Especial.- El pasado 3 de enero de 2026 ocurrió una situación inédita en nuestro país.
La incursión de tropas de Estados Unidos en el territorio nacional, el bombardeo aéreo de distintos puntos de la ciudad de Caracas, La Guaira, Higuerote y Maracay, y la captura de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses, representó el punto de quiebre de una situación de confrontación, amenazas y acusaciones que se desarrolló durante meses entre Washington y Caracas.
Este hecho, que fue calificado como una violación del Derecho Internacional por distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos, generó un cambio drástico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, rotas, tras años de enfrentamientos verbales y de la vuelta de tuerca que inicio Hugo Chávez Frías, al afianzar relaciones militares, políticas y comerciales, con países no alineados con la política exterior de Washington.
Días después de lo ocurrido, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció al país un “nuevo momento” político y el inicio de una relación más cercana a Estados Unidos, basada en acuerdos energéticos y comerciales, que, con el paso de los meses, se ha convertido en una especie de tutelaje del gobierno venezolano por parte de la Administración Trump.
A comienzos de año, Provea y otras organizaciones de la sociedad civil, calificaron como positivos los anuncios sobre excarcelación de presos políticos y la considerable disminución cuantitativa de la represión contra la disidencia política y social, tras haberse registrado picos históricos luego de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Ello ha permitido la reaparición de movilizaciones y otras expresiones organizativas encabezadas por diversos actores sociales que reclaman la restitución de derechos y la reinstitucionalización del país, en un ambiente de menos riesgo, en comparación con los meses previos al 03 de enero.
Provea urgió a que el “nuevo momento político” anunciado por las autoridades, sirviera para avanzar en un genuino proceso de transición democrática, que permitiera avanzar hacia la reinstitucionalización del país y la restitución del Estado de Derecho.
Para ello insistimos en un cuerpo de recomendaciones y exigencias que incluyen la necesaria reforma del sistema de administración de justicia, el desmantelamiento del entramado legal que ha propiciado la judicialización de miles de personas por razones políticas, la apertura del espacio cívico y el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), entre otras.
Sin embargo, también advertimos que la indiscutida transición podía derivar en un escenario en el que se privilegiara los intereses de inversores extranjeros, y se continúe desconociendo los derechos de la ciudadanía, una especie de tecnocracia autoritaria como hemos señalado.
Hasta ahora, el andamiaje jurídico represivo levantado durante años para obstaculizar el ejercicio de los derechos a la libre asociación, manifestación y expresión, sigue vigente en el país, mientras continúa el desconocimiento de las obligaciones del Estado con los DESCA.
Los acuerdos suscritos con Estados Unidos en materia energética y extractiva, y que incluyen la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, no fueron objeto de consulta con la sociedad y, concretamente con los pueblos y comunidades indígenas afectadas por el posible desarrollo de nuevos proyectos extractivos.
Ello, es particularmente crítico tomando en cuenta que estos cambios se están produciendo bajo la tutela de una administración norteamericana que ha sido constante negacionista de la existencia de la emergencia climática global, y que además retiró a Estados Unidos del Acuerdo de Paris y recortó fondos en su propio país y en otras naciones, destinados a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Frente a un posible escenario de transición del actual modelo político autoritario hacia la recuperación de la democracia y el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela analizaron la situación de sus territorios, identificaron las principales amenazas y plantearon las condiciones que deben garantizarse para avanzar en la recuperación del Estado de derecho, fortalecer las instituciones y permitir la restitución de sus derechos.
El encuentro se llevó a cabo entre los días 17 al 19 de agosto en la ciudad de Caracas, en el marco del segundo Taller de Promotores de Derechos Indígenas, una iniciativa realizada en el marco de la Escuela de Formación Permanente en Derechos Indígenas “José María Korta – Ajishama”, promovida por Provea, Wayamouteri, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes /GTAI-ULA) y la coalición Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA).
