Especial: Derechos Humanos vulnerados tras dos meses del doblete sísmico

Venezuela atraviesa una emergencia nacional producto de un desastre natural ocasionado por dos terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 de magnitud (7,2 y 7,5) a las 6:04 p.m. (hora local), con epicentro a 20 km de la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy y a 17 km al oeste de Catia La Mar, estado La Guaira, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Transcurridos dos meses de tan lamentable evento natural, el parte oficial del gobierno interino al 10.08.2026 indica que existen 6.438  personas fallecidas, 86.358 personas heridas, más de 6.462 rescatados; más de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Lo que generó 17.907 damnificados que se encuentran en 107 campamentos transitorios.

Las autoridades informaron que han inspeccionado 59.109 viviendas. De estas, 34.680 fueron clasificadas como habitables, 13.733 tienen acceso restringido y 10.696 fueron consideradas de alto riesgo.

Esto ha representado para el gobierno interino el despliegue operativo de 30.989 efectivos de seguridad, 31.745 voluntarios y 2.278 rescatistas internacionales. Así como la distribución en los campamentos de 10.977.336 toneladas de alimentos y 51.215.582 litros de agua.

Este doblete sísmico dejó en colapso al estado La Guaira (Litoral Central), con daños estructurales, el derrumbe de múltiples viviendas, el cierre técnico del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y del puerto marítimo. Afectaciones en residencias en el Área Metropolitana de Caracas, principalmente en los municipios Chacao y Libertador. Así como daños estructurales en los estados Aragua, Carabobo, Falcón y Miranda.

El Banco Mundial ha hecho una estimación de los daños físicos directos ocurridos tras los sismos, y sitúa en 19.600 millones de dólares en pérdidas.

Bajo este contexto, este informe es un balance desde la perspectiva de los derechos humanos y con especial énfasis en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), de las actuaciones del gobierno interino y los principales hallazgos encontrados por el equipo de Provea, que buscan dar recomendaciones al Estado conforme al sistema normativo nacional y los estándares internacionales.

Respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez

Pocas horas después de producirse la emergencia, se decretó la creación de un Estado Mayor para atender el desastre natural, con la finalidad de desplegar los recursos técnicos, humanos, financieros o materiales para atender los efectos causados por los eventos sísmicos, activándose algunos organismos como Protección Civil, el sistema público de emergencias, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos policiales, las autoridades regionales, el sistema de salud y las operaciones de búsqueda y rescate; estableciéndose un puente aéreo para trasladar rescatistas, voluntarios especializados y personal médico.

Una medida controversial fue la militarización de La Guaira, cuyo fin fue evitar el ingreso masivo y desordenado de personas, vehículos y voluntarios sin coordinación con el Estado Mayor que pudiese obstruir las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria, organizando el ingreso a través de un registro instalado en el Poliedro de Caracas lo que, de alguna manera, ralentizaba y burocratiza la ayuda de personas naturales y jurídicas al Litoral Central.

Para el 3 de julio, Delcy Rodríguez, presidenta interina, ofreció una rueda de prensa señalando que la fuerza pública se desplegó para atender las consecuencias del fenómeno y que las denuncias de la falta de actuación eran matrices creadas para politizar la situación. Calificó de “miserables» las críticas por los retrasos en el auxilio de los afectados.

En dicha rueda de prensa, se activó la Comisión Presidencial para la Habilitación de Vivienda e Infraestructura, instancia que cuenta con el apoyo de universidades, empresas públicas y privadas, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, la Cámara de la Construcción y otros profesionales especializados; cuyo propósito es desarrollar un sistema de “semáforo” para iniciar fase masiva de inspección de inmuebles en las regiones más afectadas y determinar si las viviendas no tienen daños graves (verde), si tienen daños considerables (amarillo) o si son inhabitables (rojo).

El equipo de Provea realizó el martes 30 de junio una segunda visita al estado La Guaira, para acompañar la labor de asistencia humanitaria que realiza un importante actor de la sociedad civil en centros comunitarios de apoyo a los afectados por los terremotos en las parroquias Catia La Mar y Caraballeda de esa entidad.

Provea advirtió entonces que el amplio despliegue de distintos organismos de seguridad -civiles y militares- en la zona de desastre, pudiera obstaculizar las labores de socorro y asistencia humanitaria si no se actuaba de manera coordinada y apegada a los estándares que guían la respuesta estatal en contextos como el actual.

