democracia sólo existe si gano yo.

He ahí nuestra gran fragilidad. Nuevamente, quieren que pensemos que estamos en otro último capítulo, en otro verdadero final de la historia.

Nuevamente, quieren hacernos creer que todos juntos somos un peligro.
(El Nacional, 19.11.06, D/3)

1
Este país, en crisis desde hace un buen rato, tiene dos lecturas disímiles sobre sí mismo que aterrizan en dos modelos que difieren mucho en cuanto a como debe ser nuestra sociedad, respaldados, pereciera, por porciones importantes de la población, ambas convencidas de que tienen razón.

Menudo problema, pues, en el que estamos metidos los venezolanos. Y no vale zanjarlo apelando sólo a la aritmética electoral que nos deje el 3 de diciembre, como si esta autorizara el derecho a la aplanadora de los que son más, conforme lo señalen las maquinas de votación. Es cierto, claro, que la democracia es un sistema de gobierno fundamentado en la regla de la mayoría. Pero es igualmente un sistema que se caracteriza por el respeto a la minoría, a su derecho a un espacio político desde el cual exponer sus puntos de vista y hacer valer sus propuestas e intereses y, eventualmente, poder convertirse, a su vez, en mayoría.

2
El sistema democrático tiene la desventaja de que pone muchas dificultades por delante. Supone muchas rayas amarillas que prohíben el uso discrecional del poder. Por eso no le gusta a ciertos gobernantes, tampoco, dicho sea de paso a ciertos gerentes que se las dan de eficaces.

No obstante las tales rayas, el disenso venezolano debe resolverse dentro de los modos democráticos, no hay otros. Y esos modos vienen envueltos en paciencia. No admiten el “fast track”. Tampoco los caminos verdes, atajos para recortar camino y llegar antes. La democracia es , pues, paciencia y seguramente también algo de salivita, porque resulta que, y perdóneseme este descubrimiento del agua tibia, implica preguntar, consultar, dialogar, negociar, hasta dudar; no es imponer, ni siquiera porque se es mayoría. En fin, la democracia tiene sus mañas, gracias a Dios y hay que respetarlas aunque parezcan (y sean) un fastidio. Porque, es bueno advertirlo, no se trata de no producir transformaciones sociales, de no pisar callos y rendirse a los intereses dominantes en un momento dado. No. Se trata de hacerlo conforme mandan las reglas de la democracia.

3
Así las cosas, Venezuela tiene por delante la vital y urgente tarea de recuperar la política como medio de ordenar la confrontación de proyectos representativos de visiones sociales muy diferentes, los cuales reflejan tensiones y contradicciones que sería suicida ocultar.

Esta tarea no la hemos llevado a cabo. No nos hemos dado el momento ni el espacio y también hemos carecido del talante para hacerla factible. Lo más graves es que no la hemos visto como una tarea urgente, rehusamos vernos en el espejo de países con niveles similares de polarización y fractura, los cuales pagaron muy caro la demora en llevarla a cabo. Y en esto nadie puede alegar su inocencia, la responsabilidad la tenemos todos, aunque, desde luego, hay unos más responsables que otros.

4
Mientras tanto, el conflicto se nos ha convertido en un antagonismo casi irreductible, y en esa medida la aniquilación política del que tiene una propuesta distinta a la tuya es percibida como condición de sobrevivencia. En palabras del italiano Sartori, la “política caliente”, la del conflicto, ha dominado abiertamente a la “política tranquila”, la del consenso. A ello ha contribuido, sin duda, el hecho de que la política se ha moralizado, se ha vuelto una lucha entre buenos y malos en la que la conversación política tiene muy poco lugar y, cuando lo llega a tener, el estilo secuestra los argumentos.

