Durante 2025 se registró un nuevo y significativo retroceso en materia de garantías para los derechos a la asociación y participación en Venezuela.
Persistió la crisis de legitimidad del Poder Electoral, agudizada tras los comicios de julio de 2024, el cierre del espacio cívico, la criminalización de la defensa de derechos humanos, la persecución a comités de víctimas, la exclusión de la diversidad sexual y la creciente autocensura.
Mientras que, en contraste, se mantuvo el apoyo estatal a las estructuras del poder popular afines al partido de gobierno.
2025 estuvo marcado por procesos electorales (regionales del 25 de mayo y municipales del 27 de julio) que se desarrollaron en un ambiente restrictivo, de temor y represión generalizada.
La oposición impulsó una campaña de abstención, lo que resultó en una participación cuestionada: el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un 42,63% en las regionales, mientras que la oposición afirmó que fue solo del 12,56%.
Ambos procesos estuvieron marcados por irregularidades como retrasos en el sistema de postulaciones, inhabilitación de 10 alcaldes por apoyar a Edmundo González Urrutia, ausencia de veeduría electoral internacional independiente, comunicación parcializada y contradictoria por parte del CNE, y eliminación del código QR de las actas electorales, lo que imposibilita la verificación independiente.
Los resultados favorecieron abrumadoramente al oficialismo, obteniendo 253 de 285 escaños en la Asamblea Nacional, 23 de 24 gobernaciones, 238 de 260 escaños legislativos estadales y 285 de 335 municipios.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuó instrumentalizando medidas cautelares para intervenir instancias de participación, contraviniendo sus propias sentencias previas.
Un dato alarmante es que, por segundo año consecutivo, la página web del CNE permanece inactiva, impidiendo el acceso a las Gacetas Electorales y a la información sobre procesos sindicales y gremiales, lo que profundiza la opacidad.
«Poder Popular» tutelado
Paradójicamente, mientras se restringía la participación crítica, el Estado fortalecía las estructuras del llamado «poder popular», afines al oficialismo.
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCyMS) contó con un presupuesto de 1.075 millones de bolívares en 2025.
Se reportaron 49.183 Consejos Comunales (aunque solo el 73% con vocerías vigentes) y 3.924 comunas registradas desde 2012, aunque solo 261 se mantenían activas en 2025.
Se realizaron tres Consultas Populares Nacionales para asignar recursos a proyectos comunitarios (en febrero, abril y una juvenil en junio), con una alta participación en los circuitos comunales.
Estas instancias son sometidas a la agenda política gubernamental que coarta su autonomía. Por ejemplo, se les obligó a asistir a actos de juramentación de Nicolás Maduro y a marchas de apoyo a candidatos oficialistas.
La preocupación más grave es la militarización del poder popular.
A través del MPPCyMS y la Fundación Ciara, se impartieron talleres para crear «Cuerpos de Combatientes de la Milicia Bolivariana».
Maduro llamó a conformar la «Unidad Comunal Miliciana de Combate» como parte de las 15.751 «Bases Populares de Defensa Integral», organizadas en 5.336 comunas.
Cierre del espacio cívico y criminalización de las ONG
Se consolidó un entorno hostil para las organizaciones de la sociedad civil. Entró en plena vigencia la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, lo que ha llevado a muchas asociaciones a operar de hecho o a cesar actividades por falta de respuesta del Ejecutivo o a la reducción de la cooperación internacional.
Además, la resolución conjunta de los ministerios de Interior y Economía, y la resolución 010-2025 de Sudeban, incorporan a las ONG dentro de las «Actividades y Profesiones No Financieras Designadas» (APNFD), sujetándolas a 21 medidas de control para prevenir el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, lo que estigmatiza su labor y facilita la congelación de bienes sin decisión judicial firme, contraviniendo el artículo 49 de la Constitución Nacional.
Detenciones y persecución a defensores de derechos humanos
Se registró un aumento en las detenciones arbitrarias de defensores.
Provea documentó seis nuevos casos en 2025 que incluyen la detención de Carlos Correa (ex coordinador de Provea y actual Director de Espacio Público), detenido el 07 de enero de 2025 y desaparecido forzosamente durante 8 días; Eduardo Torres (abogado de Provea), detenido el 08 de mayo de 2025 y sometido a desaparición forzada. Su caso presentó graves irregularidades procesales y el juez a cargo también fue detenido; Martha Lía Grajales (activista de Surgentes), detenida el 05 de mayo de 2025 y acusada de incitación al odio, Pedro Hernández (Director de la ONG Campo), detenido junto a varios familiares el 16 de septiembre de 2025, en lo que constituye el primer caso de Sippenhaft (responsabilidad familiar) contra un defensor en Venezuela.
En estos casos los tribunales no recibieron las solicitudes de habeas corpus presentadas en favor de los detenidos, los procesos fueron llevados por tribunales antiterrorismo sin acceso a los expedientes, y señalado a las organizaciones como parte de «acciones terroristas» por altos funcionarios del Estado como el ministro Diosdado Cabello.
Represión contra Comités de Víctimas y Presos Políticos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) realizó numerosas movilizaciones, pero sufrió 10 incidentes represivos, incluyendo señalamientos públicos, vigilancia con drones, persecución con vehículos, colocación de rastreadores GPS y agresiones por grupos paramilitares, como ocurrió el 26 de octubre de 2025 durante una manifestación pacífica en la U la UCV.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad (CMDV) también sufrió agresiones. El 06 de agosto de 2025, mientras realizaban una vigilia frente al TSJ, un grupo paramilitar agredió física y verbalmente a 50 madres, robándoles sus pertenencias.
La policía se retiró momentos antes, permitiendo el ataque. Ambos comités enfrentan obstrucción institucional, suspensión de visitas a sus familiares recluidos y falta de respuesta a sus solicitudes.
Prensa Provea
