Este miércoles 15 de julio, la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expusieron ante legisladores republicanos y demócratas un diagnóstico sobre el país: el aparato que sostuvo la represión en Venezuela durante dos décadas permanece intacto, el terremoto del 24 de junio profundizó una emergencia humanitaria que ya era crítica, y cientos de personas siguen presas por motivos políticos pese a las excarcelaciones anunciadas este año.
Las organizaciones advirtieron que las liberaciones anunciadas no bastan y exigieron al Congreso de Estados Unidos condicionar cualquier acercamiento con las autoridades de Venezuela a compromisos verificables, entre ellos la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y el acceso pleno al país de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Una transición sin cambios estructurales
Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, repasó ante los legisladores dos décadas de desmantelamiento gradual de las instituciones democráticas venezolanas, como la cooptación de los tribunales, control ejecutivo sobre las autoridades electorales y órganos de contraloría convertidos en instrumentos de poder. Recordó que, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, las autoridades declararon la victoria de Nicolás Maduro sin presentar las actas de escrutinio, mientras los resultados publicados de manera independiente mostraban un triunfo amplio de Edmundo González Urrutia. La represión posterior a esas elecciones incluyó más de 2000 detenciones, entre ellas de menores de edad.
Dib también se refirió a la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero de este año, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y que fue ejecutada sin autorización del Congreso estadounidense. Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia invocó la figura de “ausencia forzada”, inexistente en la Constitución venezolana, para juramentar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Su mandato expiró el 2 de julio sin que se convocaran elecciones. “Lo más fundamental no ha cambiado”, afirmó Dib.
Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos, advirtió sobre la continuidad del aparato represivo: Gustavo González López, exdirector del Sebin señalado por participar en persecuciones políticas y torturas, fue nombrado ministro de la Defensa, y Vladimir Padrino López fue trasladado de ese mismo ministerio al de Agricultura y Tierras. Roby sostuvo que no es posible diferenciar al nuevo gobierno del anterior, porque se trata del mismo equipo reciclado en otros cargos. Caracterizó la detención arbitraria, la tortura, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales como una estrategia deliberada de represión estatal, y no como hechos aislados, y recordó que autoridades venezolanas y colectivos respaldados por el Estado mataron a 25 manifestantes y transeúntes tras las elecciones de julio de 2024.
Las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes, los partidos políticos permanecen intervenidos judicialmente, algunas figuras de oposición tienen prohibido ejercer cargos públicos, y el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral continúan bajo control del chavismo.
El terremoto expuso una crisis preexistente
Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), centró su intervención en el doble sismo del 24 de junio, que golpeó al estado La Guaira y afectó edificaciones en otros cinco estados. “El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso”, señaló Borges, quien atribuyó la respuesta a la emergencia a organizaciones locales, líderes comunitarios, grupos religiosos, periodistas independientes, universidades y la diáspora venezolana.
Dib aportó las cifras de fondo: antes del terremoto, la ONU estimaba en 7,2 millones el número de venezolanos que requerían asistencia humanitaria, con apenas 23% del plan de respuesta financiado. Casi 8 millones de venezolanos han salido del país, entre ellos personal médico e ingenieros necesarios para la respuesta a desastres, lo que dejó a los hospitales sin equipamiento suficiente y una capacidad de rescate debilitada por años de mala gestión.
Borges advirtió que la capacidad de respuesta de la sociedad civil está en riesgo por los recursos limitados de las organizaciones y por un marco legal que las criminaliza y restringe su acceso a la información. Como la Ley Anti ONG.
Cifras y casos documentados de presos políticos
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), precisó que 518 personas permanecen detenidas por motivos políticos y que 795 han sido liberadas desde enero. Tineo aclaró que solo una minoría de las personas liberadas obtuvo la libertad plena, ya que la mayoría permanece bajo medidas cautelares y procesos judiciales que, según dijo, siguen vulnerando las garantías del debido proceso. Cuestionó además que las autoridades no hayan publicado los listados oficiales de beneficiarios, lo que impide la verificación independiente, y calificó la Ley de Amnistía dictada por la Asamblea Nacional chavista como “una medida cosmética para aliviar la presión internacional”.
Entre los casos documentados se recordó el de Emirlendris Benítez, quien estaba embarazada cuando fue detenida, perdió a su hijo a raíz de golpizas recibidas en prisión y hoy tiene una lesión en la columna producto de torturas. Fue condenada a 30 años de prisión.
Lo que exigen las organizaciones al Congreso de Estados Unidos
Las organizaciones coincidieron en solicitar al Congreso de Estados Unidos que condicione cualquier acercamiento con las autoridades de Caracas a compromisos verificables como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y de otras normas que criminalizan la disidencia, el acceso pleno al país de mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la restitución de la libertad de prensa y una hoja de ruta creíble para restablecer el orden constitucional.
Borges planteó cinco recomendaciones adicionales: sostener con apoyo flexible y de largo plazo a la sociedad civil independiente, canalizar la asistencia humanitaria a través de actores locales confiables, preservar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, reconocer el liderazgo de las mujeres en la recuperación y la transición, y garantizar que las iniciativas beneficien directamente a las víctimas.
Las organizaciones solicitaron también mantener el financiamiento a los programas de democracia y derechos humanos para Venezuela, como los 50 millones de dólares aprobados para el año fiscal 2026 y los fondos propuestos para 2027, y que el Congreso ejerza su facultad de contraloría sobre los recursos petroleros venezolanos bajo custodia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como sobre el uso de la asistencia humanitaria y de reconstrucción.
“La democracia no es un favor, sino un derecho”, dijo Roby al cierre de la audiencia.
