El equipo de Provea recorrió este miércoles distintos refugios y campamentos de personas afectadas por la tragedia ocasionada tras los terremotos del pasado 24 de junio, para constatar las condiciones en las que se encuentran las familias desplazadas por el desastre natural, la respuesta estatal ante la contingencia y la atención brindada por organizaciones y voluntarios de la sociedad civil.
En campamentos y refugios ubicados en los municipios Chacao y Libertador de Caracas, miembros del equipo legal y de documentación y comunicaciones de Provea, conversaron con personas afectadas y voluntarios emplazados en la Plaza Los Símbolos, Parque del Oeste “Ali Primera”, Bulevar Panteón, Plaza Bolívar de Chacao, entre otros.
Solidaridad ciudadana y acompañamiento institucional en la Plaza Los Símbolos
En la plaza Los Símbolos ubicada en la parroquia San Pedro del municipio Libertador, un centro de acopio dirigido por estudiantes y residentes de la zona está prestando apoyo a los afectados desde el jueves 25 de junio.
El espacio comenzó con un centro de acopio de alimentos y medicinas y luego se convirtió en un albergue improvisado para 200 personas, repartidas en carpas a su alrededor.
Sin embargo, una comisión de la Comuna San Pedro y del Cuadrante de Paz de la zona, con participación de la Alcaldía de Caracas, realizó un censo que permitió demostrar que solo el 30% de las personas alojadas en el campamento habían sido desplazadas por el desastre, mientras que el resto eran personas que aprovecharon la confusión para aspirar a la adjudicación de una vivienda o aprovecharse de los insumos y alimentos colectados mediante donativos.
Excesiva presencia militar en la avenida Bolívar de Caracas
Frente al complejo de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) “Oscar López Rivera” en el Paseo Vargas de la avenida Bolívar del municipio Libertador, se instalaron dos campamentos de más de 300 personas afectadas por el desastre.
Estas personas son habitantes de los inmuebles de la GMVV que se extienden casi a lo largo de los 2 Km. de la avenida Bolívar.
Las edificaciones sufrieron daños a distintos niveles tras los terremotos de 7.1 y 7.5 registrados el 24 de junio, y sus habitantes están a la espera de las inspecciones técnicas que permitan determinar la habitabilidad o no de los edificios.
El acceso a estos campamentos es controlado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), armados con fusiles de asalto, indumentaria táctica y algunos de ellos con rostros cubiertos por pasamontañas.
Provea informó este miércoles que, en al menos cuatro campamentos instalados en la Av. Bolívar, Paseo Los Ilustres, Plaza Altamira y Parque del Oeste, funcionarios de la DGCIM, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fuertemente armados, controlan los accesos y/o custodian los alrededores de los emplazamientos.
Provea señaló que las labores de seguridad y protección de estas instalaciones debería ser responsabilidad de organismos policiales de carácter civil y advirtió que la presencia de estas agrupaciones, pudiera constituir un mecanismo de control social y un obstáculo indebido para el ejercicio de los derechos a la expresión e información de las personas afectadas y de la sociedad en general.
Recordamos que -en contextos de desastres naturales-, los derechos a la libre expresión e información constituyen herramientas vitales para la protección de las personas y para el eficaz despliegue de la respuesta humanitaria, tal como establecen los Principios de Protección en caso de Desastres y otros instrumentos aprobados por Naciones Unidas.
Atender la crisis humanitaria sin abandonar las obligaciones con los Derechos Humanos
En medio de la respuesta humanitaria que actores internacionales y de la sociedad civil venezolana están brindando tras el desastre ocasionado por los terremotos, es necesario recordar que el Estado debe atender, sin excusas, sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.
Tras la tragedia, miles de personas -especialmente aquellas en condiciones preexistentes de vulnerabilidad-, han sido afectadas por la pérdida de garantías mínimas para sus derechos a la alimentación, salud, agua potable, educación, trabajo, vivienda, vestido y servicios públicos adecuados.
En tal sentido, las autoridades tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y emplear el máximo de los recursos disponibles para mitigar los nuevos riesgos que sufren estas personas, y que han sido derivados del desastre ocurrido.
En crisis similares anteriores la respuesta estatal ha sido precaria, ineficiente y desapegada de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, propiciando con ello la revictimización de las personas desplazadas y damnificadas por desastres naturales.
Por ello, las autoridades deben actuar con rapidez y transparencia en la consolidación de:
- Un censo de personas afectadas por la pérdida de viviendas.
- Inspección técnica de edificaciones que presentan daños a distintos niveles.
- Consolidación de centros temporales de acogida para las familias desplazadas por el desastre.
- Garantias para el derecho a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes.
- Acompañamiento psico-social a las personas afectadas, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios y actores humanitarios internacionales, y
- Construcción de un plan factible, especializado y de consenso, que permita avanzar rápidamente en la restitución plena de los derechos a la vivienda y a servicios públicos adecuados de las personas afectadas por esta grave crisis.
Prensa Provea
