Provea sostuvo una reunión con la Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato y con miembros de su equipo, en el marco de nuestra agenda de incidencia por la reinstitucionalización del país.
Óscar Murillo, Coordinador General de Provea y Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad Legal, presentaron un documento con un conjunto de exigencias prioritarias orientadas al rescate del Estado de Derecho, el derecho a un nivel de vida adecuado, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la impunidad y la gestión transparente.
La comunicación subraya que la actuación de la Defensoría debe apegarse irrestrictamente a la Constitución, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los Principios de París.
En tal sentido, formulamos propuestas y exigencias en siete ejes:
Reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia
Urge una reforma profunda que vaya más allá de la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con consulta amplia y participación efectiva de los distintos sectores sociales.
Debe cesar la persecución por motivos políticos, completarse la liberación de detenidos políticos, revocarse medidas cautelares y decretarse el sobreseimiento y la libertad plena de los privados de libertad por razones políticas.
Es necesario revisar y derogar el marco jurídico que criminaliza la protesta y la disidencia (Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley contra el Odio, Ley Libertador Simón Bolívar, Ley de ONG, estado de conmoción exterior, entre otros), así como la Resolución N° 8610 que autoriza a la FANB a participar en el control de manifestaciones.
Nos preocupa que a pesar del anuncio que serían desbloqueadas plataformas digitales la gran mayoría siguen sometidas a la arbitraria medida de bloqueo afectando el derecho a la población a recibir información sin ningún tipo de obstáculos.
Servicios públicos y vivienda adecuada
La crisis económica ha socavado los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
La Defensoría del Pueblo debe atender urgentemente las fallas en electricidad, agua y transporte, especialmente en el interior del país, ejerciendo acciones judiciales y contraloría presupuestaria.
Ante los terremotos del 24 de junio, debe exigir al Ejecutivo rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos y la culminación de las viviendas inacabadas.
Derechos ambientales y de los pueblos indígenas
Los acuerdos para explotación petrolera, gasífera y minera se han suscrito con escasa transparencia, sin consulta previa, libre, informada y de buena fe, ni estudios de impacto ambiental.
La Defensoría del Pueblo debe exigir la reanudación de los procesos de demarcación de tierras indígenas, exigir medidas contra la minería ilegal y el desmantelamiento de gobernanzas ilícitas, exhortar al Ejecutivo a suscribir el Acuerdo de Escazú y la restitución del Plan de Salud Yanomami.
Asimismo, debe solicitar información sobre los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez.
Acciones contra el abuso policial y militar
La Defensoría debe velar por el cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, impulsar la definitiva consolidación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y presionar por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
También, debe contribuir a cumplir las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las cárceles Rodeo I y II, Tocorón y Yare, exigir el descongestionamiento de los centros de detención policiales y militares y proteger el derecho a la manifestación pacífica.
Acciones para prevenir y sancionar la desaparición forzada
La Defensoría del Pueblo debe exigir registros detallados de los detenidos, actuar de oficio en las solicitudes de Habeas Corpus que interpongan los familiares de las víctimas de detenciones arbitrarias y solicitar al Ministerio Público investigaciones sobre los casos de Alcedo Mora, los hermanos Vergel, Hugo Enrique Marino, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorgen Guanares.
Colaboración con organismos internacionales de protección de derechos humanos
Instamos a la Defensoría a contribuir con el cumplimiento de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos entre ellas: Masacre de El Amparo, El Caracazo, Retén de Catia (Montero Aranguren y otros), Desaparecidos de Vargas (Blanco Romero y otros), Usón Ramírez, Linda Loaiza, Policías de Chacao (Chirinos Salamanca y otros)
También a desarrollar una colaboración permanente con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCANUDH) y coadyuvar a la aplicación de sus recomendaciones,
Rendición de cuentas
La Defensoría del Pueblo debe publicar sus informes anuales y exhortar al Ministerio Público y al Ejecutivo a hacer lo propio.
Para Provea estas exigencias son pasos mínimos para una reconstrucción institucional centrada en la dignidad humana y la justicia. Finalmente, solicitamos a la Defensora del Pueblo un canal permanente para canalizar graves violaciones.
