El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos sostuvo este martes una reunión con la Dra. Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y miembro de la Comisión de Diálogo para la Transición Democrática, en la que presentó un conjunto de aportes preliminares en materia de derechos humanos. para avanzar hacía una transición democrática en el país.
Óscar Murillo, Coordinador General de Provea entregó una comunicación a Figuera y su equipo, en la que se subraya la urgencia de corregir las fallas estructurales que han propiciado violaciones graves a los Derechos Humanos: la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela, en el marco de la compleja coyuntura política actual.
Provea sostiene que la protección de los derechos humanos y las garantías para el pluralismo son las bases fundamentales para la reconstrucción institucional y social que demanda el país.
En tal sentido, advertimos en el escrito que no existe un reto más importante en los meses siguientes que impulsar un proceso de reinstitucionalización, recuperando la separación e independencia de los poderes públicos.
El documento señala que los primeros en ser reconstruidos deben ser el Poder Judicial y el Electoral, ambos subordinados por largo tiempo al Poder Ejecutivo.
Citando la posición de los obispos venezolanos expresada en febrero de este año, Provea recuerda que para garantizar la soberanía y autodeterminación del destino nacional se requiere reconstruir la institucionalidad democrática, restituir la independencia de los poderes, contar con un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un Consejo Nacional Electoral (CNE) creíbles que garanticen elecciones libres.
Hacia una reforma judicial profunda y el desmantelamiento del andamiaje jurídico represivo
En el ámbito del derecho a la justicia, el documento plantea la necesidad de una reforma a fondo del Poder Judicial y de todo el Sistema de Administración de Justicia, que vaya más allá de la designación de nuevos Magistrados para componer el TSJ.
Esta reforma presupone un compromiso auténtico con el Estado de Derecho y demanda una consulta amplia y una participación efectiva de los distintos sectores del país.
Como paso inmediato y paralelo a la designación de nuevos magistrados, deben cesar los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos.
Asimismo, se debe completar la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos y garantizar los derechos de estas y otras víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
Provea hace un llamado urgente a desmantelar el andamiaje jurídico que limita y criminaliza el goce del espacio cívico ciudadano.
Consideramos imperativo promover una revisión amplia, profunda, integral y participativa del ordenamiento jurídico para armonizarlo con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos.
Junto a estas reformas normativas, el documento subraya la necesidad de desmantelar el aparato policial-judicial represivo.
Los cuerpos policiales y las unidades de inteligencia y contrainteligencia militar han sido organizados para la persecución de opositores y disidentes, afectando el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales.
Además, es esencial que Venezuela retorne plenamente a las competencias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) y acate las recomendaciones y decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana, así como las del Sistema Universal de la ONU.
Elecciones libres y supresión de barreras políticas
Respecto al ámbito electoral, en el escrito señalamos como fundamental la construcción de una ruta clara y creíble para la reinstitucionalización del Poder Electoral, como garantía esencial para la re-democratización del país.
Ello debe incluir la elección de un nuevo presidente o presidenta de la República conforme a lo constitucionalmente establecido y en un lapso razonable.
En este sentido, instamos a la Dra. Figuera y a su equipo a incidir ante la comunidad internacional para la realización de elecciones libres y transparentes que permitan a la ciudadanía expresarse libremente.
Sin derechos sociales no hay democracia
Provea advierte que la crisis económica crónica ha socavado dramáticamente las garantías de alimentación, salud, educación, trabajo digno y vivienda.
Por ello, insistimos en que la agenda social debe ser prioritaria en el marco del Diálogo para la Transición Democrática.
En el sector salud, se debe restablecer la institucionalidad y recuperar las capacidades del sistema sanitario público, comenzando por dictar una Ley Orgánica de Salud con amplia consulta a gremios, comunidad científica, sociedad civil y sector privado.
Las autoridades deben reconocer el profundo colapso del sistema y ampliar la cooperación internacional coordinada por la ONU para emprender reformas estructurales.
Abogamos por la construcción de una democracia integral que garantice los derechos sociales.
Por ello es necesario establecer y consolidar el Diálogo Social Tripartito entre el Estado, los trabajadores y los empleadores, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el mecanismo idóneo para la reconstrucción del salario, las prestaciones y la seguridad social, tras años de pérdida del poder adquisitivo.
Finalmente, citamos las palabras del Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas: «Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo: hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad». La organización aspira a que las demandas de nuestro tiempo y el clamor ciudadano inviten a construir un futuro donde la vida y la dignidad sean el centro de toda acción pública«.
Prensa Provea