En la mesa de trabajo participaron 14 líderes y lideresas indígenas de los estados Amazonas y Bolívar, egresados de la primera cohorte de Promotores de Derechos Indígenas de la Escuela “José María Korta – Ajishama”.
La minería ilegal como motor de los problemas
De manera unánime, los participantes coincidieron en señalar que la expansión de la frontera extractiva y la minería ilegal en sus territorios, constituye la principal causa de las violaciones de Derechos Humanos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Esta actividad se ha expandido durante al menos dos décadas en los estados habitados ancestralmente por estos pueblos.
Anteriormente, la minería ilegal se concentraba en sectores específicos del estado Bolívar, mientras que, en Amazonas, se desarrollaba de manera artesanal y limitada, a pesar de la prohibición expresa que se desprende del Decreto Presidencial N° 269 de 1989.
Sin embargo, en la actualidad, especialmente tras la entrada en vigor en 2016, del proyecto del Arco Minero del Orinoco, esta actividad se ha extendido prácticamente por todo el territorio.
El crecimiento desmedido de las zonas mineras en los últimos diez años se debe a la ocupación de los territorios por parte de grupos armados irregulares provenientes de Colombia y Brasil, así como de bandas delictivas organizadas.
El avance y fortalecimiento de estas estructuras criminales ha sido gracias a una mezcla entre abandono y la anuencia del régimen político.
En estos territorios, el Estado perdió el control físico del territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y la capacidad de proveer servicios públicos esenciales.
En esa región del sur del país, el Estado dejó de cumplir sus obligaciones para con la ciudadanía, como garantizar el acceso a la salud, a la educación, la seguridad ciudadana, defender la soberanía y regular la economía.
Según los participantes, la única presencia estatal se manifiesta a través de la participación explícita en la minería mediante pactos con grupos irregulares.
Los funcionarios públicos gestionan yacimientos ilegales, controlan el combustible que se comercializa de manera ilícita, permiten el traslado de alimentos y medicinas a las zonas mineras, y cobran vacunas.
Nelson Cayupare, miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio Atabapo, en el estado Amazonas, alerta que los grupos irregulares “se están adueñando de todo (…) Ellos son los que mandan. Lo más grave es que actúan en conjunto con las fuerzas armadas. Por ejemplo, en el municipio de Atabapo hay tres minas grandes que hasta el año pasado estaban controladas por las disidencias de las FARC, y que fueron desalojadas, ahora los militares están trabajando en la minería”.
Mientras, Mateo Blanco, indígena yanomami del Alto Orinoco, señala una situación similar con garimpeiros provenientes de Brasil que explotan minas ilegales en Venezuela.
“En muchas oportunidades denunciamos la presencia de los mineros. Me reuní varias veces con los militares para informarles que los garimpeiros estaban trabajando; nos ofrecimos a acompañarlos hasta el lugar. Finalmente, cuando fuimos, en lugar de desalojarlos, conciliaron y tomaron decisiones entre ellos. Nosotros no pudimos sentarnos cerca mientras ellos hablaban y acordaban, y desde entonces comenzaron a trabajar en alianza, garimpeiros y militares.
Ellos estaban muy armados y formaban un grupo grande, entraron con su mercancía y negocio, construyeron un aeropuerto y helicópteros llegaban a diario con combustible. Los brasileños trabajan junto con los venezolanos. No sé de dónde venían esos helicópteros venezolanos, creo que de Bolívar. Es común ver aviones brasileños y venezolanos entrando y saliendo”.
Por su parte, Narcisa Pereira, indígena del pueblo Ñengatú, explica que en el municipio Río Negro, Amazonas, la minería mayormente se práctica en en agua, usando balsas.
“En Río Negro hay más de 150 balsas trabajando, y quienes laboran son indígenas, colombianos y venezolanos. La comunidad más afectada es la de Merey. El gobernador visita esa comunidad para recoger lo que le corresponde, sin dejar nada a cambio. Al principio prometió a la comunidad una escuela y que ellos se beneficiarían de la minería, pero cuando se apoderaron de la mina, les entregaron solo una planta eléctrica”.
