ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
A casi nueve años de la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático que suspendió a Venezuela del MERCOSUR, y en medio de discusiones recientes (abril de 2026) sobre un posible retorno, es imperativo responder una pregunta clave: ¿ha sido restablecido el orden democrático en Venezuela.?
Desde el 05 de agosto de 2017 cuando los países partes decidieron la suspensión por la ruptura del orden democrático pocos son los cambios y más bien, en algunos aspectos, se ampliaron las violaciones a dicho Protocolo.
La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones nacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos.
De la misma manera el manejo opaco e irregular de los resultados electorales del 28 de julio de 2024 evidencian también el déficit democrático.
Por lo tanto, cualquier intento de levantar la suspensión no solo violaría el espíritu y la letra del Protocolo de Ushuaia, sino que destruiría la credibilidad del bloque como comunidad política basada en valores democráticos.
El Protocolo tanto en su versión original como en su extensión, Ushuaia II es claro: la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la membresía.
Quienes argumentan a favor de la reincorporación suelen hacerlo desde una lógica economicista: la entrada de divisas por exportaciones, la inversión en áreas económicas claves y alianzas empresariales.
Es un enfoque alejado de las necesidades y exigencias de la población.
El MERCOSUR no es una simple zona de libre comercio; es, por mandato de sus propios tratados, una comunidad política donde la democracia es condición de ingreso y permanencia.
El artículo 7 del protocolo de Ushuaia expresamente establece que debe haberse logrado un pleno restablecimiento del orden democrático y debe haber consenso entre los cinco Estados Partes (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) para levantar la sanción.
Para bien de nuestro pueblo lo ideal es que se adelante un proceso de reinstitucionalización, cese a la persecución por motivos políticos y avancemos hacia una transición democrática con elecciones presidenciales y parlamentarias que tengan verificación internacional y así lograr el reingreso al bloque regional.
ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
