El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez no respondió la comunicación de dos relatoras de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el proceso de selección de las cabezas de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la República, manteniendo así la política de no responder a los relatores especiales y los grupos de trabajo del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas cuando solicitan información sobre casos o sobre cumplimiento de los estándares de derechos humanos.
Desde junio de 2021 hasta la fecha, el gobierno solo ha respondido a una de las 24 comunicaciones recibidas. Antes de 2021, había respondido a esas comunicaciones, pues le interesaba aparentar que cooperaba, con la intención de quitarle fundamentos a la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, recién establecida en ese entonces.
En esta oportunidad, el sistema de la ONU publicó la comunicación tras cumplirse el lapso de 60 días sin recibir respuesta del Estado. La comunicación fue enviada por Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los jueces y abogados, y por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, el 24 de marzo pasado, en momentos en que se adelantaba el proceso de selección para la Fiscalía y la Defensoría, caracterizado por profundas irregularidades.
Las relatoras hicieron un recuento de las irregularidades registradas hasta ese momento en la designación del Defensor del Pueblo y del Fiscal General, para afirmar luego que «sin prejuzgar la exactitud de esta información, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por las numerosas irregularidades alegadas en los nombramientos de estos dos puestos desde 2017, señalando también con preocupación que las mismas personas han sido nombradas en estos puestos durante casi 10 años. También nos preocupa que los procedimientos de la ley venezolana no se estarían siguiendo, y que haya muy poca participación de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en el nombramiento de perfiles adecuados que cumplan plenamente con los requisitos de la ley y los estándares de derechos humanos del pasado».
Las relatoras urgieron a las autoridades venezolanas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los nombramientos cumplieran con los estándares internacionales de derechos humanos, que los candidatos cumplieran con los criterios requeridos y que la sociedad civil pudiera participar plena y significativamente. Las relatoras afirmaron que era importante «no repetir el escenario anterior, en el que las mismas personas que no cumplen los estándares requeridos y contra quienes existen alegaciones creíbles de abuso de poder y violaciones de derechos humanos tuvieron éxito en sus postulaciones para estos puestos».
Las relatoras solicitaron que su comunicación fuera transmitida a la Asamblea Nacional, encargada del proceso de selección, y se desconoce si esa solicitud fue atendida.
Las relatoras pidieron al gobierno «proporcionar cualquier información o comentario adicional relacionado con el análisis presentado en esta comunicación», así como información sobre las medidas tomadas «para garantizar que estos nombramientos de 2026 estén en línea con los estándares internacionales de idoneidad y cumplimiento de la ley».
El gobierno no solo omitió responder a las relatoras: el proceso de selección de la Defensora del Pueblo y del Fiscal General se concretó el 9 de abril de manera ilegítima y con graves irregularidades.
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