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Varias organizaciones de derechos humanos venimos documentando la persecución que durante este año se viene realizando contra personal de salud por realizar sus labores o por exigir el ingreso de la ayuda humanitaria.

Un gobierno indolente y cruel no solo obstaculiza el ingreso de la ayuda humanitaria que se viene exigiendo desde hace más de dos años para poder salvar vidas o aliviar el sufrimiento de millones de personas, sino que detiene, encarcela o despide a personas por reclamar el ingreso de la ayuda.

Para tal fin el gobierno ha usado excusas tales como la acusación que personal de salud ha sustraído medicamentos o equipos o se ha colaborado con acciones terroristas.

El 14 de febrero en el estado Táchira una comisión mixta de fuerzas represivas integradas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con la intervención además del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela Freddy Bernal,  realizaron una presunta auditoria en el hospital del Seguro Social Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz ubicado en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Como resultado de esta acción 12 personas resultaron detenidas y destituido el director del hospital. En la presunta auditoria se habrían detectado irregularidades en el manejo de medicamentos en la farmacia y en el depósito central de dicho hospital. Llama la atención que varios de los detenidos se habían pronunciado de manera pública o dentro del hospital a favor de la ayuda humanitaria. Estamos a favor que las autoridades realicen las medidas que sean necesarias para evitar uso irregular y actos de corrupción en el manejo de medicamentos y equipos. Llama la atención que el operativo se realiza cuando empieza a organizarse la sociedad civil en dicho estado para recibir la ayuda humanitaria que se había previsto ingresara el 23 de febrero.

Un día después, pero en el estado Carabobo funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas allanan sin orden judicial, de manera arbitraria la sede la organización no gubernamental Fundación Mavid dedicada a prestar ayuda humanitaria a personas con VIH. Se llevan medicamentos y equipos deteniendo a dos de sus activistas:  Wilmer Álvarez y Jhonatan Mendoza. Al día siguiente fueron liberados porque no había ningún motivo para la realización de esa detención arbitraria. No solo se obstaculizó el trabajo humanitario en materia de salud que realiza dicha fundación, sino que se le pretendió desprestigiar, objetivo que por supuesto no lograron.

El 17 de febrero funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a siete personas que instalaron toldos, sillas y un equipo de sonido en uno de los campamentos humanitarios que se instalaron en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Además, los funcionarios confiscaron los vehículos y las herramientas de trabajo. Se usó una vez más un organismo de la fuerza armada para detener a civiles que realizaban una labor pacífica y a favor de la ayuda humanitaria.

El 22 de febrero la médica Leidy Mata fue detenida un día después de haber denunciado la crisis por la cual atravesaba el Hospital José Gregorio Hernández de Trujillo y los impactos negativos para dar una adecuada atención de salud a la población.

El 16 de marzo el médico Ronnie Villasmil quien trabaja en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en la ciudad de valencia estado Carabobo y es miembro de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, denunció que aproximadamente 20 funcionarios   del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron su vivienda, durante la noche con la intención de detenerlo. El médico mostró a la Comisión Técnica enviada a Venezuela por la Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet las innumerables deficiencias y precariedad de los hospitales en el estado Carabobo

Provea exige el cese al hostigamiento al personal de salud, que cesen los obstáculos para el ingreso de la ayuda humanitaria en el país, que se incrementen los mecanismos que permitan que las agencias humanitarias internacionales realicen su labor en Venezuela y que se garantice el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos organizados que vienen prestando ayuda humanitaria o reclamando su ingreso. Trabajar en favor de otros y ser solidarios ante el sufrimiento de millones de personas, no es delito y no debe ser sancionado de ninguna manera.

Prensa Provea.