Un amigo, dirigente político chileno, me suele repetir que en los peores momentos de la dictadura, en su país siempre se preservaron algunas instancias para que el gobierno y la oposición pudieran hablar. Cómo es posible, me pregunta a menudo, que aquí el gobierno y la oposición no se hablen, un hábito imprescindible en cualquier democracia, y que cuando lo hacen es en forma clandestina por temor a ser satanizados por sus propios partidarios.

En fin, es preciso recuperar la capacidad política, no para poner fin a las tensiones y contradicciones sociales que derivan de la existencia de visiones colectivas disímiles, sino para reconocerlas y manejarlas estableciendo consensos sobre asuntos de interés público.

5
Venezuela tiene un enorme déficit de diálogo, a pesar de que cada vez hablamos más (aunque diciéndonos cada vez menos). Me parece, y lo digo sin ostentar más título que el que me acredita como ciudadano de a pie de este país, que no hay argumentos válidos para no hablarse, ni siquiera la peor opinión y las peores expectativas que se tengan con respecto a aquel con que se debe hablar.

Qué esperamos para dibujar un territorio en el que quepan todos, sin sucumbir a la ficción política de que el otro no existe ni cuenta. Al final de cuentas, y seguramente Perogrullo lo debe tener escrito en algunas de sus obras, todos vivimos aquí, los países no se divorcian, no hay, pues, la posibilidad de que una parte haga sus maletas y se vaya a otra parte.

Visualizar lo que sucederá con los movimientos sociales en Venezuela tras la cita electoral del 3 de diciembre –en donde todo apunta a la re-elección del presidente Chávez-, no puede realizarse sin entender, aunque sea a grandes rasgos, su propio devenir histórico. En la segunda mitad de los 80´s, y catalizado por la crisis económica posterior al “viernes negro”, nuevas formas de organización y reivindicación comenzaron a desarrollarse en el país caribeño : el movimiento estudiantil y de vecinos, de mujeres, contraculturas, ecologistas y de derechos humanos. Subjetividades que si bien tenían a la izquierda como referencia, no respondían mecánicamente a los esquemas organizativos guevaristas-leninistas que reivindicaban la herencia de la insurrección armada de los 60´s. El “Caracazo” (febrero de 1989), como expresión del creciente malestar, configura entonces el inicio de una sociedad civil tanto ajena a los partidos políticos tradicionales, redes clientelares del Estado como a los programas de los partidos políticos de izquierda. La efervescencia posterior redifica un tejido social compuesto por infinitas iniciativas sociopolíticas, con diferentes y crecientes niveles de articulación entre sí, la cual protagonizó las movilizaciones contra el gran objetivo de la época: la salida de Carlos Andrés Pérez del poder.

El movimiento originario de Chávez logra superponerse a esta dinámica y darle un rostro al descontento, legitimándose en las urnas en 1999 al capitalizar la extendida voluntad de cambio que cruzaba el país, pero también revitalizando la matriz populista, caudillesca y estatista que forma parte del acervo histórico venezolano. La imposición de un modelo personalista de dominación tenía como precondición la desarticulación de las dinámicas ciudadanas que permitieron su llegada al poder. Esto fue facilitado, entre múltiples razones, por la polarización impuesta por las élites en pugna: aquellas proscritas del poder, que representaban los sectores productivos tradicionales, y la nueva burocracia “de izquierda”, legitimando los intereses de los sectores álgidos de la globalización económica en el país.

De esta manera tenemos que el tejido social tras 1999 es fragmentado ( movimiento vecinal , estudiantil y ecologista), neutralizado (derechos humanos) y cooptado (indígenas, mujeres, contraculturas) por las expectativas creadas por un gobierno retóricamente de izquierda. Este ha promovido, en su lugar, expresiones de organización popular sin autonomía dentro de una renovada red clientelar, en medio de una de las mayores bonanzas económicas vividas por los altos precios petroleros.

Estas iniciativas populares, tuteladas desde arriba, poseen varios elementos que las caracterizan de otros movimientos sociales:

1) La solidaridad vertical suplanta a la solidaridad intra-clase: Las movilizaciones responden a una agenda política impuesta por la cúpula, siendo casi inexistentes sus propias convocatorias o actos de solidaridad cuando otras partes del movimiento son reprimidas por las instituciones.

