El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovó, con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el país, hasta septiembre de 2028.
Ambos mecanismos se complementarán en el seguimiento de la situación de Venezuela y en la investigación de las graves violaciones de derechos humanos. Con esta renovación se abre un nuevo ciclo de informes y diálogos interactivos ante el Consejo: cada marzo, la OACNUDH y la Misión presentarán por separado una actualización oral; cada junio, la OACNUDH presentará su informe completo, y cada septiembre, la Misión presentará el suyo. El ciclo comienza en el 64° período de sesiones, en marzo de 2027, y cierra en el 69°, en septiembre de 2028.
En el caso de la Misión, se renovó el mandato establecido en resoluciones anteriores, recogido en la resolución 57/36 de 2024:
«Seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las reclusiones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos los que entrañan violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas, prestando especial atención a la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, durante estas y después de que se celebraran, y a la violencia ejercida por los individuos armados llamados “colectivos”».
Por su parte, la OACNUDH deberá preparar «informes exhaustivos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que contengan una evaluación de la aplicación de las recomendaciones formuladas en informes anteriores». Además, el Consejo le solicita que «prosiga su labor de protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados de la República Bolivariana de Venezuela y que, a este respecto, promueva medidas eficaces y mejores prácticas», junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias especializadas.
La aprobación de esta resolución confirma que la situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo motivo de alta preocupación, no solo para el Consejo sino para los Estados miembros de la ONU. Además de los 25 votos a favor, un total de 35 Estados, miembros y no miembros del Consejo, copatrocinaron la resolución.
Desde su creación en 2019, la Misión ha documentado que las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático. En 2020 concluyó que existen motivos razonables para creer que, desde 2014, se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, y señaló la responsabilidad de las más altas autoridades del Estado. En informes posteriores identificó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como estructuras responsables de crímenes de lesa humanidad, y en 2025 estableció que estas violaciones responden a una política de Estado orientada a desarticular la disidencia.
La OACNUDH, presente en el país desde 2019, ha documentado casos de detención arbitraria y uso desproporcionado de la fuerza, ha evaluado el cumplimiento de sus recomendaciones y ha acompañado a víctimas y defensores de derechos humanos, incluso tras la suspensión de sus actividades por parte del Estado en febrero de 2024.
El trabajo de ambos mecanismos es importante para la rendición de cuentas. Sus hallazgos dejan constancia oficial de lo ocurrido, identifican estructuras y cadenas de mando, y preservan la memoria y la evidencia que las víctimas necesitan para exigir verdad, justicia y reparación. La Misión ha instado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a evaluar si el Estado venezolano investiga y juzga realmente estos crímenes, y la Fiscalía ha citado los hallazgos de la Misión en sus escritos ante la Corte.
Las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, trabajamos para lograr esta renovación. El aparato represivo sigue intacto. No hay pasos auténticos hacia la investigación y el enjuiciamiento de los responsables, ni para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la preservación de la memoria.
Es clave mantener la situación de Venezuela en la agenda internacional para garantizar una verdadera transición hacia la democracia y que se inicien cuanto antes los procesos de justicia transicional necesarios para la reconstrucción del país. Para ello, es indispensable mantener el monitoreo de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la CPI, con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil que hacen audibles las voces de las víctimas en esas instancias.