Sin reparo, Hortimio Ochoa del sector Cataniapo, municipio Atures del estado Amazonas, afirma que el Gobierno es quien promueve la minería.
“¿Quién es el que da gasolina para grandes motores? ¿Cómo se mueven allá los guerrilleros? ¿De dónde sacan gasolina para moverse? ¿De dónde sacan las herramientas y los alimentos para estar allá, en la selva? ¿Por dónde entra el dinero?”.
“El que debería estar vigilando, salvaguardando a los habitantes, a los venezolanos, a los indígenas, es el Gobierno; son los militares. En vez de salvaguardar nuestros derechos, lo que hace es prostituir. Porque yo digo prostituir, porque ellos trafican conjuntamente con ellos (los guerrilleros). ¿Qué hacen los militares en Yapacana? Un comando que existe allá. Los vecinos que han estado allá dicen que los mismos militares conviven con los guerrilleros”.
Los indígenas narraron que han sido testigos de esa convivencia entre grupos armados irregulares y miembros de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Incluso, aseguran haber presenciado cómo los irregulares dan órdenes y limitan las actuaciones de los militares venezolanos.
En el municipio Autana, estado Amazonas, indígenas piaroas se plantaron en un puesto de control para denunciar la presencia de grupos irregulares en sus territorios.
Afirman que el comandante de la unidad fotografió la carta y la envió por WhatsApp, acompañada del mensaje: “Aquí te están denunciando”.
“También una vez nosotros quisimos hacer un pronunciamiento cuando estaba vivo el todavía presidente Chávez, con uno de los miembros del Comité, sobre la situación minera y los grupos irregulares. Nos reunimos, hicimos el apunte, la conclusión. Al otro día en la noche fueron los grupos irregulares a tocarle la puerta a mi compañero que iba a hacer el pronunciamiento. Ya sabían. O sea, ¿cómo saben eso?”, agregó Nelson Cayupare.
Lejos de cumplir con su función de proteger a la ciudadanía, los indígenas denuncian que las autoridades presentes, a través de los cuerpos de seguridad del Estado, favorecen la permanencia de estos grupos e incluso cometen atropellos contra la población.
Esteban Rodríguez, integrante del pueblo yekuana y miembro de la Organización Indígena Kuyunu del Alto Ventuari, denuncia que la presencia de múltiples alcabalas constituye uno de los principales escenarios de abusos contra la población indígena:
“Cuando bajamos de la comunidad, nos acusan de mineros. Nos comienzan a desnudar, desnudan a las mujeres”.
Asimismo, afirma que han presentado denuncias ante distintas instituciones, sin obtener respuesta: “Hemos denunciado en Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y no tenemos respuesta, hemos denunciado todo, no tenemos respuesta. Nos hemos reunido con el Gobernador, y a esta hora no hay un apoyo. El Gobierno nos acusa de ser oposición, porque reclamamos y exigimos al Estado”.
Amenazados e indefensos
El avance y la ocupación de los territorios indígenas por parte de grupos armados irregulares se vieron favorecidos por un contexto de profunda anomia social, en el que el Estado de derecho ha sido sistemáticamente quebrantado.
Esta situación permitió la expansión de estructuras criminales, y expuso a los pueblos indígenas a vivir bajo amenazas constantes y sin garantías efectivas para la protección de sus territorios y derechos.
“Nos sentimos amenazados e indefensos en nuestro propio territorio, ellos son quienes mandan” afirma el miembro del Comité de Derechos Humanos de Atabapo, Nelson Cayupare.
“Nosotros nos sentimos amenazados. A veces nos sentimos un poco indefensos. Claro, tenemos la fortaleza de la formación, el acompañamiento. Pero a la hora de los acontecimientos que pasan, por ejemplo, como el caso del Capitán Julio Rodríguez (capitán de la comunidad Jivi Ekunay y autoridad del pueblo Mapoyo, secuestrado y asesinado el pasado 2 de agosto de 2026), ¿quién nos defiende? Porque aquí no hay ley para llevarlos a un tribunal. El castigo para nosotros es la muerte. Nos sentimos desprotegidos”.
