ACERCA DEL AUTOR:
Raquel Figueroa
Dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores de Venezuela. Magíster en Gerencia Educativa. Especialista en Planificación Estratégica Educacional
Atender el sistema educativo tras un desastre como el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio exige ir mucho más allá de resolver la logística inmediata.
La prioridad absoluta no debe ser forzar el cumplimiento burocrático de finalizar objetivos, contenidos y entrega de boletas; se trata, en cambio, de desplegar una Planificación Estratégica Situacional y de Contingencia enfocada en el soporte socioemocional y en una función pedagógica flexible.
En este escenario, la escuela pasa a ser un tejido social vivo, un factor de protección y el espacio idóneo para recuperar la seguridad.
Sin embargo, esto solo es posible si se comprende que la salud mental y emocional es el requisito previo para cualquier aprendizaje.
Cuando un desastre natural de esta magnitud golpea a un país, el impacto psicológico y emocional no se detiene en las fronteras de los estados que sufrieron los daños físicos y las pérdidas humanas más graves.
El miedo, la incertidumbre, el duelo por seres queridos a la distancia o la simple empatía ante la tragedia nacional afectan profundamente a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes y familias, sin importar el lugar del país donde se encuentren.
Exigir un regreso a clases «lineal» —es decir, pretender que todo sigue igual y enfocarse únicamente en avanzar con el contenido del programa de estudios— ignora que un cerebro en estado de alerta, estresado o en duelo no tiene la capacidad cognitiva para procesar el aprendizaje académico de manera óptima.
Estamos, por tanto, ante el mito de una normalidad decretada.
El impulso de una Planificación Estratégica Situacional y de Contingencia debe entenderse desde un enfoque profundamente humano.
La educación no es un mero camino para acumular datos; es el espacio donde el ser humano aprende a procesar su realidad, a conectar con el otro y a encontrar sentido en medio del desastre.
Ante una catástrofe natural, las escuelas y los educadores se convierten en la primera línea de defensa de la salud mental y la dignidad de los niños, niñas y jóvenes.
La medida del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) es un paño caliente burocrático y estratégicamente deficiente, porque no toma en cuenta que el sistema educativo es uno solo e integral y que, en situaciones de emergencia y desastre, debe robustecerse el accionar de los artículos 102 y 103 de la Constitución.
Gobernar es priorizar la vulnerabilidad.
Por ende, emitir una planificación solo para los municipios no afectados por el sismo, sin publicar simultáneamente una estrategia de contingencia para las zonas de desastre, es un acto de negligencia política e incapacidad que deja al desnudo el carácter descontextualizado de estas directrices.
Cabe señalar que dichas orientaciones no contemplan la realidad de aquella población de estudiantes y docentes que tuvo que migrar a otros estados, ni de quienes se encuentran en refugios o permanecen en las zonas devastadas durmiendo en carpas, a la espera de que el Estado los cense porque quedaron sin vivienda, sin nada.
Esta omisión va a profundiza la exclusión educativa a nivel nacional, afectando de manera especial a los estados de La Guaira y al Distrito Capital.
Salvar el año escolar 2025-2026 no significa cumplir un calendario a rajatabla; significa garantizar que cada estudiante reciba el soporte emocional adecuado, la validación de sus esfuerzos bajo la crisis y el aval institucional justo para no detener su progreso educativo de cara al próximo ciclo escolar.
En el contexto de emergencia y desastre que se vive en Venezuela, la prioridad urgente no es el reforzamiento de contenidos, sino el apoyo pedagógico desde el aspecto socioemocional, permitiendo que los estudiantes expresen el miedo, el duelo y la confusión a través del arte, el juego y la conversación dirigida.
Por lo que una planificación estratégica de emergencia de la dimensión que estamos planteando choca con la práctica política burocrática centralizada y muy lineal con que se elaboró las directrices para la continuación escolar.
El error central que sustenta estas directrices es haber asumido una tesis anticientífica y antihumana: tratar a los estados geográficamente alejados del epicentro como si estuvieran social y psicológicamente blindados contra la tragedia.
Exigir que un aula de clases en Barinas, Anzoátegui, Zulia o Monagas retome la marcha académica como si nada hubiera pasado ignora por completo el impacto del trauma indirecto.
El luto es nacional; el choque emocional y la ansiedad por las réplicas traspasaron las fronteras de las regiones más afectadas.
Esto se hace evidente en estados como Miranda, donde algunos municipios autorizaron culminar el año escolar sin evaluar la infraestructura; es decir, un mismo territorio afectado por los sismos quedó dividido arbitrariamente entre los municipios que sufrieron y “los que no”, esto evidencia una grave contradicción.
Al proteger el derecho a la educación en las peores circunstancias, no solo se salva el año escolar: protegemos la humanidad y el futuro de una sociedad que se niega a quedar sepultada bajo los escombros.
ACERCA DEL AUTOR:
Raquel Figueroa
Dirigente sindical nacional del Colegio de Profesores de Venezuela. Magíster en Gerencia Educativa. Especialista en Planificación Estratégica Educacional