Provea constató la actuación descoordinada y el solapamiento de funciones entre los cuerpos de seguridad actuantes en el terreno que está ocasionando, entre otras cosas, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud y escasa protección a las labores del personal de socorro, quienes en ocasiones deben asumir la dirección del tránsito en zonas atestadas de vehículos para poder continuar con su trabajo.

Además, el emplazamiento de numerosos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –organismos sin competencias legales en gestión de riesgos y control del orden público- pudiera entorpecer aún más el manejo de la crisis y dar pie a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos, tomando en cuenta su actuación en situaciones similares ocurridas en el pasado.

Recordamos que en medio del deslave ocurrido en La Guaira (antiguo estado Vargas) en 1999, funcionarios de la DISIP –actual SEBIN- fueron responsables de la desaparición forzada de ciudadanos detenidos en el contexto del desastre.

Advertimos que la excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis, que es brindar apoyo a la labor humanitaria y actuar bajo la coordinación de los organismos civiles de socorro, respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

En paralelo, la fase de búsqueda de sobrevivientes y rescate se ha mantenido abierta con el apoyo de equipos especializados de varios países y la participación de 151 unidades caninas nacionales e internacionales. A medida que avanza esta fase, se activó una morgue especializada con participación del Ministerio Público, Registro Civil y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, rechazando las suposiciones de fosas comunes y activándose un área del Cementerio Municipal de Carayaca en el estado La Guaira.

Respuesta de otros países y organizaciones humanitarias e internacionales.

Las Naciones Unidas deben cumplir con el mandato de coordinar la ayuda humanitaria para las naciones afectadas por conflictos y desastres. Mandato que se encuentra establecido en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, numeral 3: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”

Bajo esa premisa, 147 países como República Dominicana, Estados Unidos, México, Brasil, España, Qatar, El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Italia, Portugal, Israel y otros, expresaron solidaridad y envío de apoyo a Venezuela, así como 31 organismos internacionales y multilaterales.

Se anunció la creación de un Fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción y que provendría de recursos por los derechos de giro que Venezuela posee con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, se informó que se abrió una cuenta en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para recibir donaciones internacionales en dinero, destinadas exclusivamente a la construcción de viviendas y sometidas a mecanismos de auditoría.

De igual modo se anunció la apertura de un fondo en bolívares a través de Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela para recibir aportes nacionales destinados a la reconstrucción de viviendas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y bancos interamericanos han ofrecido cooperación no reembolsable y líneas de crédito para el proceso de recuperación.

Por otro lado, el Subsecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, anunció una adenda al Plan de Respuesta Humanitaria por 299 millones de dólares, destinada a atender las necesidades multisectoriales de 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses.

Este llamado se suma a la meta de 5,5 millones de personas que ya contemplaba atenderse con el Plan este 2026, para lo que se requieren 632 millones de dólares.

Necesidades de la población afectada que deben responder a la garantía de derechos humanos

Como consecuencia, la garantía de derechos humanos debe prevalecer de manera oportuna y eficaz ante desastres naturales. Es por ello que las necesidades deben ser cubiertas en refugios y campamentos de forma inmediata y evitar mayores vulneraciones con la población en riesgo.

Algunas necesidades que han sido detectadas en este período y no deben carecer de protección en ningún sentido son:

1.- Abordar el problema de la vivienda para los refugiados

El doblete sísmico dejó más de 190 edificios colapsados: cinco de ellos en Caracas, tres en el estado Miranda, uno en el estado Aragua; uno en Carabobo; uno en el estado Falcón; y 182 en el estado La Guaira.

Un sector descuidado por la prensa, el Estado y los organismos de ayuda humanitaria son los propietarios privados de inmuebles destinados para viviendas que se vieron afectados por el doblete sísmico.

Cuando un apartamento privado es destruido por un terremoto, el régimen de propiedad horizontal se extingue, pero los propietarios conservan sus derechos sobre el terreno remanente, por lo cual, la posible venta del terreno común debe ser acordado por unanimidad o por las normativas de la junta de condominio.

En este caso el Estado puede ofrecer ayudas como fondos especiales de reconstrucción, subsidios hipotecarios para la adquisición de viviendas y refugio temporal en campamentos para los afectados.

En aquellos inmuebles que, aunque pueden ser habitados, tienen daños considerables en infraestructura, el costo de las reparaciones está siendo asumido por el ciudadano, lo que implica una carga económica extra para los habitantes y fomenta la pobreza de los ciudadanos.

