ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Atrapados entre la desconfianza de sus tradicionales aliados en Ginebra, los representantes del régimen venezolano han abandonado las maneras guapetonas que los caracterizaron por años, y repiten ahora un sonsonete anodino para la relación de su gobierno con la potencia regional que lo tutela. Esto no significa el fin de una política de Estado para atacar los sistemas internacionales de derechos humanos. Es simplemente un cambio de socio.
La renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue aprobada el 6 de octubre mediante una histórica mayoría de 25 votos a favor, la mayor votación alcanzada en el Consejo de Derechos Humanos para renovar esos mandatos. Ello se debió al trabajo articulado de oenegés nacionales e internacionales y de los Estados que impulsaron la resolución en Ginebra, pero también al desplome de una agresiva estrategia diplomática de los representantes del régimen y de sus aliados en la ONU.
Atrás quedaron las vociferaciones del embajador venezolano señalando airadamente al imperialismo de los Estados Unidos y al colonialismo europeo, los golpes en la mesa, el acoso a las oenegés en la sala misma del Consejo, los insultos a los expertos y funcionarios de la ONU y el abandono de la sala tras emitir improperios contra los Estados miembros del Consejo.
El régimen venezolano dejó de tener agenda propia, ya no se manda solo, algo evidente para las embajadas en Ginebra, en especial para sus 18 aliados del autodenominado “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas”, quienes se questionan si confiar o no en Venezuela, su principal vocero.
Bajar el nivel, mitigar el discurso
El 16 de diciembre del año pasado, Alexander Yánez Deleuze, embajador de Maduro en Ginebra, descalificaba el informe del Alto Comisionado, Volker Turk, afirmando en el Consejo de Derechos Humanos que “obedecía a la política de máxima presión aplicada por los Estados Unidos para forzar un cambio de régimen político en el país”. Tres meses antes, el 22 de septiembre, el mismo funcionario descalificó el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, afirmando “es Venezuela a la que este Consejo pretende señalar, seamos claros, por influjo de los Estados Unidos y sus aliados europeos”; y un año antes, el 20 de septiembre de 2024, atacó el informe de la Misión al Consejo afirmando: “escuchamos la lectura de un ridículo panfleto el día de hoy, redactado por una “misión” ilegítima, creada por el otrora Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington, para propiciar el “cambio de régimen” del gobierno legítimo de Venezuela”.
Luego del 3 de enero de 2026, desapareció toda mención a los Estados Unidos, y se mitigaron los insultos al Alto Comisionado y los descalificativos personales contra los nuevos miembros de la Misión de la ONU. El mismo embajador, aún en funciones, ante el informe del Alto Comisionado durante las sesiones del Consejo de marzo pasado, respondió sin insultarlo y sin siquiera mencionar los hechos del 3 de enero, mientras enviaba a un funcionario de tercer nivel a responder al informe de la Misión, quien atacó el informe y calificó los hechos del 3 de enero como “agresión” y “acción militar ilegal” sin mencionar a los Estados Unidos. Para las sesiones del Consejo en junio, el mismo embajador, ya destituido, regresó a Ginebra, organizó una reunión con algunos Estados informando sobre el reciente terremoto y tomó la palabra en el Consejo con ocasión del informe del Alto Comisionado, omitiendo responder al informe y refugiándose en un improvisado reporte sobre el terremoto.
Ya para la sesión septiembre en el Consejo, en la que se renovaron los dos mandatos por voto mayoritario, estuvo a cargo un funcionario venezolano de segunda línea quien no convocó a reunión alguna con Estados para tratar de evitar la inminente aprobación de la resolución y tomó la palabra descalificando el informe de la Misión de la ONU, sin insultos a sus miembros ni menciones a los hechos del 3 de enero y sus consecuencias.
La erosionada amistad del grupo de “amigos”
Desde 2021, el autodenomino “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU” ha sido la plataforma de Estados coordinada por Venezuela para la incidencia en Ginebra y Nueva York. Enarbolando una defensa selectiva de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de los Estados, se ha dedicado a atacar a los mecanismos de investigación creados por resoluciones votadas por la mayoría del Consejo de Derechos Humanos. Su objetivo es que no se investiguen los crímenes internacionales ni las violaciones graves a los derechos humanos, reduciendo al Consejo a la mera asistencia y cooperación técnicas “siempre con la aquiescencia del Estado concernido”, dicen ellos.
