Calixto Ávila |​ Acostumbrado a ejercer su poder autoritario dentro del territorio nacional, el gobierno de facto de Venezuela lleva años proyectando esa forma de actuar ante los organismos internacionales de derechos humanos y más recientemente ante la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, ni la CPI ni mayoría de las organizaciones intergubernamentales están sometidas a poderes autoritarios, sino que son el resultado de tratados multilaterales que permiten debatir en foros pluralistas fruto de largas tradiciones institucionales consensuadas por los Estados parte. El gobierno de Maduro está  pagando ahora el precio de incorporar sus lógicas autoritarias internas a sus relaciones internacionales en la OEA, la ONU y la OIT. Más sorprendente aún es que haya desplegado sin decoro alguno esas misma lógicas en el cumplimiento sus deberes de cooperación con la CPI.

Para empezar, esas lógicas autoritarias tuvieron su máxima expresión con la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos en 2013 y con la salida de ese gobierno de la OEA en 2017. Es un gran error creer que el precio a pagar por patear el tablero en la OEA solo se limita a la región interamericana y no trasciende a otros foros internacionales. ¿Cómo pueden los representantes de Maduro ante la ONU y la OIT, o los funcionarios de ese gobierno en sus relaciones con la CPI, construir una imagen de voluntad de cooperación auténtica y buena fe, cuando han hecho todo lo posible por despojar a su propio pueblo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, uno de los más avanzados del mundo?

Con la misma soberbia con que abandonaron el Sistema Interamericano, los representantes de Maduro pasaron a descalificar en la ONU al entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, cuando se disgustaron por sus contundentes informes de 2017 y 2018 que no dudaron en calificar de “infundados, injerencistas e irresponsables”. Luego fue el turno de la Señora Bachelet, a quien tacharon de mentirosa, de “alta como-si-nada”, llegando últimamente a anunciar una revisión de las relaciones con la Oficina de la Alta Comisionada. Ni qué decir del tratamiento a la Misión de Determinación de los Hechos, cuyo acceso al país no fue permitido ni sus recomendaciones acatadas, que ha visto a sus comisionados ser tratados como “mercenarios que con mentiras atacan al país”. Igual tratamiento peyorativo ha sido dado a los diplomáticos de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, cuando no son sus aliados incondicionales, señalándolos de servilismo al “imperio”, arrodillados y neocolonialistas, entre muchos otros calificativos. En fin, también la Secretaria Adjunta para los derechos humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, fue cuestionada en su “honestidad y transparencia” luego de que presentara, al Consejo de Derechos Humanos, su informe sobre intimidaciones y represalias a la sociedad civil en 2020, incluyendo casos de Venezuela.

Esa arrogancia ha sido también ostentada en la OIT, durante las sesiones del Consejo de Administración de marzo pasado, cuando los representantes de Maduro rechazaron las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, el más alto mecanismo de investigación de la OIT, que emitió su informe en septiembre de 2019 tras visitar al país en julio del mismo año. En dichas sesiones, los funcionarios venezolanos calificaron el debate como “hostil y mezquino” y “plagado de intereses políticos contra su gobierno” (Párrafo 348). Seguramente, esos funcionarios repetirán la misma diatriba en noviembre próximo cuando ha sido puesto en la agenda de este Consejo el “Examen de todas las posibles medidas, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, requeridas para asegurar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en los plazos señalados”

El turno en esa inercia de agravios y tácticas de desprestigio le corresponde ahora a la Corte Penal Internacional y en especial a Fiscalía de la CPI. No ha importado a los funcionarios nacionales estar ante un tribunal internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado venezolano al ratificar el Estatuto de Roma. En efecto, las recientes declaraciones de altos funcionarios de ese gobierno forman parte de una campaña de desprestigio dirigida a minar la credibilidad de la CPI y la confianza de la población venezolana en ese tribunal internacional. En últimas, esa campaña obedece a los mismos objetivos de ese gobierno para hacer frente a los debates en la OEA, la ONU y la OIT: desprestigiar las instancias internacionales para eludir el monitoreo internacional y la rendición de cuentas en esos foros internacionales. Pero sobre todo, busca desalentar a las víctimas para que no ejerzan su derecho a un amparo internacional previsto en el artículo 31 de la Constitución, minando su confianza en esas instancias. En otras palabras, de la misma manera en que la población ha perdido, con razón, la confianza en la justicia venezolana, se busca adrede que esa confianza no pueda ser construida en las instancias internacionales de derechos humanos y especialmente en la Corte Penal Internacional.

En fin de cuentas, esa diplomacia basada en el insulto y el desprestigio es parte esencial del engranaje de las políticas de Estado para aislar a la población de los mecanismos de tutela internacional. En el corto plazo, logra el objetivo de dilatar y desgastar estos mecanismos para que no lleguen pronto al fondo del debate, pero en el largo plazo ha consolidado la imagen de un gobierno que no coopera ni de buena fe, ni de manera auténtica con la ONU, la OIT y con la CPI.

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.