2) Una identidad permeada por el culto a la personalidad y la ausencia de una historicidad y argumentación diferente de la originada por la figura de poder, lo cual impide cualquier hipotética “profundización de la revolución”.

3) El objetivo de su práctica es legitimar los proyectos gubernamentales, sin ningún proceso de construcción paralelo o diferente

4) Un desgaste progresivo por su incorporación a la lógica acumulativa político-electoral

El incumplimiento de las expectativas generadas por el chavismo ha aumentado exponencialmente las protestas populares durante el 2006, lo cual continuará incrementándose el año que viene. Pero es precisamente el chantaje de la polarización –“darle armas a la derecha”, “manipuladas por el imperialismo”- la cual contiene el creciente descontento frente a un Estado que ni se transformó en el momento en que pudo hacerlo, ni cuya nueva burocracia realiza políticas diferentes al asistencialismo populista latinoamericano.

Los retos para los movimientos sociales, tras la hipotética re-elección presidencial, no son sólo de orden práctico, como puede ser su configuración autónoma o la experimentación de prácticas y espacios diversos de aprendizaje y contrahegemonía. También son de orden teórico. La superación del maniqueísmo imperialista, centrado exclusivamente en la figura de George Bush, supondría la comprensión de las dinámicas múltiples del flujo de dinero y poder de la mundialización del dinero. Y han sido precisamente los movimientos sociales, de ambos polos, quienes han internalizado la disciplina de ser un país exportador de energía barata, a despecho de cualquier consideración ambientalista, profundizando el papel asignado a Venezuela por la globalización económica. Pero si nos atenemos a los eventos de los últimos meses –acciones contra el carbón en el Zulia, protestas de los vendedores informales en Caracas y de los pescadores artesanales de Güiria- y cómo han sido enfrentados y criminalizados por las propias bases chavistas, el horizonte parece avizorar un largo período de conflictividad entre oprimidos: unos tratando de protestar por algunas mejoras estructurales, y otros enfrentándolos para escalar posiciones dentro de la jerarquía de afectos del personalismo de Estado.

(El Libertario, 19.11.06, http://www.nodo50.org/ellibertario)

DOCUMENTOS

En el marco de los principios y propósitos del IV Foro Mundial de Educación, realizado en la ciudad de Caracas, en el mes de enero del presente año, se adelantó en Venezuela el Foro Temático LA EDUCACIÓN BOLIVARIANA Y LA SUPERACIÓN DE LA ESCUELA CAPITALISTA. Evento realizado del 2 al 4 de noviembre de 2006, en las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela y en comunidades populares. En este sentido el FME responde a los principios del Foro Social Mundial, como instancia de articulación plural y diversa de expresiones del movimiento pedagógico internacional.

