Casi un mes de protestas frente a la CVG y la radicalización de las acciones en Guayana se mantienen frente a las pocas muestras de las autoridades competentes en dar respuesta satisfactoria
Jhoalys Siverio.- El 14 de octubre, jubilados y trabajadores de las diferentes empresas básicas de Guayana comenzaron una vigilia frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para exigir un bono sustitutivo de 1.200 dólares de utilidades.
Una exigencia tras la pretensión de pagarles 80 dólares fraccionados en cuatro pagos.
Paralelamente, diez días después, el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, Hugo Medina, inició una huelga de hambre que mantiene junto con el trabajador de Sidor, Tomás Romero.
Otras dos personas, Alejandro Lozada, también trabajador de Sidor; y Luis García, enfermo ocupacional de Alcasa, tuvieron que abandonar esta medida extrema por afecciones de salud.
Ellos mismos califican sus acciones como “el despertar del león dormido en Guayana”, en frase de Hugo Medina, por las demás acciones que hacen en paralelo, como el cierre de avenidas en Puerto Ordaz y, más recientemente, la tranca de los tres puentes que comunican a Puerto Ordaz y San Félix, colapsando Ciudad Guayana.
Sin embargo, pese a estas acciones que desde julio de 2024 y hasta antes del 3 de enero de 2026 parecían impensables por temor a detenciones arbitrarias o ataques con bombas lacrimógenas, persiste el silencio administrativo de la CVG y demás autoridades, aun cuando no hay arremetida de cuerpos de seguridad del Estado.
Hay protestas, hay presión, pero no hay solución.
Lo que intensificó y radicalizó la protesta fue el segundo encuentro que tuvieron con el ministro y presidente de la CVG, Héctor Silva, y la gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García.
El sábado 31 de octubre, en la primera reunión, les dieron plazo hasta el miércoles 4 de noviembre para dar respuesta una vez que elevaran la petición a la administración nacional.
El día llegó.
Una representante de la Defensoría del Pueblo buscó a una comisión de trabajadores, incluyendo a Hugo Medina, para trasladarlos hasta la base aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz.
Pero el encuentro no fue para dar respuesta sino para presentar un informe de gestión de Héctor Silva.
“No toman en consideración que estamos a 13 días de haber asumido esta posición extrema de huelga de hambre. A ellos no les interesa nada de esto. Ellos están pendientes del Arco Minero”, dijo Hugo Medina.
Desmienten versión oficial
Mientras la Gobernación de Bolívar, a través de una nota de prensa, afirma que “continúa mesa de diálogo con trabajadores y sindicatos de las empresas básicas de Guayana”, la realidad es que ese mismo miércoles se levantaron de la mesa por tratarse de una reunión para algo distinto a lo previsto.
“Nos dejan protestar para que los que hoy los tutelan digan que hay libertad. No nos amedrentan, no nos persiguen, no nos meten presos para disfrazar lo que hacen en maldad. No nos reciben, no nos atienden, no nos escuchan”, expresó Fernando Serrano, dirigente de CVG Venalum y expreso político, y uno de los que asistió a aquella reunión con Héctor Silva.
Para Serrano, el plan es vender que hay libertad, cuando no hay respuesta no solamente a la exigencia puntual de las utilidades, sino para la recuperación del parque industrial de Guayana.
Recordó también que estos reclamos no surgieron de la noche a la mañana, junto al declive de las empresas al disminuir su producción y quedar en cero, como el caso de CVG Alcasa -inoperativa al apagarse las pocas celdas con las que contaba tras el apagón nacional de marzo de 2019-, se suma la firma del Memorándum N° 2792 en 2018.
Ese decreto significó para los trabajadores prácticamente la eliminación de sus beneficios contractuales, al imponer sueldos lineales según un instructivo de la ONAPRE, incumpliendo las cláusulas económicas de cada contrato colectivo.
Desde entonces, no reciben listines de pago y desconocen los conceptos que les pagan en cada quincena.
Asimismo, la pandemia en 2020 se aprovechó para aplicar una política de requeridos y no requeridos, de los cuales muchos se mantienen como “no requeridos”, término que usan para no cancelar beneficios que recibe el resto, según han denunciado.
Mientras las autoridades gubernamentales respondieron en un primer momento que la exigencia de 1.200 dólares de utilidades era un monto excesivo, Serrano cuestionó que, en cambio, a representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores les recibieran una propuesta que habla de 1.500 dólares.
Sin embargo, se desconoce si el planteamiento de ese monto incluye a jubilados pensionados y sobrevivientes.
A juicio del dirigente de Venalum y demás trabajadores en protesta, se trata de una “provocación” y, en caso de aprobación, hacer quedar al movimiento de simpatía oficialista como victorioso frente a casi un mes de vigilia frente a la CVG y sin respuesta satisfactoria.
