Un mes después del doblete sísmico del 24 de junio, PROVEA documenta un Estado rebasado: ausencia de autoridades en las primeras horas, opacidad en el manejo de la información oficial y refugios sin planificación clara. Esta es nuestra evaluación de la respuesta estatal ante la tragedia y las exigencias que hacemos ante la reconstrucción que se avecina.
Expresamos nuestro dolor por el fallecimiento de tantos ciudadanos a causa de los sismos y nuestra profunda solidaridad con las familias que atraviesan el dolor por la pérdida de familiares u otros seres queridos, el desplazamiento y la incertidumbre.
La precaria respuesta a la tragedia
La respuesta estatal ante esta emergencia reveló las fallas estructurales de nuestra institucionalidad.
Documentamos un Estado rebasado: comportamiento errático, ausencia de autoridades nacionales, regionales y locales en las primeras horas, y miles de personas en total desasistencia.
La falta de acción oportuna y de una planificación clara para la atención de los refugios, y la opacidad en el manejo de la información oficial en las primeras 72 horas tras el desastre no son meros errores técnicos; son una forma de seria negligencia que quiebra más la confianza institucional y profundiza el sufrimiento de las víctimas, cuya dignidad debe ser siempre salvaguardada.
La recuperación de las zonas afectadas exige sumar esfuerzos: reconstrucción de infraestructura crítica y de viviendas, atención a los damnificados, planificación urbanística y normas de construcción sismorresistente. La memoria de los fallecidos y desaparecidos y la aflicción de las familias afectadas lo reclaman.
Por otra parte, esta crisis no puede abrir un paréntesis en la lucha por la democracia. Al contrario, es la oportunidad para hacer las cosas bien.
La reconstrucción de Venezuela debe ser técnica, pero, fundamentalmente, democrática. Existe un clamor transversal en la sociedad venezolana por retomar el camino de la Constitución y restaurar el Estado de derecho como única vía para garantizar el respeto a la dignidad humana.
Venezuela no puede seguir siendo un país donde el ejercicio de los derechos humanos sea una actividad de alto riesgo. La reconstrucción nacional exige que pasemos de un Estado que persigue y controla, a un Estado que protege y sirve. La estabilización del país solo será posible si existe un compromiso real con la justicia, la memoria, la reparación de las víctimas y, sobre todo, con la reinstitucionalización democrática que el país demanda.
Lecciones históricas
Como organización con memoria histórica, PROVEA advierte sobre los errores cometidos tras la tragedia de Vargas en 1999.
En aquel entonces, la separación forzada de núcleos familiares, la imposición de dinámicas militares en la atención y graves violaciones a los derechos humanos marcaron un precedente que no debe repetirse.
El monopolio estatal de la ayuda humanitaria, que excluye el esfuerzo y la capacidad operativa de la sociedad civil, es una política que atenta contra la vida y demás derechos de quienes más necesitan de esa asistencia.
Exigencias al Estado ante la tragedia
Para garantizar un enfoque de derechos humanos en la atención humanitaria y la reconstrucción, exigimos al Estado venezolano:
- Priorizar la transparencia y el acceso a la información: Cesar la opacidad y publicar reportes oficiales veraces sobre la situación de los desaparecidos, la trazabilidad de pacientes pediátricos y las condiciones reales en los centros de refugio.
- Garantizar la protección de grupos vulnerables: Implementar un enfoque diferenciado para la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres, estableciendo protocolos contra la violencia sexual y de género y asegurando que la asistencia sea digna y sin discriminación alguna.
- Preservar el carácter civil de la asistencia: Debe desmilitarizarse la asistencia y debe retirarse inmediatamente a cuerpos de inteligencia (SEBIN/DGCIM) de los albergues y centros de acopio. La ayuda humanitaria debe ser canalizada por personal capacitado y bajo principios civiles, no mediante lógicas de control social.
- Permitir la participación de la sociedad civil en la atención humanitaria: Reconocer y facilitar la labor de las organizaciones no gubernamentales y redes de apoyo ciudadano. El monopolio del bienestar no debe estar subordinado a la conveniencia política, sino a la eficiencia en el salvamento de vidas.
- Requerir el apoyo de expertos nacionales: La planificación y ejecución de la reconstrucción debe basarse principalmente en la opinión de expertos e instituciones nacionales independientes, con transparencia y control social.
Tras la tragedia ocasionada por el doblete sísmico, miles de personas -especialmente aquellas en condiciones preexistentes de vulnerabilidad-, han sido afectadas por la pérdida de garantías mínimas para sus derechos a la alimentación, salud, agua potable, educación, trabajo, vivienda, vestido y servicios públicos adecuados.
En crisis anteriores, la respuesta estatal ha sido precaria, ineficiente y desapegada de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, propiciando con ello la revictimización de las personas desplazadas y damnificadas por desastres naturales.
Por ello, las autoridades tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y emplear el máximo de los recursos disponibles para mitigar los nuevos riesgos que sufren estas personas, y que han sido derivados del desastre ocurrido.
PROVEA reafirma su compromiso de seguir documentando, denunciando y acompañando a las víctimas, manteniendo una “adaptación estratégica” que nos permita atender la emergencia sin descuidar nuestra lucha histórica por la libertad y la justicia.
Instamos a toda la ciudadanía a mantener la solidaridad y a no cesar en el empeño de construir un futuro donde la vida y la dignidad sean el centro de toda acción pública.