  • El Foro Temático Venezuela valora los logros y avances de la revolución bolivariana en el campo de la educación y la cultura cuyo gobierno y Estado han asumido la responsabilidad histórica de garantizar los principios de la nueva educación que se sustenta en su carácter público, democrático, gratuito, laico, universal, de calidad y popular; en esta perspectiva, aprecia el significado y alcances de las Misiones Educativas que han contribuido a saldar la deuda social y han emprendido un proceso de creación de un nuevo sistema educativo bolivariano cuyas políticas buscan promover y fortalecer las artes, la filosofía, la ciencia, los deportes y la tecnología en beneficio del desarrollo humano integral, con especial atención a la niñez, la juventud y los sectores sociales mas débiles y excluídos de siempre.
  • El Foro -Temático Venezuela -, reconoce el significado histórico del Movimiento Pedagógico Emancipador que se adelantan en varios países por movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y comunidades, cuyos alcances traspasan las fronteras y se perfilan como un soporte fundamental en la lucha por la soberanía educativa, la refundación de la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la recuperación y proyección del saber pedagógico, el redimensionamiento de la sabiduría y memoria popular, el desarrollo del conocimiento filosófico, científico y tecnológico. Sobre la base de este propósito, nos encaminamos a perfilar nuestras luchas, creaciones, movilizaciones y propuestas en el horizonte colectivo de la superación de la escuela capitalista y en la creación de una nueva educación que confronte y resuelva las inconmensurable desigualdades sociales, los privilegios y los prejuicios de clase, sexo, raza y credo; y se consoliden en el ámbito educativo, los principios de universalidad, gratuidad, obligatoriedad, el saber, hacer y poder popular.
  • El Foro Temático Venezuela expresa su apoyo y respaldo a las movilizaciones y resistencias de los pueblos contra la globalización neoliberal, el intervencioninsmo de los Estados Unidos, el desmonte de la educación pública, la desprofesionalización de la carrera docente, la estandarización y la imposición del “pensamiento único”. En particular, manifiesta su solidaridad con el movimiento social por la paz al interior de las grandes potencias y con las luchas adelantada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, México y el magisterio de Oaxaca que libra una batalla por la dignidad del pueblo y de los educadores. De igual modo, se solidariza con las luchas del magisterio de base, quienes en Ecuador y Colombia enfrentan la más feroz arremetida del Imperio y de las oligarquías contra la soberanía, la paz y la democracia de sus pueblos.
  • Apoyamos las luchas de resistencia contra la imposición de los Tratados de Libre Comercio, lo que implica acentuar las privatizaciones y profundizar el desmonte de las libertades y el contenido del “Estado social de derecho”.
  • Denunciamos que detrás de la estrategia de “guerra preventiva” se pretende consolidar la política imperial de control y saqueo de los recursos naturales, la implantación de bases militares norteamericanas, de grupos irregulares y la militarización de las fronteras.
  • El Foro –Temático Venezuela – convoca a redoblar los esfuerzos en la articulación social, cultural y pedagógica y fortalecer los procesos de Cooperación y Solidaridad entre nuestros pueblos, comunidades y organizaciones sociales cuyos propósitos centrales se orientan a confrontar la lucha contra la globalización neoliberal, la destrucción de la memoria, el saqueo y estandarización del conocimientos, la mercantilización de la educación. Enfatizamos la importancia de la lucha por la superación de la escuela capitalista y la construcción de un proyectivo educativo emancipador, capaz de reinventar unas nuevas relaciones entre el saber y poder, entre los(as) educadores(as), la niñez, la juventud y las nuevas generaciones, basadas en la cooperación, la solidaridad, los saberes y haceres populares. La convocatoria por fortalecer esta iniciativa, implica asumir el compromiso de transformar con creatividad, alegría, amor, esperanza y sentido lúdico los desafíos ético-político de una auténtica revolución educativa.
  • El Foro Mundial de Educación –Temático, Venezuela- invita a fortalecer y profundizar el MOVIMIENTO PEDAGÓGICO INTERNACIONAL ANTICAPITALISTA, a favor de la re-creación de una nueva escuela, una didáctica crítica, una pedagogía emancipadora, una sociedad y una cultura que atienda plural y democráticamente las aspiraciones y necesidades de nuestros pueblos. Finalmente, ratificamos que el FME es un proceso de construcción permanente y que a partir de esta fecha adelantaremos la discusión hacia el II Foro Temático a realizarse en noviembre del año 2007.

(Foro Mundial de Educación, 04.11.06)

1.- Convocar personas dispuestas a enfrentar colectivamente un problema común y estudiar opciones ante el problema.

2.- Si la opción es una cooperativa, estudiar cooperativismo, analizar y visitar experiencias similares a de la cooperativa a constituir.

3.- Conformar democráticamente el equipo promotor de la cooperativa.

