En el capítulo sobre Derecho a la Participación de nuestro Informe Anual 2020, registramos las principales amenazas para la garantía de los derechos a la libre asociación, sufragio y reunión pacíficas, en medio de las excepcionales medidas adoptadas para frenar la pandemia generada por el COVID-19

2020 fue un año marcado por la pandemia ocasionada por el coronavirus que obligó a los gobiernos del mundo a tomar medidas inéditas, de confinamiento y restricciones a la movilidad a escala global.

Debido a esta situación, las autoridades venezolanas mantuvieron durante todo el período la política de extensión de los decretos de Estados de Excepción y Emergencia Económica, y tomaron diversas acciones para la contención del virus que derivaron en mayores obstáculos para el ejercicio de las libertades ciudadanas, en general, y para los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas en particular. Un ejemplo de ello, fue el Decreto de Estado de Alarma, publicado el 13 de marzo de 2020, que limitó la libertad de circulación, reunión, manifestación, protestas y movilización nacional.

La pandemia y las medidas adoptadas por la Administración de Nicolás Maduro, acentuaron la militarización de sectores de la capital y del interior del país, afianzando las capacidades de censura y control territorial por parte del Estado, y profundizando con ello la pérdida de institucionalidad y gobernabilidad democrática.

Desde marzo de 2020, Provea y la ONG Laboratorio de Paz, comenzaron a documentar y sistematizar los diferentes patrones de violaciones a las libertades ciudadanas, cometidos por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones vinculadas al oficialismo venezolano, en el marco de las medidas de confinamiento nacional. Estos abusos, incluyeron actos de persecución y hostigamiento contra personas críticas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil. Durante el primer mes del confinamiento, a través de la denominada “Furia Bolivariana”, se generó una ola de hostigamiento contra viviendas de líderes sociales, críticos al gobierno y políticos de oposición.

Entre marzo y diciembre de 2020, al menos 258 personas fueron detenidas por razones políticas. En ese mismo período, 628 personas fueron detenidas en el contexto de manifestaciones a nivel nacional.

Provea y Laboratorio de Paz levantaron información en base al monitoreo hemerográfico de medios digitales venezolanos, así como de sus redes sociales. También fueron incluidas las denuncias recibidas directamente por organizaciones sociales y de derechos humanos en diferentes partes del país. Estas informaciones fueron cruzadas debidamente, eliminándose los casos donde no existían los elementos necesarios para corroborar los diferentes datos, o donde había una cifra general sin mayor descripción.

Por su parte, un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OCNUDH), presentado en julio de 2020, reveló que en medio de “la aplicación discrecional del “estado de alarma” por parte de los militares, las fuerzas del orden y las autoridades locales; también se reportó la presencia de colectivos y grupos paramilitares en distintos territorios para aplicar medidas de confinamiento”.

Las elecciones parlamentarias, realizadas en diciembre de 2020, limitaron nuevamente la pluralidad, la transparencia y el derecho al voto. Lo mismo sucedió con los derechos a la participación y asociación de los pueblos indígenas, los gremios, sindicatos y la participación en los espacios universitarios.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil fueron hostigadas, perseguidas y criminalizadas, especialmente aquellas organizaciones que trabajan abiertamente con el sistema humanitario y en beneficio de la población vulnerable.

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