Las organizaciones CAMPO, el Comité de DDHH del Municipio Bolívar, Periodistas Por Venezuela y la Red Local de DDHH del estado Yaracuy, presentaron un informe de monitoreo en terreno en el que se revela la crítica situación de vulneración de derechos humanos en las comunidades rurales de la entidad Yaracuy.
El reporte, que documenta las afectaciones ocurridas tras las intensas precipitaciones del 30 y 31 de julio de 2026, muestra cómo, la ya precaria situación estructural derivada del doble evento sísmico del 24 de junio, se agravó tras las inundaciones, configurando una emergencia que el Estado no ha logrado atender con la celeridad y amplitud requeridas.
El informe destaca que la crisis actual no es un hecho aislado, sino una suma de desastres.
La inestabilidad geológica y el debilitamiento estructural causado por los sismos de junio convirtieron a los municipios Manuel Monge y Bolívar en territorios extremadamente vulnerables.
Posteriormente, el desbordamiento de los ríos Aroa, Chivacure y Los Ureros desencadenó un escenario de daños exponenciales, afectando severamente la vida, la vivienda y los medios de subsistencia de cientos de familias.
Daños a la vida, salud y vivienda
El monitoreo registra el fallecimiento de la ciudadana María Eloína Hernández (49) en el caserío San Amaya, víctima de una descarga eléctrica al intentar proteger su hogar de la crecida.
En la comunidad de Boquerón, la acumulación de lodo y sedimentos contaminados con heces de ganado porcino ha desencadenado brotes de infecciones dermatológicas y afecciones en los pies entre los residentes, quienes carecen de acceso a agua potable para su aseo personal, lo que constituye una grave violación al derecho a la salud y al agua.
En materia de vivienda, el derecho a un hábitat seguro se encuentra amenazado.
El informe documenta 138 viviendas afectadas en Boquerón (195 familias), 55 anegadas en San Amaya, y más de 100 familias damnificadas en el municipio Bolívar, donde el agua superó el metro de altura. Barlovento contabiliza 40 viviendas con anegación grave y una estructura colapsada, mientras que en Los Ureros 24 viviendas resultaron impactadas, cinco de ellas con pérdida total de bienes.
Las organizaciones alertan sobre el inminente riesgo de colapso de inmuebles que ya presentaban grietas profundas por los sismos, particularmente en Quebrada Seca y El 50, convirtiendo estos espacios en zonas de riesgo para sus habitantes.
Pérdida de medios de vida y respuesta insuficiente del Estado
La afectación a los derechos económicos, sociales y culturales es igualmente preocupante según destacan las organizaciones.
La vocación agrícola y pecuaria de la región ha sido devastada, con pérdidas masivas de cultivos de ají, lechosa, maíz y plátano, así como mortalidad y arrastre de ganado.
La paralización de unidades productivas y Empresas de Producción Social (EPS) no solo amenaza la seguridad alimentaria regional, sino que destruye las fuentes de empleo de las que dependen cientos de familias, profundizando la pobreza en estas comunidades rurales.
A pesar de la magnitud de la tragedia, las organizaciones sociales denuncian una respuesta institucional asimétrica e insuficiente.
La entrega de un solo colchón por vivienda en El 50 es un ejemplo de cómo la ayuda no se ajusta a la densidad demográfica de los hogares, que albergan entre 5 y 10 personas, perpetuando condiciones de hacinamiento.
La ausencia de maquinaria pesada para la remoción del lodo tóxico en Boquerón deja a las comunidades sin herramientas para enfrentar la emergencia sanitaria por sí mismas.
Se valora positivamente el inicio de la rehabilitación del acueducto de Barlovento, pero se insiste en la urgencia de implementar sistemas de potabilización de agua y en la necesidad de atender la crítica situación de comunidades aisladas como El Tigre, cuya vía principal está partida en dos.
Exigencias de las organizaciones
Ante este panorama desolador, la sociedad civil organizada insta al Estado venezolano a:
- Actuar de inmediato en salud y habitabilidad: Desplegar comisiones de ingeniería para inspeccionar viviendas en riesgo de colapso, suministrar cisternas de agua para el saneamiento y garantizar atención epidemiológica, especialmente en las zonas con lodo contaminado. La ayuda humanitaria debe ser proporcional al número de integrantes de cada hogar.
- Restituir servicios básicos e infraestructura: Garantizar la finalización de los trabajos en el acueducto de Barlovento con la instalación de plantas potabilizadoras, y ejecutar obras de mitigación hidráulica como el desazolve de ríos y la construcción de muros de gavión, especialmente en el sector crítico de Los Ureros.
- Proteger los medios de vida: Crear un fondo de resarcimiento agrícola y pecuario que permita la entrega de capital de trabajo y la reposición de animales de cría para las familias campesinas, protegiendo así la estabilidad alimentaria y el empleo local.
De acuerdo a las organizaciones, la crisis en Yaracuy es un espejo de una problemática nacional más amplia. Afirman que el doblete sísmico y las posteriores lluvias han dejado al descubierto la profunda fragilidad de un país donde la falta de prevención, mantenimiento y una respuesta estatal oportuna y eficaz se traducen en la pérdida de vidas y la perpetuación de la vulnerabilidad de su población.