Tras la tragedia, miles de personas -especialmente aquellas en condiciones preexistentes de vulnerabilidad-, han sido afectadas por la pérdida de garantías mínimas para sus derechos a la alimentación, salud, agua potable, educación, trabajo, vivienda, vestido y servicios públicos adecuados.

Es importante señalar que los estudios de habitabilidad de algunos inmuebles privados, los están realizando ingenieros, que no son ingenieros forenses, es decir que no tienen todos los conocimientos técnicos para determinar que el daño generado no compromete la estabilidad del edificio.

La falta de peritos especializados producto de la migración forzada o del desestimulo económico (bajos salarios, falta de oferta laboral, límites para el desarrollo de las fuerzas productivas, etc.) puede comprometer a largo plazo algunas de estas infraestructuras.

Aunque el Decreto de Emergencia establece que el Estado a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz podrá dictar y ejecutar, la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terrenos o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados.

Asimismo, las requisiciones de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población afectada, deberían cumplir con el procedimiento de justiprecio establecido en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. Cumpliendo para ello con el cálculo técnico, la notificación por escrito y el pago previo al dueño.

Es importante reseñar que, aunque existe una obligación del Estado de contribuir a la adjudicación de nuevas viviendas para las personas afectadas, sobre todo aquellas que sufrieron daños irreparables en los complejos habitaciones de Misión Vivienda, consideramos que, aunque el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6.154 del 19 de noviembre de 2014, establece excepciones por eventos de riesgo inminente, tal y como se expresa en las causales del artículo 102 de la citada norma. 

Aparte de los inmuebles privados afectados, solamente en la Guaira hubo derrumbes en 10 desarrollos urbanísticos de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPE), como brazo ejecutor de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Este órgano desconcentrado dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, con competencia nacional y con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera fue creado por órdenes del presidente Hugo Chávez Frías.

Al frente de esta oficina se nombró al arquitecto Francisco “Farruco” Sesto Novas, que se había desempeñado como Ministro de Cultura en el 2004 y Ministro de Vivienda y Hábitat en el 2008. Entre el 2010 y hasta 2013 se desempeñó como Ministro del Poder Popular para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Otro funcionario que se desempeñó como Director de proyectos de la OPPE del 2010 hasta el 2014 es Gilberto José Rodríguez González.

Es importante recordar que el nivel de destrucción materializado en los OPPE de Misión Vivienda de La Guaira, se deben en gran medida a la falta de procesos de licitación adecuados y al estudio técnico de los terrenos donde se construyeron. Al respecto, el arquitecto Farruco Sesto desmintió la información de que se construyó sobre terrenos sin estudio previo, sin mostrar evidencias al respecto.

Esta falta de probidad y de experticia, pudiera generar sanciones penales y administrativas, no sólo contra los que desarrollaron los complejos habitacionales, sino también contra Ingeniería Municipal por facilitar los permisos para su construcción.

Todo esto pone de manifiesto, la necesidad de que las gestiones de nuevas viviendas sean desarrolladas por civiles capacitados y con experticia técnica. Actualmente, la responsable de la cartera de vivienda es la Dr. Paola Posani en sustitución del Mayor General Jorge Márquez Monsalve como nueva ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, lo que representa un retorno al ámbito civil en la cartera de vivienda. Exceptuando al INTU, la Fábrica de Insumos 27 de Febrero, el Centro Rafael Urdaneta y la SUNAVI. El resto de instancias dependientes de este ministerio, como órganos adscritos tienen una gestión castrense como, por ejemplo:

Sobre este punto, Provea observa con preocupación el posible uso discrecional que se haga del Fondo “Venezuela Renace” y cuál será el proceso de auditoría que se haga de esos recursos y de la asignación de esos fondos a beneficiarios o que sean usados para reconstruir viviendas. 

Experiencias pasadas como el Fondo Chino, el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y el Fondo Único Social (FUS) dan indicios de un uso no transparente de los recursos de la nación.

Para Provea, es importante señalar, que, hasta la fecha del presente informe, aparte de las instituciones del Estado, el apoyo dentro de los refugios proviene de organizaciones independientes y autónomas de la sociedad civil, organizadas en asociaciones civiles u organizaciones de hecho.

Por consiguiente, instamos a los venezolanos hacer uso de los Comités Populares de Vivienda, como espacios de articulación entre los refugiados para mantener una comunicación constante con los entes de la Administración Pública y velar por los intereses de los otros refugiados. Sus competencias y funcionamiento se pueden consultar en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Refugios Dignos para Proteger a la Población en Casos de Emergencias o Desastres.

