El tercer informe de Cecodap y la Agencia PANA advierte que la emergencia de protección de niños, niñas y adolescentes no puede considerarse superada y señala la ausencia de información oficial desagregada.
A 100 días de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, Cecodap y su brazo de investigación, la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA), presentaron su tercer informe sobre el impacto de los terremotos en la niñez y la adolescencia, bajo la iniciativa #100DíasDeGrietasEnLaInfancia.
Según la vocería del gobierno venezolano, el balance del desastre es de 6.509 personas fallecidas y más de 200.000 heridos atendidos en la red de hospitales públicos. Cecodap y la Agencia PANA señalan que no se sabe oficialmente cuántos de ellos son menores de edad, y que se mantiene la deuda de una parte desagregada por edades y de información detallada sobre las necesidades y las respuestas para esta población.
Ante ese vacío, catorce comunicadores de la Agencia PANA construyeron una base de datos propia a partir de reportes públicos (obituarios, afiches de búsqueda, listados de pacientes pediátricos, medios y redes sociales), sometida a un proceso de verificación. El registro abarca 3.267 casos en 20 estados. Las organizaciones precisan que la cifra es un piso de documentación y no una estimación estadística de la totalidad de NNA afectados.
Qué documenta el informe
- Desplazamiento interno: 1.811 NNA (55,43% del total) debieron trasladarse con sus familias a otros estados. Los principales receptores son Monagas (311), Nueva Esparta (277), Trujillo (240), Barinas (224) y Miranda (216). El informe indica que no hay reportes de asignaciones de vivienda.
- Fallecidos: 483 NNA, 469 de ellos en La Guaira (97,10%). De esa cifra, 201 habían sido reportados inicialmente como desaparecidos.
- Primera infancia y niñez: los NNA de entre 0 y 11 años suman 1.019 casos (31,19%). Entre ellos hay 336 fallecidos y 32 menores de un año afectados, 11 de los cuales murieron.
- Desaparecidos: de 417 reportes iniciales, 144 NNA continúan desaparecidos tras la verificación individual. En 40 de esos casos (27,77%) tampoco se conoce el paradero de sus madres y padres. Otros 37 fueron hallados con vida y 35 no pudieron ser verificados por falta de datos identificatorios.
Lo que advierten
Cecodap y la Agencia PANA alertan que, con la reducción de campamentos transitorios y la reapertura formal de escuelas, la emergencia cambió de escenario y de visibilidad, pero no terminó. Identifican como riesgos agravados o emergentes la ausencia prolongada de información oficial pública y desagregada, la interrupción de la gestión de casos, la fragmentación de redes comunitarias, el desgaste de cuidadores, la exclusión educativa progresiva y la parentalización de adolescentes.
El informe también señala que un niño, niña o adolescente no acompañado, sin un adulto significativo que lo busque con documentación, queda expuesto a colocaciones familiares informales, adopciones ilegales encubiertas bajo figuras de «acogida solidaria» o redes de trata y explotación laboral.
«A medida que transcurre el tiempo aparece un riesgo preocupante: que condiciones inicialmente excepcionales comiencen a ser aceptadas como parte de la cotidianidad. La precariedad habitacional, los obstáculos para asistir regularmente a la escuela, el agotamiento de cuidadores y la pérdida de seguimiento institucional no pueden convertirse en la nueva normalidad para la niñez afectada», advierte Carlos Trapani, coordinador de Cecodap.
Lo que exigen
Cecodap y la Agencia PANA sostienen que la reconstrucción no puede medirse solo en obras de infraestructura, sino en la capacidad del Estado y del Sistema de Protección para reconstruir entornos seguros, garantizar apoyo en salud mental, prevenir la violencia y la parentalización forzada, y asegurar que NNA continúen sus vidas con dignidad. Para la fase de recuperación, plantean ocho decisiones:
- Mantener equipos territoriales y gestión de casos.
- Prevenir violencia y apoyar a cuidadores.
- Acompañar adolescentes con cargas excesivas.
- Sostener apoyo psicosocial y derivación segura.
- Garantizar participación efectiva y protegida.
- Proteger al personal educativo afectado.
- Exigir información pública actualizada y desagregada.
- Medir continuidad, cuidado, violencia y seguimiento, no solo cobertura.
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