La lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población. No puede desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional.
Por tanto, el país tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación coordinada entre EE. UU. y el gobierno de Delcy Rodríguez en territorio venezolano, específicamente al sur del estado Bolívar, lo que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero (alias «Niño Guerrero»), considerado el líder del grupo criminal Tren de Aragua.
Dada la información disponible, este hecho constituye presuntamente una clara violación de la soberanía territorial del país y una grave violación de los derechos humanos debido a la flagrante comisión de una ejecución extrajudicial.
El Estado venezolano tiene la obligación de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano del operativo: número exacto de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la debida identificación de las víctimas.
El pasado 9 de junio, solicitamos a la administración de Delcy Rodríguez que informara al país sobre el alcance de estos operativos militares realizados en el estado Bolívar, el número de personas posiblemente detenidas, su situación legal y la condición de los civiles en el área. Sin embargo, las autoridades no brindaron ninguna información sino hasta que pudo conocerse la acción militar por parte de voceros de la Casa Blanca.
PROVEA ha alertado históricamente sobre los patrones observados en operativos como las OLP o la Operación Trueno. Se debe insistir con contundencia en que la acción del Estado no puede traducirse bajo ninguna circunstancia en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles contra personas ajenas al conflicto con los grupos armados o bandas criminales.
Extractivismo sin control y violencia
La violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre la institucionalidad. El control territorial no puede recuperarse a costa de los derechos fundamentales de la población civil.
Recordamos que la creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala —con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas— y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
La actuación pendular del Estado pasa de la absoluta ausencia a la irrupción violenta a través de sus agentes de seguridad.
Ha sido evidente el deterioro creciente del medioambiente a causa de la explotación ilegal del oro en una zona minera nombrada por el Estado venezolano como Arco Minero del Orinoco, en donde convergen grupos civiles armados y organizaciones gubernamentales en pugna sangrienta por los yacimientos.
Exigencias
Tras lo ocurrido, el fiscal general Larry Devoe también debe dar explicaciones al país: ¿Tuvo conocimiento el Ministerio Público sobre este operativo? ¿Ya designó fiscales para investigar los hechos? ¿Se está actuando con sujeción al Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado por el Ministerio Público en 2012? ¿Se abrirá una investigación conforme a lo establecido en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas?
La Defensora del Pueblo también debe ofrecer explicaciones: ¿Solicitó actuar para garantizar que la operación militar, que se conoció desde inicios de esta semana, se desarrollara con respeto a los derechos humanos?
La desarticulación de bandas criminales y la recuperación del control territorial son obligaciones del Estado, pero nunca pueden servir de carta blanca para violar los derechos humanos. Exigimos transparencia absoluta sobre los acuerdos internacionales que amparan esta operación y garantías plenas de que no se repetirán los patrones de ejecuciones extrajudiciales que han enlutado a los sectores más vulnerables del país.
Es absolutamente inaceptable que, bajo el actual modelo de tutelaje, se cometan actuaciones al margen de los estándares internacionales y nacionales que salvaguardan los derechos humanos, y que la complacencia de la actual administración abra la puerta a nuevos hechos violatorios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
