Informe anual 2023 │ PROVEA

Informe anual

2023

La investigación multidisciplinaria de 35 años sobre la situación de 14 derechos humanos en Venezuela.

En 2023, Venezuela continuó sumida en una Emergencia Humanitaria Compleja, exacerbada por una política de salarios y pensiones de hambre que no alcanzaron para cubrir las necesidades más básicas. El país no solo enfrentó un aumento en la pobreza e inseguridad alimentaria, sino también una escalada en la represión estatal y las violaciones de derechos humanos, con una intensa conflictividad laboral y un clima de represión hacia líderes sindicales, activistas y organizaciones. En esta sección especial, detallamos los principales hallazgos, retrocesos y recomendaciones para la realización de 14 derechos humanos en el país para una sociedad en busca de justicia y dignidad.

Contexto
Venezuela
2023

Prólogo

Erika Guevara
Rosas

1. Derechos
Económicos,
Sociales,
Culturales y
ambientales

2. Derechos
Civiles y
Políticos

Maduro: Una década oscura para los derechos humanos

Exigencias y recomendaciones

Contexto | Venezuela 2023

Entre la pobreza desbordada y la represión gubernamental

En 2023, Venezuela enfrentó una persistente crisis económica y social. Las estimaciones de crecimiento del PIB variaron: PNUD previó un 2.6%, FMI un 4%, y CEPAL un 3.2%, contrastando con el 5% anunciado por Maduro.

La inflación cerró en 193%, con un salario mínimo congelado desde marzo de 2022 a solo US$3,62 mensuales, exacerbando la pobreza y la desigualdad.

Las protestas laborales siguieron en aumento, y el gobierno reprimió a líderes sindicales y activistas, profundizando el deterioro a la democracia y el espacio cívico. La ausencia de políticas eficaces agudizó las violaciones de derechos fundamentales, sumado al incumplimiento del Estado venezolano de decenas de recomendaciones de organismos internacionales de protección.

Prólogo

Erika Guevara Rosas

Directora sénior de investigación, promoción, políticas y campañas en Amnistía Internacional

“La sociedad civil venezolana, las organizaciones y movimientos que la conforman, necesitan de la respuesta contundente de la comunidad internacional, y la solidaridad de los pueblos del mundo. El futuro de millones de personas en Venezuela depende de ello”.

1. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Derecho a la alimentación

Derecho a un ambiente sano

Derecho a la educación

Derechos laborales

Derechos de los pueblos indígenas

Derecho a la salud

Derecho a la seguridad social

Derecho a la tierra

Derecho a la vivienda

Derecho a la alimentación

Entre el hambre y la desprotección masiva

Venezuela enfrentó desafíos significativos en materia alimentaria en 2023, la desnutrición aguda estuvo entre 10% y 11% a principios del año.

La alta inflación y la dolarización exacerbaron la inseguridad alimentaria, con un salario mínimo que apenas cubrió el 1% de una canasta básica, valorada en $506,18.

Los subsidios y bonos gubernamentales elevaron el ingreso a $132,2, aunque esto solo representó el 26,1% del costo de la canasta en una entrega de bonos que no llega a toda la población. Las políticas alimentarias, incluidos los CLAP, resultaron insuficientes, cubriendo el 18% de los requisitos nutricionales de la población.

Derecho al Ambiente Sano

Contaminación y política extractivista sin control

Más de 20 denuncias de contaminación afectaron parques nacionales y refugios de fauna, evidenciando la falta de un enfoque efectivo para la conservación.

El Lago de Maracaibo mostró graves impactos ambientales, cubierto en un 70% por el verdín tóxico producto de los derrames petroleros, afectando la biodiversidad y la salud local. También, el país presenció una serie de accidentes mineros, especialmente en Bolívar, destacando la continua expansión de políticas extractivas como el Arco Minero del Orinoco, pese a discursos aparentemente favorables hacia la conservación de la Amazonía.

Estos discursos no reflejan compromisos reales con el ambiente puesto que persiste la opacidad en la gestión ambiental.

Son cuestionables la efectividad y la ética de los operativos militares en las zonas mineras de la Amazonía venezolana.