Reclutamiento de jóvenes
Disfrazado bajo la idea de una incorporación voluntaria a las filas de agrupaciones criminales, el reclutamiento de indígenas se ha convertido en una práctica cada vez más común en el territorio.
Ya no se trata únicamente de amenazas de muerte o del despliegue de fuerzas mediante el uso de armas de fuego.
Los pueblos y comunidades también enfrentan la pérdida de sus jóvenes y seres queridos, captados o incorporados por estos grupos bajo supuestos actos de voluntad propia.
“Una profesora con su esposo, ella es un miembro del Comité, el año pasado le llevaron a su hijo, lo reclutaron. Yo como coordinador del Comité fui a entrevistarme con uno de los comandantes guerrilleros del ELN, con la intención de mediar, de recuperar al muchacho. Bueno, me dijeron que sí, que lo iban a recuperar. Pero pasaron los dos meses, cuando fuimos nuevamente a pedir informaciones, nos dijeron: ‘No’. Y esta es una estrategia que ellos utilizan. Dicen: ‘No, ellos se fueron por su propia voluntad, porque quisieron, porque están mal económicamente y así están ayudando a la familia’”, narró Nelson Cayupare.
Sin oportunidades
En un contexto marcado por la incapacidad y la falta de voluntad de las instituciones públicas para hacer cumplir las leyes, preservar el orden social y garantizar derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud y la seguridad jurídica, la minería termina imponiéndose como el único medio de subsistencia disponible.
De este modo, no solo atrae a quienes participan voluntariamente, sino que también presiona y condiciona a quienes preferirían no involucrarse.
La falta de oportunidades en territorios históricamente abandonados por el Estado, en el marco de un país que atraviesa una profunda y prolongada crisis humanitaria y económica, ha afectado directamente a las comunidades indígenas.
Esta situación ha profundizado la pobreza, debilitado los vínculos comunitarios y generado conflictos entre sus integrantes, además de provocar procesos de desestructuración social.
En este contexto, la ausencia de alternativas dignas y sostenibles constituye una vulneración de derechos humanos y expone a las comunidades —especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes— a redes de explotación, control y violencia.
Narcisa Pereira, habitante del municipio Río Negro relata que, durante sus recorridos comunitarios como integrante de la Red Eclesial Panamazónica y lideresa comunitaria, ha constatado las consecuencias de esta situación:
“Cuando vamos a las comunidades y uno ve a una abuelita con seis niños. Y uno le pregunta: ‘Abuela, ¿y los papás de los niños?’. ‘¿Están para las minas?’. ‘¿Y quién la mantiene a usted?’. ‘Ellos nos mandan algo’”.
Hortimio Ochoa, del estado Amazonas, afirma que la situación económica de Venezuela ha afectado directamente a las comunidades y a los territorios indígenas, propiciando un escenario en el que, ante la falta de alternativas, las comunidades y la juventud terminan vinculados a la explotación minera y a las estructuras mafiosas y grupos guerrilleros.
“Quienes promueven y participan directamente en la minería —como ustedes ya saben— son el Gobierno, los militares y los compradores: personas que manejan dinero, mafias y grandes recursos”.
“Yo los califico de ‘irregulares’ porque ellos pretenden regular nuestro territorio. Y, en efecto, lo regulan: cuando llegan, dicen ‘aquí no pases’, como si tuvieran autoridad sobre nuestras tierras, sin consultar a las autoridades indígenas. Dicen: ‘Mira, aquí está la moto; aquí está este motor fuera de borda’, y hasta ahí. Es una forma de permitirles el paso hacia determinados lugares y autorizarles circular por ellos. Si tú dices que sí, ya estás comprado. Eso es lo que ha ocurrido en diferentes territorios. Por eso digo que el cómplice sería el Gobierno, porque así es como sucede”.
