ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
La educación en Venezuela transcurre entre la opacidad en cuanta a data clave sobre cómo está el sistema educativo, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes y la exclusión de las aulas de una cifra alarmante de niños, niñas y adolecentes
La ausencia de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) durante 2025 no es un hecho aislado, sino la consolidación de una preocupante tendencia que comenzó en 2015.
Esta omisión de estadísticas oficiales, sumerge al sistema educativo venezolano en una profunda opacidad que impide conocer bien su realidad y, por ende, diseñar políticas efectivas para su rescate.
El principal canal de información del despacho es una cuenta de Instagram, donde se publicitan eventualmente actividades y por ejemplo información sobre escuelas rehabilitadas.
Ello expresa el poco interés de informar de manera regular y sistemática.
Con el actual sistema de co-gobierno con Estados Unidos donde dicho país exige transparencia en la gestión pública queda pendiente si se publicará o no nuevamente las Memoria y Cuenta.
Las últimas cifras oficiales datan de 2018 que fueron publicadas de manera genérica y contrastan dramáticamente con las declaraciones del Ministro Héctor Rodríguez en enero de 2025.
En las cifras de 2018 se indicó que había 7.664.869 estudiantes en el Subsistema de Educación Básica, el ministro reportó una matrícula de 5.971.474 para inicios de 2025, una disminución de 1.693.395 estudiantes. Eso equivale a 64 estadios de futbol totalmente llenos.
La discontinuidad en la publicación de datos no solo genera confusión, sino que impide el control ciudadano y gremial sobre la gestión educativa.
Cuando se publicaban las memorias, era posible conocer la matrícula por estado, el número de instituciones y docentes, así como las políticas implementadas.
Esta información era vital para que las organizaciones sociales, sindicatos y comunidades pudieran exigir cuentas y evaluar el grado de cumplimiento de los planes educativos.
Su desaparición crea un vacío que favorece la discrecionalidad y dificulta la identificación de los problemas críticos que requieren atención prioritaria.
Un ejemplo de esta opacidad es la medición de calidad educativa anunciada por el Ministerio en 2025. Si bien la iniciativa de evaluar a los estudiantes es necesaria y fue confirmada por el ministro, la no publicación de sus resultados convierte el ejercicio en un acto sin consecuencias y de dudosa utilidad.
Sin acceso a los datos sobre el rendimiento académico, es imposible saber si la calidad de la enseñanza ha mejorado o empeorado, ni cuáles son las áreas de aprendizaje con mayores déficits.
Esta falta de transparencia perpetúa la incertidumbre y obstaculiza cualquier intento de mejora basado en evidencia.
La deserción y el ausentismo escolar son alarmantes: el 35% de los niños y niñas asisten a la escuela menos de cuatro días a la semana, según HumVenezuela, mientras que la Encovi 2025 eleva la cifra de irregularidad en la asistencia al 44
La crisis también golpea con fuerza al subsistema de educación universitaria, que ha sufrido una caída presupuestaria por tercer año consecutivo.
Esto ha derivado en problemas de infraestructura, disminución de beneficios estudiantiles y una alarmante caída de la matrícula.
Datos de la Universidad de Los Andes (ULA) muestran una deserción del 60% en los últimos 12 años, y a nivel nacional, solo uno de cada cinco jóvenes en edad universitaria permanece en los centros de estudio superior.
La fuga de talentos y la pérdida de profesores agravan una situación que compromete la formación de los futuros profesionales del país.
El Estado no está cumpliendo con su obligación indeclinable de garantizar el derecho humano a la educación, y la comunidad nacional e internacional debe exigir que se tomen medidas urgentes para frenar este deterioro.
No se puede construir un futuro próspero sobre las ruinas de un sistema.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