2.- Garantizar el Derecho a la Educación de los afectados

Hasta le fecha del presente informe, se conoce que el doble sismo dejó solamente en la Guaira 14 instituciones colapsadas, 38 con afectación media y 86 con daños menores.

Mientras que en el Área metropolitana colapsaron el Colegio Iberoamericano en El Junquito y el Colegio Agustiniano San Judas Tadeo en La Pastora.

Por su parte Unicef cifró en 432 el total de escuelas con daños de diversa gravedad en Caracas. Esto representa un reto para el Estado que debe garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin plantel físico o que se encuentran en refugios temporales.

El Ministerio de Educación, cuyo titular es Héctor Rodríguez debe a la brevedad posible, establecer un cronograma sobre la fecha y modalidades de incorporación aquellos planteles públicos y privados que no están siendo usados como refugio. Así como facilitar la incorporación en otros planteles educativos, no lejanos de sus lugares de residencia o refugio, de los estudiantes que se quedaron sin plantel educativo producto del terremoto.  

Con relación al sistema de educación privada, aparte de la certificación de infraestructura, una comunicación clara con padres y representantes, flexibilidad académica y apoyo al docente.

Provea recomienda que el Ministerio de Educación, mantenga un seguimiento y control de las tasas de inscripción y mensualidades al inicio del próximo año académico. Entendiendo que debe existir una empatía económica por parte de los planteles con la población afectada por el doblete sísmico.  

De acuerdo a la opinión expresada por la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores de Venezuela, Magíster en Gerencia Educativa y Especialista en Planificación Estratégica Educacional, un desastre como el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio exige ir mucho más allá de resolver la logística inmediata.

La prioridad absoluta no debe ser forzar el cumplimiento burocrático de finalizar objetivos, contenidos y entrega de boletas; se trata, en cambio, de desplegar una Planificación Estratégica Situacional y de Contingencia enfocada en el soporte socioemocional y en una función pedagógica flexible.

“En este escenario, la escuela pasa a ser un tejido social vivo, un factor de protección y el espacio idóneo para recuperar la seguridad. Sin embargo, esto solo es posible si se comprende que la salud mental y emocional es el requisito previo para cualquier aprendizaje”.

Figueroa añade: “El impulso de una Planificación Estratégica Situacional y de Contingencia debe entenderse desde un enfoque profundamente humano. La educación no es un mero camino para acumular datos; es el espacio donde el ser humano aprende a procesar su realidad, a conectar con el otro y a encontrar sentido en medio del desastre. Ante una catástrofe natural, las escuelas y los educadores se convierten en la primera línea de defensa de la salud mental y la dignidad de los niños, niñas y jóvenes”.

3.- Pérdida de fuentes de empleo y paralización de la actividad económica

El doblete sísmico en la Guaira trajo la interrupción de la actividad económica de un estado portuario y principal canal de ingreso de mercancía e insumos al país.

La destrucción o daños a instalaciones industriales, puertos y negocios puede detener o reducir la actividad laboral de la cual dependen muchas familias.

La paralización de las fuentes de empleo dependientes del turismo, la hotelería, la pesca y el transporte marítimo. Así como el cierre técnico de varios comercios minoristas y mayoristas, no solo representa un gasto para los inversionistas y socios, sino que representa una cesantía de la jornada laboral y de la remuneración de los trabajadores y de la cual dependen familias afectadas. 

De momento, se ha implementado la asistencia económica mediante transferencias bancarias a las personas afectadas, lo que representa un apoyo puntual de forma transitoria, pero que no representa un salario y que no responde a la relación clásica del trabajo, como contraprestación de un servicio.

Muchas de las personas que resultaron heridas tras los devastadores sismos desarrollarán discapacidad por la pérdida o amputación de alguna parte del cuerpo.

Esto genera un reto, el de la posterior inclusión laboral de estas personas quienes deberán asumir nuevos retos de movilidad y aceptación de su condición.

Por ello, es perentorio que el sector privado y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), lleguen a algún acuerdo para flexibilizar normativas COVENIN y así poder facilitar su inclusión laboral.

Es importante reseñar que el retorno a la jornada laboral debe realizarse de forma segura y cumpliendo con las normas de protección, salud, seguridad y bienestar establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Así como entender que los trabajadores pueden experimentar estrés y secuelas psicológicas, que pueden afectar su productividad.

