En un claro desacato del artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de Delcy Rodríguez permitió el sobrevuelo y la incursión de tropas extranjeras al país.
Una flagrante cesión de la soberanía territorial de la República.
Mientras, la semana cerró con decenas de protestas por fallas en los servicios públicos y reclamos por salarios y pensiones suficientes que se encontraron con piquetes policiales que obstaculizaron el libre ejercicio del derecho a la manifestación y reunión pacíficas, contemplados en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En nuestro Informe Anual 2025, expresamos nuestra preocupación por la posible desembocadura del actual “momento político” en una tecnocracia autoritaria, divorciada de los derechos ciudadanos y orientada a satisfacer los intereses de los capitales extranjeros.
Tras los sucesos del 3 de enero -que calificamos como una grave violación del derecho internacional-, la expresión más rápida de voluntad política del actual gobierno ha sido satisfacer las demandas del tutelaje transnacional, relegando las urgentes demandas de los venezolanos, centradas en democracia, justicia y calidad de vida.
La aprobación de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Ley Orgánica de Minas se produjeron rápidamente en el seno de la Asamblea Nacional, mientras que la discusión sobre la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas, el salario de las familias y la seguridad social son discusiones que parecen ser secundarias en la agenda oficial.
En paralelo, el andamiaje jurídico represivo sigue intacto, permitiendo la actuación abusiva de agentes de seguridad quienes, amparados en un sistema de administración de justicia cooptado, reproducen un modelo de impunidad y ausencia total de rendición de cuentas que amplifica, día a día, los atropellos contra la ciudadanía.
Preocupa, profundamente, que las actuales circunstancias deriven en un camino de estabilidad autoritaria.
Una estabilidad orientada a ceder la soberanía territorial y empeñada en desconocer la soberanía popular.
Una estabilidad en la que el poder actual intenta ganar legitimidad mediante un nuevo contrato basado en los acuerdos con élites económicas –aupadas por intereses foráneos-, pero en el desconocimiento del contrato social democrático, de justicia y participación establecidos en la Constitución.
Un modelo “ordenado” y potable para las inversiones, pero negador de derechos ciudadanos.
Reiteramos que el “nuevo momento político” anunciado por las actuales autoridades y caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y trasnacionales de distintos países, no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías.
La solución a la crisis del país solo será posible si se adoptan las medidas necesarias que coadyuven a la superación de la profunda crisis económica, manteniendo el centro en la realización de las conquistas sociales, la preservación del medio ambiente frente a los efectos del cambio climático, la democracia y la justicia social y ambiental.
Insistimos que ningún proceso de liberalización económica, sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia, puede ser cónsono con principios básicos de Derechos Humanos.
Ninguna democracia liberal, con libertades ciudadanas, es tal, si el modelo económico se impone pasando por encima de los derechos de la gente.
Prensa Provea