4.- Formular colectivamente el Plan Organizacional de Desarrollo, también llamado Plan de Negocios y determinar la factibilidad económica de la cooperativa y el número apropiado de asociados(as).

5.- Aportar el capital que señale el Plan Organizacional o de Negocios.

6.- Si es necesario endeudarse para completar el financiamiento; como las deudas deben pagarse, formular el Flujo de Caja y vigilar su aplicación.

7.- Cumplir los pasos formales de constitución, LEAC y otras disposiciones: www.sunacoop.gob.ve

8.- Convocar la Asamblea Constitutiva con quienes hayan realmente participado y ofrezcan confianza, relaciones estables y aportes económicos.

9.- En la Asamblea Constitutiva aprobar Estatutos y dos reglamentos internos fundamentales: a.- “Sanciones y Expulsión de Asociados(as)”; y b.- “Reparto de Excedentes”.

10.- Iniciar operaciones de conformidad con el Plan Organizacional o de Negocios, abrir los libros, y conceder dirección al balance financiero y al balance social.

(Oscar Bastidas Delgado, Noviembre 2006, oscarbastidas1@yahoo.com)

Del 12 al 30 de Octubre 2006

Boletín electrónico Nº 177

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE

05 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
16 Día Internacional para la Tolerancia
18 Día Nacional de la Alimentación
20 Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas
21 Día Nacional del Estudiante
25 Día Internacional Contra la Explotación de la Mujer
27 Segundo intento de Golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez (1992)
27 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

CONTEXTO

Específico “ Josés Antonio Páez ” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones y las declaraciones de dos sobrevivientes, José Arias y Wolmer Pinilla, develaron que los pescadores habían sido emboscados por funcionarios del CEJAP, como manera de legitimar su papel en la ejecución de las políticas represivas en la zona. En un año desde su creación, 28 de octubre de 1987, este comando había realizado operaciones similares en Caño Las Gaviotas, Los Totumitos y El Vallado. Para el Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, las irregularidades presentes en El Amparo no fueron un hecho aislado: “En todas estas acciones hubo denuncias que negaron que las víctimas fueran miembros de la subversión colombiana”.

Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las irregularidades que ocurrían en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez incumplieran sus recomendaciones. El 11 de enero de 1995, el Estado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dictó sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que debían pagarse a los 2 sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, ordenando que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los autores materiales e intelectuales de la masacre. En diciembre de 2005, 9 años después, el Estado venezolano terminó de cancelar el monto de la indemnización, pero no ha acatado la decisión de castigar a los responsables , por lo que la masacre continúa impune. Los imputados en los hechos quedaron en libertad a través de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial, confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia.

El Coordinador General de Provea, a propósito del 18º aniversario de la Masacre de El Amparo , relaciona aquellos hechos con la realidad del país en el momento actual. “A pesar de que el gobierno condena en su discurso las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, su política implementada en las zonas fronterizas no se diferencia de la lógica que en su tiempo llevó a conformar el CEJAP, privilegiando el aspecto represivo y militar sobre el desarrollo de una política integral en la zona que adelante, coordinada y coherentemente, iniciativas en materia de salud, educación, empleo, vivienda y otros derechos sociales”. Por su parte, las organizaciones de Derechos Humanos han mostrado su preocupación por las recientes declaraciones de algunos parlamentarios que han sugerido la suspensión de las garantías constitucionales en la frontera, como lo expresa la reciente declaración realizada por el Foro por la Vida . Para Maria Elena Rodríguez , coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea, “las recientes denuncias sobre actuaciones irregulares de los Teatros de Operaciones 01 y 05 (Masacres de El Nula y La Paragua) sugieren que la impunidad aún caracteriza las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado, así como la falta de transparencia de las investigaciones sobre los hechos”.

Finalmente, Marino Alvarado rechazó que algunos de los imputados en la Masacre de El Amparo continúen ocupando cargos públicos en la actualidad, tanto en dependencias administrativas, en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y diversos organismos de seguridad del Estado.