Calixto Ávila | En menos de 76 horas, el autodenominado gobierno “humanista” vio cómo en su territorio se abría, el 3 de noviembre, la primera investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por Crímenes contra la Humanidad en las Américas y debió firmar un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la CPI, mientras que el 6 de noviembre en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, ese gobierno que se proclama “obrero”, debió aceptar la decisión del Consejo de Administración convocado para obligar a Venezuela a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta que visitó el país en 2019, destinadas a proteger a los trabajadores y también a los empleadores.

Desafortunadamente, desde muchos sectores de la sociedad venezolana se ha vuelto común descalificar los logros en las instancias internacionales como si se tratara de “un informe más, una decisión más” sin consecuencias en el país. El mismo gobierno de facto ha potenciado esas matrices de opinión a sabiendas de que, desprestigiando las instancias internacionales, desmoraliza a la población y lleva las víctimas a perder la esperanza y a abstenerse de iniciar el largo y difícil camino hacia la justicia y el amparo internacionales. Pero lo que ha ocurrido en los primeros días de noviembre, no solo muestra la importancia de acudir a esas instancias, sino que ha evidenciado el cascarón vacío del discurso humanista y obrero del gobierno de facto, desnudando una realidad que es una afrenta a la conciencia ética de la humanidad, violentada cada vez que se comenten crímenes contra la humanidad, y una realidad de desamparo y vulnerabilidad de empleadores y trabajadores, quienes tienen derecho a ser protegidos por los convenios de la OIT.

La firma del memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la CPI y la aceptación de decisión del Consejo de Administración en la OIT, denotarían un cambio en la actitud del gobierno de facto ante esas dos instancias. Ante la CPI, se moderaron las ínfulas guapetonas en las declaraciones de altos funcionarios del Estado, incluido el Fiscal Tarek William Saab quien buscó, con un recurso leguleyo rechazado in limine, neutralizar los contundentes avances de la ex Fiscal Fatou Bensouda que llevarían finalmente a la apertura de la fase investigación por el nuevo Fiscal de la CPI. Y es que hay una gran diferencia entre descalificar e insultar durante una desesperada estrategia dilatoria como la implementada para evitar que la Fiscal Bensouda anunciara ella misma la apertura de una investigación, y tener que hacer frente ahora a una fase de investigación de largo aliento, en la que se pueden individualizar responsabilidades criminales internacionales bajo la competencia no solo del Fiscal de la CPI sino de los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares competente. Ante la OIT, al parecer no se repitieron los argumentos de febrero-marzo cuando los representantes del gobierno de facto calificaron el debate como “hostil y mezquino” y “plagado de intereses políticos contra su gobierno” (Párrafo 348). Ese cambio de actitud en la CPI y en la OIT, son el innegable resultado del enorme peso que ha adquirido el dossier de las responsabilidades internacionales para el gobierno de Maduro.

Pero ese cambio de actitud no significa necesariamente un cambio de fondo en sus políticas para cumplir con esas responsabilidades internacionales. Al fin de cuentas estamos ante el mismo gobierno que negó la existencia de una emergencia humanitaria compleja retardando la llegada de la asistencia humanitaria, el mismo que niega que se comenten graves violaciones a los derechos humanos e impide el ingreso al territorio de la Misión de Determinación de Hechos, y el mismo que ha negado que existan crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, está visto que la relación costo-beneficio ha cambiado para ese gobierno en la ONU, la OIT y la CPI: no puede mantenerse pateando el tablero como hizo en la OEA, ni desprestigiando esas instancias y atacando a la sociedad civil que acude ante ellas, sin pagar un alto precio en esas instancias, como lo ilustran las decisiones de noviembre en la CPI y la OIT. 

Es obvio que las presiones comunidad internacional han contribuido a que ese gobierno empiece a acumular evidencias para construir una imagen de buena fe en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional penal. Su aparente capacidad de enmienda ha sido forzada por las circunstancias pero no necesariamente representan un compromiso sincero y sostenible. Así por ejemplo, el mismo día en que el Fiscal Karim Khan pisó el territorio nacional, se publicó un pasquín oficial del gobierno de facto titulado “Venezuela garante de DDHH” (sic), atacando  a las organizaciones y personas que acudieron a la CPI para ejercer el derecho a un recurso internacional. Así lo denunciaron 112 organizaciones en un comunicado a la opinión pública. Por otro lado, en las Naciones Unidas ese gobierno construye apurado un caballo de troya para dejar sin mandato en septiembre de 2022 a la Misión de Determinación de Hechos durante las votaciones del Consejo de Derechos Humanos. Para este fin, está ensamblando y orquestando el llamado Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, formado por 18 países y cuya última adquisición ha sido Zimbabue, un país dirigido por un gobierno autoritario heredero de una dictadura y con un dramático historial de violaciones a los derechos humanos. Todos los miembros de ese grupo tienen como interés común evitar que mecanismos independientes de verificación de la ONU pisen sus territorios e investiguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo sus jurisdicciones.

Finalmente, es necesario destacar que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de violaciones a derechos humanos han sido la piedra angular en los avances en la CPI, la ONU y la OIT. No en vano el gobierno de Maduro ha desplegado un ataque permanente contra esas organizaciones, criminalizándolas y en especial buscando intervenirlas y neutralizarlas incluso invocando normas internacionales. En efecto, resulta también paradójico que este mismo mes de noviembre el país reciba la visita de evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que emite normas internacionales como la Recomendación número 8, instrumentalizada por el gobierno para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil.

Si en verdad el gobierno de facto fuera, como afirma ser, humanista y obrero, no estaría enfrentando en este momento una investigación formal por Crímenes contra la Humanidad en la CPI, ni se la habría nombrado la Comisión de Encuesta, que es el procedimiento de investigación más alto con que cuenta la OIT, ni estaría siendo presionado a cumplir de buena fe con sus recomendaciones. Es una enorme lección la que han dado estas instancias y quienes obstinadamente han recurrido a ellas, mostrando su alcance y especialmente su potencial capacidad para contribuir a recuperar la vigencia de los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

ACERCA DEL AUTOR:

Author profile
Calixto Ävila

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.