Derecho a la educación

Desigualdad en aulas y docentes en las calles

En 2023, el sector educativo en Venezuela continuó enfrentando serios desafíos, marcados por la implementación del “horario mosaico” que limitó la asistencia escolar regular debido a los bajos salarios de los docentes.

Este año, 65% de la conflictividad laboral fue protagonizada por gremios educativos, reflejando una intensa insatisfacción con sus condiciones laborales.

A pesar de que en 2023 aumentó a 18,6% el porcentaje del presupuesto dedicado a la educación, sigue siendo insuficiente para atender la infraestructura escolar. Se estima que solo 12,4% de las escuelas fueron rehabilitadas por las “Bricomiles”.

Persiste la caída de la matrícula en educación universitaria y la pérdida de los beneficios estudiantiles. En todos los niveles aumentan las desigualdades por las barreras económicas para el acceso a la educación.

Derechos laborales

Salarios de hambre y criminalización de la protesta

En 2023, los trabajadores venezolanos enfrentaron severos desafíos económicos, con el salario mínimo estancado desde marzo de 2022 a menos de cuatro dólares mensuales, siendo el más bajo de Latinoamérica, mientras la inflación y la devaluación continuaron erosionando el poder adquisitivo.

Este contexto de empobrecimiento y precariedad fue acompañado por una alta conflictividad laboral, con 4.100 manifestaciones registradas en 2023 y 21 trabajadores y sindicalistas detenidos en protestas, reflejando una insatisfacción con las condiciones laborales y la pérdida de derechos.

A pesar de la liberación de los 6 sindicalistas condenamos a 16 años de prisión tras más de 500 días de detención arbitraria, la situación laboral sigue marcada por una severa falta de transparencia y la criminalización continua de la lucha sindical.

Derechos de los pueblos indígenas

Violencia, insalubridad e invasión contra comunidades ancestrales

Los pueblos indígenas siguieron enfrentando graves desafíos a sus derechos y bienestar, exacerbados por actividades extractivas y conflictos armados en sus territorios ancestrales.

La minería ilegal, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, ha devastado el ambiente, aniquilado la fauna local y propagado enfermedades como la malaria y el sarampión, afectando drásticamente la vida de las comunidades indígenas.

La violencia asociada a esta actividad se refleja en los 32 líderes indígenas y ambientales asesinados entre 2013 y 2021, crímenes que permanecen impunes. La inexistencia de políticas efectivas para proteger estos territorios y la falta de avances legislativos para salvaguardar su cultura y derechos agravan la situación.

Derecho a la salud

Intensificación histórica de las denuncias

El sistema de salud público continuó su colapso, evidenciado por una disminución dramática en la capacidad de los servicios hospitalarios y de atención primaria, con reducciones superiores al 70%.

La inoperatividad y la falta de recursos críticos llevaron a una acumulación de más de 103,3 mil denuncias sobre deficiencias en el servicio, marcando un máximo histórico para el país.

La escasez de insumos médicos y las interrupciones del servicio eléctrico y de agua agravaron las condiciones de las instalaciones sanitarias, limitando severamente la capacidad de atención médica adecuada. 69,9% de la población perdió acceso a servicios de salud debido a cierres y restricciones, mientras que deficiencias en servicios de laboratorio, emergencias y cirugías afectaron a más de la mitad de los hogares.

Derecho a la seguridad social

Pensiones en el abandono Estatal

El 2023 siguió marcado por una inversión insuficiente y un sistema plagado de ineficiencias, donde las pensiones siguieron ancladas al salario mínimo de 130 Bs. equivalentes a menos de 4 dólares mensuales.

A pesar de que el 77.1% del presupuesto nacional, equivalente a 7.529 millones de dólares, fue destinado a la inversión social, solo una fracción menor, 603 millones de dólares, se asignó específicamente a beneficios de seguridad social.

El impacto real de los bonos sociales fue mínimo, con montos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas y no ajustados a la inflación, lo que contribuye al empobrecimiento continuo de los beneficiarios y a más vidas en riesgo.

Derecho a la tierra

Desprotección y falta de inversión

Solo se asignó un 1.6% del presupuesto nacional, que junto a la cartera de la banca pública y privada cubrieron apenas el 12.35% de las necesidades estimadas por Fedeagro para optimizar el aparato agrícola de Venezuela.

