Un informe elaborado por la Comisión Reorganizadora del Colegio de Economistas del Estado Sucre (CEES) revela que la aguda emergencia hídrica que desde principios de 2026 afecta a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, así como a sectores de Nueva Esparta, no es producto de un fenómeno natural imprevisible, sino el resultado de una cadena de decisiones públicas erráticas, omisiones presupuestarias y una desinversión real sostenida durante más de una década.
El reporte titulado “Aspectos cuantitativos y antecedentes presupuestarios relacionados con la crisis de emergencia hídrica que afecta a los estados Sucre y Nueva Esparta”, fue elaborado con base a información extraída de Gacetas Oficiales, memorias y cuentas ministeriales, informes técnicos de ingeniería, entre otros insumos.
El análisis abarca el período 1999-2020 y apunta a desmantelar la narrativa oficial sobre la supuesta inyección de recursos suficientes para el mantenimiento del sistema de trasvase del embalse Turimiquire, una infraestructura estratégica de la que dependen más de 555.000 personas para el consumo doméstico, actividades industriales, agrícolas y turísticas en los estados Sucre y Nueva Esparta del oriente del país.
Una falla fuera de la zona protegida: el colapso en el kilómetro 7.6
El informe confirma que el colapso masivo ocurrido en febrero de 2026 en el túnel de trasvase —con una obstrucción del 82 % de su sección transversal— se localiza en el kilómetro 7.6 del trazado.
Este punto crítico se encuentra 2,1 kilómetros después del tramo que fue efectivamente intervenido con tecnología de impermeabilización SIBELON (geomembrana de PVC de alta resistencia) ejecutado por la empresa europea Carpi Tech B.V. entre 2010 y 2011.
Los documentos revisados por la comisión demuestran que aquella intervención, financiada con 85 millones de dólares a la tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar, logró estabilizar estructuralmente los primeros 5,5 kilómetros del túnel.
Según los informes técnicos posteriores (2015-2020) de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, así como de los propios ministerios del Ambiente y Aguas, no se reportaron fallas estructurales nuevas ni filtraciones masivas en ese tramo protegido durante al menos 16 años.
La geomembrana cumplió su objetivo: detener el lavado de finos, evitar la corrosión del revestimiento original y garantizar la estanqueidad.
Sin embargo, los restantes 7 kilómetros del túnel —del km 5,5 al km 12,5— jamás recibieron ese mismo tratamiento.
En su lugar, prevaleció un revestimiento de concreto original que, tras 43 años de operación (desde 1983), perdió su capacidad de soporte. Los informes de 2018-2019 ya advertían sobre la acumulación de sedimentos y la degradación progresiva en esos tramos, pero ninguna decisión presupuestaria posterior extendió la tecnología de geomembrana al resto de la estructura.
Más de 300 millones de dólares en asignaciones que se evaporaron
La investigación del CEES rastreó, mediante la revisión de Gacetas Oficiales y los anexos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), los hitos presupuestarios más importantes para el sistema Turimiquire entre 1999 y 2020.
En términos nominales, los montos asignados parecen cuantiosos, pero el análisis minucioso, revela una realidad distinta.
- 2009 (Gaceta N° 39.191): 332.610.999 bolívares fuertes. A tasa CADIVI de 2,15 Bs.F/USD, equivale a 154,7 millones de dólares para “recuperación de sistemas de aducción y bombeo”.
- 2010 (Gacetas N° 39.436 y 39.441): 368.109.916 Bs.F, que a 4,30 Bs.F/USD representaron 85,6 millones de dólares para el contrato Carpi Tech (presa y primeros tramos del túnel).
- 2011 (G.O. N° 6.063 Ext.): 112,45 millones de Bs.F, con misma tasa, equivalentes a 26,1 millones de dólares para la “Rehabilitación de la Aducción Turimiquire-Cumaná-Margarita”.
- 2013 (G.O. N° 40.246): 250 millones de Bs.F, a 6,30 Bs.F/USD (CADIVI/Cencoex) = 39,7 millones de dólares para mantenimiento correctivo y sustitución de válvulas.
- 2018 (G.O. N° 41.543): 1.200 millones de bolívares soberanos. La hiperinflación y la tasa DICOM de 447 Bs.S/USD redujeron su poder de compra a apenas 2,68 millones de dólares.
El informe subraya que entre 2014 y 2017 existe un vacío documental significativo: no se encontraron créditos adicionales específicos para el túnel en las Gacetas Oficiales, coincidiendo con una opacidad oficial creciente.
“El pico real de inversión —en dólares de poder adquisitivo constante— se concentró en 2009-2010 con más de 240 millones de dólares asignados. Para 2018, la capacidad de compra se había derrumbado a menos del 2 % de aquella cifra, haciendo materialmente imposible cualquier reparación mayor en un túnel de 12,5 kilómetros”, explica el economista José Luis Sánchez Monsalve, coordinador de la comisión.
El costo de la negligencia por omisión: 27,3 millones de dólares al mes de hemorragia económica
Uno de los hallazgos del informe es la cuantificación del impacto económico directo de la crisis sobre la población y el aparato productivo.
A partir de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estudios locales, los economistas estimaron:
- La “zona cero” de la crisis (555.000 habitantes) requiere al menos 55,5 millones de litros diarios de agua para consumo doméstico básico (100 litros por persona/día).