Un ejemplo de esta situación se presenta en la comunidad piaroa Cárida, ubicada en la entrada al cerro Yapacana, en el municipio Atabapo.
Allí, de acuerdo con el testimonio recogido, grupos guerrilleros se habrían apropiado del territorio, generando desplazamientos y procesos de cooptación de las autoridades comunitarias. Cayupare asegura que “los mismos capitanes de la comunidad ya se vendieron. Ya cedieron su territorio”.
En este contexto de desprotección, el reclutamiento de jóvenes indígenas se sirve de la precariedad y la falta de oportunidades, ofreciendo dinero, armas y estatus a jóvenes sin oportunidad.
Mientras la deserción escolar y el abandono de los profesores a las aulas por bajos sueldos, aumenta.
“Yo soy profesor. Mi sueldo es pequeño. Para alimentarnos 15 días no me alcanza. Entonces, muchos de los profesores se han ido para la mina. ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero. Entonces, no estoy culpando, sino que es la situación económica del país”, agrega Hortimio Ochoa.
Regmi Bastardo, integrante del pueblo warao del estado Delta Amacuro, subraya la falta de apoyo institucional y la obligación del Estado de atender a los pueblos y comunidades indígenas, así como de diseñar e implementar políticas públicas que respondan a sus necesidades en los distintos niveles.
Habla de su experiencia y expone la situación relacionada con el contagio y la propagación del VIH/Sida en la comunidad warao de Caroní, estado Bolívar, y en el Delta Amacuro, una problemática que califica de alarmante.
“No existe una cifra oficial, porque el Gobierno no tiene la intención de apoyar. Tampoco hay acompañamiento de las instituciones de salud pública para atender a las personas infectadas ni para concienciar a la población que no lo está”.
Demandas
El reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus formas de vida es crucial para un garantizar un genuino proceso de transición y reinstitucionalización democrática, que tenga foco en la construcción de un régimen de derechos y una democracia integral.
En ese escenario, las partes involucradas deben enfrentar la contradicción existente en el país entre el avanzado marco legal, principalmente representado principalmente por la propia Constitución Nacional y Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y la realidad concreta de las comunidades originarias.
Es fundamental partir del reconocimiento de las tierras ancestralmente ocupadas, así como de su hábitat y derechos originarios, mediante la propiedad colectiva, inalienable e inembargable.
En tal sentido, se debe avanzar en los procesos de demarcación de tierras, que se encuentran paralizados y con un avance estimado de apenas entre el 12% y el 13% del total de los territorios ancestrales requeridos.
Para ello es necesaria la activación de la Comisión Nacional de Demarcación de Territorios y la activación de la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el artículo 119 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y demás instrumentos jurídicos internacionales de derechos indígenas reconocidos por la República.
Por otro lado, la consulta previa, libre e informada es obligatoria e indispensable antes de emprender cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en áreas indígenas.
Todo ello es especialmente relevante en un escenario de transición que apunta a favorecer e incentivar la inversión minera.
En este sentido, las empresas extractivas e instituciones financieras internacionales, deberán estar obligados a respetar estas condiciones.
Por ello es necesaria la paralización del megaproyecto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y de las actividades extractivas artesanales e ilegales en zonas indígenas, atizadas en el marco de ese proyecto, hasta que no se realicen el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y los estudios de impacto socio ambiental, preferiblemente en idiomas indígenas.
Es esencial respetar la organización social, política y económica de los pueblos indígenas, así como sus culturas, usos, costumbres, idiomas y religiones, asegurando también la garantía de derechos fundamentales como la salud y la educación.
La realidad actual es compleja y urgente.
La norma legal reconoce derechos avanzados para los pueblos indígenas, pero la aplicación efectiva de esos derechos sigue siendo limitada.
En contextos de transición democrática, el reconocimiento efectivo de estos pueblos no solo es un acto de justicia histórica, sino también un requisito indispensable para consolidar un Estado pluralista y democrático.