Durante el año, se registraron 12 denuncias sobre violaciones del derecho a la tierra en 6 estados. Incluyen detenciones arbitrarias y desalojos ilegales, subrayando la persistente inseguridad y conflictividad en áreas rurales.

La continuidad de la presencia de grupos armados y guerrilleros en zonas rurales agrava la situación, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los campesinos sino también el desarrollo agrícola sustentable.

Derecho a la vivienda

Mentiras y promesas como política de Estado

Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro afirmó haber construido 500 mil viviendas, los datos de Provea indicaron que solo se entregaron 3.915 viviendas durante 2023.

Aunque se anunciaron grandes metas en varios estados en plan de promesas, como la construcción de 39.683 unidades en Aragua, las realizaciones quedaron muy por debajo de estas cifras con solo 663, exacerbando la crisis habitacional y dejando a familias en condiciones precarias.

La ausencia de estadísticas públicas confiables y la persistencia de una política de opacidad impide un diagnóstico adecuado del déficit habitacional y limita la capacidad para planificar intervenciones efectivas.

2. Derechos civiles y políticos

Derecho a la integridad personal

Derecho a la justicia

Derecho a la libertad personal

Derecho a la asociación y participación

Derecho a la vida

Derecho a la integridad personal

Escalada de abusos

Se registraron 70 denuncias que involucraron a 2,652 víctimas, marcando un incremento del 20.3% respecto al 2022. La mayoría de las víctimas fueron hombres, que representan el 53.5% del total, mientras que las mujeres constituyeron el 41.7%.

El Ejército Bolivariano encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, acumulando 636 víctimas –23,9% del total registrado-, seguido de cerca por el Cuerpo de Custodios y el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario con 583 víctimas registradas (21,9%).

Las denuncias incluyen 1,652 casos de tortura y 1,182 casos de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estos abusos abarcaron desde amenazas de abuso sexual hasta formas físicas extremas de maltrato como golpes, descargas eléctricas y violación.

Registramos la muerte de 28 personas bajo custodia, cuyas condiciones de detención carecían de los mínimos estándares de salubridad, alimentación y acceso a servicios médicos.

Derecho a la justicia

Falta de transparencia e impunidad persistente

A pesar de la reforma judicial anunciada en 2021, no se observaron avances concretos que transformaran significativamente el sistema de justicia.

La designación de jueces y fiscales sigue siendo una herramienta para la injerencia gubernamental, con el Poder Judicial frecuentemente ratificando restricciones como las inhabilitaciones políticas, la criminalización de procesos electorales y prohibición del derecho de asociación. Esto es reflejado en el índice de Justicia Penal del «World Justice Project» donde Venezuela logró el último lugar.

El Ministerio Público tiene 50.855 investigaciones abiertas por violaciones de derechos humanos desde 2018 y solo se han hecho 1.842 acusaciones en este período, apenas un 3.62% de los casos avanza a acusaciones y en el Poder Judicial solo 392 fueron condenados, un 0.77% de respuesta judicial.

2.499 fiscales están siendo investigados por corrupción, con solo 27 condenas. El año estuvo marcado, además de la continua instrumentalización del sistema judicial para suprimir a la disidencia y mantener el control político, por el aumento de protestas por exigencias del derecho a la justicia, la cual le es negada incluso a los más vulnerables, y por una opacidad judicial del 86.81%.

Derecho a la libertad personal

Alza en detenciones y pérdida de libertades

Se registró un aumento del 50.41% en las violaciones al derecho a la libertad personal, con un total de 182 casos.

Con 132 detenciones, que mayoritariamente ocurrieron durante operativos policiales y militares, representando el 72.53% del total. 118 personas fueron detenidas de forma masiva, constituyendo el 64.83% de los casos.

Aunque las detenciones colectivas disminuyeron en 26.31% respecto al año pasado, con 42 víctimas registradas, las detenciones relacionadas con manifestaciones alcanzaron las 33, un aumento en la represión a la protesta.

Derecho a la asociación y participación

Entre comunas expandidas, inhabilitaciones y partidos intervenidos

Desde 2012 hasta 2023 se han creado 3,641 comunas, reflejando una expansión de la estructura comunal.

Sin embargo, el espacio para la libertad de asociación y participación ha enfrentado desafíos significativos, como la aprobación en primera discusión de la Ley Anti-Sociedad por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, que amenaza con limitar aún más el derecho a la asociación.