- Ante la falta de suministro por tubería, las familias se ven forzadas a comprar agua en cisternas: cada litro cuesta 0,005 dólares a tasa BCV. Así, una persona destina 0,5 dólares diarios solo para necesidades básicas de agua, lo que representa 15 dólares mensuales por habitante.
- A este costo se suma el agua mineral para hidratación pura (3,2 litros diarios/persona según OMS), lo que agrega 5,61 dólares mensuales adicionales por persona.
En conjunto, los 555.000 habitantes del área afectada están desembolsando de su propio bolsillo aproximadamente 11,4 millones de dólares al mes para acceder a un bien que debería ser garantizado por el Estado.
A esta cifra se añade la pérdida de ingresos por paralización de actividades económicas (industria, comercio, agricultura y turismo), estimada en 15,9 millones de dólares mensuales adicionales.
El resultado es una hemorragia de 27,3 millones de dólares cada mes que la crisis se prolonga.
El informe advierte que, con esta dinámica, en menos de cuatro meses los costos directos e indirectos para la población y la economía superarían ampliamente la inversión necesaria para rehabilitar integralmente el túnel (estimada entre 77 y 94,5 millones de dólares, según el tramo faltante).
«La solución técnica existe, es viable y ya ha sido probada«
Frente al derrumbe del kilómetro 7.6, la comisión plantea una solución técnicamente viable y económicamente justificable: extender el sistema SIBELON de geomembrana de PVC a los 7 kilómetros restantes (del km 5,5 al km 12,5).
«La tecnología fue exitosamente aplicada en 2010 y los tramos protegidos se mantienen intactos sin filtraciones ni colapsos.«
El costo estimado para esta intervención integral oscila entre 77 y 94,5 millones de dólares, dependiendo de las condiciones logísticas del túnel.
El cronograma propuesto es de 18 a 24 meses.
En contraste, afirman que la opción de “parche” con concreto proyectado —reparaciones paliativas recurrentes— tendría una vida útil de apenas 3 a 5 años, altos costos de mantenimiento constante (dragado de lodos) y un riesgo fiscal elevado, pues otros tramos de concreto viejo seguirían colapsando sucesivamente.
Riesgo país y desafíos logísticos
El informe advierte que las condiciones actuales son mucho más complejas que las de 2010.
Intervenir a 7,6 kilómetros de la entrada del túnel —atravesando los 5,5 km ya impermeabilizados con maquinaria pesada— requiere extremo cuidado para no dañar la membrana existente.
Además, la distancia de acarreo, la ventilación forzada constante y la ausencia de accesos intermedios elevan los costos por metro lineal a entre 11.000 y 13.500 dólares, frente a los aproximadamente 6.800 dólares por metro de 2010.
A ello se suma el riesgo país: la contratación de empresas internacionales especializadas (como Carpi Tech o similares) hoy exige garantías financieras, seguros y esquemas de pago más costosos y blindados contra la inestabilidad cambiaria y jurídica venezolana.
Los economistas recomiendan evaluar la creación de una “ventana” o pozo de acceso vertical cerca del kilómetro 7.6 para acortar la logística y reducir riesgos.
El costo de la inacción: más allá de lo económico
El documento del CEES no solo habla de números.
Señala que la crisis hídrica prolongada ya está generando afectaciones a la salud pública (enfermedades diarreicas, dermatitis), cierre de pequeños comercios, paralización de la industria pesquera y turística en el eje costero de Sucre, y un éxodo incipiente de familias hacia otras regiones.
“La inacción es la opción más costosa”, repite el informe.
“El costo de oportunidad de no intervenir el túnel hoy se mide en camiones cisterna, en escuelas sin clases, en hospitales sin agua, en la paralización de la zona industrial de Cumaná y en un riesgo de salud pública cuyos costos sociales ningún presupuesto público puede absorber”.
La Comisión Reorganizadora del Colegio de Economistas del Estado Sucre hace un llamado a las autoridades nacionales, regionales y a los órganos de control fiscal a:
- Reconocer que el colapso del km 7.6 es un síntoma de un problema de diseño presupuestario y de omisión técnica, no una fatalidad.
- Desagregar en el presupuesto nacional de 2027 una partida específica para la impermeabilización del tramo faltante (km 5,5 al 12,5) con tecnología de geomembrana, con seguimiento gremial y auditoría social.
- Evaluar esquemas de financiamiento internacional o de cooperación técnico-financiera que blinden los recursos contra la devaluación y la hiperinflación.
- Implementar un sistema de monitoreo digital con fibra óptica detrás de la nueva geomembrana que permita alertar en tiempo real cualquier filtración o movimiento del macizo rocoso.
“La experiencia de las Gacetas Oficiales 39.436 y 39.441 de 2010 demostró que cuando se invierte bien y con tecnología apropiada, el sistema responde y se estabiliza por décadas. La viabilidad de este proyecto depende hoy de la eficacia de desembolso, de la contratación transparente de personal técnico especializado y de la voluntad de no repetir los errores del pasado”, concluye el informe.
Mientras tanto, en Cumaná, en los municipios Bolívar y Cruz Salmerón Acosta, y en sectores de Nueva Esparta, las familias siguen pagando de su bolsillo un impuesto oculto —el más regresivo de todos— por un derecho humano fundamental que el Estado está obligado a garantizar.
