El equipo de Provea realizó este martes 30 de junio una segunda visita al estado La Guaira, para acompañar la labor de asistencia humanitaria que realiza un importante actor de la sociedad civil en centros comunitarios de apoyo a los afectados por los terremotos en las parroquias Catia La Mar y Caraballeda de esa entidad.
De esta segunda visita resaltamos:
El valor de la respuesta humanitaria
El robusto despliegue de recursos humanitarios y de socorro canalizados por actores internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias internacionales y nacionales.
Destacamos la labor de cientos de voluntarios de la sociedad civil y de las organizaciones nacionales de asistencia humanitaria, quienes han sido un factor clave para la mitigación de nuevos riesgos derivados de la crisis y un correaje vital entre la solidaridad expresada por la ciudadanía -volcada en los cientos de centros de acopio instalados en todo el país-, y la recepción de la ayuda por parte de los destinatarios finales: los miles de afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.
Durante el recorrido, el equipo de Provea no observó ningún esfuerzo o iniciativa estatal para proveer a la ciudadanía de servicios esenciales como alimentación o agua potable.
Al contrario, la acción de las autoridades pareciera estar priorizando el control militar-policial del territorio, en detrimento de sus obligaciones de brindar respuestas a los padecimientos ciudadanos.
Securitización y militarización
El amplio despliegue de distintos organismos de seguridad -civiles y militares- en la zona de desastre, pudiera obstaculizar las labores de socorro y asistencia humanitaria si no se actúa de manera coordinada y apegada a los estándares que guían la respuesta estatal en contextos como el actual.
Provea constató la actuación descoordinada y el solapamiento de funciones entre los cuerpos de seguridad actuantes en el terreno que está ocasionando, entre otras cosas, una deficiente gestión del tránsito de ambulancias y personal de salud y escasa protección a las labores del personal de socorro, quienes en ocasiones deben asumir la dirección del tránsito en zonas atestadas de vehículos para poder continuar con su trabajo.
Además, el emplazamiento de numerosos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –organismos sin competencias legales en gestión de riesgos y control del orden público- pudiera entorpecer aún más el manejo de la crisis y dar pie a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos, tomando en cuenta su actuación en situaciones similares ocurridas en el pasado.
Recordamos que en medio del deslave ocurrido en La Guaira (antiguo estado Vargas) en 1999, funcionarios de la DISIP –actual SEBIN- fueron responsables de la desaparición forzada de ciudadanos detenidos en el contexto del desastre.
Advertimos que la excesiva securitización y militarización, basadas en el copamiento de la zona de desastre por agentes armados, se aleja de la función que los órganos de seguridad civiles y militares deberían ejercer en este tipo de crisis, que es brindar apoyo a la labor humanitaria y actuar bajo la coordinación de los organismos civiles de socorro, respetando los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.
Prensa Provea
