Luego de un poco más de dos meses de la presentación del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre violaciones de derechos en Venezuela, en el cual realizó más de 20 recomendaciones al gobierno de facto; se tiene previsto que este 9 de septiembre se brinde una actualización oral por parte de la Alta Comisionada en el Consejo de Derechos Humanos sobre dicho informe.
Esta actualización servirá para evaluar la implementación de las recomendaciones que fueron realizadas al gobierno, validar si Nicolás Maduro ha tomado medidas al respeto, o por si el contrario ha seguido violentando a la población venezolana como en los últimos años, ocasionando una de las peores crisis económicas y sociales jamás antes vista en el país.
Recordemos que el informe presentado por la Alta Comisionada en julio, evidenció y comprobó las constantes denuncias a violaciones de Derechos Humanos que ha avanzado en Venezuela desde el 2016 cuando la dictadura de Nicolás Maduro decidió endurecer su mano y fuerza contra la población, aumentado su control social sobre la población y callando a las voces que decidieran hacer eco de la precoz situación en el país.
Este informe reporta específicamente los sucesos evidenciados entre 2018 y 2019 por medio de entrevistas a más de 500 personas involucradas, donde se constata y plasman denuncias como torturas, persecución, centralización de poderes públicos para beneficio de una sola parte, vulneración de derechos a población vulnerable, acoso contra la población indígena como también el incremento en la migración forzada venezolana como consecuencia de las políticas implementadas en los últimos años en el país.
El informe también ofreció más de 20 recomendaciones a tomar con urgencia si las partes de poder de Venezuela desean resolver la crisis y comenzar a detener el grave deterioro del país, una de las principales recomendaciones consta “Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país” Que permita asesorar al gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones y analizar en el terreno la situación de los derechos humanos. El gobierno de Maduro aceptó después de la visita en junio de Michel Bachelet la presencia de dos funcionarios de dicha Oficina, pero luego del Informe presentado en julio se inició un proceso de obstáculos para su trabajo.
Otra de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos consiste en que “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad” Medida que luego de su recomendación, el gobierno de Nicolás Maduro ignoró e hizo públicamente un pronunciamiento en total apoyo al llamado grupo policial de ejecuciones FAES lo cual indica la poca voluntad de rectificar.
En otra de las recomendaciones del informe, se insta a que el gobierno de Nicolás Maduro “Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación” Esto como consecuencia de la hegemonía comunicacional implementada por la dictadura donde la censura ha sido la principal fuerza para cercenar el acceso a la información principalmente a la población vulnerable que no tiene acceso a internet y solo es informada por los medios de difusión masivos que mayoritariamente benefician la matriz de opinión hacia las políticas de Maduro.
En la visita realizada en junio por Michelle Bachelet logró establecer unos acuerdos mínimos con el gobierno de Maduro, entre los cuales destacan los siguientes:
1) Presencia de la Oficina ACNUDH para 1.1 Aportar un enfoque de DDHH en los programas. 1.2 Cooperar con las instituciones del Estado. 1.3 Observación bajo el Sistema ONU. En principio el compromiso era la presencia de 2 oficiales de la OACNUDH en Venezuela, en coordinación con la Oficina del coordinador residente del PNUD, con la intención de instalar a mediano plazo una oficina permanente del ACNUDH en el país.
2) Acceso, sin restricciones de los oficiales del ACNUDH a los centros de detención y a personas privadas de libertad.
3) Visita al país de los relatores independientes de la ONU, iniciando con el Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
4) La aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
5) La realización de un diagnóstico conjunto ACNUDH – Gobierno sobre los principales obstáculos al acceso a la justicia, como parte de un trabajo amplio para la transformación del sistema de administración de justicia.
6) Apoyo técnico en la ejecución del Plan Nacional de DDHH
7) Reconocimiento y divulgación de cifras oficiales sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
8) Reconocimiento pleno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
9) Liberación de personas privadas de libertad por razones políticas.
Las autoridades venezolanas habían solicitado que este acuerdo de trabajo fuera suscrito públicamente por Nicolás Maduro y Michele Bachelet, lo cual fue evitado por el ACNUDH debido a la potencial tergiversación en el uso propagandístico de la imagen. Estos acuerdos fueron incumplidos desde el primer momento. El uso de la tortura continuó inclusive durante la presencia del ACNUDH en el país, generando una víctima fatal, el capitán Rafael Acosta Arevalo, que ocasionó un pronunciamiento de la Alta Comisionada solicitando “una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte”. Los oficiales del ACNUDH solicitaron a las autoridades poder visitar los centros de reclusión del DGCIM, entre otros, lo cual no les fue permitido. Aprovechando la salida del país de los dos oficiales, autoridades venezolanas les remiten una comunicación informal donde les exigen abstenerse de regresar a Venezuela, por lo que en los actuales momentos no hay ningún oficial del ACNUDH dentro del país. El incumplimiento de estos acuerdos debe aprovecharse por la sociedad civil venezolana para continuar presionando al gobierno y denunciando la situación de ausencia de institucionalidad democrática en el país.
Hacia la Comisión de Investigación
El ACNUDH debe agotar, progresivamente, la buena fe en sus mecanismos de intervención de la situación venezolana. Sin embargo, la ausencia de voluntad política de Nicolás Maduro para honrar los compromisos de trabajo que asumió durante la visita de la Alta Comisionada al país exige que esta instancia promueva otros mecanismos, como por ejemplo la conformación de una Comisión de Investigación.
En el contexto de Naciones Unidas se denomina “Comisión Internacional de Investigación” o “Misión Internacional de Determinación de los Hechos” a un órgano temporal de carácter no judicial encargado de investigar violaciones de derechos humanos para: A) Determinar hechos B) Evaluarlos a la luz de la normativa aplicable C) Obtener conclusiones sobre las violaciones y los presuntos autores D) Formular recomendaciones. Los resultados de una Comisión de Investigación se diferencian de un informe, como los realizados por el ACNUDH sobre Venezuela, en que su resultado sobre casos concretos aporta elementos decisivos a procesos judiciales tanto en tribunales internacionales ad hoc como ante la Corte Penal Internacional. Desde 1992 el ACNUDH ha constituido unas 50 Comisiones y Misiones de investigación para aclarar graves situaciones en países como la ex Yugoslavia, Darfur, Líbano, Guinea, Territorio Palestino Ocupado, Sri Lanka, etc.
Una Comisión de Investigación puede ser creada en la ONU por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Secretaría General y el ACNUDH. Su composición es decidida por la autoridad que formula el mandato, tres o cinco miembros, una cifra impar, que facilite la toma de decisiones. Estas personas deben ser seleccionadas por su independencia e imparcialidad; Competencia reconocida y conocimiento y experiencia considerables y demostrados en lo relativo al derecho internacional de los DDHH; Conocimientos de principios criterios y metodología para promover investigaciones en materia de DDHH; Compromiso con la protección de todos los DDHH y la igualdad de género; Integridad personal reconocida y reputación moral intachable y conocimiento del país, la situación y la región. Una Comisión de Investigación debe contar con equilibrio de género y diversidad geográfica.
A continuación re-difundimos el mencionado informe presentado el pasado mes de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
Prensa PROVEA
