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La coordinadora de investigación y difusión de la ONG Provea aborda el más reciente informe sobre alimentación elaborado conjuntamente entre la FIDH y Provea. Resalta que la disminución de la calidad de la dieta de los venezolanos incidirá en el desarrollo cerebral-cognitivo de las generaciones en crecimiento y que, por ello, las mismas tendrán mayores dificultades para rendir en el sistema educativo y poder superar su condición


Un país en el que tanto las medidas adoptadas como las omisiones por parte del Estado Venezolano han resultado, en su conjunto, en una vulneración del derecho a una alimentación adecuada de sus habitantes se describe el informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) este mes de marzo.

En el documento, titulado «Con la comida no se juega» se asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a una alimentación adecuada dada la precaria situación de los servicios públicos, la falta de medidas adecuadas para proteger contra el hambre y el hostigamiento a las organizaciones humanitarias.

Lissette González, socióloga y coordinadora de investigación y difusión de Provea, advierte que, si seguimos como vamos, Venezuela tendrá una población con un consumo de alimentos cada vez menor, lo que elevará los niveles de desnutrición, lo que hará que la superación de la pobreza a mediano o largo plazo se haga más difícil.

«Si tienes una población que, además de empobrecida tiene dificultades en el crecimiento porque no están bien alimentados, esa desnutrición afectará su capacidad de rendir en el sistema de enseñanza, así que vamos a tener una población encerrada en un círculo de producción de pobreza», argumentó Lissette González, quien considera que la principal dificultad que encuentra el país es el empobrecimiento de la población que dificulta el acceso a los alimentos.

El informe describe que en siete estados del país existe desnutrición aguda: Zulia, Falcón, Yaracuy, Portuguesa, Miranda, Sucre y Guárico, y que en 14 entidades: Zulia, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Apure, Guárico, Amazonas, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, la proporción de niños menores e cinco años con desnutrición aguda llega hasta 10%, la desnutrición crónica (retraso al crecimiento) alcanza hasta 40% y la inseguridad alimentaria aguda supera el 70%.

Ante este panorama, la FIDH y Provea abogan por políticas consensuadas en materia económica y también por el levantamiento de sanciones contra Venezuela, que consideran han agravado la crisis humanitaria.

Un entorno hostil

—El informe sobre alimentación de la FIDH y Provea habla del deterioro institucional y democrático del Estado venezolano como una de las causas de que se esté violando el derecho a la alimentación. ¿Podría detallar cómo ocurrió ese proceso?

—De varias maneras, ese deterioro de las instituciones, ausencia de diálogo en el país, de debate de las políticas económicas provocó un entorno cada vez más hostil para la actividad económica nacional. Instrumentos como la Ley Orgánica de Precios Justos o la Ley Constitucional de Precios Acordados, imponían fuertes restricciones a los productores privados, tanto empresas como campesinos y productores agropecuarios en general, porque imponían cuál debía ser el margen ganancia, imponían precios y eso tuvo efectos sobre a capacidad de producción. También las políticas de expropiación de empresas y de tierras especialmente, a partir de la Ley de Tierras, tuvieron efecto sobre la producción nacional de elementos.

«En general, la ausencia de contrapesos y las fiscalizaciones excesivas, todo eso llevó a un entorno casi que paralizó la producción nacional en múltiples ámbitos».

Añade González que, paralelamente, la ausencia de discusión, de diálogo, para atender problemas sectoriales, fueron factores que influyeron en la caída brutal que han tenido los salarios en el sentido de compra real. «Ese empobrecimiento es una de las causas de la emergencia alimentaria. Hay sectores grandes de la población que no tienen acceso de alimentos que no les alcanza para comprarlo, aunque haya mejorado el problema de la escasez».

—Las organizaciones que elaboraron el informe hablan de facilitar la acción humanitaria. ¿Cuáles han sido los obstáculos para las labores de acción humanitaria?

