La coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) (Alianza entre Pares-Colombia, PROVEA-Venezuela y organizaciones regionales), presentó este miércoles su Boletín #7 «Violencia contra líderes sindicales: el retroceso de la clase obrera en Venezuela», sobre la situación de personas defensoras de derechos laborales y sindicales en Venezuela en el contexto reciente.

La investigación fue construida con base en la revisión y análisis de diversas fuentes de información provenientes de investigaciones publicadas en los Informes Anuales (2015- 2020) del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) y de Informes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 2015-2020; así como de entrevistas a dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos que aportaron su visión sobre la situación que afecta los sujetos sociales que luchan en favor de la libertad sindical en Venezuela.

Panorama de la violencia

Entre 2015 y 2020, ODEVIDA ha registrado un total de 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales. 44 (53,66%) casos de asesinato, 1 de ellos presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC). 28 (34, 15%) casos de detenciones arbitrarias; 5 (6,10%) casos de amenazas o intimidaciones, 4 (4,88%) casos de intentos de asesinatos y 1 (1,22%) caso de malos tratos. De los 82 casos, 4 fueron en contra de mujeres.

Frente al tipo de víctimas de estas violencias. De los 82 casos de defensores/as de derechos laborales, 23 (28,05%) de las víctimas pertenecían a sindicatos de la construcción; 21 (25,61%) a sindicatos de las empresas básicas estatales del estado Bolívar; 11 (13,41%) a Centrales Sindicales; 6 (7,32%) a sindicatos de la Administración Pública; 4 (4,88%) a sindicatos de la industria petrolera; 4 (4,88%) a sindicatos de Empresas; 3 (3,66%) a sindicatos de la Salud; 3 (3,66%) a sindicatos de empresas eléctricas, y de 7 (8,54%) casos no hay información.

Cabe destacar que la falta de información de las fuentes oficiales tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016, hizo necesario recurrir a información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2019, la Comisión de Encuesta emitió un informe sobre Venezuela, en el cual denunciaba que el derecho de las personas trabajadoras a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados.

Odevida enfocó la investigación en las violaciones a los derechos humanos que afectaron a personas trabajadoras y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, en especial las violaciones al derecho a la vida y a la libertad personal.

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