Exigencias y recomendaciones
Retomar el camino de la Constitución para garantizar el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela
La protección de los derechos humanos y las garantías para el pluralismo deben ser las bases de la reconstrucción institucional y social que los venezolanos demandan en esta nueva y compleja coyuntura política.
La estabilidad nacional debe ser garantizada mediante la adopción de medidas que contribuyan a la superación de la grave crisis económica, teniendo como foco las conquistas sociales.
La reinstitucionalización del país solo será posible si existe un compromiso real, por parte de las autoridades, de avanzar en el desmantelamiento del andamiaje represivo construido a lo largo de los últimos 25 años y en recuperar la separación e independencia de los otros poderes públicos de las directrices del Ejecutivo Nacional.
Alimentación
Se debe garantizar programas alimentarios y en nutrición, focalizados en grupos vulnerables como la población infantil, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las comunidades indígenas y la población bajo tutela del Estado, especialmente los privados de libertad.
Ambiente
Es crucial incorporar los aspectos ambientales y climáticos en la reorganización político-económica del país. Es conveniente la declaración de una emergencia climática, que pueda facilitar la aplicación de políticas para abordar los urgentes problemas vinculados a los actuales y próximos escenarios que conlleva la agudización de la crisis climática.
Educación
El Estado venezolano debe cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas, así como diseñar e implantar sistemas de medición de la calidad de la enseñanza que permitan identificar las fallas existentes en el sistema público y adoptar los correctivos pertinentes.
Laborales
Garantizar un salario mínimo suficiente y constitucionalmente protegido. El Estado debe implementar mecanismos urgentes para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, estableciendo un salario mínimo que cubrir el costo de la canasta básica y que sea acordado mediante diálogo social tripartito, conforme a lo establecido en la Constitución y en los convenios colectivos.
Pueblos indígenas
Activación de la Comisión Nacional de Demarcación de Territorios y activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas.
Vivienda
Sancionar el uso proselitista de los programas sociales de vivienda, por constituir formas de discriminación. El sistema de adjudicación de las viviendas debe ser transparente y contar con criterios de elegibilidad que sean ampliamente conocidos por los aspirantes.
Salud
Dedicar el máximo esfuerzo del Estado y con absoluta urgencia al restablecimiento de la institucionalidad y recuperación de las capacidades del sistema sanitario público en todo el país, comenzando por crear una Ley Orgánica de Salud, con una amplia consulta de los gremios de salud, la comunidad científica y académica, la sociedad civil, el sector privado, los ciudadanos y comunidades en general, y la integración orgánica de los distintos sistemas de salud, bajo una autoridad sanitaria con capacidades rectoras y presupuestarias.
Seguridad Social
Desarrollar desde el gobierno nacional, conforme a la promulgación de la Ley del Sistema de Seguridad Social, la legislación de dos de los cinco regímenes prestacionales: pensiones y otras asignaciones económicas, y salud.
Tierras
Garantizar de manera amplia y efectiva el derecho a la tierra a los pequeños productores, campesinos y productores agrarios en general, incluyendo la titularidad, asumiendo como política de Estado un plan sistemático de asignación, entrega y titularidad de las tierras, los recursos económicos para impulsar la actividad agropecuaria y la seguridad alimentaria de la población.
Vivienda
Garantía de servicios básicos esenciales para la habitabilidad: el Estado debe priorizar la inversión masiva y urgente en la infraestructura de servicios públicos (agua, electricidad, saneamiento y gas), componentes inalienables de una vivienda adecuada.
Integridad Personal
Impulsar un genuino proceso de redemocratización y reinstitucionalización del país que conduzca al desmantelamiento del andamiaje jurídico que limita y criminaliza el goce del espacio cívico ciudadano y que, junto a la impunidad estructural, brinda un largo aliento a los agentes de la fuerza pública para la comisión de abusos contra el derecho a la integridad personal.
Justicia
Implementar reformas estructurales para garantizar una justicia independiente, transparente, expedita e imparcial, que finalice con los obstáculos generalizados al acceso a la justicia y al cumplimiento del debido proceso.
Libertad Personal
Desjudicializar la política nacional y dejar de utilizar a cuerpos de seguridad del Estado –en especial a las policías políticas (civil y militar), así como a los tribunales de terrorismo– como instrumentos de intimidación y persecución política o como instrumento para intereses grupales, particulares o privados.
Libertad de Asociación y Participación:
La Asamblea Nacional (AN) debe derogar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
Vida
Determinación de responsabilidades penales en todos los niveles: establecimiento de responsabilidades penales no solo para los autores materiales de violaciones al derecho a la vida, sino también para las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.
