En 2020 Venezuela no escapó de los graves acontecimientos sanitarios surgidos a raíz de la pandemia por Covid-19, cuyas consecuencias han acentuado la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que padece el país.
En este capítulo, sobre derecho al Ambiente Sano, se abordan casos como el Arco Minero del Orinoco (AMO), -el mega plan extractivista del régimen de Nicolás Maduro-, los derrames y otros incidentes generados por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que afectaron de manera continua ecosistemas marino-costeros, incluso en áreas protegidas como el Parque Nacional Morrocoy. También los daños socioambientales que afectan igual a la población que tiene que hacer vida en las áreas de influencia de las instalaciones petroleras, como las refinerías, que actualmente están descargando sus fluidos contaminantes.
Asimismo, se documentaron las nuevas amenazas contra los Parques Nacionales y otras reservas naturales, debido a la aprobación de medidas ejecutivas que autorizan la explotación de recursos y la construcción de infraestructura, sin los debidos estudios de impacto ambiental, violando la normativa ambiental y los Planes de Reglamento y Uso (PORU) de los Parques Nacionales.
Casos emblemáticos
Recursos forestales bajo control militar
El 22 de diciembre de 2020, mediante Decreto Nº 4.392, la administración de Nicolás Maduro creó la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef), con el fin de: “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
La Zeemdef estará situada en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una zona próxima al territorio Esequibo. Aunque se desconoce la extensión total de la Zona Económica, sus coordenadas se encuentran dentro del bloque 4 del AMO y afectarían la serranía de Imataca, una reserva natural que alberga numerosas especies y que en los años 90 fue objeto de polémica debido a la construcción de un tendido eléctrico durante la gestión del expresidente Rafael Caldera.
Construcciones ilegales en el Parque Nacional Los Roques
En noviembre de 2020, el portal de periodismo de investigación Armando.info publicó un reportaje donde se denuncia la construcción de nuevas edificaciones en el Parque Nacional Los Roques, que habrían sido aprobadas por el Instituto Nacional de Parques Nacionales (Inparques) violando el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque y el Decreto 174 del Ministerio del Ambiente que prohibió en 2013 el otorgamiento de permisos para nuevas construcciones en Los Roques, debido a la saturación del espacio y las amenazas para la biodiversidad.
De acuerdo al reporte y denuncias realizadas por activistas ambientales, los permisos otorgados se inscribirían dentro de una política mucho más amplia, que contempla la modificación de los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso de varios parques nacionales –incluyendo el Waraira Repano– para la explotación de recursos con fines turísticos.
Derrames, contaminación y medio ambiente laboral en la industria petrolera
Durante 2020 ocurrieron en Venezuela un número indeterminado de derrames petroleros, algunos de los cuales pudieron ser detectados y difundidos por investigadores, ONG y medios de comunicación que visibilizaron su huella, especialmente mediante denuncias e imágenes divulgadas en las redes sociales.
Ya no se publican las memorias y cuentas de las instituciones, así como los documentos de balances anuales que elaboraban PDVSA o el Ministerio del ramo. El último registro fue en 2016, en ese entonces la empresa reportó la ocurrencia y atención de 8.250 derrames; 8.088 de estos eventos fueron de hidrocarburos, lo que representaba 98% del total, mientras que los 162 eventos restantes (2%) involucraron otro tipo de sustancias contaminantes.