4.- Garantizar el derecho a la salud de las personas desplazadas a futuro  

Provea reconoce que el Estado, con el apoyo de otros países y de agencias de cooperación humanitaria ha realizado una labor importante de atención médica primaria, urgencias y emergencias de las personas afectadas y desplazadas.

No obstante, es importante reconocer que será un reto poder atender la demanda posterior de tratamientos, terapias y acompañamiento de patologías de largo plazo o enfermedades crónicas que necesitan medicinas de alto costo como las personas que padecen problemas cardiacos, VIH, hemofilia, psiquiátricos, trasplante, cáncer, etc.

Aunque muchas de estas enfermedades no son causadas por el movimiento telúrico, forman parte de condiciones pre-existentes en las personas desplazadas, que ahora no solo deben lidiar con ellas, sino también con la pérdida de trabajos y viviendas, lo que ha generado crisis de pánico, ansiedad extrema, irritabilidad y problemas severos de sueño tanto en pacientes con trastornos previos como en nuevos afectados. Por lo cual, el Estado debe hacer un esfuerzo en garantizar los medicamentos de forma accesible. 

También es probable que se registren problemas de salud en las personas que están realizando labores de rescate y remoción de escombros, así como en los refugios transitorios.

Por ello, no solo la salubridad sino el acceso al agua de forma suficiente, seguro, aceptable, físico y asequible para todas las personas sin discriminación es fundamental. Es importante reconocer que muchas agencias de cooperación internacional en el terreno, están implementando la metodología ASH (Agua, Saneamiento e Higiene) para atender a las personas. 

Recomendaciones

• Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a garantizar la vida e integridad de todas las personas que están acudiendo a labores de rescate, asistencia y documentación en las zonas afectadas por el doblete sísmico. Investigando a los funcionarios de los organismos de seguridad que puedan incurrir en agresiones contra la población civil.

• El proceso de reconstrucción y elaboración de nuevas viviendas para los afectados, deben realizarse conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6.154 del 19 de noviembre de 2014. En la misma se establecen los procedimientos para elegir contratistas en obras, bienes y servicios. Aunque existe un “estado de emergencia por el evento sísmico”, el mismo no es un Estado de Excepción que establece la adjudicación directa de contratos como establece el numeral 12 del artículo 4 de la citada ley.

• El Estado está en la obligación de reconocer y respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial nro. 37.475 del 01 de julio de 2002. Con relación de los bienes inmuebles y terrenos que ocupe o adquiera para solventar la emergencia sísmica. Así como la calificación previa de utilidad pública decidida por la Asamblea Nacional.

• El Banco Central de Venezuela en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminución del porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas.

• Exoneración de las cargas parafiscales de forma momentánea y un régimen de contribución especial al fisco, para las empresas y negocios de los principales estados afectados por el doblete sísmico. Con la obligación, de seguir produciendo y generando empleos remunerados que cumplan con las leyes laborales y de seguridad social. 

• Debido a la organización y solidaridad demostrada por la sociedad civil y las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria, recomendamos incluir representantes de ambos espacios en el Estado Mayor para la atención de la Emergencia Sísmica. Con la finalidad de poder articular esfuerzos conjuntos que beneficien a la mayor cantidad de venezolanos posibles.

• La Contraloría General de la República y el Ministerio Público están en la obligación de investigar las responsabilidades penales y administrativas individuales a las que haya lugar, con relación a los responsables de la OPPE y de ingeniería municipal en los estados afectados, que facilitaron la construcción de inmuebles en terrenos inestables, contrariando lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

• Consideramos un error, haber nombrado como Autoridad Única para atender un evento de catástrofe natural a un Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando la práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para atender estos eventos, consolidando un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o la coordinación multisectorial de un mando unificado, donde la idoneidad técnica y la capacidad operativa determine el liderazgo. Por lo cual, aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público. 

https://earthquake-usgs-gov.translate.goog/earthquakes/map/?extent=-19.06513%2C-133.76953&extent=34.88332%2C-26.89453&sort=largest&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno: Ejecutivo Nacional entregó 48 apartamentos en Fuerte Tiuna https://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=32842

Decreto N° 5.364. Gaceta Oficial N° 7.039 Extraordinario del 24 de junio de 2026.

El Nacional: Gobierno anuncia envío de militares al estado La Guaira <https://www.elnacional.com/2026/06/gobierno-anuncia-envio-de-militares-al-estado-la-guaira/> Consulta del 17.07.26.

