Estamos trabajando por la paz, la defensa y promoción de los Derechos Humanos, desde la misión que hemos planteado y que las comunidades nos han encomendado.

El presente informe contiene información recabada en las últimas horas por activistas defensores de Derechos Humanos, en el área de operaciones sobre el terreno en la República de Venezuela.

Teniendo en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho que se expone a continuación:

ACCIÓN HUMANA ONG, expresa solidaridad por la grave situación  de terror y miedo que vive la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien denunció este miércoles que hay un “proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público” y aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia pretende hacer con su institución lo mismo que hizo con el Parlamento, aunque recalcó que continuará con sus funciones.

“Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa en referencia a la sentencia del Supremo que consideró que el defensor del pueblo puede tener algunas de las competencias de la Fiscalía.

El Supremo de Venezuela emitió una sentencia difundida este miércoles que señala que el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de la fiscal.

La titular del MP rechazó esta sentencia por considerar que está “inmotivada” pues aseguró que no señalan los motivos ni las razones de por qué los magistrados toman esta decisión.

Dijo que si se analiza la sentencia “en este momento”, en el que el país atraviesa una crisis política e institucional, los derechos humanos de la ciudadanía “están en peligro”.

Ortega Díaz, consideró que “hay una clara intención de anular al MP con esta sentencia” y señaló que “esas acciones no son democráticas, desmantelan al Estado y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal robándose funciones propias del MP”.

El Supremo publicó ayer otra sentencia en la que, además de declarar inadmisible un recurso que la fiscal presentó contra la Constituyente, también anuló los actos del vicefiscal Rafael González Arias y anunció que designará uno de manera “temporal” debido a que su designación no contó con la autorización del Parlamento. Ortega Díaz, reconoció que la designación del vicefiscal debe ser autorizada por el Parlamento, pero insistió en que la designación del vicefiscal es de su completa atribución.

Estas sentencias son para Ortega Díaz “una provocación contra la fiscal general” y añadió que “quieren provocar” aunque recalcó que no sabe con cuál propósito.

Asimismo, indicó que, pese a estas sentencias publicadas, la Fiscalía va a seguir cumpliendo con “el rol que constitucionalmente” tiene atribuido y señaló que estas competencias otorgadas al defensor del pueblo crean “inseguridad jurídica”, pues la gente debe tener la certeza de quién la va a investigar.

La Fiscal General, una persona que fue vinculada anteriormente con el chavismo, ha marcado su distanciamiento del Gobierno durante los últimos meses tras denunciar la ruptura del orden constitucional”.

FINALIDAD DE LA DENUNCIA

En las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, cometidas por grupos armados al margen de la ley, “El deber de proteger los Derechos Humanos,                    es la finalidad del Estado, y, sí estos se transgreden deben venir los                            correctivos y procedimientos que establece la  ley inclusive el establecimientos de responsabilidades por abusos”.                                                                              

  EXIGIBLIDAD

La exigibilidad es un proceso social, político y legal en el que debe participar la sociedad civil. La forma y medida en que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, no debe ser materia de escrutinio y evaluación por parte de los órganos competentes, sino que la sociedad civil debe participar activamente en este proceso de evaluación como condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía, en su dimensión a la justiciabilidad en la defensa de los Derechos Humanos.

Defensores de Derechos Humanos responsabilizamos a Nicolás Maduro, por la vida e integridad física de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, enfáticamente con sensatez hacemos un llamado a la Organización de las Naciones Unidas ONU, para que se intervenga frente a la situación desastrosa politicosocial que viven en el territorio venezolano, en donde las víctimas más vulnerables son los niños.   

Sin perjuicio de lo expuesto, aprovecho la oportunidad para reiterarle a nombre de la ONG, nuestros sentimientos de la más alta consideración y estima.


Acción Humana