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Son casi las doce del mediodía. A esa hora el sol que resplandece en Caracas abrasa todo lo que encuentra a su paso. La gente lucha con el calor insoportable.

La policía quiere impedir que cientos de trabajadores del ministerio de educación venezolano reclamen el pago de pasivos laborales y perforen el inexpugnable territorio del gobierno de Chávez y Maduro: el centro de Caracas.

Después de horas sorteando el calor y los obstáculos policiales, un manifestante grita: “La clase obrera venezolana ha dado una lección contundente el día de hoy”.

Entonces lo vitorean, y subvertidos por la arenga, cientos de manifestantes penetran el abrasivo cerco policial y se lanzan a recorrer el centro de la ciudad, para reclamar contra el instructivo de la ONAPRE.

Un escenario inédito

Decenas de miles de trabajadores venezolanos han tomado las calles de Caracas y de las principales ciudades del país, para protestar contra las más recientes medidas económicas adoptadas por la gestión de Nicolás Maduro, entre ellas las vinculadas a nuevos impuestos y desmejoras salariales.

Un escenario sin precedentes -al menos desde hace 23 años-, ha puesto a recorrer la misma acera a antiguos aliados del ex-Presidente Chávez y a históricos opositores a su proyecto político.

Si antes estuvieron fragmentados, ahora han logrado encontrarse.

Comunistas de linea dura, trotskistas irreductibles, socialdemócratas, cristianos de base, feministas, miembros de la comunidad LGBTIQ+, y otros, forman parte de este colectivo que fue constituido por la fuerza de los hechos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de 2022 se registraron 3.982 protestas en el país, de ellas, 1.642 estuvieron vinculadas con la exigencia de derechos laborales.

El principal catalizador de esta creciente ola de protestas ha sido la aprobación en marzo de 2022, por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), de un instructivo denominado «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas«, que viola las interescalas de los tabuladores salariales provocando su aplanamiento, y que desconoce los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas del sector público.

¿En qué consiste el Instructivo de la ONAPRE?

El antecedente directo del instructivo de la ONAPRE es el Memorándum 2792, publicado el 11 de octubre de 2018, por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST).

Para agosto de ese año, Nicolás Maduro había presentado en cadena de radio y televisión un conjunto de acciones en el marco de la reconversión monetaria que nombró: «Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad», y que, entre otras medidas, contemplaba el anclaje del bolívar a la nueva unidad «Petro», y un aumento del salario a 1.800 bolívares mensuales.

El Memorándum 2792 autorizó a todos los entes de la administración pública a “revisar” las conquistas salariales establecidas en las contrataciones colectivas del sector, […] en virtud que en el nuevo Salario Mínimo se encuentra totalmente garantizado el principio de progresividad en el ingreso del trabajador”.

“En el supuesto de aquellas convenciones colectivas de trabajo que hubieran sido suscritas con anterioridad al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica y se haya pactado como inicio de la escala, tabla o tabulador un valor porcentual por encima del Salario Mínimo Nacional o un factor multiplicador de este, deberá someterse a revisión«, estableció el segundo lineamiento del Memorándum 2792.

Las alarmas se encendieron.

Dirigentes sindicales de las empresas básicas y de diversos órganos de la administración pública, denunciaron que el instrumento había sido pactado entre el gobierno y sindicalistas afines a su proyecto político, y que, con su aprobación, se borraban de un plumazo años de luchas y conquistas laborales. Lo calificaron como «las tablas del hambre».

El entonces vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, respondió: “Incluso el contrato colectivo más favorable, el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable jamás va a llegar a superar el salario mínimo en esta nueva tabla”.

«Hoy ha sido un día muy importante para nuestra patria porque hemos tenido el apoyo absoluto de los trabajadores de nuestro país al Programa de Recuperación Económica que el presidente Nicolás Maduro ha diseñado», dijo su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Ante esto, los trabajadores se lanzaron a las calles.

En una seguidilla de protestas contra el Memorándum 2792, los trabajadores de la administración pública y de las empresas del Estado, atestaron las vías públicas de varias ciudades del país.

En respuesta, las autoridades venezolanas apresaron por tercera ocasión al sindicalista Rubén González y a otros quince dirigentes sindicales de las empresas básicas de Guayana, situadas al sur del país.

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El 16 de marzo de 2022, se publicó en Gaceta Oficial el aumento del salario mínimo nacional por un monto de 130 bolívares (30,23 USD a la fecha, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela), y del bono de alimentación por un monto de 45 bolívares, para un total de 175 bolívares (equivalentes a 40,7 USD, es decir 1,3 dólares diarios, a la fecha.

El caso de los universitarios ayuda a entender el instructivo ONAPRE.

Un profesor universitario con la categoría Titular (el escalafón más alto de la escala docente) debería percibir un ingreso mensual -ajustado al nuevo aumento del salario mínimo y a la Convención Colectiva del sector- de 854,78 bolívares.

Pero, bajo el mandato del instructivo de la ONAPRE, impuesto por el Ejecutivo, su salario mensual será apenas de 522,16 bolívares, un 39% menos.

«Se menoscabó en casi 50% lo que nos correspondía por aumento en cada una de nuestras tablas y se violentaron todos los acuerdos laborales preexistentes. Todas las primas acordadas en nuestro contrato colectivo fueron reducidas y algunas desaparecidas», dijo a Provea el profesor Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la APUCV.

Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra-UCV, califica como un «robo» la imposición del esquema de tablas salariales impuestas por el gobierno nacional al sector universitario. «¿No entendemos cuál es el empeño que tiene el gobierno en tratar de unificar los salarios de todo el mundo?, ¿por qué Maduro y los ministros no tratan de vivir con el salario mínimo nacional que tenemos los trabajadores?, ¿por qué irrespetan los contratos colectivos y quieren llevarnos a convertir el país en una maquila donde se trabaje sin derechos, sin sindicatos y sin contratos colectivos?», dijo.

En opinión de los directivos de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV (APUFAT), la situación es más dramática.

«Estamos reclamando el derecho a un salario digno, la derogación del instructivo ONAPRE que se lleva entre un 40% y 70% de nuestros salarios y prestaciones y ejerciendo nuestro derecho a la protesta pacífica. Tenemos que rescatar nuestros salarios», manifestó una vocera de la APUFAT.

Las agrupaciones sindicales han documentado todas estas denuncias, e incluso, muchas de estas afirmaciones han servido de acervo para los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OAVNUDH) y la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La gestión de Maduro, contraviniendo la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales establecidos en la Constitución Nacional, modificó, con la aplicación del Instructivo ONAPRE, las interescalas del tabulador salarial del sector público y desmejoró todas las conquistas ganadas en años de luchas.


Prensa Provea