ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
El Estado venezolano sigue siendo uno de los 21 países que aún no han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA en 2015 y en vigor desde enero de 2017.
Mientras catorce naciones de la región ya la han ratificado, nuestro país permanece ausente de este instrumento vinculante que obliga a los Estados a garantizar la dignidad, la autonomía y la atención integral de los adultos mayores.
La ratificación no es un acto simbólico; es una herramienta jurídica que permitiría exigir políticas públicas concretas y someter al Estado a escrutinio internacional cuando incumpla, y fortalece el marco jurídico de protección que permitirá a los adultos mayores exigir y defender sus derechos.
El artículo 80 de la Constitución es la base jurídica nacional que debe orientar las políticas públicas, planes y acciones en materia de protección a la vejez, e igualmente constituye la base normativa para exigir presupuesto, legislación y gestión que garanticen una vida digna.
Sobre esta base debería la cúpula gobernante realizar las gestiones y actuaciones necesarias para ratificar la convención interamericana.
Una pensión de 0,16 dólares mensuales y unos bonos que el más alto es de 240 dólares que recibe solo un sector reducido de los pensionados y jubilados de algunas instituciones públicas como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional.
La gran mayoría reciben un bono mensual equivalente en bolívares a 70 dólares. La canasta alimentaria para septiembre de 2026 era de 757 dólares.
Puede comprenderse muy bien las limitaciones socioeconómicas de una población de más de cinco millones de pensionados y jubilados.
El sistema público de salud, por su parte, se encuentra en un estado de colapso que agrava aún más la situación de las personas mayores.
Hospitales sin suministros básicos, personal médico con salarios que no superan los 20 dólares mensuales. Precios de medicinas en ascenso e ingresos congelados.
Ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores es un paso para garantizar más protección a personas quienes son más que cifras y estadísticas poblacionales.
Ellos y ellas aportaron al desarrollo de nuestro país y merecen la mayor atención posible de las autoridades y la sociedad.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