El Tribunal Supremo de Justicia continuó utilizando medidas cautelares de amparo para intervenir en instancias de participación, restringiendo la libertad asociativa con nombramientos de juntas directivas ad hoc para partidos como el Partido Comunista de Venezuela y organizaciones como la Cruz Roja venezolana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró inadmisibles 38 recursos jerárquicos relacionados con elecciones de sindicatos y gremios, restringiendo la renovación democrática dentro de estas organizaciones.

Derecho a la vida

Persisten ejecuciones extrajudiciales como política

Se registraron 620 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un descenso del 24.75% en comparación con el año anterior, pero siguen como un reflejo de la continua letalidad y violencia institucionalizada por parte de los cuerpos policiales y militares. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 18 y 30 años, y predominaron los hombres, con un 96.91% de las víctimas.

A pesar de los intentos de reestructuración en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la cual registró el 30% de estas ejecuciones, las prácticas de ejecuciones extrajudiciales persistieron.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue responsable del 19.24% de las muertes, mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se atribuyó un 16%.

Las acciones de comisiones mixtas y policías estadales también jugaron un rol significativo en estos eventos, la mayoría de estas comisiones actuaron en las llamadas operaciones “Trueno” y “Guaicaipuro”. Se han registrado 9.995 violaciones del derecho a la vida desde que Nicolás Maduro empezó a gobernar.

Maduro: Una década oscura para los derechos humanos

«Nicolás Maduro arribó a su décimo año frente al poder el pasado 19 de abril de 2019.

Su gobierno sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.

Entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados.

Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”

Exigencias y recomendaciones

Esta violación masiva de derechos humanos solo tendrá una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional en respeto al Estado de derecho. A partir del diagnóstico que del Informe Anual, presentamos un conjunto de exigencias que pueden guiar al país en la creación de políticas necesarias para restituir el pleno disfrute de los derechos a la población venezolana.

Alimentación

Construir políticas públicas que cuenten con la participación activa y corresponsabilidad de los grupos poblacionales más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional, a través de estrategias focalizadas, sostenibles e incluyentes.

Derechos laborales

Hacer avances reales del mecanismo de diálogo social tripartito impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en temas como la fijación del salario mínimo, reducción del desempleo, diseño de políticas públicas eficaces y el cese de medidas regresivas como la implementación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Educación

Retomar políticas activas que disminuyan las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del Programa de Alimentación Escolar o los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.

Salud

Emprender un plan nacional para restituir las capacidades rectoras, administrativas y operativas del sistema sanitario público, con asignación de recursos suficientes, la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales y la participación de todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías, las ONG y personas afectadas, los gremios y sindicatos de profesionales y trabajadores de la salud, la academia y las universidades del país.

Seguridad Social

Ejecutar en diversos niveles la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social con el fin de promover un mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiarias y accionar con una perspectiva de desarrollo y bienestar la promoción de un sistema de seguridad social.

Vivienda

Eliminar la asignación de viviendas de interés social a través del llamado “Carnet de la Patria” y de cualquier otro mecanismo de acceso a las políticas de vivienda y hábitat que signifiquen discriminación por razones políticas.

Tierras

Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola sin que grupos los delictivos, paramilitares y organismos de seguridad -actuando al margen del Estado de derecho- vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo.

Indígenas

Paralización inmediata del megaproyecto Arco Minero del Orinoco y actividades extractivas artesanales e ilegales en zonas indígenas, realizadas en el marco del mismo, hasta que no se realice el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y los estudios de impacto socioambiental necesarios para salvar vidas y ecosistemas ancestrales. Detengan las medidas ejecutivas a través de iniciativas legales que buscan ampliar el AMO para actividades mineras en la Amazonía venezolana.

Ambiente

Suscribir y adoptar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Libertad Personal

Desjudicializar la política nacional y dejar de utilizar los cuerpos de seguridad del Estado, en especial a las policías (civil y militar) y los tribunales civiles y militares como instrumentos de intimidación y retaliación político partidista, o como instrumento para intereses grupales, particulares o privados.

