Ariana Agreda, Especial para Provea.- Extraer sal bajo la dureza del clima de la Península de Araya no es un oficio ordinario; sin embargo, 250 jubilados del complejo salinero del municipio Cruz Salmerón Acosta, en el estado Sucre, dedicaron más de 25 años de sus vidas a esta labor que, según relatan, viene heredada de generación en generación.
Desde hace más de 100 años se trabaja la producción de sal refinada y a granel en este municipio, un oficio que se industrializó durante el año 1915 bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez y que, desde entonces, constituye la mayor fuente de empleos de la zona.
Para el gremio, este trabajo representaba el orgullo de ser arayero —gentilicio que reciben las personas nacidas en la localidad—.
Hoy, la realidad de cientos de trabajadores jubilados de la entonces empresa Ensal es la escenificación de una flagrante violación a sus derechos económicos y sociales.
Las salinas de Araya son parte del motor económico de un estado que también depende de la pesca. Según el registro de los trabajadores activos y el relato de los jubilados, es una empresa que al mes produce de cinco a siete toneladas de sal para distribuir en el mercado nacional.
Pero hoy, ese oro blanco es el telón de fondo de la tragedia de unos adultos mayores que mueren en la esperanza de recibir los beneficios que durante años cultivaron para vivir una vejez tranquila y en familia.
Despojo de derechos
Tomar los portones de la Unidad 1 desde finales del mes de julio de 2026, en la que ahora es la empresa “Cristal Araya”, ha sido una de las medidas de presión para exigir la presencia de las autoridades del Estado y la cancelación de más de dos millones de dólares que se les adeuda a los jubilados.
Desde el inicio de estas acciones, no se permite la salida de volquetas de la industria salinera.
Para la Asociación de Jubilados y Pensionados de las Salinas, el incumplimiento de pagos y la pérdida de derechos contractuales son catalogados como una “acción de exterminio” hacia los adultos mayores.
Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados, relató que durante los años productivos de la empresa, la sal no solo abastecía al mercado nacional, sino que se exportaban más de 30 mil toneladas del mineral a países como Estados Unidos y Canadá, entre otros.
Según su relato, desde el año 2015 las condiciones de exportación de la empresa cambiaron como producto de la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela.
Desde el inicio del conflicto, la empresa ha pasado por manos de varios inversionistas, en su mayoría extranjeros.
Núñez, vocero principal de los jubilados, aseguró que el acuerdo inicial había quedado establecido en un 70% de las ganancias para la empresa y un 30% destinado al Estado; de este último porcentaje, un 5% estaría predestinado como aporte social para los jubilados.
El aporte social es un compromiso fijado en un acta convenio firmada con la Gobernación del estado Sucre, mediante la cual se destina un porcentaje de las ganancias de las salinas para complementar el pago de medicamentos de los jubilados con tratamientos permanentes.
Durante el mandato de Gilberto Pinto Blanco, gobernador del estado Sucre para el periodo 2021-2025, el cumplimiento de los acuerdos y la cancelación de la homologación salarial de los jubilados se dieron “a media marcha”, según reseñaron los afectados.
Para el gremio de jubilados, el conflicto empeoró a partir del año 2022; desde esa fecha se encuentran exigiendo el cumplimiento del acuerdo establecido entre la Gobernación del estado Sucre, la Corporación Socialista de Desarrollo del Estado (Corposucre) y la empresa privada, que para aquellos años estaba bajo la directiva de la firma DellAcqua.
Alianzas fallidas
Con la llegada al poder de la actual gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, y la nueva administración de las salinas de Araya por parte de la empresa Cristal Araya —presuntamente propiedad de Alex Saab—, la situación se agudizó aún más.
Los trabajadores indicaron que los nuevos acuerdos quedaron establecidos en un 40% de ganancias para la empresa, un 60% para el Estado y la eliminación del 5% del aporte social.
Además de esto, se establecieron tres años muertos de garantía absoluta para que la empresa pudiera tomar las riendas de las salinas de Araya, así como la exoneración de impuestos durante un año solicitada a la Alcaldía del municipio Cruz Salmerón Acosta.
De acuerdo con el registro de los jubilados, la última vez que se reunieron con la actual mandataria regional fue en el mes de agosto de 2025.
Durante aquel encuentro se les solicitó apoyo con propuestas para mejorar las condiciones de las salinas, ante lo cual el gremio entregó recomendaciones orientadas a contribuir con la recuperación de la empresa.
A través de dos informes, los jubilados indicaron a los empresarios las posibles vías para garantizar el aumento de la producción.
Entre las recomendaciones señalaban la necesidad de introducir agua de mar a las lagunas, incrementar a dos los turnos en la refinadora para elevar la productividad y sugerían que el empaque de la sal se realizara directamente en la planta para reducir costos logísticos.
Asimismo, en el informe se planteó considerar nuevas áreas que pudieran involucrar a los jubilados de la empresa como parte del capital de conocimientos y experiencia, además de establecer como prioridad la atención a los adultos mayores ante el incumplimiento del acta convenio que hoy los mantiene en protesta.
