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La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente –impulsada por el presidente Hugo Chávez- concibió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada y refrendada en 1999. Esta Constitución ha sufrido cambios y lamentables violaciones desde el mismo gobierno, tales como la instalación progresiva del llamado Socialismo del Siglo XXI y la designación de autoridades regionales y municipales paralelas, irrespetando el voto popular. Más recientemente, procedió a la suspensión del derecho al sufragio para activar la consulta del Referéndum Revocatorio Presidencial y de las elecciones regionales en 2016. También ha habido varios intentos de desconocerla por parte de sectores opositores, el más notorio, el golpe de Estado del año 2002.

Hoy, a casi veinte años de conflicto socio-político, en los que la Constitución se ha erigido en un referente colectivo, es el mismo gobierno nacional quien intenta derogarla para imponer una nueva “Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular”, avalada por el Consejo Nacional Electoral-CNE-.

Esta estrategia distrae y retrasa la salida pacífica y electoral a la crisis. Sin embargo, ni este distractor ni los argumentos jurídicos acerca de ésta u otras propuestas constituyentes que rechazan o defienden diferentes sectores políticos, pueden obviar un hecho: una nueva Constitución no resuelve la grave crisis política, económica, social que atraviesa nuestro país, al contrario, puede agudizarla.

Crisis general, agravada por las decisiones emanadas de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-, que generó una ruptura del Orden Constitucional, a juicio de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, las cuales han provocado una masiva respuesta popular. Esta protesta pacífica, legítimo derecho ciudadano, ha sido ferozmente reprimida por fuerzas militares y policiales, en alianza con grupos irregulares de civiles armados provocando un gran número de víctimas-especialmente jóvenes-, heridos y lesionados en todo el país.

El incremento de la violencia institucional, incentivada a través del llamado explícito del Presidente de la Republica, Nicolás Maduro y por diversos representantes gubernamentales, aunado a las acciones anárquicas de individuos, grupos irregulares y bandas pertenecientes al crimen organizado, agravan los procesos de anomía y anarquía que están causando estragos en todo el territorio nacional. Expresiones que pueden llevar a una escalada de acciones masivas de violencia, cuya dificultad de contención y control pueden desbordar las medidas institucionales del gobierno u oposición y derivar en guerra, muerte y dolor, de cuyas dramáticas consecuencias e injusticias ya ha dado cuenta la historia mundial.

En esta hora extremadamente riesgosa, no solo para la sobrevivencia personal y colectiva, sino también para el Estado y sus instituciones, nuestro deber como ciudadanos es articular y sumar todas nuestras voluntades y libertades para resistir y contestar al autoritarismo que nos amenaza, detener su avance ignominioso y construir una paz inclusiva y sostenible en democracia, basada en los principios de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en la justicia y los Derechos Humanos.

Nos convoca la voluntad mayoritaria de la población que hoy exige en calles, plazas, instituciones, espacios privados y redes sociales la superación de la crisis económica, política y social que padecemos. Esta inquebrantable voluntad ciudadana exige a los diferentes actores políticos y sociales de nuestro país unir esfuerzos para ofrecer alternativas que trasciendan la lógica del todo o nada y encontrar espacios de entendimiento que permitan:

  • El reconocimiento mutuo y en sana convivencia de mayorías y minorías.
  • El respeto a las garantías democráticas durante las manifestaciones y protestas.
  • La evaluación del impacto y logros de la acción de la protesta social, sin desmedro de adelantar otras iniciativas de acercamiento y negociación entre los diferentes actores políticos y sociales.
  • La desmovilización de grupos paraestatales armados y el cuestionamiento de la distribución de 500.000 armas a civiles por parte del gobierno nacional.
  • La defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada por el pueblo venezolano en 1999 y 2007.
  • El reconocimiento de la institucionalidad y legalidad de la Asamblea Nacional y las exigencias que desde ella se han formulado al país: la restitución del derecho al voto con un CNE imparcial y observación internacional; la liberación de presos políticos; el establecimiento de un cronograma electoral que garantice la celebración de las elecciones regionales y municipales y presidenciales y la activación de un canal humanitario para atender las necesidades de medicinas y alimentos.
  • El apoyo y difusión de acciones y programas adelantados por universidades públicas y privadas, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, comunicacionales etc., que profundizan el análisis de la realidad nacional y los desafíos que se plantean a la transición democrática en un escenario post-rentista.

Los riesgos de una escalada de la confrontación y la decisión de imponer una Constituyente al margen de principios básicos y rigurosos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un paso más hacia la división de la sociedad venezolana y una clara negación de la paz. Formulamos un llamado a construir un espacio de entendimiento fundamentado en la Constitución Nacional vigente, nuestro pacto social por excelencia, que puede constituirse en núcleo y norte de la reconstrucción nacional.

Alberto Lovera, Arnaldo Esté, Ignacio Avalos, José María Cadenas, Francisco Alfaro, José Virtuoso.s.j, Luis Lander, Luzmely Reyes, Margarita López Maya, María Teresa Urreiztieta, Mireya Lozada, Rafael Uzcátegui, Verónica Zubillaga.

La adhesión personal e institucional puede enviarse a:

cabemostodosvenezuela@gmail.com Caracas, 6 de mayo 2016


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