GINEBRA – A pesar de mejoras limitadas en la situación de derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen intactas, afirmó hoy la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En su más reciente informe y el documento de investigación que lo acompaña, la Misión examinó los avances del último año, detalló hallazgos sobre violaciones de derechos humanos en curso y presentó su análisis más completo hasta la fecha sobre años de graves abusos cometidos por grupos armados civiles afines al Gobierno conocidos como colectivos, así como los vínculos de estos grupos con el Estado.
La Misión observó una disminución significativa en las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas relacionadas, tras el ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 y la aprehensión del entonces presidente Nicolás Maduro. En el período siguiente, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por razones políticas y permitieron un mayor margen para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.
Sin embargo, estos cambios no han estado acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de derechos humanos. Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los extensos servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. No se han tomado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido fuente de intimidación y violencia generalizadas a nivel comunitario. Periodistas y otros actores de la sociedad civil continúan siendo obstaculizados en su labor diaria. Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en violaciones graves permanecen en cargos clave o han sido reasignados a ellos, mientras persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos en el pasado.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es notable, pero de ninguna manera equivale todavía a una transformación del sistema que las hizo posibles», afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión. «A menos que se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de las violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen un cambio real y significativo en materia de derechos humanos, no uno tentativo e incompleto.»
La Misión continuó documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas. En la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, documentó prácticas que incluyen intubación forzada y confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la «máquina del tiempo». En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigó el confinamiento de personas en celdas tipo fosa excavadas bajo el nivel del suelo, exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas.
La Misión también advirtió que cientos de personas permanecen expuestas a condiciones de detención espantosas, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica. La Misión concluyó que varios casos de muerte bajo custodia de personas detenidas por razones políticas estuvieron vinculados a una atención médica poca o nula y a malos tratos. Entre los casos investigados por la Misión está el de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que murió bajo custodia mientras era sometido a desaparición forzada. Pese a su búsqueda incansable de respuestas, su madre solo fue informada de su destino más de 1 año después de su detención y 10 meses después de que él había muerto. Carmen Teresa Navas falleció a su vez 10 días después.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas, el 94% de las cuales ocurrió antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Aunque las liberaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable imposibilita determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde permanecen recluidas las personas que siguen detenidas y cuál es su situación jurídica.
«Hacemos un llamado a las autoridades estatales a tomar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a adoptar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas», afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión. «El Estado venezolano también debería revertir su retiro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas.»
La Misión instó a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos por poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.
«Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para exigir y promover un cambio real en materia de derechos humanos en Venezuela, garantizando al mismo tiempo que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales», afirmó Alex Neve, otro experto de la Misión. «Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país.»
La investigación dedicada a los colectivos concluyó que estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social. Operan con distintos grados de respaldo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con las autoridades estatales y los cuerpos de seguridad. El solapamiento es tal que miembros de esos cuerpos se han integrado a grupos armados civiles, y viceversa.
La Misión halló evidencia de relaciones de larga data que abarcan respaldo político, financiamiento directo e indirecto, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional. Tuvo motivos razonables para creer que el Estado venezolano suministraba regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando su amplia participación en el aparato represivo del Estado.
Los colectivos han cumplido funciones de vigilancia e inteligencia, identificado y ubicado a personas buscadas por organismos de seguridad, y participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos del Gobierno. Su control sobre los consejos comunales, los servicios públicos y los programas sociales también les ha permitido premiar la lealtad política y castigar la crítica o la disidencia.
La Misión determinó que, cuando los colectivos ejercen elementos de autoridad pública conferidos por la legislación venezolana, o actúan en operaciones específicas bajo instrucciones, dirección o control de órganos del Estado, su conducta es atribuible al Estado. Independientemente de si actos específicos son atribuibles al Estado, el Estado venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
Los informes serán presentados al Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2026.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su más reciente informe anual durante un diálogo interactivo en el Consejo en septiembre de 2024, acompañado de un documento de sala de conferencias con sus hallazgos detallados. Mediante su resolución 57/36, el Consejo extendió el mandato de la Misión por 2 años más, hasta octubre de 2026.
Resumen del informe presentado en el siguiente archivo PDF