BBC: Cómo ha respondido el gobierno de Venezuela a las críticas por su respuesta a los devastadores terremotos <https://www.bbc.com/mundo/articles/c0lye319p58o> Consulta del 17.07.26.

El Tiempo: Venezuela inicia fase de inspección masiva de inmuebles tras el doble terremoto: así funcionará el ‘semáforo’ que determinará el nivel de daño <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/venezuela-inicia-fase-de-inspeccion-masiva-de-inmuebles-tras-el-doble-terremoto-asi-funcionara-el-semaforo-que-determinara-el-nivel-de-dano-3569387> Consulta del 17.07.26.

Organización de las Naciones Unidas: Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I: Propósitos y principios <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1> Consulta del 17.07.26. 

El Universal: Presidenta (E) anuncia la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción tras el doble terremoto <https://www.eluniversal.com/politica/236562/presidenta-e-anuncia-la-creacion-de-un-fondo-de-200-millones-de-dolares-para-la-reconstruccion-tras> Consulta del 17.07.26.

Banca y Negocios: Autoridades del FMI y Venezuela hablaron sobre el DEG, la situación económica y las necesidades humanitarias  https://www.bancaynegocios.com/autoridades-del-fmi-y-venezuela-hablaron-sobre-el-deg-la-situacion-economica-y-las-necesidades-humanitarias-en-venezuela/

Bitacora Económica: Venezuela crea cuenta en la CAF y un fondo en bolívares en Bandes para la reconstrucción del país y construcción de viviendas  https://bitacoraeconomica.com/venezuela-crea-cuenta-en-la-caf-y-un-fondo-en-bolivares-en-bandes-para-la-reconstruccion-del-pais-y-construccion-de-viviendas/

Consulado de Barcelona: En 15 puntos: las claves de la respuesta del Gobierno bolivariano al terremoto <https://consuladobarcelona.gob.ve/webalterna/delcy-rodriguez-busqueda-de-sobrevivientes-sigue-activa-mientras-venezuela-avanza-hacia-la-atencion-integral-y-la-reconstruccion/> Consulta del 17.07.26.

Reliefweb: Terremotos en Venezuela: Reporte de situación #23 (16 de julio de 2026, Hora: 09:00 pm) <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/terremotos-en-venezuela-reporte-de-situacion-23-16-de-julio-de-2026-hora-0900-pm> Consulta del 17.07.26.

https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-expropiacion-por-causa-de-utilidad-publica-o-social

https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decreto-n0-1399-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-de-contrataciones-publicas

PSUV: Creada Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/Creada-Oficina-Presidencial-de-Planes-y-Proyectos-Especiales/

Decreto nro. 6.970 de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial nro. 39.297 del 02 de noviembre de 2009.

Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda: Designada Paola Posani como nueva ministra para Hábitat y Vivienda https://www.minhvi.gob.ve/2026/06/15/designada-paola-posani-como-nueva-ministra-para-habitat-y-vivienda/

Siglas del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU)

Siglas de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI)

Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas: Anuncian plan crediticio y subsidios del Fondo «Venezuela Renace» para la compra de vivienda tras el doblete sísmico https://www.mppef.gob.ve/anuncian-plan-crediticio-y-subsidios-del-fondo-venezuela-renace-para-la-compra-de-vivienda-tras-el-doblete-sismico/

https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/decreto-n0-8001-mediante-el-cual-se-dicta-el-decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley-especial-de-refugios-dignos-para-proteger-a-la-poblacion-en-casos-de-emergencias-o-desastres

Entre los planteles educativos más afectados se encuentran Colegio Madre Emilia, Unidad Educativa Rafael Rangel, Colegio Parroquial San José y la Escuela José María España.

RunRunes. 14 colegios colapsaron en La Guaira por sismos del 24J. <https://runrun.es/noticias/615224/terremoto-dejo-al-menos-14-colegios-colapsados-en-la-guaira/> Consulta del 22.07.26.

El Nacional. Unicef cifra en 432 los colegios dañados en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela. <https://www.elnacional.com/2026/07/unicef-cifra-en-432-los-colegios-danados-en-caracas-tras-el-doble-terremoto-en-venezuela/> Consulta del 22.07.26.

Brecha entre las directrices de continuidad escolar del MPPE (2025-2026) y la realidad educativa https://provea.org/opinion/raquel-figueroa/ 

Brecha entre las directrices de continuidad escolar del MPPE (2025-2026) y la realidad educativa https://provea.org/opinion/raquel-figueroa/

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