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Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se convirtieron en una maquinaria de muerte. Sus víctimas principalmente jóvenes de sectores populares. Su modalidad principal realizar allanamientos sin orden judicial, detener a la persona supuestamente delincuente y asesinarla. Así, son miles a quienes se les ha violado el derecho a la vida

En junio de 2022 la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet afirmó que oficialmente habían sido disueltas las FAES. Es posible que haya ocurrido, mas no existe declaración oficial que así lo indique.

El gobierno anunció en abril de 2021 un proceso de restructuración de la PNB. En octubre de ese mismo año otorgó una prorroga de seis meses que ya venció. Muy poco se ha informado sobre lo realizado. Nada de transparencia. Casi secreto.  Tampoco se conoce algún  anuncio de depuración de ese organismo y particularmente del componente Faes.

A través de informaciones obtenidas informalmente con funcionarios se sabe que una buena parte de quienes venían actuando en las Faes fueron trasladados a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y otros a la de Investigaciones Penales (DIP). Extraoficialmente se conoció la creación de la denominada Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

Todo esto se sabe por vías extra oficiales. Opera la penumbra. Se suma esta situación a otras donde la cúpula que gobierna prefiere la opacidad.

La reestructuración de la PNB debe ser un asunto de interés nacional. Más en un país donde se han perpetrado crímenes de lesa humanidad y funcionarios de dicho organismo policial aparecen señalados por instituciones internacionales como presuntos responsables.

Está en juego el derecho a la vida. Si solo se trata de maquillajes, se continuará con inadecuadas prácticas de alta letalidad y abuso de poder. La restructuración no debe limitarse a cambio de siglas, de uniformes y reformas administrativas. Lo fundamental es modificar las formar de actuar que producen maltrato al ciudadano y graves violaciones de derechos humanos.

Se requieren organismos de seguridad eficientes en dar respuesta al delito actuando en el marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos.

Policías y militares que abusan del poder causan daño a la sociedad y son un riesgo. Debemos exigir cambios reales y el cese a los abusos y violaciones a los derechos humanos.

Por ello es muy importante que la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas pueda seguir adelantando investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela, identifique presuntos responsables de las violaciones y crímenes de lesa humanidad y favorezca la investigación que realiza la Corte Penal Internacional.

ACERCA DEL AUTOR:

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Marino Alvarado

Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.