Lo ocurrido a lo largo de 2026 indica un claro deterioro del apoyo a Venezuela por ese “grupo de amigos”. Vista su composición, es evidente que sus miembros tienen muchas razones para desconfiar de sus aliados venezolanos, en especial para ejercer como coordinadores. En septiembre, ese grupo estaba constituido por Belarús, Burundi, China, Cuba, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Mali, Nicaragua, Nigeria, Palestina, Rusia, la República Popular Democrática de Corea, San Vicente y las Granadinas, Uganda, Zimbabue y Venezuela.
Ese mes, el grupo se abstuvo intervenir para atacar, como acostumbraba, a los mecanismos de investigación del Consejo para Rusia, Belarús e Irán. En el caso de Venezuela, en 2026 el apoyo se fue degradando de una a otra sesión del Consejo: en marzo, China fue vocera del Grupo condenando los hechos del 3 de enero y mencionando la extracción de Maduro; en junio, Cuba fue vocera solamente para lamentar el terremoto, sin mencionar ni a Maduro ni la situación luego del 3 de enero; y finalmente en septiembre, el “Grupo de Amigos” ni siquiera se inscribió para tomar la palabra en el debate sobre el informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela.
Así las cosas, ese el Grupo de Amigos parece condenado a desaparecer, o a cambiar a Venezuela como coordinadora o excluirla. No solo por la desconfianza ya instalada, sino por lo absurdo de tener un vocero bajo el tutelaje de la potencia regional pregonando en el Consejo los principios de soberanía, no injerencia y autodeterminación de los pueblos.
Del “grupo de amigos” al “nuevo mejor amigo”
La alianza del régimen venezolano con su “Grupo de amigos” se ha vuelto insostenible. Por un lado, sus miembros ya no pueden confiar en sus interlocutores venezolanos y, por el otro, el régimen se ha ido acomodando a las condiciones de su tutor. Además, los intereses entre el tutor y el tutelado también están alineados. Así lo muestra, por un lado, la denuncia de Venezuela al Estatuto de Roma para abandonar la Corte Penal Internacional, en un contexto en que la administración del presidente Trump continúa atacando a la CPI; y, por otro lado, las críticas y el abandono del Consejo de Derechos Humanos, en 2025, por parte de esa administración, son un estímulo para el régimen venezolano para atacar a los mecanismos de la ONU y complacer aún más a su tutor.
Parece inevitable que el régimen venezolano abandone a su “grupo de amigos” por su nuevo mejor amigo. El pregón antimperialista no rima con las condiciones del tutelaje y mucho menos riman las reivindicaciones de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Claramente, esto no significará el fin de una política de Estado para desconocer y atacar las instancias internacionales de derechos humanos y de justicia internacional. Se tratará simplemente de un cambio de socios. En efecto, los intereses de los 19 miembros del “grupo de amigos” y de la administración Trump se alinean bastante bien al momento de desmontar los mecanismos de investigación y de establecimiento de responsabilidades a la luz del derecho internacional. Las afinidades ideológicas son simples banderas que se agitan desde diferentes andenes, pero lo esencial para esos gobiernos es que los crímenes internacionales y las graves violaciones a los derechos humanos permanezcan en la impunidad para perpetuar sus proyectos de dominación.
Corresponde entonces a la comunidad internacional, empezando por la que nos ha acompañado exitosamente en el Consejo de Derechos Humanos, continuar reivindicando y protegiendo la arquitectura institucional reforzada tras la Segunda Guerra Mundial y destinada a proteger a la humanidad, como las Naciones Unidas, la CPI y el Sistema Interamericano. Pero también corresponde a los pueblos y sus organizaciones usar y defender con perseverancia a esas instancias, como lo ha hecho por décadas el movimiento de derechos humanos venezolano.
ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
