En nuestro Informe Anual 2025 revelamos un panorama crítico para el derecho a la seguridad social en Venezuela.

Pese a las declaraciones oficiales que aseguran que más del 77% del presupuesto nacional se destinó a la inversión social, la realidad muestra que el derecho a la seguridad social ha quedado reducido casi exclusivamente al pago de pensiones, mientras que el resto de las contingencias —como desempleo, salud laboral, discapacidad, vivienda y atención a adultos mayores— llevan años sin atención efectiva.

Presupuesto sin transparencia y caída real del gasto

El análisis presupuestario muestra que, para 2025, el gasto en seguridad social se mantuvo en torno a los 20.395 millones de bolívares, una cifra similar a la de 2024. Sin embargo, al tomar en cuenta la tasa de inflación se registró una caída real del 2,5%.

De ese total, 12.716 millones de bolívares se destinaron exclusivamente al pago de pensionados, lo que confirma que el resto de las prestaciones que debería cubrir el sistema de seguridad social han sido abandonadas.

La Ley de presupuesto nacional 2025 no ha sido publicada y, desde 2017, no se ha hecho público el presupuesto nacional. Esta falta de transparencia viola la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público vigente en el país.

Pensiones congeladas que no alcanzan ni para un día de comida

Uno de los hallazgos más graves es la situación de las pensiones.

Actualmente, 5.803.509 personas están registradas como pensionadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Sin embargo, el monto de la pensión se mantiene en 130 bolívares mensuales desde hace más de dos años, lo que a diciembre de 2025 equivalía a menos de un dólar estadounidense.

Ese monto no alcanza para cubrir ni un solo día de alimentación.

Las pensiones no contributivas de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (GMAMV) también sufrieron un desplome: durante 2025 solo se entregaron 12.389 nuevas pensiones, una reducción drástica frente a las 174.732 otorgadas en 2024.

Esto evidencia que el programa perdió alcance masivo y no ha logrado reducir los niveles de pobreza ni mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Bonos: asistencialismo sin protección social real

El gobierno ha promovido la bonificación como principal mecanismo de apoyo, otorgados a través del Sistema de Protección del Carnet de la Patria. Entre ellos destacan Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, Lactancia Materna y el Bono de Guerra Económica.

Sin embargo, estos programas asistencialistas y discrecionales, no constituyen un sistema de protección social sólido.

Durante 2025, muchos de estos bonos dejaron de otorgarse o fueron sustituidos por el llamado “Bono Único Familiar”, sin que existan mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, organizaciones sindicales denunciaron recortes, retrasos y exclusión de jubilados y pensionados del Bono de Guerra Económica.

En la Universidad Central de Venezuela (UCV), por ejemplo, los jubilados recibieron 800 bolívares menos que los trabajadores activos. En la Universidad de Oriente (UDO), unos 800 jubilados no recibieron el bono alegando “problemas técnicos” de la plataforma Patria.

Ley de Pensiones: un año de recaudación sin destino visible

Uno de los aspectos más controversiales es la llamada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, vigente desde hace más de un año. Esta ley establece una contribución de entre el 9% y 11% para personas jurídicas y sociedades que realicen actividades económicas en el país.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha reportado recaudaciones millonarias, pero no ha desglosado cuánto corresponde a esta ley ni a qué se han destinado esos fondos.

Organizaciones de pensionados han exigido transparencia y han denunciado que los recursos no han llegado a los beneficiarios.

Expertos laborales también advierten que la ley ha generado duplicidad de cargas para las pequeñas y medianas empresas, al no armonizarse con las contribuciones ya existentes al seguro social.


Prensa Provea