La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) divulgó un comunicado ante el inicio de las rondas de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno Interino de Venezuela.
En el remitido la APUCV alertó sobre la necesidad de que esta nueva ronda de conversaciones, a diferencia de las más de una docena de experiencias fallidas previas, se traduzca en acuerdos concretos que permitan desmontar el andamiaje autoritario construido durante la última década.
«No hay espacio para maniobras dilatorias: el país y su gente no pueden tolerar un nuevo fracaso«, dijeron.
Para el gremio, la prioridad inaplazable en esta mesa de diálogo debe ser el cese de la persecución política y la restauración de las libertades fundamentales.
Ello implica, según expresa el comunicado, la liberación, de manera inmediata, de todas las personas privadas de libertad por razones políticas y la derogación del entramado legal punitivo que ha sido utilizado para criminalizar la protesta y la disidencia.
Afirman que se debe poner fin a la vigencia de leyes como la controvertida e inconstitucional Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, instrumentos que han servido para limitar el ejercicio de derechos ciudadanos y la actuación de la sociedad civil.
Para la APUCV el incumplimiento sistemático de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019 es un elemento central que debe ser abordado.
Dicha comisión, un procedimiento excepcional en la historia del organismo, determinó la existencia de un complejo entramado institucional e informal que hostiliza y socava la acción de organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno.
La primera recomendación del informe instaba al Estado a garantizar un clima desprovisto de violencia, amenazas y persecución para los interlocutores sociales. Sin embargo, ha sido documentado cómo el gobierno de Venezuela no solo ha incumplido estas directrices, sino que ha profundizado las prácticas de hostigamiento y la ausencia de un diálogo social genuino.
La APUCV saluda como un primer paso positivo el compromiso asumido en el diálogo para designar a la totalidad de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo criterios de idoneidad e imparcialidad.
No obstante, advierte que esta medida debe ser el inicio de una transformación profunda del sistema de justicia. «Que nunca más exista un tribunal de activistas del gobierno dedicados a legitimar la transgresión de la Constitución y la degradación de la democracia«, alentaron.
La penosa actuación del TSJ al usurpar las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para imponer el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 es un recordatorio de la urgencia de una reforma que devuelva la independencia al Poder Judicial.
La APUCV subraya que la falta de legitimidad del gobierno constituye un obstáculo fundamental para cualquier propósito de estabilización y crecimiento económico.
Por ello, consideran urgente que, antes de que concluya el año, se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral y se establezca una ruta clara para rescatar la soberanía popular «sin la cual es imposible restaurar la institucionalidad del país«.
La sociedad civil, advierte la APUCV, debe exigir a los actores del diálogo y a sus garantes que esta experiencia no falle. «Su papel de garantes los hace corresponsables de los resultados«.
Prensa Provea
