Una semana después de la intervención militar en el sur de Bolívar, persisten la incertidumbre, el temor y las dudas sobre el futuro de miles de mineros y habitantes de la zona.
Especial.- Una semana después del operativo militar en Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, las vidas de sus habitantes transcurren entre una “tranquilidad” disfrazada de incertidumbre por lo que pasó, lo que pasa y lo que está por pasar.
El operativo militar comenzó en la mañana del martes 9 de junio. El pueblo recuerda el sobrevuelo de helicópteros y unas explosiones en las zonas de las minas. Pronto se corrió la noticia de un desalojo que luego se confirmó y que tenía como fin neutralizar a líderes de las pandillas mineras.
Sin embargo, más allá de esa versión, para los habitantes había algo más, pues el despliegue coincidió con la llegada de inversionistas extranjeros al municipio El Callao, para una supervisión en la estatal Minerven.
“La limpieza de las minas es para entregarlas a los gringos. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, dijo María*, que tiene unos 10 años viviendo en Las Claritas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en la noche del viernes 12 de junio que coordinó un ataque letal contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua. Posteriormente fue el Estado venezolano el que confirmó la información.
Más allá de los comunicados de ese viernes, persiste la opacidad.
No hay claridad de la fecha exacta de la muerte de Guerrero, si fue el mismo día en que Trump lo informó o fue el martes, cuando comenzó el operativo militar.
El Estado venezolano, que desde antes ha sido acusado de complicidad y permitir la existencia de estos grupos irregulares armados que se hicieron del control del control de las minas, guarda silencio.
“El día después que dijeron lo de la muerte de Niño Guerrero, solamente escuchamos helicópteros, autobuses saliendo y mineros abandonando las minas. El viernes lo que se escuchó fue una explosión, los helicópteros y vimos una nube de humo negro. El pueblo como si no pasara nada, pero pendientes de lo que pueda ocurrir”, comentó Karla**, comerciante informal en Kilómetro 88.
En comunicación con Provea, prefirió no profundizar en su testimonio por temor. “Eso es comprometerme. Uno no sabe si se alían otra vez con el Gobierno y vuelven”, dijo en alusión al pranato minero.
Un contraste de realidades
Del lado de los funcionarios, una fuente vinculada al operativo se limitó a comentar que había dos contrastes en el pueblo.
Por un lado, los que se alegraban del operativo militar como argumento de que podía ayudar al cese del control armado del pranato. Por otro lado, había quienes los acusaban de fomentar los saqueos. Incluso, estaban a la expectativa de cómo reaccionaría el pueblo a la muerte de “Niño Guerrero”.
“La única protesta que se dio en el pueblo fue en contra de los saqueos. Sí es verdad que sacaron cosas de la casa de un pran. Por eso es que la mayoría de los negocios se mantenían cerrados o trabajaban pocas horas, pendientes de que no les quitaran sus cosas a ellos también, aprovechando que el pueblo estaba ‘sin ley’ como quien dice, porque no iban a estar los pranes”, comentó María*.
El control de los grupos irregulares armados en las zonas mineras ha impuesto una especie de ‘Estado paralelo’, con normas a las que, para su supervivencia, el pueblo se ha adaptado e incluido en su cotidianidad.
En redes sociales también se ve el contraste con quienes defienden o rechazan el operativo que, según los comunicados, se dio en sinergia entre Estados Unidos y Venezuela.
“Muchos dicen que los pranes son los malos, pero cuando recibían comida, electrodomésticos y dinero, no decían que eran los malos”, se comentaban mensajes similares en diferentes cuentas en Tik Tok.
Bajo esas ‘acciones caritativas’ es que el pranato logró también calar en parte de esas comunidades.
Incluso, es así como en medio de este operativo sale a relucir en redes sociales las ayudas de Fabio Enrique González Isaza, conocido como ‘El negro Fabio’, cuya área de influencia está en el municipio Sifontes en El Dorado.
¿Quiénes dominan en Las Claritas?
Son varios los líderes delictivos que que controlan las zonas mineras. Sin embargo, llamó la atención que se diera a conocer que ‘Niño Guerrero’ se refugiara en Bolívar.
Inicialmente, entre rumores, al que muchos en el pueblo daban por muerto era a Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’. También salieron a relucir los nombres de Juan Gabriel Rivas Núñez, apodado Negro Juancho; detenido en Brasil en 2023 y fugado en 2025; y de Humberto Martes, conocido como Humbertico.
Rivas Núñez, o Juancho, es de nacionalidad colombiana y nacionalizado venezolano. Vivía en Valencia, estado Carabobo, antes de trabajar en las minas de Bolívar como batero hasta que su poder creció en la zona.
Desde 2018, fue solicitado por Interpol. Un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, firmado por Maikel Moreno, solicitó a Brasil su extradición, al ser apresado en este país en 2023.
El documento del TSJ lo señala de presuntos delitos de contrabando agravado, tráfico ilícito de materiales estratégicos y actividades ligadas a la explotación ilegal de oro.
Sin embargo, en mayo de 2025 autoridades brasileñas informaron sobre su fuga de arresto domiciliario en Boa Vista, estado de Roraima. Medios locales reseñaron que habría utilizado a un hombre con características físicas similares para evadir el monitoreo electrónico y escapar antes de concretarse su proceso de extradición.
Sobre Romero o Johan Petrica, en julio de 2024 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al igual que Niño Guerrero, al ser señalado de pertenecer al Tren de Aragua.
“Uno de los cofundadores y lugarteniente más cercanos de Niño Guerrero, Yohan José Romero (alias Johan Petrica), es responsable de las actividades mineras ilegales del grupo en Venezuela. Además, Johan Petrica proporciona al Tren de Aragua armamento militar utilizado para controlar las calles de Venezuela y combatir a la guerrilla colombiana. El 11 de julio de 2024, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 4 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena de Johan Petrica”, reseña el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Riesgos de desplazamientos
Entre las consecuencias que se advierten de estos operativos sin un plan claro sobre el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, preocupan los desplazamientos de mineros y de la población en general a municipios aledaños.
“Mi preocupación como alcalde es el resguardo de nuestra gente y la capacidad de respuesta de nuestro municipio. Si a raíz de esta situación y los movimientos en las zonas mineras se desplazan 5 mil o 10 mil personas más hacia El Callao, nos enfrentaremos a un colapso total”, dijo el alcalde de este municipio, Coromoto Lugo.
El resto de las autoridades locales guarda silencio, incluyendo la gobernadora, Yulisbeth García.
“El gobierno debe proteger el derecho a la vida del minero. No todos los mineros son delincuentes, la inmensa mayoría son padres de familia honestos, trabajadores que buscan el sustento diario y que han emigrado de toda Venezuela hacia estos municipios en busca de una oportunidad, inspirados en el mito de El Dorado”, agregó Lugo.
Hasta el domingo 14 de junio, a pesar de que el comunicado de Venezuela se refirió a un enfrentamiento, no hay información oficial sobre heridos u otros fallecidos en el operativo militar, manteniendo así la opacidad y, con ello, la oportunidad a la difusión de desinformación.
Abandono estatal
La creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala —con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas— y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
La violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad.
Provea ha reiterado que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población. El control territorial no puede recuperarse a costa de los derechos fundamentales de la población civil.
* Nombre modificado para proteger la integridad de esta persona
** Nombre modificado para proteger la integridad de esta persona
