Los hechos que debe producir el nuevo diálogo en Venezuela

Las organizaciones y personas defensoras y activistas de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento consideramos que el diálogo político facilitado por los Estados Unidos puede abrir una salida a la crisis venezolana si devuelve a la ciudadanía la posibilidad de participar, decidir y si contribuye a reconstruir instituciones capaces de respetar esa decisión.

Su valor no dependerá únicamente de alcanzar acuerdos, sino de que sus compromisos se traduzcan en cambios concretos y verificables que allanen el camino hacia la institucionalidad democrática.

La conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral son resultados concretos que pueden producirse en los próximos meses. No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre. Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible.

La Mesa de Negociación necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana. En una fase de estabilización, nuevas instituciones conformadas por personas idóneas y mediante mecanismos transparentes constituirían una señal concreta de que el diálogo puede generar cambios y abrir una ruta hacia la reinstitucionalización democrática de Venezuela. También permitirían comenzar a recuperar un activo que no puede subestimarse: la confianza de la ciudadanía. Después de años de promesas incumplidas, incertidumbre y frustraciones acumuladas, esa confianza no puede descansar únicamente en declaraciones de voluntad; necesita hechos, plazos próximos y compromisos que la población pueda verificar.

Estos son asuntos que exigen una decisión política urgente que conecte con la difícil realidad de los venezolanos dentro y fuera del país. El sentimiento de frustración ha crecido de manera significativa en Venezuela frente a la situación actual y a la gestión del interinato. El tema electoral ocupa un lugar central en las expectativas ciudadanas. Postergar la renovación del CNE puede profundizar la percepción de incertidumbre y de continuidad de la excepcionalidad institucional.

Por el contrario, activar la agenda electoral junto con la anunciada renovación del TSJ, puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza tanto dentro de Venezuela como entre los actores internacionales que acompañan este proceso.

Venezuela lleva casi tres décadas esperando un cambio y atravesando penurias que continúan afectando la vida cotidiana de millones de personas. La sociedad venezolana ha demostrado paciencia, convicción de cambio y apuesta por la institucionalidad. Exigir un cambio democrático y una ruta clara y oportuna para alcanzarlo no es ser maximalistas: es responder a una demanda legítima y urgente de los venezolanos.

Reconstruir el país también significa reconstruir la democracia

Después de la tragedia venezolana, será necesario reconstruir infraestructura, servicios e instituciones, pero también reconstruir la relación entre ciudadanía, instituciones y poder.

Ambas tareas requieren participación, transparencia y rendición de cuentas. Por eso, la transición no puede limitarse a organizar una elección: debe crear las condiciones para que los ciudadanos puedan participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo.

Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección. Continúa hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024, sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática, al ejercicio de las libertades y el respeto de los derechos humanos. No es posible hablar de transición democrática mientras organizarse, protestar, informar, defender derechos o participar políticamente siga teniendo costos represivos.

Unas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales, libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro. Siempre hemos apoyado el diálogo y las soluciones pacíficas; precisamente por ello creemos que la negociación debe conducir a una salida que permita a los venezolanos volver a elegir.