—La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA por sus siglas en inglés), en sus reportes muestra que sigue habiendo obstáculos en el terreno. Por ejemplo, el año pasado cuando hubo unas inundaciones en el estado Mérida, la Iglesia había recolectado unas donaciones, alimentos, aguas, colchonetas, para llevar a los damnificados, y cuando fueron a llevarlos a la zona los militares que están custodiando el espacio no los dejaban pasar. En la práctica hay controles en las vías, que e impiden el acceso a zonas para brindar ayuda.

Al mismo tiempo, hay legislaciones y reglamentaciones que impiden que se constituyan ONG para fines humanitarios, a las que existen actualmente no se les permite actualizar actas en registros o registrar nuevas organizaciones. Está la Providencia Administrativa de 2021, que estableció que todas las organizaciones registrarse en una oficina contra el terrorismo.

Todas estas regulaciones que limitan las acciones a la sociedad civil son obstáculos para el trabajo humanitario. Hemos tenido casos de criminalización y persecución a organizaciones humanitarias. En 2020 hubo allanamientos a organizaciones como Acción Solidaria, Convite y Alimenta la Solidaridad.

En 2021, estuvieron detenidos cinco integrantes de la ONG Azul positivo. Se les acusó de tráfico o lavado de dinero por unas tarjetas de alimentación que entregaban a personas vulnerables para comprar comida, que era un programa financiado por la coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en el país.

—¿Qué políticas se pueden implementar que impacten en la producción de alimentos en el país?

—Una de las cosas es que todos los beneficios que se están dando ahora, como que los productos importados no están pagando impuestos, y esas condiciones de comercio internacional, tienen que ajustarse a nuestra legislación. Las empresas y productores agropecuarios necesitan seguridad jurídica, en el sentido que no vayan a ser intervenidos, expropiados o criminalizados por su labor económica.

Es importante el acceso al crédito, tanto en el campo para producir elementos como en empresas de manufactura de alimentos, ya que para poder aumentar su producción necesitan invertir. En la situación que tenemos en el actual sistema financiero con el anclaje que exige el Banco Central, los privados no pueden acceder a créditos ni para tarjetas de crédito y no se pueden acceder a créditos para producción de alimentos.

En opinión de Lissette González, habría que entrar en una revisión más profunda de medidas de política económica y revisión de leyes que no han sido derogadas, como la de precios acordados, la de ilícitos cambiarios, que sigue vigente, aunque haya dolarización informal, además de que muchos de los controles no han sido eliminados.

«Hace falta ordenar las políticas económicas, rescatar las prestaciones, salarios. Es importante que el gobierno retomara política de consultas con sectores, campesinos, sindicatos, empresas y ver necesidades para la producción de alimentos», sostiene Lissette González.

Disminución de la calidad de la dieta

—¿Cómo incide la precariedad de los servicios públicos en la alimentación y cuáles son los correctivos que deben hacer?

—La grave situación del servicio eléctrico, con apagones que afectan al 70% de la población, tiene un impacto muy fuerte sobre la alimentación de las personas. Se suman los problemas de suministro de agua potable; 80% de la población está expuesta a agua no potable, además de interrupciones frecuentes de su suministro; así como las fallas en el servicio de gas doméstico que hace que mucha gente se vea obligada a cocinar con leña. Esto afecta la salud de las personas, con el consecuente efecto ambiental por la tala de árboles y contaminación en las fuentes de los ríos. Sin servicio eléctrico las personas no pueden conservar sus alimentos, se les dañan. Sin agua no se puede mantener la higiene de alimentos ni de la casa ni de la preparación de la comida, y sin gas para cocinar, hay alimentos que dejan de ser óptimos para el consumo y que sean baratos. Si tienes poco gas no puedes hacer caraotas, que es un producto asequible. Si le sumas el alto costo de otros productos como las proteínas animales, el conjunto hace que disminuya la calidad de la dieta.

«Esa conjunción de falta de servicios públicos tiene impacto sobre la alimentación. Hay que buscar la forma de obtener recursos para invertir en esos servicios», advierte la socióloga.

—¿Cuál es la situación de la niñez en cuanto a desnutrición?

