
«La Ley Orgánica de Minas abrió una nueva etapa para el extractivismo en el país«.
Bajo esta premisa, lideresas indígenas de los estados Amazonas y Bolívar, acompañadas por activistas sociales, participaron el pasado 11 de noviembre en el Foro “Las voces indígenas, el ambiente y el Cambio Climático en el proceso de transición venezolana”, organizado por las organizaciones Provea, Wayamoutheri y Clima21 y auspiciado por la Embajada de Alemania en el marco de la «Comunidad de Práctica para el Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en torno a una Agenda Social y de Derechos Humanos«.
La actividad tuvo como objetivo generar un debate crítico sobre los potenciales impactos de la política minera impulsada formalmente tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas (LOM), para concientizar sobre los desafíos, riesgos y amenazas que implica su implementación para los pueblos indígenas, la sociedad venezolana en su conjunto y la integridad ambiental del país.
Los acuerdos suscritos entre Venezuela y Estados Unidos en materia energética y extractiva -y que incluyeron la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas-, no fueron objeto de consulta con la sociedad y, concretamente, con los pueblos y comunidades indígenas afectadas por el posible desarrollo de nuevos proyectos extractivos.
El reimpulso del modelo extractivo en el sur del país, añade nuevas presiones para los pueblos indígenas y el medio ambiente, en territorios altamente congestionados por la presencia de gobernanzas criminales y por los abusos cometidos por agentes estatales.

«Ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando a nuestros líderes, en nuestros propios territorios».
Ana Figueroa, lideresa indígena pemón de la comunidad San Antonio de Roscio, en el estado Bolívar, y monitora de derechos indígenas de la Escuela «José María Korta», detalló los impactos que la minería ilegal ha causado en los territorios habitados por pueblos indígenas al sur del país.
Desde 2016, tras el lanzamiento del proyecto «Arco Minero del Orinoco«, la minería ilegal creció exponencialmente en la zona y la presencia de agrupaciones armadas y los atropellos ocasionados por agentes de seguridad estatales, han propiciado numerosas violaciones de Derechos Humanos cientos de pobladores.
Para Figueroa, lo que empezó con la lenta invasión de los territorios indígenas por parte de mineros ilegales, se ha convertido en una masiva presencia de gobernanzas ilegales que amenazan la vida de los pueblos y comunidades indígenas, incluido el asesinato y la desaparición forzada de quienes se oponen a la presencia de los irregulares en sus tierras.
Jersy Delgado, indígena warekena y comunicadora social de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), dice que la situación en el estado Amazonas es similar a la que ocurre en Bolívar.

Pese a que el vigente Decreto Presidencial N° 269 de 1989, prohíbe expresamente la minería en el estado Amazonas, el lanzamiento del «Arco Minero del Orinoco», expandió la frontera extractiva más allá de los 111.843,70 km2 del estado Bolívar afectados por la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, propiciando la minería ilegal en el estado con más población indígena del país.
«En el Estado Amazonas está prohibida la minería, pero la Corporación Venezolana de Minería y los grupos irregulares están practicando la minería en el territorio«, denunció Delgado durante su intervención en el foro.
La lideresa dijo además que varias comunidades han sido desplazadas de sus territorios debido a la violencia ejercida por actores armados o por la contaminación de suelos y ríos ocasionada por la actividad minera.
Saqueo sistemático.
La directora del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI-ULA), Linda Bustillos, hizo un balance sobre los graves atropellos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en medio del auge del modelo extractivista.
Bustillos explicó que existe una línea de tiempo que va desde los megaproyectos de infraestructura del siglo XX (como la represa de Guri y el programa Codesur) hasta la consolidación del rentismo minero contemporáneo.
Resalta que aunque la Constitución de 1999 consagró derechos originarios y el principio de Consulta Previa, Libre e Informada, pero en la práctica «se ha impuesto un modelo de saqueo sistemático«.
La directora del GTAI-ULA señaló que la creación del Arco Minero del Orinoco «ha provocado la ocupación masiva, la contaminación severa por mercurio y la destrucción de los hábitats tradicionales«.

Linda Bustillos contrastó la anterior normativa en materia minera con la recién aprobada Ley Orgánica de Minas de 2026, y advirtió que el nuevo ordenamiento agravará las amenazas para los pueblos indígenas y el ambiente.
Dijo que las concesiones elevan el horizonte de ocupación territorial a 30 años iniciales, prorrogables hasta un total de 50 años ininterrumpidos de intervención en cuencas y ecosistemas.
Añadió que la nueva ley omite el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada de los pueblos indígenas y convierte los territorios en «Zonas de Seguridad» declaradas por el Ejecutivo, debilitando con ello los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas.
Además, la Ley introduce figuras de arbitraje internacional para dirimir controversias, solapando los derechos territoriales y socavando la soberanía nacional.
La politóloga y abogada concluyó planteando una agenda urgente de resistencia frente al avance del modelo extractivo.
Destacó que los pueblos indígenas y sus aliados deben resistir reivindicando el derecho a la auto-demarcación territorial para conseguir la seguridad jurídica a través de la cartografía social propia, «como única barrera frente a la cooptación extractivista«.
También resaltó la necesidad de consolidar y resguardar los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas para «resistir a los destructivos planes de desarrollo del Estado«, en la gobernanza y Jurisdicción Especial Indígena (JEI), la exigibilidad del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y en el desarrollo y fortalecimiento de economías propias basadas en el uso y las costumbres de los pueblos indígenas
Para Bustillos, la «formalización» del extractivismo promovida en la nueva Ley Orgánica de Minas no protege a las comunidades indígenas, sino que las convierte en el «eslabón más vulnerable de una cadena de suministro destructiva que prioriza el capital por encima de la supervivencia cultural y ambiental del país«.
Provea, Wayamoutheri y Clima21