“Es exagerado que la gobernadora del estado Sucre mantenga a un gremio de adultos mayores con más de 100 días sin respuesta alguna. Ha sido una persona que se aferra a desconocer los beneficios de los jubilados. La homologación salarial que veníamos cobrando fue paralizada, así como otros beneficios que nos correspondían”, añadió Núñez.
Secuelas del trabajo salinero
Los gastos médicos y la compra de medicinas son la principal preocupación de los jubilados, quienes por la edad padecen distintas patologías.
Luis Marval, jubilado de las salinas, es uno de los testimonios vivientes de las consecuencias de trabajar bajo la exposición de sal.
Durante sus años de servicio en la empresa perdió un riñón y un pulmón; actualmente es un paciente que necesita cuidados especiales, pero asegura que se las ingenia ante la falta de recursos económicos.
“Ahorita, para tratarme el riñón, tomo puro monte porque si voy a cubrirme las medicinas es carísimo; ir a un médico con el sueldo que uno gana no se cubre. Entonces, con esto de que nos quitaron la homologación, hemos estado aún más perjudicados. Esto es un gasto que no puedo costear”, añadió Marval.
Pese a las condiciones de salud que enfrenta, se ha mantenido firme en la exigencia del pago de la deuda con el gremio.
Para él, el mejor “calmante” que tiene actualmente es levantar la voz para no morir como algunos de sus compañeros, que no vieron resuelto el conflicto.
Por otro lado, se registra el caso de Robinson José Vásquez, de 72 años de edad, paciente diagnosticado con carcinoma epidermoide en el cuero cabelludo. Vásquez requiere una intervención quirúrgica oncológica valorada en 2.498,14 dólares americanos para extirpar la lesión.
Actualmente no dispone de los recursos para someterse a la cirugía y ve con profunda preocupación el deterioro de su salud.
Carlos Guzmán, secretario de organización de la Asociación de Jubilados de las Salinas de Araya, resaltó que a través de informes médicos solicitaron ayuda para tratar el cáncer de su compañero; sin embargo, la respuesta que reciben en las oficinas de Corposucre —institución del Estado involucrada en el conflicto— es que es “mucho dinero”.
Guzmán indicó que, entre los incumplimientos del acta convenio, se encuentra la falta de reembolso por medicinas y gastos médicos. Resaltó que actualmente la mayoría de los jubilados son pacientes con problemas cardíacos, diabetes e hipertensión, entre otras afecciones.
Según el registro de los adultos mayores, el gasto mensual en medicinas se ubica entre los 60 y los 90 dólares americanos. Sin embargo, el último reembolso que percibieron en sus cuentas destinados a cubrir gastos médicos fue de apenas 6,90 dólares.
“Nosotros no le pedimos, le exigimos a la ciudadana gobernadora —porque es una exigencia, ya que no somos ningún grupo de mendigos—, porque es un derecho laboral que nos ganamos con el tiempo, que nos atienda. Hasta el momento, ciudadana gobernadora, usted tiene una deuda pendiente con estos adultos mayores de más de dos millones quinientos mil dólares, y de una manera indolente e inhumana no ha querido darle respuesta a estos trabajadores que tienen hoy más de 150 días parados en este portón esperando por usted, sin contar a los compañeros que siguen muriendo en la espera”, resaltó Guzmán.
Vejez sin garantías
A través de la documentación de casos que lleva el gremio, hasta la fecha han fallecido 42 jubilados de las salinas de Araya esperando la cancelación del acuerdo.
El acta de defunción más reciente se registró el 29 de julio de este año: Cruz José Marval Roque, de 63 años de edad, era paciente con leucemia, pero según quedó plasmado en el documento, falleció a causa de un infarto.
Su esposa, Greindys Josefina Moreno Fuentes, indicó que el estado de estrés y la preocupación ante la falta de recursos económicos para el hogar y para atender su patología fueron detonantes en su fallecimiento.
Actualmente, las esposas de los jubilados fallecidos continúan asistiendo a los llamados del gremio para exigir el cumplimiento de los acuerdos y honrar los años de lucha sindical que sus parejas sostuvieron para garantizar la seguridad alimentaria y social de sus familias.
Los jubilados, que en el pasado sustentaban a sus hogares con la recompensa de su trabajo en Ensal, hoy dependen de la solidaridad entre compañeros o de remesas de familiares en el exterior.
Muchos de ellos han incursionado en el trabajo informal para sostenerse económicamente.
Frente a este escenario, las exigencias de los jubilados de las salinas de Araya se sostienen en la esperanza de dar por culminado un conflicto que no los ha dejado vivir una vejez tranquila.
Aseguran que se mantendrán en pie de lucha hasta garantizar la cancelación de la deuda y ver el renacer de una empresa que, por muchos años, brindó estabilidad, posicionamiento y abundancia a un municipio que hoy se encuentra en el olvido.