—Nosotros trabajamos con los datos de las organizaciones de la sociedad civil. El dato más reciente de Cáritas, en mayo de 2021, es que encontraron en los niños que evaluaron en las zonas populares donde tienen centros de atención, 30% de los mismos presentaban desnutrición crónica. Esa desnutrición se identifica porque los niños tienen talla baja para su edad, tienen retraso en el crecimiento por el efecto de la desnutrición. No es solo que son más bajitos sino que tiene efecto sobre su desarrollo cerebral-cognitivo y potencialmente tendrá efectos irreversibles a largo plazo en su capacidad de aprendizaje y desarrollo personal.

—Una de las excusas que da el gobierno para la situación del país son las sanciones impuestas por Estados Unidos y países de la Unión Europea. Ustedes piden que se levanten algunas. ¿Cuál es la visión que tienen sobre ellas?

—Las sanciones han tenido un efecto de agravar la crisis humanitaria. Las sanciones financieras han tenido un impacto sobre la posibilidad de compra tanto para el Estado como para los privados de los insumos que requiere el país, especialmente alimentos y medicinas. Si bien esas sanciones teóricamente actúan en casos de productos básicos, el sobrecumplimiento por parte de bancos y grupos contratistas hace que se dificulten todas las transacciones que tienen que ver con el consumo de alimentos.

De igual manera, las sanciones petroleras han tenido un impacto mayor por la escasez de combustible que se registró el año pasado, escasez de gasoil, y eso ha influido en producción de alimentos. En el campo necesitan gasoil o gasolina para el tractor para arar la tierra y, después que producen, y cosechan necesitan transportar esa cosecha.

«Las sanciones financieras y petroleras han tenido impacto importante en la situación alimentaria del país. Estamos pidiendo que se revoquen, las del tema financiero y a la actividad petrolera», enfatiza Lissette González.

—Hablan de rescatar la Mesa Social en las negociaciones entre el gobierno y la oposición ¿Qué hay que rescatar de ella?

—Ha habido intentos de diálogo político con éxito variable, como el de reconocer la oposición al gobierno y viceversa, y luego lograr un CNE más equilibrado que el anterior; pero esos diálogos no se han centrado en los temas de política económica y los sociales. Necesitamos que las decisiones de política económica sean consensuadas con los diferentes sectores del país. En términos sociales, que se logren acuerdos sobre los salarios, situación de servicios como educación, agua luz, gas doméstico, la crisis que tiene el Estado venezolano es tal que los problemas, emigración médicos, no hay personal capacitado en empresas como Corpoelec.

Explica Lissette González que atender todos los problemas no es solo voluntad sino determinar de dónde van a salir los recursos, por lo que todos esos temas no se van a lograr sin acuerdos.

«Un préstamo internacional de la Corporación Andina de Fomento (CAF) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para invertir en electricidad, mientras no se reconozca el gobierno de Maduro o la actual Asamblea Nacional, o acceso a financiamiento va a ser muy difícil de obtener. De igual manera, si no hay transparencia, rendición de cuentas, personal capacitado, ningún financiamiento que viene va a resolver el problema», señala.

«Tenemos un problema grave de institucionalidad que no funciona. Por eso necesitamos negociaciones de muchos sectores y acuerdos para restablecer los servicios, producción nacional y que los venezolanos tengan un salario digno», insiste la socióloga.

Finalmente, Lissette González resalta que la desigualdad que está creciendo en el país entre las personas que tienen acceso a divisas, bien por un empleo en el que se les pague en dólares, o quienes tienen ahorros de otras épocas en moneda extranjera o una familia que recibe remesas, y el resto del país que tiene que vivir con sueldos en bolívares.

«La mayor parte de estos datos, como los de la Encovi, reflejan que en todos los estratos de la sociedad cayó el consumo de alimentos entre 2020 y 2021, en los sectores más desfavorecidos el acceso económico se está dificultando. No tenemos escasez, pero altos precios en la comida, no hay hiperinflación pero sí la inflación más alta del mundo», concluye.


Alianza Tal Cual – Provea