
Prensa Provea.- Entre el 17 y el 19 de agosto se celebró en la ciudad de Los Teques el “II Curso de Formación de Monitores Indígenas en Derechos Humanos”, una iniciativa realizada en el marco de la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta – Ajishama”.
Durante tres días, 21 líderes indígenas de los estados Amazonas y Bolívar se reunieron para realizar un análisis colectivo del contexto nacional y abordaron diversos aspectos relacionados con el marco jurídico nacional e internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas.
Entre los temas discutidos se incluyeron los derechos territoriales, la gobernanza y la autonomía interna, así como los derechos culturales y el derecho a la consulta previa, libre e informada.
El evento también sirvió de escenario para la celebración de la graduación de la primera promoción del “Curso de Formación de Monitores Indígenas en Derechos Humanos”, en el que participaron catorce indígenas, entre mujeres y hombres, de los pueblos Uwottüja, Baniva, Ye´kwana, Pemón, Yanomami, Warao y Ñengatú, de los estados Amazonas y Bolívar, que culminaron exitosamente la formación.

La Escuela “José María Korta – Ajishama” es una iniciativa promovida por el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), el Grupo de Trabajo en Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA), el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela Wayamoutheri y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que tiene como misión promover la defensa de los derechos humanos y ambientales en las comunidades indígenas.
A través de los cursos diseñados para líderes comunitarios y para defensoras y defensores indígenas y organizaciones aliadas, los participantes han recibido formación para enfrentar los desafíos que afectan a sus comunidades, especialmente en un entorno caracterizado por la minería ilegal y la presencia de grupos armados irregulares, que amenazan tanto su territorio como su forma de vida.
Este enfoque busca capacitar a los graduados para que actúen como multiplicadores de conocimiento en sus comunidades, fomentando procesos organizativos autónomos e independientes.

Amenazas y abandono institucional
Con preocupación, los 21 líderes indígenas que ocupan el amplio territorio de los estados Amazonas y Bolívar, coincidieron en señalar como principal amenaza a sus formas de vida la ocupación de sus territorios por grupos armados irregulares provenientes de Colombia y Brasil, así como bandas delictivas organizadas, dedicadas a la extracción de oro, coltán y otros minerales.
Prácticas como el reclutamiento de jóvenes indígenas, amenazas a la integridad física, asesinatos y fragmentación del espacio comunal, han sido utilizadas como estrategias de control recurrentes por parte de los irregulares que han penetrado estos territorios.
“Nos sentimos amenazados e indefensos, totalmente desprotegidos”, dijo a Provea Nelson Cayupare, indígena Baniva y líder del Comité de Derechos Humanos de San Fernando de Atabapo, en el estado Amazonas.
Cayupare afirma que en ocasiones han fungido como agentes de mediación con los grupos irregulares.
Sin embargo, estos territorios siguen en disputa permanente por parte de gobernanzas ilícitas y agentes del Estado que participan en la minería ilegal, sobre todo en el Parque Nacional Yapacana.
Los líderes indígenas denuncian que la interlocución con las instituciones del Estado es prácticamente inexistente. No hay respuesta a sus demandas; incluso en muchas ocasiones queda en evidencia cómo cuerpos de seguridad del Estado actúan en alianza con los irregulares.

Coinciden en destacar la importancia de la capacitación en derechos y la formación rigurosa en mecanismos de documentación, para dejar constancia precisa de los hechos y, además, como una herramienta para lograr una mayor incidencia ante instancias internacionales.
“Hoy en día, las amenazas externas, como la minería ilegal, la deforestación y la transculturización; intentan romper el equilibrio sagrado de los pueblos y comunidades indígenas con su territorio. Es por ello que la formación en materia de derechos de los pueblos indígenas no es sólo un ejercicio académico, sino un mecanismo de resistencia y sobrevivencia para los jóvenes y líderes”, aseguró Higinio Montiel, líder indígena Ye’kwana de la Organización Kuyujani del Caura, en el estado Bolívar.
El también educador y egresado de la primera promoción añade: “conocer los derechos nacionales e internacionales permite traducir nuestra ley de origen al lenguaje institucional de los Estados, creando un escudo jurídico para nuestras comunidades con un enfoque intercultural, que nos permita entender que cuando defendemos un río o una cuenca, estamos defendiendo la vida misma de la futuras generaciones”.
Para Liz Hernández, lideresa del pueblo Pemón y habitante de la comunidad Maurak del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, las herramientas obtenidas en el Curso de Promotores de la Escuela José María Korta le han posibilitado ejercer un rol de acompañamiento, “combinando la conciliación y mediación en problemas territoriales que surgen en sectores donde se practican actividades extractivistas”.

Explica que pertenecer a la Escuela también le ha permitido contar con el acompañamiento de tutores y especialistas en derecho indígena, quienes les apoyan en los procesos de resolución de conflicto.
“Por ejemplo, el suscitado en el sector 6 de Gran Sabana el pasado año, donde hubo un atentado a la oficina de los capitanes del Consejo de Caciques, donde hacen vida 6 capitanes generales. Con las herramientas de documentación facilitadas en la Escuela pudimos hacer la denuncia a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Actuamos como enlace ante una institución internacional”.
Ahora, catorce líderes y lideresas indígenas se han unido a la segunda cohorte del “II Curso de Formación de Monitores Indígenas en Derechos Humanos”.
Durante un año, estos participantes recibirán acompañamiento y orientación en un proceso diseñado para fortalecer sus capacidades en la promoción de la defensa de los derechos humanos y ambientales en sus comunidades.