Integridad

Cumplir con la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y sancionar a los funcionarios y cadenas de mando que incurran en los delitos allí tipificados, para contribuir a reducir el alto grado de impunidad en la comisión del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Justicia

Se necesitan reformas estructurales para garantizar una justicia transparente, expedita e imparcial, que finalice con los obstáculos generalizados al acceso a la justicia y al cumplimiento del debido proceso.

Libertad de asociación y participación

Reivindicar la autonomía de las organizaciones sociales frente al Estado e intereses político partidistas y eliminar las restricciones y obstáculos que le permiten a los ciudadanos y ciudadanas establecer las organizaciones que consideren convenientes para la promoción y defensa de sus intereses y derechos en el marco de la Constitución.

Vida

Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada junto con una política de seguridad ciudadana que priorice las labores preventivas.

Contexto | Venezuela 2023

La inflación cerró en 193%, con un salario mínimo congelado desde marzo de 2022 a solo US$3,62 mensuales, exacerbando la pobreza y la desigualdad.

Prólogo

“La sociedad civil venezolana, las organizaciones y movimientos que la conforman, necesitan de la respuesta contundente de la comunidad internacional, y la solidaridad de los pueblos del mundo. El futuro de millones de personas en Venezuela depende de ello”​.

1. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

Derecho a la alimentación

Derecho a un ambiente sano

Derecho a la educación

Derechos laborales

Derechos de los pueblos indígenas

Derecho a la salud

Derecho a la seguridad social

Derecho a la tierra

Derecho a la vivienda

La alta inflación y la dolarización exacerbaron la inseguridad alimentaria, con un salario mínimo que apenas cubrió el 1% de una canasta básica, valorada en $506,18.

Más de 20 denuncias de contaminación afectaron parques nacionales y refugios de fauna, evidenciando la falta de un enfoque efectivo para la conservación.

Este año, 65% de la conflictividad laboral fue protagonizada por gremios educativos, reflejando una intensa insatisfacción con sus condiciones laborales.

En 2023, los trabajadores venezolanos enfrentaron severos desafíos económicos, con el salario mínimo estancado desde marzo de 2022 a menos de cuatro dólares mensuales, siendo el más bajo de Latinoamérica, mientras la inflación y la devaluación continuaron erosionando el poder adquisitivo.

La minería ilegal, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, ha devastado el ambiente, aniquilado la fauna local y propagado enfermedades como la malaria y el sarampión, afectando drásticamente la vida de las comunidades indígenas.

La inoperatividad y la falta de recursos críticos llevaron a una acumulación de más de 103,3 mil denuncias sobre deficiencias en el servicio, marcando un máximo histórico para el país.

El 2023 siguió marcado por una inversión insuficiente y un sistema plagado de ineficiencias, donde las pensiones siguieron ancladas al salario mínimo de 130 Bs. equivalentes a menos de 4 dólares mensuales.

Durante el año, se registraron 12 denuncias sobre violaciones del derecho a la tierra en 6 estados. Incluyen detenciones arbitrarias y desalojos ilegales, subrayando la persistente inseguridad y conflictividad en áreas rurales.

Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro afirmó haber construido 500 mil viviendas, los datos de Provea indicaron que solo se entregaron 3.915 viviendas durante 2023.

2. Derechos civiles y políticos

Derecho a la integridad personal

Derecho a la justicia

Derecho a la libertad personal

Derecho a la asociación y participación

Derecho a la vida

El Ministerio Público tiene 50.855 investigaciones abiertas por violaciones de derechos humanos desde 2018 y solo se han hecho 1.842 acusaciones en este período, apenas un 3.62% de los casos avanza a acusaciones y en el Poder Judicial solo 392 fueron condenados, un 0.77% de respuesta judicial.

Se registró un aumento del 50.41% en las violaciones al derecho a la libertad personal, con un total de 182 casos.

Desde 2012 hasta 2023 se han creado 3,641 comunas, reflejando una expansión de la estructura comunal.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue responsable del 19.24% de las muertes, mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se atribuyó un 16%.

Maduro: Una década oscura para los derechos humanos

Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Exigencias y recomendaciones

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“La sociedad civil venezolana, las organizaciones y movimientos que la conforman, necesitan de la respuesta contundente de la comunidad internacional, y la solidaridad de los pueblos del mundo. El futuro de millones de personas en Venezuela depende de ello”.